Sentencia 2014-00395 de junio 25 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 25000233600020140039501

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E)

Acción de tutela

Actor: Rodrigo Hernán Dávila Páez

C/. Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional-Dirección de Sanidad

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

Decide la Sala la impugnación presentada por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, contra la sentencia de 21 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, que amparó parcialmente los derechos a la vida y salud del señor Rodrigo Hernán Dávila Páez.

I. El escrito de tutela

Rodrigo Hernán Dávila Páez, a través de defensor público, interpuso acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional-Dirección de sanidad por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida y salud.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó:

• Ordenar a la dirección de sanidad del ejército que autorice la entrega de pañales desechables y el medicamento “cialisis por 5 mg”, tal y como lo prescribió el médico tratante, en forma inmediata, urgente y prioritaria.

• Garantizar la prestación del servicio médico integral que requiere para el control de sus patologías, sin consideración de que se encuentre o no incluidos en el plan obligatorio de salud, POS.

• Hacer un llamado de atención a las accionadas por su omisión y desinterés en su caso particular, máxime cuando ha dedicado su vida a prestar importantes servicios a la Patria, poniendo en grave riesgo su vida, lo cual contradice los principios de solidaridad y vida digna.

Fundó el amparo invocado en los siguientes supuestos fácticos y argumentos (fls. 11 a 21):

1) El 18 de diciembre de 2007, ingresó como soldado profesional al tercer pelotón de la compañía A del Batallón de Infantería 18 Jaime Rooke de Ibagué.

2) El 19 de diciembre de 2011, cuando prestaba sus servicios en el corregimiento de San José de las Hermosas en el municipio de Chaparral-Tolima, fue víctima de un ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, recibiendo una herida de bala en la columna.

3) Por lo anterior, fue trasladado al Centro Médico de Chaparral, pero por la complejidad de las heridas fue remitido al Hospital San Juan Bautista de Ibagué, luego al Hospital Militar de Bogotá, y finalmente al Batallón de Sanidad Militar de Bogotá, Basan, donde ha permanecido en rehabilitación hasta la fecha.

4) El diagnóstico dado por el médico tratante refiere: “(...) trauma raquimedular con pérdida de movilidad de miembros inferiores y pérdida de control de esfínteres (...)”(1), razón por la cual debe usar pañal desechable e implementos de cateterismo cada 6 horas de por vida, aunado a ello, presenta impotencia sexual por lo cual debe consumir el medicamento “cialisis 5 mg”, una tableta diaria de por vida.

5) De manera verbal ha solicitado a la dirección de sanidad del ejército la entrega de los pañales desechables y el medicamento, pero le han sido negados con la excusa de que no se encuentra incluidos en el POS.

II. Informe rendido en el proceso

Ejército Nacional-Dirección de sanidad

En oficio visible de folios 33 a 36, rindió informe sobre el asunto, pidiendo declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta, por los siguientes motivos:

La solicitud de suministros que se realizan a través de la acción de tutela, no son medicamentos, sino elementos de aseo que no se encuentran contemplados en el Acuerdo 42 de 2005(2), los cuales no pueden asignarse con el rubro asignado a salud.

La transgresión de los derechos que aduce el accionante no se ha configurado, pues la entidad le ha brindado todos los servicios médicos, especialistas, elementos terapéuticos y tratamientos incluidos en el POS que ha requerido, es más, a la fecha cuenta con los servicios de una enfermera en su casa.

Ahora, de conformidad con el principio de racionalidad previsto en el artículo 7º del precitado acuerdo, no se le puede entregar al afiliado un medicamento que no se encuentre incluido en el manual único de medicamentos y terapéutica del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, SSMP, en casos excepcionales se puede proporcionar cuando ha sido avalado por el comité técnico-científico de la dirección de sanidad quienes son los encargados de determinar si es procedente o no su suministro.

Así las cosas, no puede ser a capricho de un agente oficioso que se reconozca la vulneración de algunos derechos, cuando ni siquiera existe soportes médicos que lo avalen, por lo tanto en el sub examine existe carencia actual de objeto, pues las pretensiones del petente han sido satisfechas, razón por la cual la acción de tutela pierde eficacia e inmediatez.

III. La sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, mediante la sentencia de 21 de abril de 2014, tuteló parcialmente los derechos a la salud y vida en condiciones de dignidad.

Ordenó al Ejército Nacional-Dirección de sanidad militar, suministrar al actor los pañales desechables, que requiere para su tratamiento de control de esfínteres, de acuerdo a lo prescrito en fórmula médica 48864, expedida por la médico fisiatra de la dirección de sanidad del ejército-dispensario occidental (fls. 38 a 46, vto.).

Luego de hacer un resumen sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio y residual para la protección de derechos fundamentales, y de establecer el marco normativo de los derechos a la vida en condiciones dignas, salud, petición, debido proceso y mínimo vital, encontró que en el caso bajo estudio se transgredieron varios de estos derechos al actor.

A pesar que en el escrito de tutela el petente no refiere la fecha exacta en que presentó la solicitud ante la dirección de sanidad del ejército, sobre el suministro de pañales desechables y el medicamento “cialisis 5 mg”, encontró transgredido el derecho de petición, en la medida en que en la contestación del proceso constitucional aduce los motivos por los cuales no se debe acceder a las pretensiones del actor, no obstante nunca certificó que le hubiese dado a conocer tal concepto de manera escrita o verbal.

