Sentencia 2014-00408/0335-16 de febrero 8 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad: 08001 23 33 000 2014 00408-01 (0335-16)

Consejero Ponente:

Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Actor: Rosmeri Cecilia Jiménez Molinares

Demandado: Departamento del Atlántico y Contraloría General del Atlántico.

Bogotá, D. C., ocho de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico.

Se circunscribe a establecer (i) si la señora Rosmeri Cecilia Jiménez Molinares tiene derecho al reconocimiento del reajuste de su asignación básica y de sus prestaciones sociales, con base en el incremento salarial tardío que se ordenó para los años 2001, 2003 y 2004; en caso afirmativo, (ii) definir si al haberse realizado un pago incompleto de sus cesantías se causó la indemnización por la inoportuna consignación de sus cesantías anuales; y (iii) determinar si la Contraloría del departamento del Atlántico y el ente territorial deben responder solidariamente por la condena.

2.2. Marco normativo.

La Ley 244 de 1995 “por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones” en su artículo 1º estableció el término de quince (15) días para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

Ahora bien, el artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago.

El artículo 5º del Decreto 1071 de 2006, adicionó y modificó lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, así:

Artículo 5º. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

Ahora bien, en torno a los atributos propios de las contralorías territoriales, el artículo 272 de la Constitución Política establece:

Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.

(…)

Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.

No obstante, el artículo 3 de la Ley 1416 de 2010 “por medio de la cual se fortalece el ejercicio del control fiscal”, en lo que respecta al pago de las conciliaciones, condenas, indemnizaciones y cualquier forma de resolución de conflictos a cargo de las Contralorías territoriales, determinó lo siguiente:

Artículo 3º. En desarrollo del fortalecimiento, garantía y salvaguarda del control fiscal territorial, las entidades territoriales correspondientes, asumirán de manera directa y con cargo a su presupuesto el pago de las conciliaciones, condenas, indemnizaciones y cualquier otra forma de resolución de conflictos de las Contralorías, sin que esto afecte el límite de gastos del funcionamiento en la respectiva Contraloría Territorial.

Sin embargo, la norma en cita fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-643 de 2012, en la que consideró:

La regla incorporada en la disposición demandada tiene un claro efecto de disminución del nivel de fuerza de la restricción presupuestal de las contralorías territoriales, pues supone que estas queden a la espera de que sus costos, derivados de las contingencias de que trata la norma, sean cubiertos por un tercero (ente territorial) y, por ende, con el leve compromiso de emplear poco o ningún esfuerzo en la defensa de sus intereses. Lo anterior, indiscutiblemente, propicia el aumento de los costos de la administración territorial.

(…)

Por último, la Corte encuentra que la disposición acusada desconoce abiertamente la autonomía territorial, comoquiera que asignar a las entidades territoriales el pago de las condenas, conciliaciones e indemnizaciones de las respetivas contralorías propicia el incremento de los costos de la administración territorial, que no depende de la decisión tomada en materia presupuestal por las autoridades y órganos locales, en desarrollo de las atribuciones que les confieren los artículos 287, 300, 305, 313 y 315 de la Constitución Política.

La autonomía de las entidades territoriales resulta lesionada toda vez que, de continuar vigente la norma bajo estudio, estas deberán asumir el pago que resulte de las conciliaciones, condenas o indemnizaciones generadas por la Contraloría respectiva. Es evidente que la ley interviene de manera directa en el autogobierno y autoadministración que la Constitución reconoce como uno de los atributos que configuran la autonomía territorial, en detrimento de su propia política presupuestal y la debida atención de los servicios, programas, proyectos y prioridades de cada ente territorial.

2.3. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.3.1. Respecto a la relación laboral de la demandante.

La señora Rosmeri Cecilia Jiménez Molinares labora en la Contraloría General del departamento del Atlántico en el cargo de gerente de control interno desde el 16 de mayo de 2011, cuando tomó posesión del empleo; más adelante, fue incorporada en la nueva planta de personal, según Resolución 00018 del 8 de mayo de 2013 y tomó posesión el 9 de ese mes y año(9).

