Sentencia 2014-00395 de agosto 30 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 500011102000201400395 01

Aprobado según acta 72 de la misma fecha

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la disciplinada contra la sentencia proferida el 7 de octubre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de XXX, mediante la cual se sancionó a la abogada B.E.A.R., con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses, luego de hallarla responsable de incurrir en las faltas descritas en los artículos 30 numerales 4º y 5º y 35 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, dejando por sentado que la anterior competencia deviene de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “... los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

De la apelación

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a desatar en sede de apelación la providencia del a quo así,

El caso en concreto

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario fue otorgado por mandato constitucional a esta jurisdicción, encaminado a ser ejercido sobre la conducta profesional de los abogados teniendo como objetivo primordial, verificar el efectivo cumplimiento de su principal misión, lo cual es defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales, por ende, en la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Se advierte que la abogada B.E.A.R., fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo, por incurrir en las faltas disciplinarias tipificadas en los artículos 30 numerales 4º y 5º y 35 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, endilgadas a título de dolo, preceptos cuyo tenor literal es el siguiente:

“... ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión.

5. Utilizar intermediarios para obtener poderes o participar honorarios con quienes lo han recomendado.

También se atribuyó a la abogada disciplinada un tercer cargo por faltar a la honradez del abogado, falta tipificada en el artículo 35 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, atribuida a título de dolo.

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. Acordar, exigir y obtener del cliente o de un tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos”.

De la nulidad. En relación con la petición de nulidad impetrada por la togada en el recurso de apelación, con fundamento en que se le ha vulnerado el derecho de defensa y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, que sustenta en incongruencia entre el pliego de cargos y la sentencia de primer grado, al igual que indebida valoración probatoria, determina esta corporación que la misma no está llamada a prosperar; comoquiera que no consulta la verdad procesal revelada en el investigativo.

Veamos, que la supuesta incongruencia aludida por la inculpada no existe, por el contrario, concuerdan plenamente los cargos formulados con las faltas tipificadas por las que fue sancionada la apelante, con la única diferencia que en la sentencia se subsumió la falta prevista en el artículo 34 literal a) en la preceptuada en el artículo 30 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007.

Observa esta colegiatura, que una vez escuchado el audio de la audiencia celebrada el 21 de mayo de 2015 por el magistrado instructor, en la cual se realizó la calificación de la conducta de la investigada, no consulta la verdad lo afirmado por la togada de que en el pliego de cargos no se le imputó la falta consagrada en el artículo 35.1 de la Ley 1123 de 2007, por el contrario se advierte que el a quo realizó un juicioso y detallado razonamiento fáctico y jurídico del comportamiento por el cual endilgó esta falta a la incriminada, cosa distinta, es que en efecto en la transcripción textual de la sentencia a folio 3 se presentó un error en el contenido literal transcrito en el numeral 1º de dicha norma, el cual no se constituye en irregularidad sustancial generadora de nulidad, comoquiera que tanto en el pliego de cargos como en todo el contexto de la providencia, claramente se analizó e hizo alusión al comportamiento y contenido veraz de la falta atribuida a la investigada.

Es así como a folio 21 del fallo y 268 del expediente, expresamente la Sala de primera instancia razonó:

De la falta a la honradez del abogado prevista en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Con fundamento en el análisis integral de las pruebas allegadas al sumario esta conducta se tipifica en el presente asunto si se tiene en cuenta que la demanda y todo su trámite se adelantó bajo la responsabilidad de la firma derecho y propiedad, en razón de la vinculación del señor A.J.F.J. con la empresa, pues a pesar de que en el momento en que fue expedida la circular donde requiere tanto a dependientes judiciales de la empresa como a los profesionales que tenían a su cargo los respectivos procesos, proceder a exhortar a los usuarios atrasados en los pagos, ponerse al día, so pena de ser desvinculados; no lo hubieren realizado, en razón del acuerdo verbal sostenido con el doctor C.C., de continuar adelantando la revisión del proceso y solo hasta el momento en que este último pretende desvincularse de la entidad, lo requiere precisamente con la intensión de obtener un provecho económico y conocedor del posible resultado favorable del proceso y lo adelantado que se encontraba, contactándolo con la inculpada quien conocedora que el proceso se encontraba desde el 22 de junio del mencionado año, al despacho para sentencia, el día 6 de septiembre, envía poder y contrato de prestación de servicios en el que pactaban por concepto de honorarios el 30% de los dineros que se llegaren a reclamar, el cual es firmado y protocolizado hasta el 2 de octubre, es decir que, posterior a esa fecha, fue reconocida la doctora A.R. como apoderada de la parte demandante, a pesar de haber actuado en el proceso en calidad de tal pero como representante de la firma D. y P. y no como apoderada judicial independiente, luego entonces, a partir del momento en que fue investida como apoderada independiente de la firma que representaba, inicia la gestión encomendada, que para ese momento, se resumía en la solicitud de ejecutoria de la sentencia favorable a las pretensiones de su mandante.