Conforme con las pruebas obrantes en el expediente concluyó que el accionante padece un trauma medular con pérdida de control de esfínteres, de donde resulta lógico que se le hayan formulado pañales, para que sus secuelas sean tratadas.

Respecto a la impotencia sexual señaló que no se acreditó tal circunstancia, pues si bien dentro del expediente obró la prescripción del medicamento “cialisis 5 mg”, la misma fue expedida por un médico particular, y si se asumiera que como secuela del accidente el señor Rodrigo Hernán Dávila Páez sufrió alteraciones en sus funciones sexuales, se debe advertir que el medicamento no hace parte del POS.

Aclaró que, si bien la Corte Constitucional, ha avalado la entrega de medicamentos que no están contemplados en el POS, para que ello ocurra se debe acreditar que: “(...) 1) la falta del servicio amenace un derecho fundamental; 2) que no exista en el POS, medicamento o tratamiento que supla a aquel excluido del POS; 3) que el paciente carezca de recursos económicos que le permitan sufragar el procedimiento o medicamento; 4) que ese medicamento haya sido ordenado por un médico tratante adscrito a la EPS (...)”(3).

En conclusión, señaló que los pañales desechables son necesarios para el problema de control de esfínteres que padece el señor Rodrigo Hernán Dávila Páez, y su no uso afecta de manera directa el derecho a su salud, en cuanto al medicamento no es consideró viable acceder a ordenar su suministro, por no cumplir con los requisitos que ha establecido la Corte Constitucional para su procedencia, a saber: i) no acredita como el no uso del medicamento “cialisis 5 mg” puede alterar su diario vivir o su salud al punto de ponerse en riesgo su vida, ii) existe farmacéuticos dentro del POS que podrían suplir las deficiencias sexuales que alega el actor, y iii) no fue prescrito por un médico adscrito a la dirección de sanidad militar.

IV. De la impugnación

— La dirección de sanidad del Ejército Nacional impugnó el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, reiterando lo expuesto en los informes rendidos en el proceso y agregando que (fls. 49 a 51):

La entrega de pañales no es viable, pues no son medicamentos o procedimientos sino implementos de aseo no contemplados en el Acuerdo 42 de 2005, los cuales no se pueden autorizar con el rubro asignado a salud, pues ello estaría en contravía de las disposiciones legales, además no hay orden médica reciente en la que se disponga dicho suministro.

Así, la dirección de sanidad no está vulnerando derechos fundamentales al actor, por el contrario, se le han brindado todos los servicios médicos, especialistas, terapias y tratamientos incluidos en el plan integral de salud, protegiendo así su derecho a la seguridad social conexo con la vida y la salud, estando su actuar acorde para mantener la estabilidad del subsistema.

VI. Consideraciones

a. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que “Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra el fallo de tutela proferido el por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, el día 21 de abril de 2014.

b. Problema jurídico.

Consiste en determinar si la dirección de sanidad del Ejército Nacional vulneró los derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas, del señor Rodrigo Hernán Dávila Páez al no suministrarle los pañales desechables y el medicamento “cialisis 5mg” que requiere de por vida.

c. De la procedibilidad de la acción de tutela.

La consagración del Estado como social de derecho, en el artículo 1º de la Carta Fundamental, no es una simple fórmula utilizada por el Constituyente de 1991, sino una forma de organización política garantista de una concepción trascendente del ser humano, dotado de dignidad y titular de un mínimo de condiciones de subsistencia que le permitan el ejercicio, a su turno, de los demás bienes jurídicos amparados por la misma Constitución Política y por las normas que, en general, integran nuestro ordenamiento.

La concepción de integridad humana, ha permitido revaluar la justiciabilidad de los derechos constitucionales, pues, sin sujeción estricta a la clásica división entre derechos con poco contenido prestacional y aquellos con amplio contenido prestacional, se ha considerado que hay situaciones especiales susceptibles de amparo e intervención a través de la vía de tutela con el objeto de garantizar el ejercicio del derecho a la vida en condiciones de dignidad. Uno de los derechos que ha sido reinterpretado a lo largo de nuestra Jurisprudencia es, precisamente, el derecho a la salud, el cual, a pesar de su notable contenido prestacional, ha adquirido la connotación de derecho fundamental autónomo bajo ciertas condiciones.

La protección del derecho a la salud no solo deriva de la normatividad de nuestro ordenamiento interno, en estricto sentido, sino de instrumentos internacionales que han ingresado por vía del artículo 93 de la Constitución Política a nuestro sistema normativo, en cualquiera de las condiciones allí establecidas. Dentro de este tema, se puede resaltar que el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(4) estipula el derecho “(...) de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (...)”. En similares términos, el artículo 10 del Protocolo de San Salvador(5), dispuso:

“(...) 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables (...)”.