2.3.2. En relación con el reconocimiento y la consignación de las cesantías anuales.

El 10 de febrero de 2012(10), se expidió la Resolución 000067, por la cual se reconoció y ordenó el pago del auxilio de cesantías causado con corte a 30 de diciembre de 2011, por valor de $4.065.122. Fueron consignadas el 14 de febrero de 2012, según se afirmó en la contestación de la demanda(11).

El 7 de febrero de 2013(12), se emitió la Resolución 000076, por la cual se reconoció y ordenó el pago del auxilio de cesantías que se causó a favor de la demandante con corte a 30 de diciembre de 2012, por valor de $7.491.849. La entidad las consignó en el fondo correspondiente el 7 de febrero de 2013, según se informó en la contestación de la demanda(13).

2.3.3. En torno a los ajustes salariales.

El 14 de junio de 2012(14), la Contraloría General del departamento del Atlántico adoptó la Ordenanza 0000140 del 7 de junio de ese año procedente de la asamblea departamental, en virtud de la cual fijó la asignación civil para la vigencia fiscal de 2012; en forma particular, para el cargo de gerente de control interno, código 39, grado 02, estableció la suma de $6.450.783.

El 8 de agosto de 2012(15), se expidió la Ordenanza 000147, que fue modificada por la Ordenanza 000155 de 5 de diciembre de ese año, por las cuales se reorganizó administrativamente la Contraloría General del departamento.

El 2 de mayo de 2013(16), se profirió la Resolución Ordenanzal 0000398 y el 3 de mayo siguiente, la Resolución Reglamentaria 00015, por las cuales se estableció la nivelación salarial, entre otros, para el cargo de gerente de control interno, código 039, grado 02, al cual se le fijó una asignación mensual de $6.776.000. De los considerandos de esta última decisión, se pueden extractar los siguientes:

Que durante los años 2001, 2003 y 2004 a los funcionarios de la Contraloría General del departamento del Atlántico no les fueron aplicados los incrementos salariales autorizados por ley, generándose una serie de acreencias, las cuales han venido siendo reclamadas mediante demandas instauradas en contra del ente de control y del departamento del Atlántico, en calidad de garante, cursando actualmente 44 en los despachos judiciales de la jurisdicción contencioso administrativa de Barranquilla, de las cuales, 17 ya cuentan con sentencia de segunda instancia en firme y 3, con fallo de primera instancia apelado.

Que las mencionadas sentencias condenan, tanto a la Contraloría General del Departamento del Atlántico como al departamento del Atlántico, a nivelar los salarios de los funcionarios de la Contraloría, aplicándole el derecho en forma específica a cada demandante y no a todo el personal que registra la planta de cargos.

(…)

Que la Contraloría General del departamento del Atlántico no cuenta con partida presupuestal suficiente para asumir los pagos de las obligaciones económicas que genere el presente Acto Administrativo, entre otros, los costos por concepto de retroactivos del personal de la entidad, frente a lo cual, la Gobernación del Departamento del Atlántico ha asumido dichas obligaciones, en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza 00077 del 22 de Diciembre de 2009 por la cual se incluyó “el pago del pasivo real de la Contraloría Departamental por concepto de incremento salarial pendiente desde el año 2001 y otras obligaciones estimadas”.

(…)

Que dentro de los compromisos adquiridos mediante el Convenio de Desempeño del programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, celebrado entre el Departamento del Atlántico y la Contraloría General del departamento del Atlántico, por disposición de la Ordenanza 00077 de 2009, se encuentra incluido el pago del pasivo real de la Contraloría por concepto de incremento salarial pendiente.

Que antes de adoptar la nueva planta de cargos de la Contraloría General del departamento del Atlántico, la distribución de los cargos en la nueva estructura organizacional, adoptar su escala salarial y el manual de funciones, se hace necesario aplicar a todos los empleos de la planta de personal actual, la nivelación de los salarios, conforme al cargo, nivel, grado del empleo, a efectos que pueda determinarse el valor total del pasivo laboral de la Contraloría, para su remisión al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, en los términos previstos en el Convenio de Desempeño.