Advierte la Sala que a pesar de que el contrato constituye ley para las partes, por tratarse de un acuerdo de voluntades entre la abogada y el mandante, se torna desproporcionado el valor acordado por concepto de honorarios, pues la labor de la apoderada se contraía a presentar la primera copia de la sentencia con su constancia de ejecutoria ante el Ejército Nacional y estar a la expectativa del turno que asignaran para el pago y no como erróneamente la quiso hacer ver a su mandante, de tener que ocuparse de continuar el trámite del proceso, pues este ya había culminado con la sentencia de segunda instancia, que había sido proferida con fecha anterior a la del otorgamiento del poder. Y si lo que se discute es el hecho de que fue ella quien adelantó la gestión ante la primera instancia y posteriormente el recurso de alzada ante la segunda instancia, resulta importante aclarar que dicha gestión efectivamente se realizó, pero en representación de la firma, pues según certificación expedida por la citada empresa, la profesional encartada fue desvinculada el 19 de julio de 2012, fecha en que como lo afirmó en su versión de los hechos, hizo entrega de la carpeta del señor A.J.F.J. a su sucesora, pues la tenía en sus procesos activos y quien ejercía la labor de revisar el trámite del proceso era el señor C.C. quien fungía como dependiente judicial de la empresa, luego entonces, era la entidad quien cancelaba sus servicios. Bajo tal consideración, si el señor F.J., adeudaba honorarios, era directamente a la empresa por el tiempo en que se continuó con la prestación del servicio, sin que este asumiera el pago de las cuotas mensuales que lo hubiera mantenido vinculado.

Conducta que fue endilgada en la modalidad de dolo si se tiene en cuenta que la infracción es de aquellas que por su naturaleza solo admite dicha modalidad, en razón a que requiere la concurrencia del conocimiento de la ilicitud y la voluntad de realizarlo. De igual forma, las condiciones personales y la experiencia profesional de la abogada, indica que la conducta se realizó con conocimiento de la contrariedad ética que su acción comportaba”.

Observa esta superioridad, que falta igualmente a la verdad la disciplinada, cuando en igual sentido afirmó en la impugnación del fallo de primer grado, que la providencia adolece de fundamentación respecto a la conducta tipificada en el artículo 34 literal a) de la Ley 1123 de 2007, que se subsumió en la falta descrita en el artículo 30 numeral 4º ibídem, cuando por el contrario, expresamente el a quo sobre este particular expuso a folio 20 del fallo y 267 del expediente disciplinario:

De la falta de lealtad con el cliente, prevista en el artículo 34 literal A de la Ley 1123 de 2007.

De igual manera encontró el magistrado sustanciador que en el asunto génesis de la presente investigación se transgredió el contenido de la norma en cita, la cual define como falta de lealtad con el cliente “no expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado”, en el entendido que omitió la abogada encartada haber expresado la realidad del estado del proceso a su poderdante al momento de suscribir el contrato de prestación de servicios profesionales y el poder que le otorgaría la facultad de continuar actuando en el trámite del mismo, reclamar los dineros que se llegaren a reconocer y en razón de ello, obtener el pago de honorarios por la labor efectuada.