El derecho a salud, considerado por el constituyente de 1991 como derecho y servicio público a cargo del Estado, es precisamente uno de aquellos bienes que, en el contexto de un nuevo Estado, exigió su inclusión en la agenda de política pública; fue objeto de regulación por parte del legislador (ordinario y extraordinario); y, demandó del esfuerzo judicial para su efectividad; facetas todas estas permeadas por su carácter progresivo, pero que, en todo caso, no le resta su naturaleza fundamental, por lo menos en relación con unos contenidos inaplazables.

En este marco, entonces, es claro que el derecho a la salud, en tanto y en cuanto se considere como derecho fundamental autónomo por lo menos en su contenido esencial, es objeto de amparo a través de la acción de tutela, garantía establecida en el artículo 86 de la Carta Política con el objeto de que, mediante un procedimiento preferente y sumario, se pudiera exigir la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resultaren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública (o incluso de particulares bajo determinado supuestos).

Sobre este último enfoque, la Corte Constitucional en la Sentencia T-320 de 2011, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, manifestó:

“(...) En conclusión, la acción de tutela, como mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales, ampara el derecho a la salud en su dimensión de acceso a los servicios médicos que se requieren con necesidad, es decir, protege la garantía básica con la que cuentan todas las personas de acceder a los “servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal o su dignidad (...)”(6)”.

Por lo anterior, atendiendo al hecho de que lo que aquí se invoca es la protección del derecho a la salud, considera la Sala procedente analizar, de fondo, la presunta vulneración del referido bien ius fundamental del señor Rodrigo Hernán Dávila Páez.

d. Subreglas para inaplicar los planes obligatorios de salud.

El plan obligatorio de salud es el conjunto de servicios de atención en salud y reconocimientos económicos a que tiene derecho en caso de necesitarlos todo afiliado al régimen contributivo o subsidiado, y el mismo conjunto de servicios al que está obligado a garantizar a sus afiliados toda entidad promotora de salud autorizada para operar en el sistema, los cuales son delimitados y definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud(7).

La necesidad de garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la seguridad social es entonces lo que explica, que en principio, su cobertura se extienda únicamente a la prestación de los servicios que indique la ley, en este caso, a través de la determinación de los servicios comprendidos en el plan obligatorio de salud. Por lo anterior, el derecho a la salud, en principio, resulta exigible solo respecto de los contenidos del plan obligatorio de salud(8).

Empero, el ordenamiento jurídico prevé que algunos tratamientos que no están incluidos en el manual de procedimientos y en las demás normas complementarias, se encuentran excluidos de la cobertura del POS, lo cual resulta “compatible con la Constitución, pues es un mecanismo que asegura el equilibrio financiero del sistema de salud”.

No obstante lo anterior, en determinados casos la aplicación rígida y absoluta de las exclusiones y limitaciones puede vulnerar derechos fundamentales, razón por la cual el juez constitucional debe acudir a la excepción de inconstitucionalidad (C.N., art. 4º) frente a la normatividad que establece ese tipo de limitaciones, con el fin de restablecer los derechos vulnerados, siempre y cuando se cumplan los requisitos dispuestos por la jurisprudencia constitucional(9):

“(...) a. Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa, amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal del interesado(10), pues no se puede obligar a las entidades promotoras de salud a asumir el alto costo de los medicamentos o tratamientos excluidos, cuando sin ellos no peligran tales derechos(11);

b. Que se trate de un medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el plan obligatorio de salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital del paciente;

c. Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud (el prestado a sus trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios prepagados, etc.)(12).

d. Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la empresa promotora de salud a la cual se halle afiliado el demandante (....)”(13).

Con todo, el plexo de tratamientos, procedimientos y medicamentos previstos en el plan obligatorio de salud no debe interpretarse de forma exegética todos los criterios, pues es plausible que en un caso concreto el juez constitucional, previa verificación de los requisitos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, acuda a la excepción de inconstitucionalidad y proteja, en consecuencia, derechos fundamentales como la salud, vida e integridad física.

e. De los derechos sexuales y reproductivos como unidad material.

Las barreras de acceso a los servicios de salud, justicia, protección y educación que limitaban el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, por factores económicos, sociales, religiosos, culturales o por otros de vulnerabilidad; condujo a que dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos se conformará una verdadera estructura normativa que sin duda es fuente primigenia de derecho para resolver conflictos en los que estas dos categorías puedan verse comprometidas.

Es por ello, que con fundamento en el artículo 93 superior, el cual establece que los derechos y deberes se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, ha acogido los mecanismos establecidos en los instrumentos internacionales referentes a este derecho: Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 2º)(14); Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 2º)(15); Pacto de derechos económicos y sociales (art. 11)(16); Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 16.1 e)(17); Convención sobre los derechos del niño (art. 2º)(18), Declaración y programa de acción de la conferencia internacional de derechos humanos, Viena; Programa de acción de la conferencia internacional de población y desarrollo, El Cairo; Programa de acción de la conferencia mundial de la mujer, Beijing.

En principio, el amparo otorgado por la comunidad internacional se dio al fuero especial de la mujer, ya que se buscaba garantizar el libre y efectivo goce de sus derechos sexuales y reproductivos, teniendo en cuenta la capacidad de expresar y disfrutar de forma autónoma y responsable de su sexualidad, sin riesgo de enfermedades trasmitidas sexualmente, embarazos no deseados, coerción, violencia y discriminación, pues estos derechos permiten a los seres humanos construir y ejercer libremente múltiples identidades sexuales de acuerdo con sus intereses, convicciones y proyecto de vida, como requisito para la libertad.

