Sentencia 2014-00406/2488-2015 de septiembre 28 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C., veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

Consejera ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Exp. 2730012333000201400406 01 (2488-2015)

Ordinario: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Demandante: Lucelly Martínez Castro.

Demandado: Nación — Ministerio de Educación Nacional — Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio — Departamento del Tolima.

Trámite: Ley 1437 de 2011.

Asunto: Intereses moratorios en el pago de nivelación y homologación salarial del personal administrativo del sector docente.

Decisión: Confirma con modificación la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones.

Visto el trámite del proceso y por cuanto no se observa ninguna causal de nulidad que invalide la actuación que hasta ahora se ha surtido, procede esta Sala a proferir la decisión que en derecho corresponde.

Atendiendo a los argumentos expuestos por Ia parte demandante, los motivos de oposición aducidos por la parte accionada y el material probatorio obrante en el expediente, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: (i) problema jurídico, (ii) el proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos, (iii) de los intereses y (iv) el caso concreto.

5.1. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer si el pago de la suma resultante del proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector docente, otorgado mediante la Resolución 05603 del 26 de diciembre de 2012, expedida por la Secretaría de Educación del departamento del Tolima, se efectuó dentro de los términos correspondientes y si hay lugar a la causación de intereses.

Después de dilucidar lo anterior, se analizará si los respectivos intereses solicitados deben ser legales, moratorios o corrientes bancarios.

Las fuentes que se tendrán en cuenta para la resolución del presente caso, son:

Constitución Política: Art. 13. Principio de igualdad; Art. 25. El trabajo como derecho y obligación; Art. 29. Debido proceso; Art. 229. Derecho acceder a la administración de justicia, Art. 356: creación del sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios.

Legales: Ley 43/1975: nacionalización de la educación primaria y secundaria, Ley 60/1993: distribución de recursos de acuerdo a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, Ley 715/2001: organización de los servicios de educación y salud, Art. 1617 Código Civil: intereses legales.

También se tendrán en cuenta las sentencias que por parte de esta corporación han sido proferidas en temas como el aquí abordado(14).

5.2. El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos(15). 

La Ley 43 de 1975(16), nacionalizó el servicio de educación de primaria y secundaria, que venían prestando los departamentos, municipios, intendencias, comisarías y distritos. Dicho proceso se llevó a cabo desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, la Ley 60 de 1993(17), ordenó la descentralización del servicio educativo, desmontando así, la nacionalización ordenada por la ley anterior. Allí se dispuso la entrega por parte de la nación, de los bienes, el personal y los establecimientos educativos, a los departamentos y distritos.

De esta forma, quedó claramente establecido que el personal administrativo del sector educativo que venía prestando sus servicios a la Nación por mandato legal debía entregarse al respectivo departamento o distrito, cumplido lo cual, entraban a formar parte de las plantas de personal de carácter departamental o distrital, respectivamente.

El traspaso o entrega de tales servidores, conforme al régimen de administración de personal, debía producirse indefectiblemente mediante un proceso de incorporación, que para su perfeccionamiento requería de la homologación de cargos (comparación de los requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la planta de la Nación con los exigidos para desempeñar los de la planta de personal de los departamentos), procedimiento que en el caso del personal administrativo revestía características particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial.

Luego bien, la Ley 715 de 2001(18) pretendió municipalizar el servicio educativo que había quedado departamentalizado previamente. En ella se dispuso que los departamentos certificaran a los municipios que cumplieran determinados requisitos, de manera que la asunción de la administración autónoma de los recursos del sistema general de participaciones (arts. 5º y 6º), aparejaba la obligación de recibir el respectivo personal entregado por los departamentos, sujetándose a las plantas de cargos adoptadas de conformidad con la ley.

Como consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo las entidades territoriales debían recibir el personal administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley, mediante el procedimiento de la incorporación, previa homologación de los cargos, sin detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, para determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos de sus empleados públicos, y establecerles un límite máximo salarial, dentro del cual las entidades pudieran ejercer sus competencias según su situación fiscal.

La incorporación suponía, de un lado, que los departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de los empleos, como su nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta manera determinar la remuneración, lo cual debió cumplirse dentro del proceso de homologación.