Que en el ítem 10.1 del Análisis Financiero de los mencionados Estudios Técnicos Previos, se estableció que “conforme al propósito de la presente Reorganización Administrativa de la Contraloría General del Departamento del Atlántico, consistente en modernizar su estructura organizacional para poder ajustar su tamaño acorde con su misión institucional, a la luz del Plan Estratégico 2012-2015 y con las limitaciones presupuestales, se determinó que debe ponerse fin a la problemática laboral surgida por incumplir con los incrementos salariales durante los años 2001, 2003 y 2004, realizando los aumentos salariales omitidos, de manera que se trunque el continuo incremento de esos pasivos laborales, para lo cual fue necesario realizar un cálculo actuarial de los salarios; es decir traerlos a valor presente, según “el deber ser” o lo justo que deberían estar devengando los empleados”

(…)

Que conforme a lo autorizado por la Asamblea Departamental del Atlántico, es pertinente y oportuno proceder a establecer la nivelación salarial de los cargos de la actual planta de cargos de la Contraloría General del departamento del Atlántico y calcular el monto de las obligaciones existentes a favor de los funcionarios que vienen vinculados desde antes de la entrada en vigencia de la Ordenanza 000077 de 2009 y las extensiones igualitarias que correspondan al cargo que han desempeñado, a fin de que sean incluidos en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Departamento del Atlántico. (Negrilla fuera de texto).

En la parte resolutiva de la anterior resolución, respecto de las diferencias salariales retroactivas producto del programa de saneamiento fiscal y financiero, se determinó “la dependencia responsable del Talento Humano de la Contraloría General del departamento del Atlántico, deberá proyectar y liquidar los valores que resulten a favor de cada empleado, conforme a la nivelación establecida mediante el presente acto administrativo, para la remisión y pago de retroactivo una vez que el Comité de Seguimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Departamento del Atlántico avale la acreencia reportada”.

El 19 de julio de 2013(17), se emitió la Resolución reglamentaria 000024, a través de la cual se adoptó la Ordenanza 000184 del 15 de julio de 2013, de la Asamblea del Atlántico, en la cual se fijó la asignación civil para la vigencia fiscal del cargo de gerente de control interno, código 039, grado 08, por la suma de $7.047.040.

El 22 de abril de 2014(18), la subsecretaria de talento humano y el secretario general de la Contraloría del Departamento del Atlántico certificaron que los ajustes salariales anuales de esa entidad, se realizaron a través de los siguientes actos administrativos(19):

Vigencia fiscalActo administrativoAsignación mensual para el cargo de jefe de control interno
2000Ordenanza 000009 de 18 de mayo de 2000$1.789.162 Asignación básica $1.368.182 Gastos de representación
2001Ordenanzas 000006 y 000010 de agosto de 2001$1.750.000 asignación básica $1.750.000 gastos de representación
2002Ordenanza 000005 de 1 de marzo de 2002$1.855.000 asignación básica $1.855.000 gastos de representación
2002Ordenanza 000021 de 13 de agosto de 2002$2.231.500 asignación básica $2.231.500 gastos de representación
2005Ordenanza 000010 de 15 de diciembre de 2005$2.365.390 asignación básica $2.365.390 gastos de representación
2006Ordenanzas 00003 de enero de 2006 y 000020 de agosto de 2006$2.483.660 asignación básica $2.415.000 gastos de representación
2007Ordenanza 000027 de 26 de diciembre de 2006$2.580.000 asignación básica $2.500.000 gastos de representación
2008Ordenanza 00044 de 10 de diciembre de 2008$2.726.802 asignación básica $2.642.250 gastos de representación
2009Ordenanza 000054 de 13 de abril de 2009$2.935.948 asignación básica $2.844.911 gastos de representación
2010Ordenanza 000054 de 13 de abril de 2009$3.053.386 asignación básica $2.958.707 gastos de representación
2011Ordenanza 0000116 de 15 de abril de 2011$6.202.676
2012Ordenanza 000140 de 7 de junio de 2012$6.450.783
2013Ordenanza 000184 de 15 de julio de 2013$7.047.040

2.3.4. En torno a la reclamación en sede administrativa.

El 18 de octubre de 2013(20), la demandante formuló petición ante la Contraloría General del departamento del Atlántico, en la cual solicitó la sanción moratoria por la inoportuna consignación total de las cesantías causadas a su favor en los años 2011 y 2012, comoquiera que dentro de ellas no se incluyó el reajuste de la base salarial, producto de los incrementos salariales ordenados para los años 2001, 2003 y 2004; asimismo, reclamó las diferencias salariales y prestacionales producto de las correcciones de salario que surgieron entre 2002 y 2012.