Así el artículo 12.2 a) del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales pone de relieve algunos aspectos del derecho a la salud sexual y reproductiva. En la observación general 14 del Comité de derechos económicos, sociales y culturales se afirma además que “(...) el derecho a la salud incluye la adopción de medidas para mejorar la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información (...)”(19). Así mismo, observa que el ejercicio del derecho de la mujer a la salud conlleva el deber de suprimir todas las barreras que impiden el acceso de la mujer a los servicios de salud, educación e información, en particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva.

Luego ante la creciente limitación de estos a la comunidad y la aparición de enfermedades como el VIH o sida, se extendió su amparo a la población universal catalogándolos como derechos ius fundamentales, autónomos garantizando así el desarrollo libre, sano, seguro y satisfactorio de la vida sexual, reproductiva y de la convivencia sexual.

El derecho a la salud reproductiva también ocupa un lugar destacado en el Programa de acción de la conferencia internacional sobre la población y el desarrollo de 1994, la plataforma de acción de Beijing de 1995 y los objetivos de desarrollo del milenio, que afirman el derecho de la mujer a controlar todos los aspectos de su salud, a respetar su autonomía e integridad físicas y a decidir de forma libre todo lo relativo a su sexualidad y reproducción, sin sufrir discriminación, coerción o violencia. La plataforma de acción de Beijing afirma que los Estados deberían considerar la posibilidad de eliminar las medidas punitivas relativas a la salud sexual y reproductiva. Se pone especialmente de relieve la relación entre la mejora de la salud sexual y reproductiva para las mujeres y la reducción de la pobreza.

Para el sub judice, la Declaración universal de los derechos sexuales (revisada y aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, WAS(20), el 26 de agosto de 1999, en el 14 Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong, República Popular China), estableció que:

“(...) La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor.

La sexualidad es construida a través de la interacción entre el individuo y las estructuras sociales. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social.

Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad inherente, dignidad e igualdad para todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. Para asegurarnos que los seres humanos de las sociedades desarrollen una sexualidad saludable, los derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades de todas las maneras. La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales (...)”(21) (resaltados de la Sala).

Así, los derechos sexuales no necesariamente deben encontrarse concatenados a otro derecho fundamental para lograr su protección a través de este recurso de amparo, pues su condición de universales y autónomos imprime al Estado la responsabilidad de salvaguardarlos cuando se encuentren en eminente riesgo.

Lo anterior, teniendo en cuenta que cuando se acude a la acción de tutela con el ánimo de recuperar el equilibrio emocional, psicológico y mental, que se produce como resultado de una complicación física en la sexualidad de una persona, no se trata tan solo de simples afecciones a la salud, sino que también comporta la afectación de otros derechos fundamentales como la intimidad, el derecho a la familia e incluso a la vida misma, por lo tanto, el juez de tutela tiene la obligación, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, de buscar su protección y de ser posible su restablecimiento.

A nivel jurisprudencial la Corte Constitucional ha estudiado la posibilidad de suministros de prestaciones relativas a la salud sexual y reproductiva que se encuentran excluidos del plan obligatorio de salud, POS, en los siguientes términos:

“(...) Al ocuparse de asuntos relativos a patologías que alteran la vida sexual normal de las personas, ha señalado la Corte Constitucional que el pleno goce de la salud sexual hace parte del ejercicio de derechos fundamentales como el de formar libremente una familia y el de la pareja para decidir sobre su procreación, así como los de la salud, la vida digna, el libre desarrollo de la personalidad. Por esa razón, ha insistido en señalar que las exclusiones del POS no pueden, de ninguna manera, desconocer los derechos constitucionales fundamentales de las personas (...)”(22).

f. De los derechos sexuales y los derechos reproductivos como garantías autónomas e independientes.

Ahora bien, dentro de los límites materiales del caso sometido a consideración de la Sala, emerge la necesidad de plantear la diferencia real que materialmente existe entre los denominados en los párrafos anteriores derechos sexuales y reproductivos, como un binomio normativo tutelable dentro de una única esfera de protección, como enseguida lo ilustra la Sala, uno es el rol de los derechos reproductivos y otro el que corresponde a los derechos sexuales, que en el caso sub judice resultan comprometidos desde la patología que afecta el recurrente en lo estrictamente referido con la disfunción eréctil, cuyo pronóstico puede ser mitigado con el suministro del fármaco cialisis facilitador de erecciones donde cuyo uso no se encuentra enmarcado dentro del plan obligatorio de salud.

En Colombia los derechos sexuales y reproductivos han sido concebidos como una unidad, sobre la esfera de la individualidad del marco de la libre expresión de la personalidad, de tal forma que el individuo pueda decidir de forma libre sobre sus derechos sexuales; así lo ha resaltado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia: “En virtud del derecho a la libertad sexual las personas tienen derecho a decidir autónomamente tener o no relaciones sexuales y con quién (C.N., art. 16). En otras palabras, el ámbito de la sexualidad debe estar libre de todo tipo de discriminación, violencia física o psíquica, abuso, agresión o coerción, de esta forma se proscriben, por ejemplo, la violencia sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzada”(23). De modo que, así entendidos los mentados derechos sean el fruto de la libre expresión de libertad del ser humano.