Según se analizó, las condiciones de incorporación no estaban sometidas a la discrecionalidad de las autoridades departamentales sino a las resultas de un estudio técnico concertado que permitiera ubicar los servidores en el grado de remuneración que correspondiera a las funciones que debían cumplir, a los requisitos exigidos para el cargo que conforme a las necesidades del servicio debían desempeñar y a los demás elementos estructurales del empleo, dentro de los límites establecidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de los decretos reglamentarios de la Ley 4ª de 1992.

El personal administrativo tenía una connotación muy particular, en tanto si bien sus salarios debían ser cubiertos con el situado fiscal, cuando el salario en la entidad territorial fuera superior al que devengaba en la Nación, esa diferencia debía asumirla ésta última, pues se imponía la nivelación en las condiciones ya expuestas; pero los recursos propios se comprometían si la incorporación desconoció los parámetros legales analizados o el límite reglamentario de incremento salarial dispuesto por el Gobierno.

En el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de homologación en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, si el proceso se cumplió conforme a derecho y existía disponibilidad, debía asumirlos el SGP; si no existía disponibilidad, serían de cargo de la Nación. Si el respectivo municipio homologó e incorporó al personal administrativo contrariando el orden jurídico, respondería con sus recursos propios.

5.3. De los intereses.

El interés legal es aquel que se tasa en virtud de la ley, a falta de estipulación concreta de las partes involucradas. El Código Civil dispone frente a éste, que:

“ART. 1617.—Indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

1ª) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.

El interés legal se fija en seis por ciento anual (negrillas fuera de texto).

(...)”.

Por su parte, el interés corriente bancario es la tasa efectiva anual de referencia que en promedio cobran las entidades financieras sobre los nuevos créditos(19) y que fue regulado por el Código de Comercio en los siguientes términos:

“ART. 884.—Limite de intereses y sanción por exceso. Modificado por el artículo 111, Ley 510 de 1999. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72, Ley 45 de 1990.

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria”.

Y finalmente, los intereses moratorios son los que debe pagar el deudor desde la fecha en la que se constituye en mora y que cesan solo en el momento de cancelar la obligación contraída. Los mismos serán fijados por las partes, pero en caso contrario, el artículo 884 ibídem especificó que:

“(...) si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente (...)”.

Este tipo de intereses son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida. La mora generó que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios que representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación(20).

Ahora bien, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(21) reguló en sus artículos 192 a 195, lo referente a los pagos derivados del cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Se destaca así lo pertinente:

“ART. 192.—Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este código (negrillas fuera de texto).

(…)

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud (negrillas fuera de texto).

(...)”.

“ART. 195.—Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:

1. Ejecutoriada la providencia que imponga .una condena o apruebe una conciliación cuya contingencia haya sido provisionada en el fondo de contingencias, la entidad obligada, en un plazo máximo de diez (10) días, requerirá al fondo el giro de los recursos para el respectivo pago.

2. El Fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos a la entidad obligada en el menor tiempo posible, respetando el orden de radicación de los requerimientos a que se refiere el numeral anterior.

3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.

Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratoria a la tasa comercial.

(...)”.

5.4. Caso concreto.

La parte demandante, en su apelación, adujo que el periodo de tiempo que se debía reconocer para el pago de los intereses reclamados, era el comprendido entre el 1º de enero de 2010 y el 26 de diciembre de 2012, toda vez que los dineros producto del proceso de homologación, se reconocieron a partir del 31 de diciembre de 2009.

Y por otra parte, acotó que los intereses que deben reconocerse, no son los del 6% anual que consagra el artículo 1617 del Código Civil, sino los moratorios y los corrientes bancarios, pues de lo contrario, operaría la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

En ese orden de ideas, el acervo probatorio considerado como oportuno y conducente por parte del Tribunal Administrativo del Tolima en primera instancia, está integrado por:

— Resolución 05011 del 20 de noviembre de 2012, expedida por el secretario de educación y cultura del departamento del ToIima(22), “Por medio de la cual se reconoce el retroactivo salarial de las peticiones por el término comprendido entre el día 1º de enero de 1997 al 31 de diciembre del 2009, producto de la modificación al estudio técnico inicial de la homologación y nivelación salarial para el personal administrativo adscrito a la secretaría de educación departamental pagos con recursos del sistema general de participaciones”.

