Sentencia 2014-00449 de junio 19 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-15-000-2014-00449-00(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Dianis Maideth Puentes Cárdenas en nombre propio y en representación de Matías Araújo Puentes

Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca y otro

Bogotá, D.C., diecinueve de junio de dos mil catorce.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Dianis Maideth Puentes Cárdenas, en nombre propio y en representación de su hijo menor Matías Araújo Puentes, contra el Tribunal Administrativo de Arauca y la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander.

1.1. Solicitud.

El 26 de febrero de 2014 la señora Dianis Maideth Puentes Cárdenas, en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, Matías Araújo Puentes, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Arauca y la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, para reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, a la seguridad social y al mínimo vital, y los de su hijo a la salud, a la seguridad social y a la “protección del recién nacido”.

1.2. Hechos.

La peticionaria sustentó la solicitud de amparo en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

• Mediante Acuerdo PSAA12-9436 de 22 de mayo de 2012(1), proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se creó de forma permanente, el despacho 3 en el Tribunal Administrativo de Arauca.

• Por Acuerdo PSAA12-9542 de 21 de junio de 2012 de la misma corporación, se creó un cargo de auxiliar judicial grado 1, en descongestión, en el despacho mencionado, a partir del 3 de julio, hasta el 19 de diciembre de 2012.

• Por Resolución 002 de 28 de junio de 2012(2), la señora Dianis Maideth Puentes Cárdenas fue nombrada en el cargo de auxiliar judicial grado 1 en el despacho mencionado, en el periodo comprendido entre el 3 de julio y el 19 de diciembre de 2012.

• Mediante Acuerdo PSAA12-9781 de 2012, el Consejo Superior de la Judicatura decidió prorrogar la medida de descongestión contenida en el Acuerdo PSAA12-9542 de 2012, hasta el día 20 de abril de 2013.

• Como consecuencia de lo anterior, por Resolución 008 de 19 de diciembre de 2012(3), se prorrogó el nombramiento de la señora Puentes Cárdenas hasta el día 20 de abril de 2013.

• El 15 de enero de 2013 la actora radicó un escrito ante la Dirección Seccional de la Judicatura de Cúcuta, en el que informó que se encontraba en estado de embarazo(4).

• Por acuerdos PSAA13-9897 y PSAA13-9962 de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso prorrogar hasta el día 31 de julio de 2013 el primero, y 30 de septiembre de 2013 el segundo, las medidas de descongestión previstas en el Acuerdo PSAA12-9542 de 2012.

• Con fundamento en los referidos actos administrativos, mediante resoluciones 002 de 30 de abril de 2013(5) y 005 de 31 de julio de 2013(6), se prorrogó el nombramiento de la señora Puentes Cárdenas. El último de los actos mencionados extendió el término de duración del cargo que ocupaba la actora hasta el 30 de septiembre de 2013.

• El 1º de agosto de 2013, la accionante solicitó al magistrado titular del despacho para el cual laboraba, que le fuera concedida licencia de maternidad a partir del día 11 del mismo mes y año.

• Por Resolución 009 de 9 de agosto de 2013, expedida por el magistrado Wilson Arcila Arango, se le concedió licencia de maternidad desde el 12 de agosto, hasta el 17 de noviembre de 2013.

• Mediante Resolución 010 de 2013, el magistrado nominador designó a Johana Katerine Tovar Cedeño en el cargo que desempeñaba la actora, desde el 11 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2013.

• Por Acuerdo PSAA13-9991 de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura prorrogó las medidas de descongestión hasta el día 19 de diciembre de la misma anualidad y con fundamento este acto administrativo se profirió la Resolución 013 de 30 de septiembre de 2013(7), mediante la cual se prorrogó el nombramiento de la señora Tovar Cedeño.

• En los meses de agosto y septiembre de 2013 la actora recibió el valor correspondiente a la licencia de maternidad, pero en el mes de octubre el pago fue suspendido.

• Ante la suspensión referida, la señora Puentes Cárdenas acudió a la EPS Sanitas, en donde le informaron que la Rama Judicial no había “renovado su contrato”, motivo por el cual, no se realizaron los aportes respectivos a la EPS.