Así las cosas, estos derechos en la legislación han sido reconocidos como derechos humanos, no solamente en el ámbito interno, sino también en instrumentos ratificados por Colombia a nivel internacional, atendiendo al reconocimiento y protección de hombres y mujeres como seres libres e iguales según lo consagra el artículo 13 de la Constitución “La norma reconoce la igualdad ante la ley a todas las personas, consagra ante las autoridades los derechos a la igualdad de protección y a la igualdad de trato y reconoce a toda persona el goce de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación con base en criterios de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”(24), en ese sentido las personas son titulares de este reconocimiento, que además permite tener autodeterminación para ejercerlo, esto sin que se admita la más mínima posibilidad de censura a terceros cuyas decisiones u orientación sexual difiera con la mayoría de la población.

De la misma manera la población minoritaria compuesta por homosexuales, lesbianas y transexuales también hace parte de este articulado y tienen derecho a ejercer su sexualidad de forma libre que les permita establecer su capacidad de autodeterminarse, pues su discriminación afecta al ser individual, lesiona el bien jurídico protegido, agrede su dignidad y viola sus derechos; aunado a ello, subyuga la libre expresión de la personalidad, principal contenido de los derechos sexuales y reproductivos y del derecho a la vida en condiciones dignas.

Conviene recordar que la dignidad humana ha sido definida por la Corte Constitucional de la siguiente forma:

‟Es que el concepto de dignidad humana no constituye hoy, en el sistema colombiano, un recurso literario u oratorio, ni un adorno para la exposición jurídica, sino un principio constitucional, elevado al nivel de fundamento del Estado y base del ordenamiento y de la actividad de las autoridades públicas.

En virtud de la dignidad humana se justifica la consagración de los derechos humanos como elemento esencial de la Constitución Política (C.P., art. 1º) y como factor de consenso entre los Estados, a través de las cláusulas de los tratados públicos sobre la materia (C.P., art. 93).

La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio para lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es ‟un fin en sí misma”. Pero, además, tal concepto, acogido por la Constitución, descarta toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y espirituales, todas las cuales merecen atención en el Estado social de derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su existencia y la base y justificación del sistema jurídico.

Ese concepto se traduce en la idea, prohijada por la Corte, de que no se garantiza bien ningún derecho de los que la Constitución califica de fundamentales —intrínsecos a la persona— si a un individuo de la especie se lo condena a sobrevivir en condiciones inferiores a las que la naturaleza le señale en cuanto ser humano. Es decir, cuando, como en los casos materia de examen, personas menores deben afrontar una evolución irregular de sus sistemas físico y sicológico en condiciones de desamparo”(25)(26).

Acorde con lo anterior la Corte Constitucional también ha advertido que es “(...) necesario diferenciar los derechos sexuales de los reproductivos pues sexualidad y reproducción son dos ámbitos diferentes en la vida del ser humano ya que la primera no debe ser entendida solamente como un medio para lograr la segunda. Esta separación ha resultado ser una demanda especialmente importante para las mujeres pues el hecho de haber sido identificadas fundamentalmente como madres ha reducido la protección de su sexualidad a la de la maternidad o al menos ha priorizado esta última sobre la primera. A pesar de lo anterior, no se puede negar que los derechos sexuales y reproductivos están indudablemente relacionados pues la autonomía en las decisiones reproductivas contribuye a llevar una vida sexual sin riesgos de embarazos no deseados, lo que quiere decir que cada una de estas categorías posee una definición y un contenido propio pero parten de una base común”(27).

Teniendo en cuenta que las relaciones sexuales no son un factor absolutamente determinante para concebir, pues si bien existen técnicas como la fecundación in vitro, inseminación artificial y la reproducción asistida o gestación subrogada que permiten procrear de forma diferente al método tradicional, es determinante que se reconozcan los derechos reproductivos como autónomos e independientes de los derechos sexuales. Al respecto se ha dicho que:

“En virtud de la autodeterminación reproductiva se reconoce, respeta y garantiza la facultad de las personas de decidir libremente sobre la posibilidad de procrear o no, cuándo y con qué frecuencia. Ello encuentra su consagración normativa en el artículo 42 de la Constitución que prescribe que “la pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos” y en el artículo 16, ordinal e), de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés)[5] que reconoce el derecho de la mujer y el hombre a decidir libremente sobre el número de sus hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos. Este derecho reconoce a las personas, en especial las mujeres, el derecho a estar libres de todo tipo de interferencias en la toma de decisiones reproductivas, incluida la violencia física y psicológica, la coacción y la discriminación, pues no se deben sufrir tratos desiguales injustificados por razón de las decisiones reproductivas, sea que se decida tener descendencia o no (C.N., arts. 13 y 42[6] y art. 11.2 de la Cedaw[7]). Por tanto, se viola el derecho a la autodeterminación reproductiva cuando se presentan, por ejemplo, embarazos, esterilizaciones, abortos o métodos de anticoncepción forzados[8] o cuando se solicitan pruebas de esterilización[9] o de embarazo[10] para acceder o permanecer en un empleo”(28).