— Resolución 05603 del 26 de diciembre del 2012(23), expedida por el secretario de educación y cultura del departamento del Tolima, “Por la cual se ordena el pago reconocido en la Resolución 05011 del 20 de noviembre de 2012 de las peticiones por el término comprendido entre el día 1º de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2009, producto de la modificación al estudio técnico inicial de la homologación y nivelación salarial para el personal administrativo adscrito a la secretaría de educación departamental pagos con recursos del sistema general de participaciones”.

— Escrito presentado por la señora Lucelly Martínez Castro ante el Ministerio de Educación Nacional, con fecha de 4 de julio de 2013, con el fin de agotar el procedimiento en sede administrativa(24).

Habiendo relacionado las pruebas obrantes en el expediente, procede la Sala a resolver el asunto puesto a su consideración.

En ese entendido, si bien, la Resolución 05011 del 20 de noviembre de 2012, le reconoció a la actora el retroactivo salarial por el término comprendido entre el 1º de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2009 y luego fue ordenado su pago a través la Resolución 5603 de 2012, es importante tener en cuenta que para ello se tuvieron que surtir las siguientes etapas:

Mediante el Decreto 284 del 19 de abril de 2007, el departamento del Tolima homologó y niveló salarialmente los cargos de los funcionarios administrativos de instituciones y centros educativos de su secretaría de educación, financiados con recursos del sistema general de participaciones.

No obstante, después de la nivelación, se presentaron múltiples reclamaciones por parte de los beneficiarios de dicho proceso, los cuales argumentaron que existían cargos con idénticas funciones, pero con asignaciones salariales diferentes, que vulneraban el principio de “a salario igual trabajo igual”.

Con base en eso, a través del Oficio 2010EE48618 del 19 de julio de 2010, el Ministerio de Educación autorizó la modificación al estudio técnico inicial y determinó que el departamento del Tolima debía adelantar los trámites para hacer efectiva la homologación.

En virtud de lo anterior, el departamento profirió el Decreto 916 del 9 de septiembre de 2010, el cual modificó el Decreto 284 de 2007, ajustando la nivelación respectiva de acuerdo a las modificaciones pertinentes y atendiendo a lo ordenado por el Ministerio de Educación Nacional.

Luego bien, mediante los decretos departamentales 1005 y 1006 de 2010, se modificó la denominación, código, grado y asignación salarial establecidos en el Decreto 0916 de 2010 en relación con los municipios adscritos a la secretaría de educación departamental que no estaban certificados.

En consecuencia, la cartera ministerial, a través del Oficio 2012EE44184 del 30 de julio de 2012 determinó que después de revisar las múltiples versiones de la liquidación del costo retroactivo, encontró que la allegada con radicado 2012ER50045 era consistente e incluía todos los conceptos de nómina, parafiscales y patronales respectivos.

Seguidamente, mediante el Oficio 2012EE45023 del 2 de agosto de 2012, el Ministerio de Educación Nacional certificó ante la directora general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la deuda correspondiente a la homologación para el periodo comprendido entre 1997 y 2009, solicitándole un total de $ 33.129.368.212 millones, en virtud del artículo 148 de la Ley 1450 de 2011, que preceptuó:

“ART. 148.—Saneamiento de deudas. Con cargo a las apropiaciones y excedentes de los recursos del sistema general de participaciones, se pagarán las deudas que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo ordenados por la Constitución y la ley, dejados de pagar o no reconocidos por el situado fiscal o el sistema general de participaciones al personal docente y administrativo, como costos acumulados en el escalafón nacional docente, incentivos regulados en los Decretos 1171 de 2004 y 521 de 2010, homologaciones de cargos administrativos del sector, primas y otros derechos laborales, deudas que se pagarán siempre que tengan amparo constitucional y legal.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional validará las liquidaciones presentadas por las entidades territoriales y certificará los montos a reconocer y pagar.

Cuando no exista suficiente apropiación o excedentes para cubrir los costos establecidos en el presente artículo, la Nación —Ministerio de Hacienda v Crédito Público— concurrirá subsidiariamente con recursos del Presupuesto General de la Nación para cubrir el pago de las deudas certificadas por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la suscripción de acuerdos de pago, previa la celebración por parte de las entidades territoriales correspondientes de un encargo fiduciario a través del cual se efectúen los pagos (negrillas fuera de texto).