El 6 de noviembre de 2013(21), el contralor general del departamento del Atlántico resolvió la anterior solicitud, en forma negativa, con base en los siguientes argumentos:

Conforme a lo anterior, y en caso de haber existido inconformidad y/o desacuerdo por parte de la señora Rosmeri Cecilia Jiménez Molinares en la liquidación de auxilio de cesantías reclamadas, debió acudir a los recursos y herramientas que la ley concede para controvertir las decisiones de la administración de todos y cada uno de los actos administrativos que le reconocieron el respectivo auxilio de cesantías.

Ahora bien, respecto del pago del auxilio de cesantías se hace necesario aclarar que no hubo pago parcial o incumplimiento del auxilio de cesantía por parte de la entidad. El pago de los auxilios de cesantías reclamados se hizo con base en los actos administrativos que, en su momento, fijaron la asignación salarial de la servidora pública, pagos estos que se hicieron de manera puntual y completa.

(…)

Como desarrollo del concepto de violación de la ley se argumenta, que la sanción establecida en la Ley 50 de 1990 aplicable a los empleados del orden territorial, tiene por objeto sancionar al patrono que incumplió la obligación de pagar el auxilio de cesantías a sus trabajadores, en nuestro caso concreto no hubo tal violación teniendo en cuenta que la administración sí realizó los referidos pagos en las fechas establecidas y con las asignaciones salariales de la época, la sanción moratoria se concreta en un día de salario por cada día de retardo, cuando el empleador no consigna el valor de las cesantías definitivas por anualidad o fracción correspondiente, antes del 15 de febrero como ya se señaló.

Así las cosas, no entiende la administración la inconformidad actual del peticionario si en su momento, tuvo la oportunidad de interponer los recursos de ley a que había lugar contra la y/o las resoluciones por medio de la cual se hizo la respectiva liquidación de cesantías, con el fin de manifestar su inconformidad, y no lo hizo aun cuando contó con la oportunidad para hacerlo.

2.4. Caso concreto.

El primer aspecto a abordar consiste en determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago del reajuste salarial y prestacional, producto de la presunta omisión en que incurrió la administración territorial al no realizar los ajustes salariales anuales durante los años 2001, 2003 y 2004, y que se ordenaron posteriormente, en virtud del programa de saneamiento fiscal acordado entre el departamento del Atlántico y la Contraloría departamental.

Con el propósito de analizar la controversia, la Sala debe precisar que el objeto del incremento salarial anual consiste en “resguardar a los trabajadores del negativo impacto que en sus ingresos laborales producen la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida en una economía inflacionaria”(22). De tal manera que el incremento salarial está destinado a los trabajadores que vienen recibiendo una remuneración determinada, pues, su fin último, consiste en evitar un impacto negativo en su remuneración.

Con fundamento en lo anterior, es válido afirmar que los destinatarios del incremento salarial que la Contraloría del departamento del Atlántico dejó de realizar durante los años 2001, 2003 y 2004, fueron aquellos empleados que para tales años estaban prestando su servicio en ese ente de control, comoquiera que, por el transcurso del tiempo sin reajuste anual, vieron afectados sus ingresos a causa del encarecimiento del costo de vida.

Lo anterior quiere decir que la demandante, quien tal sólo se vinculó en el año 2011 al ente de control territorial, no vio mermado su ingreso, pues, en la fecha de su vinculación la remuneración que le fue asignada, es la que se había contemplado en la Ordenanza 0000116 de 15 de abril de 2011(23), para el empleo en el que fue nombrada y del que tomó posesión el 11 de mayo de ese año.

La razón anterior es suficiente para concluir que a favor de la demandante no se constituyó el derecho al incremento salarial de los años 2001, 2003 y 2004, pues para esa fecha no estaba vinculada al servicio de la entidad y, por ende, no sufrió desmejora o detrimento en su remuneración.