Por otro lado, a pesar de que las relaciones sexuales puedan obtener como consecuencia la reproducción, integran presupuestos diferentes, en el entendido que la primera hace parte de una propiedad biológica inherente al ser humano que le permite identificarse de forma íntima y autodeterminarse dentro de la individualidad de su ser, así mismo contribuye a la salud física, mental y social, cuestión que permite tener una vida plena, integra y digna; mientras la segunda, es una opción determinada por la voluntad, ligada a la concepción de familia con hijos o sin ellos, no constituye propiamente una necesidad del ser, razón por la cual no se puede hablar de una misma titularidad de derechos cuando ambos derechos, si bien, tienen conexidad, difieren en el contenido.

Ahora bien, no se debe perder de vista que “Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los hombres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos, y como tales, han entrado a formar parte del derecho constitucional, soporte fundamental de todos los Estados democráticos. Derechos sexuales y reproductivos que además de su consagración, su protección y garantía parten de la base de reconocer que la igualdad, la equidad de género y la emancipación de la mujer y la niña son esenciales para la sociedad y por lo tanto, constituyen una de las estrategias directas para promover la dignidad de todos los seres humanos y el progreso de la humanidad en condiciones de justicia social”(29).

De tal modo que hombres y mujeres son dignos del reconocimiento al derecho a la libertad de expresión(30) en todo aquello que integra lo sustantivo de su personalidad, por ende son autónomos dentro la capacidad de decidir en su esfera de privacidad como seres únicos e individuales la autodeterminación de su identidad, sin más limitaciones en su decisión que solo aquellas que contemple la ley en cuanto permiten mantener el orden y la convivencia en paz, respaldadas por la dignidad humana en el marco de la igualdad; vale decir, que de las decisiones que se tomen en la intimidad como consecuencia de la identidad del ser, deben ser respetadas, pues son garantías reconocidas dentro del marco de la constitución. Razón por la cual en virtud de estas garantías los derechos sexuales como los derechos reproductivos deben ser identificados cada uno de forma singular, con contenido propio, en el entendido de su particularidad inmersa en la decisión responsable de la voluntad del ser, asociado a que los resultados son disimiles a la hora del disfrute y goce de las relaciones sexuales.

Por lo anterior, atendiendo al hecho de que lo que aquí se invoca es entre otros, la protección del derecho a la sexualidad, considera la Sala procedente analizar, de fondo, la presunta vulneración del referido bien ius fundamental del señor Hernán Dávila Páez.

g. Del caso concreto.

De conformidad con el informativo administrativo de lesiones del Ejército Nacional expedido por el comandante del Batallón Jaime Rooke, el 14 de febrero de 2012(31), el señor Rodrigo Hernán Dávila Páez, cuando se encontraba en servicio en el corregimiento de San José de las Hermosas del municipio de Chaparral Tolima, el 19 de diciembre de 2011, recibió un disparo en la columna como causa de un atentado perpetrado por un frente de las FARC, razón por la cual fue remitido a la centro médico de Chaparral, pero dada la complejidad de las lesiones se trasladó al Hospital San Juan Bautista de Ibagué, luego al Hospital Militar de Bogotá y por último al Batallón de Sanidad Militar, Basan, donde le han prestado los servicios médicos hasta la fecha.

El médico tratante diagnosticó: “(...) paciente de 24 años remitido de Ibagué por presentar el 19 de diciembre de 2011 herida por arma de fuego en región toracolumbar paravertebral derecha presentando pérdida de fuerza em (sic) meibros (sic) inferiores, anestesia nivel sensitivo em t 12, hacen manejo inicial y remiten, paciente al ingreso com (sic) nivel sensitivo t 12 ausencia de reflejo bulbo cavernoso, fuerza 0/5 miembros inferiores, imágenes de columna vertebral con fractura de t 12 secundaria compromiso de canal medular. Se considera lesión medular completa por lo que se hospitaliza hasta la fecha para rehabilitación integral, el día 31 de diciembre de 2011 presenta picos febriles razón por la cual se decide estudio por sospecha de proceso infeccioso (...)”(32).

A folio 7 del expediente, se observa fórmula médica 48864 de 29 de julio de 2013, expedida por la dirección de sanidad-dispensario occidente, en la cual la médico fisiatra de la entidad prescribe al señor Rodrigo Hernán Dávila Páez el suministro de pañales desechables talla M.

a. Ahora bien a pesar de que el suministro de pañales no se encuentra determinado en el POS, jurisprudencialmente, la Corte Constitucional ha sostenido que “(...) es necesario recordar que este tribunal en abundante jurisprudencia ha estudiado el asunto del suministro de pañales, bajo el entendido de que si bien no pueden entenderse strictu sensu como un servicio médico, se trata de un elemento indispensable para la salud, para preservar el goce de una vida en condiciones dignas y justas de quien lo requiere con urgencia, y debe ser facilitado aunque no allegue al expediente fórmula del médico tratante adscrito a la entidad que prescriba su suministro (...)”(33).