Previo a la celebración de los acuerdos de pago, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará los cruces de cuentas que sean necesarios entre las deudas del sector educativo de las entidades territoriales y la Nación”.

Después, para la fecha de 20 de noviembre de 2012, la directora financiera de presupuesto expidió 2 certificados de disponibilidad presupuestal por un valor de 36.981.476.142 para cubrir los montos reconocidos en la Resolución 5011 de la misma fecha, la cual estipuló que de acuerdo al artículo 148 de la Ley 1450 de 2011, era necesario constituir posteriormente un encargo fiduciario y después, elaborar los actos administrativos correspondientes al pago.

En consecuencia, el departamento del Tolima expidió la Resolución 05603 del 26 de diciembre de 2012, a través de la cual se ordenó el pago reconocido a la accionante en la Resolución 05011 del 20 de noviembre de 2012.

De lo expuesto, se observa que en modo alguno el Ministerio de Educación o el departamento del Tolima incurrieron en una dilación injustificada del pago, puesto que al tenor de lo analizado, se surtieron las múltiples etapas necesarias para efectuar el pago reconocido a la actora, en un monto de $ 91.399.696, en fecha 26 de diciembre de 2012. Por ende, no se accederá al reconocimiento de intereses causados entre el 1º de enero de 2010 y el 20 de noviembre de 2012.

Ahora bien, frente al reconocimiento efectuado por el tribunal de instancia respecto de los intereses generados entre el 21 de noviembre y el 25 de diciembre de 2012, esta Sala se permite precisar que no comparte tal apreciación, debido a lo anteriormente ilustrado y en consideración. a que trascurrió tan solo 1 mes entre el acto administrativo que reconocido el derecho y el que ordenó el pago, evidenciándose un lapso mínimo, prudente y proporcional, teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y administrativos para culminar el proceso homologación y nivelación salarial.

A pesar de lo anterior, la Sala mantendrá esta decisión, pero sólo por respeto y consideración al principio constitucional de la no reformatio in pejus(25), teniendo en cuenta que el apelante único es la parte demandante y que mal podría revocarse en esta instancia una determinación que fue estudiada y que le resulta favorable a dicho extremo procesal. De hacerlo, se violaría el derecho que tiene la parte actora a que sólo se revise de la providencia en lo que le resultó desfavorable, y es claro que este aspecto le benefició, y desde luego la entidad demandada no lo apeló(26).

En cuanto al tipo de intereses que debieron reconocérsele a la demandante y sobre los cuáles está inconforme, se observa que tanto en el escrito con el que agotó la sede administrativa (fl. 4), como en la demanda (fl. 18), la actora solicitó taxativamente los intereses “moratorios y/o legales”, por lo que no se entiende por qué, estando el fallo de primera instancia conforme a una de las opciones que la misma accionante planteó (los intereses legales), ahora se duele de tal determinación.

No obstante, en aras de garantizar el principio de tutela judicial efectiva, el cual tiene como propósito no solo permitir que los usuarios de la administración de justicia acudan en demanda ante ella, sino que, dichas reclamaciones logren ser desatadas de fondo resolviéndose de esa manera los conflictos jurídicos suscitados entre las partes, la Sala zanjará la inconformidad planteada por la parte recurrente en su memorial de apelación.

De lo enunciado en el acápite sobre los intereses, se extrae que la normatividad contencioso administrativa no contempló el caso de los intereses generados con motivo de la ausencia de estipulación por las partes, por lo que es viable aplicar el artículo 1617 del Código Civil en el presente asunto, haciendo claridad de que no existe como tal la causación de los mismos sobre unas sumas que por lo demás nunca se adeudaron, pero que en virtud del principio de no reformatio en pejus, se concederán.

Ahora bien, la falta de indexación de la que se queja la actora, obedece a un criterio mínimo de equidad según el cual quien no cumplió con una obligación oportunamente, no puede beneficiarse cumpliéndola en menor valor o depreciada, pero resulta que en el presente asunto, ni siquiera se ha incurrido en un retraso o incumplimiento, porque tal como se expuso, a la misma se le canceló su nivelación y homologación salarial en tiempo(27).