Como ya se analizó en la primera falta endilgada a la disciplinable, con su actuar la doctora M.R., ideó una estrategia junto con el doctor F.D.C.C., para continuar conociendo del proceso que con ocasión de la vinculación con la empresa D. y P. había tenido bajo su direccionamiento y por ello, siendo conocedora como lo era, del estado que registraba el proceso, esto es, proyecto de fallo desde el 17 de septiembre de 2012 y posteriormente, sentencia favorable del 26 del mismo mes y año, permitió que su mandante, le confiriera poder y pactara unos honorarios el día 2 de octubre de la referida anualidad, convencido de que restaban actuaciones por adelantar en garantía de sus intereses, pues desconocía que a ese momento ya contara con un pronunciamiento a su favor. Entonces se evidencia por parte de la profesional del derecho investigada, más allá de la intensión de no expresar la real y completa opinión del asunto encomendado, la mala fe que rodeo su comportamiento, perseguida por el interés de obtener un provecho económico para sí y para su cómplice C.C. Bajo esta consideración, encuentra la instancia que esta conducta se encuentra subsumida en la que contiene el artículo 30 en su numeral 4º, analizada en precedencia” (destacado nuestro).

De igual manera, determina esta colegiatura que tampoco acierta la togada cuando afirmó que respecto a la falta que le fue imputada prevista en el artículo 30 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, se omitió valorar por el a quo aspectos tales como la situación de no afiliado del quejoso, ni su acuerdo verbal con aquel, que se desconoce que venía actuando en el proceso, pues la recriminación hace clara referencia a la falta contra la dignidad de la profesión, al obrar de mala fe en las actividades relacionadas con la profesión, precisando que la misma se configuró por cuanto para el momento en que la togada envió al quejoso por correo electrónico el 6 de septiembre de 2012, el contrato de prestación de servicios y el poder, pactando como honorarios el 30% del resultado de la gestión, ya era conocedora de que el expediente estaba al despacho del magistrado sustanciador del tribunal, desde el 22 de junio de 2012, para proyecto de fallo.

Destacó el a quo que: “La mala fe se advierte en la medida en que habiendo podido la abogada inculpada, asumir la representación directa del inconforme, en meses anteriores a dicha fecha, no lo hizo, efectuándolo once días antes del registro del fallo.

Si bien indicó la abogada disciplinable que el proceso administrativo no culminaba con la sentencia ejecutoriada sino que debió realizar el trámite ante el Ejército Nacional a fin de materializar la decisión adoptada por la jurisdicción contencioso administrativa, la cual era necesaria para obtener la indemnización que se había reconocido al inconforme, lo que censura el legislador es el hecho de no haber expresado a su poderdante bien fuera personalmente o por correo electrónico, la realidad de lo que estaba sucediendo al momento de recibir el poder el día 2 de octubre de 2012. Pues fue en esa fecha que el señor F.J. realizó la presentación personal del mismo ante la notaria tercera de XXX, lo que permite concluir que la profesional inculpada recibió dichos documentos con fecha posterior al 2 de octubre y las diligencias realizadas para el cumplimiento de la sentencia datan del mes de febrero de 2013, luego entonces, resulta claro que una vez obtenido el poder para continuar la representación del demandante, debió comunicarle cuál era la situación del proceso y no haber mantenido oculta la realidad procesal que rodeaba el mismo, con la convicción de que la inculpada continuaba gestionando su proceso para que se produjera una decisión favorable a sus pretensiones, cuando esta ya se había proferido y lo único que restaba efectuar era el trámite administrativo de la solicitud de ejecutoriedad o materialización de la sentencia; pues de haber advertido a su poderdante que la gestión consistía únicamente en adelanta las diligencias administrativas ante el Ejército Nacional, seguramente hubiese sido otro el proceder por parte del poderdante, evitando la inconformidad expresada ante esta instancia.

Pero otro fue el proceder de la doctora A.R., continuando su propósito de obtener la recuperación del dinero y el correspondiente beneficio del 30% en razón de lo que había pactado con su poderdante, tal como ha quedado demostrado con las piezas probatorias allegadas al presente instructivo, razón por la cual la doctora A.R. debe ser llamada a responder disciplinariamente por esta conducta, pues su comportamiento constituye una clara transgresión a la falta contra la dignidad de la profesión”.

Al respecto, para la Sala evidentemente de la revisión de la actuación no obra ningún soporte probatorio que acredite que la togada ilustró a su cliente sobre el estado del proceso en el momento en que recibió el poder conferido por este, para que continuara representándolo en el mismo, cuando ya había concluido el proceso judicial, restando solamente el trámite administrativo del restablecimiento del derecho y cobro de la sentencia, que correspondía ya adelantar ante la instancia de la demandada.