Así, teniendo en cuenta que una de las secuelas que presenta el accionante es la de pérdida de control de esfínteres, se puede inferir que el uso de los pañales desechables es indispensable para preservar sus derechos a la vida e integridad personal, pues se trata de un elemento indispensable para la salud, para preservar el goce de una vida en condiciones dignas y justas, y debe ser facilitado, además porque fue prescrito por la médico adscrita a la dirección de sanidad militar, y en la situación particular el señor Dávila Páez manifiesta no poderlos sufragar, lo cual se hace razonable por su estado precario de salud y no se acredita que cuente con ingresos económicos.

b. Aunado a ello, dentro del expediente se observa otra prescripción médica en la cual se receta al actor el medicamento denominado “(...) cialisis 5 mg Nº 60 tomar 1 c/día (...)”, la cual data del 28 de enero de 2014, suscrita por “(...) Dr. Gonzalo Suárez Paba médico urólogo T.P. 760879 / 98 R.M. 79591620 U. El Bosque/U. Militar”(34).

La anterior situación merece atención de Sala, pues si bien no existe prueba que acredite que el médico que expidió la fórmula médica se encuentra vinculado con la dirección de sanidad militar, su código de ética y moral, le da facultades para acreditar los hechos respecto de su conocimiento, es decir, del estado de salud actual del señor Rodrigo Hernán Dávila Páez.

En consecuencia, la dirección de sanidad no puede pasar por alto esta situación y negar el suministro del medicamento bajo el argumento de que existen otros medicamentos y/o tratamiento que lo pueden sustituir sin hacer si quiera un estudió somero donde se establezca cuáles son los mecanismos alternos para que el accionante trate su disfunción eréctil, el cual se ha concebido como un problema que afecta el derecho a la vida en condiciones dignas.

La Corte Constitucional al respecto se ha referido:

“(...) Es claro que hace parte del derecho fundamental a la vida, el que tiene toda persona a gozar de una vida sexual normal; en repetidas ocasiones esta corporación se ha ocupado de considerar la trascendencia del tratamiento médico de afecciones que impiden el desarrollo normal de la fisiología sexual humana, y de valorar la importancia que él tiene en el desarrollo de la persona y en el de la personalidad individual de cada uno. Por tanto, no es de recibo el argumento que sirvió de base para negar la tutela en este caso: no está comprometida la vida del actor. Tal consideración, llevaría a hacer inane el derecho a una protección inmediata de la vida y la integridad personal, pues condenaría al afectado por la falta de tratamiento médico, a demostrar que el daño ocasionado por esa omisión es de tal magnitud, que la actuación del juez constitucional no lograría devolverle la salud perdida (...)”(35).

Así, teniendo establecido que los derechos sexuales se constituyen como de rango fundamental, no se pueden desproteger en este ámbito al señor Rodrigo Hernán Dávila Páez, por lo tanto se ordenará la dirección de sanidad que teniendo en cuenta la fórmula médica expedida el 28 de enero de 2014, proceda a realizar los exámenes pertinentes para verificar el grado de impotencia que padece el actor, para que estudie la posibilidad de proporcionarle el medicamento “cialisis 5 mg” u otro que sí se encuentre contemplado en el manual único de tratamiento y/o procedimientos, siempre y cuando cumpla con las mismas especificaciones farmacéuticas para determinar la efectividad dentro del control de la patología que presenta.

c. Por último, teniendo en cuenta la situación de especial consideración del accionante, quien como integrante de las Fuerzas Militares a sus escasos 24 años de edad, fue víctima de un atentado perpetrado por las FARC en el año 2011 y lo dejó en un estado de salud delicado; para la Sala resulta indispensable garantizarle su derecho al debido proceso administrativo, pues dentro del expediente no se allegó prueba en la que se acredite que ya se le practicó los exámenes de retiro con el fin de que se establezcan las lesiones y enfermedades que padece (fractura de vértebra lumbar, control de esfínteres e disfunción eréctil), y la práctica de la junta médico-laboral, a efectos de que se valoren las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones diagnosticadas, determine y califique el tipo de incapacidad psicofísica, la enfermedad profesional o común y se fije el índice de lesión, si ello es procedente.

En ese sentido, la Sala confirmará el fallo recurrido en cuanto accedió al amparo del derecho a la salud, vida digna, ordenando en suministro de pañales tal y como lo prescribió el médico tratante; y lo adicionará en el sentido de proteger sus derechos sexuales y reproductivos, así como al debido proceso.

En consecuencia de lo anterior se ordenará:

— A la dirección de sanidad del Ejército Nacional para que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia proceda a realizar los exámenes pertinentes para verificar el grado de impotencia sexual que padece el actor y estudie si es viable proporcionarle el medicamento “cialisis 5 mg” u otro que si se encuentre contemplado en el manual único de tratamiento y/o procedimientos, siempre y cuando cumpla con las mismas especificaciones farmacéuticas para determinar la efectividad dentro del control de la patología que presenta.

— Al director de sanidad del Ejército Nacional, que en el término de ocho (8) días contados a partir de la notificación del presente proveído, adelante los trámites administrativos correspondientes para que se realice la junta médico-laboral al señor Rodrigo Hernán Dávila Páez, en atención a las consideraciones de esta providencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

VII. FALLA:

I. CONFÍRMASE parcialmente la sentencia de 21 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, en el sentido de proteger el derecho a la salud del señor Rodrigo Hernán Dávila Páez y ordenar el suministro de pañales tal y como lo prescribió la médico tratante.

