Sentencia 2014-00448/3611-2015 de febrero 22 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 73001-23-33-000-2014-00448-01 (3611-2015)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Accionante: Camilo Alberto Garzón Forero

Accionado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Asunto: Asignación de retiro. Ley 1437 de 2011

S0.0019

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la sala de subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.

2.1. Problema jurídico.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 320(10) del Código General del Proceso y los argumentos que fundamentaron el recurso de apelación presentado por la parte demandada, le corresponde a la sala de subsección determinar si:

• ¿Fue adecuada la condena en costas y agencias en derecho impuesta a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares por el Tribunal Administrativo del Tolima en la parte resolutiva de la sentencia de 13 de julio de 2015, que decidió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada por el señor Camilo Alberto Garzón Forero contra la entidad apelante?

En ese sentido, con el fin de resolver el problema jurídico, la sala de subsección estudiará las pruebas obrantes en el expediente frente al marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

2.2.1. Sobre la condena en costas y agencias en derecho en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

En cuanto al último motivo de inconformidad de la entidad demandada relativo a que se le condenó a asumir las costas del proceso y las agencias en derecho, aunque no actuó de mala fe o de manera temeraria, se destaca que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala, que “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”, actualmente por el Código General del Proceso, que en sus artículos 361 y siguientes regula lo correspondiente a la costas del proceso.

Para el caso de autos se estima pertinente precisar en primer lugar, que según el artículo 361 del mencionado código, “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho(11)”, y que de conformidad con el artículo 365 del mismo estatuto, las siguientes constituyen algunas de las circunstancias por la que puede condenarse en costas:

“Artículo 365. Condena en costas.

En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.

De la lectura de la norma antes transcrita se observa, que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad como argumenta la entidad demandada.

En consonancia con lo anterior, se encuentra el artículo 80 del Código General del Proceso, en el cual puede apreciarse que un asunto es que pueda sancionarse a una de las partes por actuar de mala fe o de manera temeraria, y otra, que deba imponérsele a una de las partes el pago de las costas:

“Artículo 80. Responsabilidad patrimonial de las partes.

Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide por incidente.

(…)”.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, tampoco se advierte que el Tribunal accionado haya incurrido en alguna de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, al haberle impuesto a la demandante al pago de las costas del proceso, que incluyen las agencias del derecho(12), en tanto al revocarse la sentencia de primera instancia proferida en su favor, la peticionaria resultó vencida en el juicio.(13)”.

Para finalizar la Sala - Subsección A llama la atención en que inclusive en el evento del desistimiento tácito ya consagra el CPACA que el juez “Condenará en costas”(14), superando el simple dispondrá que consagra el artículo 188 ibídem.

2.3. Caso concreto.

En el presente caso, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares presentó recurso de apelación contra la sentencia de 13 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual en la parte resolutiva condenó en costas a la entidad apelante, bajo los siguientes argumentos:

“El artículo 188 del C.PACA señala:

“Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”.

En el presente asunto, al resultar prósperas las pretensiones demandatorias, es claro que la parte demandada ha sido vencida en el proceso (C. G. del P., art. 365-1) y al no tratarse de un asunto en el que se ventile un interés público (C.PAC.A, art.188), es menester de la sala hacer la correspondiente condena en costas a favor del accionante y a cargo de CREMIL, para lo cual se fija la suma equivalente al 5% del valor total de las pretensiones de la demanda por concepto de agencias en derecho; y se ordena que por secretaria se realice la correspondiente liquidación en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.”. (Fl. 158, vto.)

Lo cual indica que el tribunal atendió los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso, en los que efectivamente se permite la condena cuando la parte ha sido vencida en el proceso y en este no se ventile un interés público, sin necesidad de probarse una actitud temeraria o error en la decisión de primera instancia.

Los criterios para condenar en costa ya han sido analizados con detenimiento por esta Sección(15), resaltando el primer inciso de las siguientes conclusiones básicas:

a) La legislación varió del CPC al CPACA para la condena en costas de un criterio subjetivo a uno objetivo-valorativo;

b) Toda sentencia “dispondrá” sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con abstención;

c) Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso).

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o si es el trabajador (Acu. 1887/2003, Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal; y,

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.

Así las cosas, no existiendo más motivos de inconformidad frente a la sentencia de 13 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, esta Sala de Subsección la confirmará en su totalidad.

De la condena en costas en segunda instancia(16) 

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho(17), los llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso(18) y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación.

En cuanto a la condena en costas en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo este despacho y la corporación ya lo ha analizado con detenimiento(19). Atendiendo esa orientación se debe dar cumplimiento al numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso y condenar en costas, a la parte demandante a quien se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación y en cuanto se generó la intervención del apoderado de la entidad demandada en la segunda instancia.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. Falla

1. CONFÍRMASE la sentencia del 13 de julio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Camilo Alberto Garzón Forero contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDÉNASE en costas a la entidad accionada.

3. En firme esta decisión, envíese al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

10 Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examiné la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.

11 La doctrina denomina “las agencias y trabajos en derecho, que fija el magistrado ponente o juez”. Manual de derecho procesal civil, Cardona G. Pedro Pablo, t. i, pág. 734.

12 Artículo 361 del Código General del Proceso.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B, acción de tutela, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, 30 de julio de 2014, exp. Nº: 11001-03-15-000-2014-01045-00, publicada en Boletín del Consejo de Estado Nº 151 - 15 de septiembre de 2014.

14 Artículo 178 del CPACA.

15 Sobre el particular: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014). Consejero ponente doctor Gabriel Valbuena Hernández. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. sentencia de 7 de abril de 2016. Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014). Consejero ponente doctor William Hernández Gómez.

16 Sobre el particular: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014). Consejero ponente doctor Gabriel Valbuena Hernández. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. sentencia de 7 de abril de 2016. Rad. 13001-23-33-000-2013-0002201 (1291-2014). Consejero ponente doctor William Hernández Gómez.

17 Artículo 361 del Código General del Proceso.

18 Artículo 171 Nº 4 en conc. art. 178 ib.

19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014). Consejero Ponente doctor Gabriel Valbuena Hernández.