También advierte la corporación, que a pesar de que la procesada tuvo la oportunidad de demostrar la veracidad de su afirmación, contraria a lo razonado por esta jurisdicción, cuando en audiencia de juzgamiento realizada el 31 de agosto de 2016, compareció a declarar el quejoso, no obstante, ninguna pregunta le formuló a este, solo se limitó a que reconociera los correos electrónicos aportados al proceso, cuando ninguno de ellos da cuenta de lo determinado por el a quo, corroborado por esta instancia .

Referente a la falta tipificada en el artículo 30 numeral 5º, en la que precisa que no se valió de la intermediación de un tercero para ser la apoderada de un proceso en la que ya actuaba en representación del demandante, puesto que se informó desde el 19 de julio de 2012 que ya no trabajaba más en la empresa mencionada y que la participación de honorarios que incluso reconoce y ratifica hizo a F.D.C., precisó obedeció a que este laboraba como dependiente judicial de la empresa D. & P., y de manera alterna llevaba casos particulares, por lo que no puede determinarse que le participó de sus honorarios, sino que pagó por la actividad que desempeñó.

Al respecto, advierte esta superioridad, que conforme lo analizó el a quo con base en la misma declaración juramenta depuesta por el señor F.D.C., surge diáfano que dada la función que cumplía este dentro de D. & P., para lo cual tuvo contacto telefónico con el señor F.J., procedió como el intermediario entre la investigada y el quejoso, al punto que la recomendó para que lo representara una vez terminó su vínculo laboral con la empresa mencionada en julio de 2012, acordando una contraprestación de $ 10.000.000 como él mismo lo declaró en esta actuación; y si bien acreditó que reclamó como dependiente de la abogada la copia de la sentencia ante el juzgado de conocimiento, para el trámite del cumplimiento de la misma ante el Ejército Nacional, ello razonadamente no acredita el significativo pago que recibió de la togada, dando firmeza a la falta contra la dignidad de la profesión endilgada a la togada.

Por último respecto de la imputación de la falta descrita en el artículo 35 numeral 1º del estatuto deontológico del abogado, afirmó la recurrente, que la Sala de instancia nuevamente exalta las manifestaciones por presuntamente actuar de mala fe, generando inculpaciones dos veces por la misma causa, agregando que actuaba en el proceso desde el 2010, porque laboraba para D. & P., pero desconoce la certificación expedida por la empresa donde consta que el señor F. no era afiliado desde el año 2010, suponiendo que tal evento radica en que el poder de sustitución con el cual trabajó en la actuación le fue dado desde esa época, aspecto que para el proceso administrativo no afectó pues a la fecha funge como apoderada ante el juzgado administrativo y ante el Ejército Nacional.

Esta falta atribuida a la disciplinada, se configuró por faltar a la honradez en su actuar, concretamente, como claramente lo analizó la corporación de instancia, por “acordar”, con el cliente, un beneficio desproporcionado por el trabajo, con aprovechamiento de la ignorancia e inexperiencia de aquel, comoquiera que la presentación de la demanda y el trámite principal del proceso lo inició y adelantó bajo la contratación de la empresa D. & P. S.A., inicialmente de la abogada L.J.O., desde el 19 de noviembre de 2007 y hasta el 15 de marzo de 2011 que le sustituyó poder a la doctora B.E.A.R., pero en calidad de contratista de la empresa referida, fecha para la cual ya se había surtido en el proceso la etapa probatoria que se cerró el 25 de marzo de 2011, igual fecha en que se reconoció personería a la abogada A.R. para continuar representando al demandante, pero bajo la responsabilidad de la empresa D. & P.

A tal apreciación razonable llega el a quo con fundamento en que a pesar del conocimiento de la abogada y el señor C.C. de que el afiliado había cesado en pagos con la empresa, lo cual era causal de terminación del contrato y de la prestación de servicios, previo requerimiento de ponerse al día; no obstante, todo indicó que concertadamente con el señor F.D.C.C., no reportaron la formalización de dicha situación a la dirección de D. & P., de lo contrario advierte esta Sala, cómo se explica que frente a la solicitud que formulara esta jurisdicción ante dicha empresa, se informó que si bien el señor A.J.F.J. suscribió contrato de afiliación XXX el 20 de noviembre de 2006, y le efectuaron descuentos de nómina desde junio de 2007 hasta agosto de 2007, no obstante, también reportó que revisados sus archivos sistematizados, registran seguimientos al proceso de nulidad y restablecimiento en el que representaban al quejoso, incluso hasta el auto que concedió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que según inspección judicial practicada dentro de esta actuación al proceso, fue el 23 de marzo de 2012, y que se archivó a carpeta sistematizada el 12 de septiembre de 2012, la carpeta física fue retirada por el usuario.