Además, el CPACA regula específicamente el caso de los pagos derivados de sentencias y conciliaciones, lo cual no aplica al asunto sub examine. En consecuencia, se confirmará el numeral tercero del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Por último, se observa que en el numeral cuarto de la providencia cuestionada, se condenó en costas al Ministerio de Educación, sin que las mismas se hubieran comprobado. Sobre el particular, es preciso recordar que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no impone al funcionario judicial la obligación de condenar en costas, solo le da la posibilidad de “disponer”, esto es, no impone la condena de manera automática frente a aquel que resulte vencido en el litigio, pues debe entenderse que tal condena es el resultado de observar una serie de factores, tales como, la temeridad, la mala fe y la existencia de prueba en el proceso sobre la causación de gastos y costas en el curso de la actuación en donde el juez ponderando tales circunstancias, debe pronunciarse sustentando su decisión de procedencia. La anterior interpretación se ajusta a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso, el cual señala que la condena en costas se impone en los procesos y actuaciones posteriores a aquellos “…en que haya controversia...” y “...solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación(28)”. Por lo anterior, se revocará el numeral cuarto de la sentencia, que condenó en costas al Ministerio de Educación, toda vez que las mismas no se comprobaron.

En atención a la parte considerativa de esta providencia, habrá de confirmarse con modificación la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del Tolima, de fecha. 24 de abril de 2015, que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado — Sala de lo Contencioso Administrativo — Sección Segunda — Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

VI. RESUELVE:

1. CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la Sentencia de fecha 24 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, expedida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por Lucelly Martínez Castro contra la Nación — Ministerio de Educación Nacional — Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Tolima, la cual concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Revocar el numeral cuarto de la anterior providencia, por cuanto no procede la condena en costas.

3. Devolver el expediente de la referencia al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Providencia estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(14) Corte Constitucional Sentencia T-455 de 2016: “Al juez de segunda instancia le está prohibido pronunciarse sobre las situaciones que no hayan sido planteadas en el recurso, salvo contadas excepciones. Pero, particularmente, tiene prohibido desmejorar la situación del apelante único, ya que de permitirse lo contrario, la consecuencia perversa sería que nadie se atrevería a cuestionar los fallos de primera instancia y, en esa medida, se violarían principios constitucionales propios de una democracia tales como el derecho a la defensa y la doble instancia, garantías propias del debido proceso”.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 16 de julio de 2015. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez: la condena en costas es facultativa, por lo cual, para su imposición deberá comprobarse su procedencia.

(15) Se apoya la Sala en el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, de fecha 9 de diciembre de 2004, Número 1607, con ponencia del magistrado Flavio Augusto Rodríguez Arce.

(16) “Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones”.

(17) Derogada por el art. 113, Ley 715 de 2001. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1168 de 1996. “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

(18) Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias le conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

(19) Superintendencia Financiera de Colombia, consultado el 5 de agosto de 2017 en: https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name...doc

(20) Sentencia C-604 de 2012.

(21) Ley 1437 de 2011.

(22) Folios 8-12.

(23) Folios 13-16.

(24) Folios 4-6.

(25) Sentencia T-455 de 2016: “Al juez de segunda instancia le está prohibido pronunciarse sobre las situaciones que no hayan sido planteadas en el recurso, salvo contadas excepciones. Pero, particularmente, tiene prohibido desmejorar la situación del apelante único, ya que de permitirse lo contrario, la consecuencia perversa seria que nadie se atrevería a cuestionar los fallos de primera instancia y, en esa medida, se violarían principios constitucionales propios de una democracia tales como el derecho a la defensa y la doble instancia, garantías propias del debido proceso”.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Velez. Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Rad. 68001-23-31-000-2011-00016-01(0052-15). Actor: Edilma Cordero Medina y otros. Demandado: Departamento de Santander y municipio de Zapatoca.

(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subseccion “B”, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2010). Rad. 25000-23-25-000-2005-08742-01(1496-09) Actor: Fabio Emel Pedraza Perez. Demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subseccion “A”. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E). Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio dos mil quince (2015). Rad. 25000-23-42-000-2013-00455-01(4044-13). Actor: Nubia Ines Guali Tello. Demandado: Ministerio de Defensa — Policía Nacional.