II. ADICIÓNASE para extender la orden de protección a sus derechos sexuales y reproductivos, así como al debido proceso. En consecuencia:

a) Ordénase a la dirección de sanidad del Ejército Nacional para que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia proceda a realizar los exámenes pertinentes para verificar el grado de impotencia sexual que padece el actor y estudie si es viable proporcionarle el medicamento “cialisis 5 mg” u otro que si se encuentre contemplado en el manual único de tratamiento y/o procedimientos, siempre y cuando cumpla con las mismas especificaciones farmacéuticas para determinar la efectividad dentro del control de la patología que presenta.

b) Ordénase al director de sanidad del Ejército Nacional, que en el término de ocho (8) días contados a partir de la notificación del presente proveído, adelante los trámites administrativos correspondientes para que se realice la junta médico-laboral al señor Rodrigo Hernán Dávila Páez, en atención a las consideraciones de esta providencia.

III. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

IV. En acatamiento a las disposiciones del artículo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Bertha Lucía Ramírez de Páez—Gerardo Arenas Monsalve—Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E).

(1) Folio 11 del expediente.

(2) “(...) Por el cual se establece el manual único de medicamentos y terapéutica para el SSMP, y se dictan otras disposiciones (...)”.

(3) Sentencia de la Corte Constitucional T-440 de 2012.

(4) Aprobado mediante la Ley 74 de 1968, con fecha de ratificación de 29 de octubre de 1969.

(5) Aprobado mediante la Ley 319 de 1996 y ratificado el 22 de octubre de 1997.

(6) Ver sentencias SU-480 de 1997, SU-819 de 1999 y T-760 de 1998, entre otras.

(7) Decreto 1938 de 1994, artículo 3º, literal b.

(8) T-102 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(9) T-114 de 1997, T-640 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell y T-784 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(10) Sentencia SU-111 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(11) En este sentido, en aquellos eventos en que la falta de práctica del tratamiento o del procedimiento médico que necesita el paciente pueda llegar a generar un detrimento en su salud, al punto que le impida asegurar la efectividad de los derechos de carácter fundamental —como son la vida, la integridad personal o la dignidad humana— es obligación de la entidad que presta el servicio público de salud hacer efectiva su realización, con el fin de evitar el quebrantamiento de las citadas garantías constitucionales (T-417/2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis).

(12) La conveniencia de probar este requisito, se justifica ante la necesidad de preservar el equilibrio financiero de las EPS y en general del sistema de salud contributivo. La jurisprudencia de la Corte, ha señalado que quien pertenezca al régimen contributivo, para acceder a los beneficios excluidos del plan obligatorio de salud, POS, debe “demostrar su incapacidad económica para asumirlos, la necesidad del tratamiento que permita garantizar sus derechos a la salud y a la vida y que la orden haya sido impartida por el médico tratante adscrito a la entidad promotora de salud”.

(13) Sentencia T-406 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(14) Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 2º: “(...) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna en función de la condición política, jurídica o internacional del país o territorio al que pertenece una persona, ya sea independiente, fiduciaria, no autónomo o bajo cualquier otra limitación de soberanía (...)”.

(15) Pacto internacional de derechos civiles y políticos, artículo 2º: “(...) Cada Estado Parte en el presente pacto se compromete a respetar ya garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (...)”.

(16) Pacto de derechos económicos y sociales, artículo 11: “(...) Toda persona tiene el derecho... a la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (...)”.

(17) Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículo 16.1 e: “(...) las mujeres deben disfrutar de los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos (...)”.

(18) Convención sobre los derechos del niño, artículo 2º “(…) Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales (...)”.

(19) Aplicación del pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, observación general 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales), (22 período de sesiones, 2000), U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000).

(20) La Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) es una organización mundial que agrupa 82 instituciones representantes a su vez de una amplia gama de sociedades profesionales, organizaciones no gubernamentales, universidades e individuos. Incluye medicina, psicología, educación de la sexualidad, promoción de la salud, sociología, antropología y organizaciones humanitarias.

La WAS sostiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Panamericana de la Salud, PAHO, y la Federación Internacional de Planificación Familiar. Tiene también vínculos con UNFPA; Unesco, y otras organizaciones internacionales.

Su misión es promover la salud sexual y abogar por los derechos sexuales, y fomentar la participación de todas las personas, sin discriminación ni prejuicio.

(21) Declaración hecha durante el 13 Congreso Mundial de Sexología, Valencia, España.

(22) Corte Constitucional, Sentencia T-636 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(23) Corte Constitucional, C-732/2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(24) Corte Constitucional, C-507/2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(25) Corte Constitucional, T-572/99, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(26) Corte Constitucional, T-102/98, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(27) Ibídem.

(28) Ibídem.

(29) Corte Constitucional, C-355/2006, M.P. Jaime Araújo Rentería/Clara Inés Vargas Hernández.

(30) Constitución Política, artículo 16/Derecho a la libre expresión de la personalidad.

(31) Visible a folios 2 y 3 del expediente.

(32) Folio 4 vto. del expediente.

(33) Sentencia T-039 de 2013.

(34) Visible a folio 8 del expediente.

(35) Sentencia T-465 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.