De lo anterior observa esta superioridad, no se acreditó en esta investigación que la empresa D. & P. haya terminado el contrato con el afiliado, así como tampoco la abogada disciplinada que actuaba en representación del demandante, bajo la responsabilidad de D. & P. no renunció al proceso; por ende, se continuó prestando el servicio, pero por cuenta de la empresa contratista; inclusive hasta la fecha precitada que se registra el seguimiento de las actuaciones emitidas en el expediente; comoquiera que dicho procedimiento era el establecido en D. & P., según lo aseveró en declaración la doctora A.S.E. y no se realizó.

En fin, con independencia de la situación generada del contrato suscrito entre el aquí quejoso y la empresa D. & P., lo cierto es que la abogada B.E.A.R., actuó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en representación del demandante aquí quejoso, pero bajo la responsabilidad de la empresa D. & P., hasta el momento procesal en que aportó el poder que este le otorgó para representarlo de manera directa, lo cual autenticó el 2 de octubre de 2012 en notaría de XXX, indicando que la abogada lo recibió después, cuando el fallo definitivo del proceso fue emitido el 26 de septiembre de 2012, lo cual indica, su contratación por cuenta del quejoso lo fue para el trámite de la ejecución de la sentencia.

Por lo tanto, si bien el 30% de porcentaje de honorarios acordado por la togada con el cliente, no es irrazonable en principio, si se tratara de la atención de un proceso administrativo desde el momento de su iniciación hasta la terminación, no obstante para el asunto particular, indudablemente se tornó desproporcionado el cobro de $ 56.477.494,20; dado el momento procesal en que la abogada A.R. asumió la representación directa del demandante dentro del proceso, según el acontecer fáctico precedentemente referido; lo contrario, conduciría a interpretar que la abogada que antecedió a la disciplinada dentro de dicho proceso y que intervino por mucho tiempo desde su inicio, hasta mucho tiempo después de haber cesado en pagos el afiliado, que recordemos, fue la que radicó la demanda y actuó hasta el cierre de la etapa probatoria (del 19 de noviembre de 2007 hasta el 15 de marzo de 2011), es decir en etapas estructurales del proceso, también hubiera cobrado honorarios al quejoso, por su intervención en las diligencias, lo cual no ocurrió, por la obvia razón de que su intervención la hizo por la contratación entre ella y la empresa D. & P. y no directamente con el poderdante, al margen de la situación del pago de cuotas derivadas del contrato suscrito entre el señor F.J. y la empresa a D. & P.

En conclusión para la corporación no son de recibo los argumentos expuestos por la recurrente, pues contrario a lo expuesto por esta, en el proceso no aflora ninguna duda del comportamiento cuestionable por el que se ha sancionado a la togada, ya que la evidencia probatoria como se ha valorado suficientemente es diáfana en demostrar los la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el comportamiento de la abogada B.E.A.R., en representación del quejoso señor A.J.F.J., por lo que sin más consideraciones se procederá a NEGAR la nulidad impetrada por la apelante y CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de octubre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de XXX, en la cual se declaró disciplinariamente responsable a la abogada B.E.A.R., de las faltas contra la dignidad de la profesión y la honradez de la profesional, consagradas en los numerales 4º y 5º del artículo 30 y numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo respectivamente y en consecuencia se sancionó con SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO DE SEIS (6) MESES, en el ejercicio de la profesión.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la nulidad impetrada por la abogada B.E.A.R., acorde con las consideraciones precedentemente expuestas.

2. CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de octubre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de XXX, en la cual se declaró disciplinariamente responsable a la abogada B.E.A.R., de las faltas consagradas en los numerales 4º y 5º del artículo 30 y numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 y se sancionó con SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO DE SEIS (6) MESES, en el ejercicio de la profesión, atendiendo lo expuesto en la parte considerativa de este fallo.

3. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la secretaría judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

4. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

5. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».