Adicionalmente, valga aclarar que los empleados que sí sufrieron tal detrimento, podían reclamar su derecho al ajuste salarial dentro de los tres años siguientes al momento en que se hizo exigible, es decir, que como el último de los incrementos dejados de realizar correspondió al año 2004, la reclamación al respecto se debió formular, a más tardar en el año 2007, so pena de que se extinguiera el derecho, por virtud del fenómeno de la prescripción, el cual no se configuró para el caso de la demandante, pues, se insiste, como su vinculación se produjo en el año 2011, no causó el derecho al ajuste aludido.

Ahora bien, la señora Jiménez Molinares hace consistir su recurso en que el salario que recibió desde el año 2011, cuando ingresó al servicio venía desajustado, con ocasión de la ausencia de incremento salarial por los años 2001, 2003 y 2004; no obstante, se insiste, al haberse vinculado solo hasta el año 2011, estaba sometida al salario que a través de la ordenanza ya citada, se fijó para esa anualidad y con base en él, se debían reconocer sus prestaciones sociales, entre ellas las cesantías.

Adicionalmente, debe señalarse que en la demanda la accionante afirmó que los incrementos salariales fueron ordenados dentro del programa de saneamiento fiscal mediante el Decreto 000504 de 2010 y en él se dispuso el pago retroactivo por los años 2001 a 2010; lo que quiere decir que ese retroactivo tampoco la cobijaba en cuanto su vinculación se produjo en el año 2011, por lo que, entiende la Sala, su asignación salarial en ese año ya estaba ajustada. Al respecto, se debe agregar, que de acuerdo con los considerandos de la Resolución Reglamentaria 0015 del 2 de mayo de 2013(24) los cálculos orientados a realizar la nivelación salarial aludida, fueron realizados respecto del personal que “[venía vinculado] desde antes de la entrada en vigencia de la ordenanza 00077 de 2009”, razón de más para considerar que dada la fecha de la vinculación de la demandante, no era destinataria de este.

Así las cosas, la Sala considera que como las cesantías y demás prestaciones reclamadas en la demanda fueron liquidadas a la accionante con base en el salario que por disposición legal se fijó para su empleo tanto para el año 2011 como para el año 2012, no procede el ajuste de sus prestaciones sociales, las cuales se entienden liquidadas en debida forma, de modo que no es viable el reconocimiento de diferencia alguna y al no existir tales diferencias, se debe entender, además, que las cesantías, en particular, fueron consignadas en forma completa y, por ende, no hay ninguna porción de ellas que se haya consignado de forma extemporánea que dé lugar al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria reclamada, lo que implica que no hay lugar a desarrollar el segundo y tercer problema jurídico planteado.

3. De la condena en costas.

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016(25), respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso(26), la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, teniendo en consideración la gestión de la entidad demandada en esta instancia(27).

4. Conclusión.

Con los anteriores argumentos se establece que la demandante no tiene derecho a las diferencias por ajustes salariales y prestacionales reclamados y por ende tampoco le asiste el derecho a la sanción por mora en la consignación de esa diferencia en sus cesantías, razón suficiente para confirmar la sentencia proferida por el a quo que denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia proferida el 4 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las pretensiones de la demanda formulada por Rosmeri Cecilia Jiménez Molinares contra el departamento del Atlántico y la Contraloría General de ese ente territorial, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones que anteceden.

2. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

9 Según certificación expedida por el secretario general y la subsecretaria de talento humano de la Contraloría General del departamento, que obra en folios 30 y 31.

10 Ibidem.

11 Folio 91.

12 De acuerdo con la certificación de que se tratan los dos pie de página anteriores.

13 Folio 91.

14 Folios 30 y 31.

15 Folios 30 y 31.

16 Folios 30 y 31.

17 Folios 30 y 31.

18 Folios 126 a 128.

19 Copia de la mayoría de los actos citados obran en folios 129 a 331.

20 Folios 14 a 26.

21 Folios 27 a 29.

22 Corte Constitucional, Sentencia C-710/99.

23 Es decir, la suma de $6.202.676, de acuerdo con la certificación de folios 126 a 128.

24 Folios 30 y 31.

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, C. P. William Hernández Gómez.

26 “1. E condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación…”.

27 El departamento del Atlántico presentó alegatos de conclusión.