• Afirmó que su desvinculación se dio de forma injusta y sin notificación, a pesar de la estabilidad laboral de la que gozaba como consecuencia de su licencia de maternidad.

• Agregó que el 10 de febrero de 2014, al solicitar a la EPS Sanitas su estado de cuenta, le fue informado que el área de recursos humanos de la Rama Judicial no había solicitado su retiro de la EPS.

Por esta razón a la fecha de interponer la tutela, no había recibido un “paz y salvo” de la entidad y, en consecuencia, no pudo afiliarse a otra EPS.

1.3. Fundamentos de la solicitud.

La tutelante señaló que la abstención de prorrogar el nombramiento en el cargo que desempeñaba, vulneró los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social de su hijo recién nacido y los suyos a la vida, a la seguridad social, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y de petición(8).

A su juicio, el hecho de que a todas las personas que fueron designadas en cargos de descongestión en el Tribunal Administrativo de Arauca, les hubieran sido prorrogados sus nombramientos y a ella no, basta para demostrar que la decisión de “despedirla” obedeció a su estado de embarazo.

1.4. Petición de amparo constitucional.

A título de amparo constitucional la tutelante solicita i) que se ordene al Tribunal Administrativo de Arauca efectuar su reintegro al cargo de auxiliar judicial grado 1 en el que estaba nombrada, el cual fue prorrogado hasta el día 30 de mayo de 2014; ii) que se ordene a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, actualizar su estado de cuenta con la EPS Sanitas para acceder a los servicios médicos; y iii), subsidiariamente, en caso de no acceder al reintegro, ordenar el pago de la licencia de maternidad y de los días de salario correspondientes al periodo de lactancia.

1.5. Trámite de la acción de tutela.

Por auto de 3 de marzo de 2014, se admitió la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Arauca y la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, y se ordenó la notificación de las partes.

1.6. Contestación de las autoridades accionadas.

• Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander.

Mediante Oficio CSJNS-PSA-0392 de 26 de marzo de 2014(9), el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander informó: (i) que de conformidad con el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, carece de facultad para nominar a los empleados de los despachos de los tribunales y (ii) que de acuerdo con el numeral 7º del artículo 103 de la ley mencionada, la representación de la Rama Judicial, en los procesos judiciales corresponde a la Dirección Seccional de la Rama Judicial, motivo por el cual mediante Oficio CSJNS-PSA-0384 de 21 de marzo de 2014, los documentos recibidos fueron remitidos a la directora seccional de administración judicial de Cúcuta.

• Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial en Cúcuta

Por Oficio DESAJC14-790 de 26 de marzo de 2014, la directora seccional de administración judicial de Cúcuta manifestó que mediante Oficio DESAJC-778 de la misma fecha, la entidad informó a la accionante que mediante la comunicación DESAJC14-773, dirigida a la EPS Sanitas, se autorizó “(...) que se haga reconocimiento (sic) económico de Licencia de Maternidad (sic) faltante por pagar correspondiente al periodo (sic) del mes de octubre de 2013 y 17 días de noviembre de 2013(10)”.

Agregó que, mediante Oficio DESAJC14-774 de 25 de marzo de 2014, se solicitó a la misma entidad, efectuar la desafiliación de la señora Dianis Maideth Puentes Cárdenas.

• Tribunal Administrativo de Arauca

Por escrito radicado el 28 de marzo de 2014 el presidente del Tribunal Administrativo de Arauca manifestó que el nombramiento de la señora Puentes Cárdenas en el cargo de descongestión que ocupaba, se dio desde el 3 de julio de 2012 hasta el 19 de diciembre del mismo año.

Agregó que cada vez que el cargo en descongestión fue prorrogado por el Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado nominador decidió, discrecionalmente, extender el nombramiento de la actora.

En ese orden de ideas, tras la última prórroga del nombramiento, realizada hasta el día 30 de septiembre de 2013, el magistrado no estaba obligado a mantenerla en su despacho, a pesar de que estuviera en licencia de maternidad al momento de la finalización del periodo para el cual fue designada.

Por consiguiente, señaló que resultaba falsa “(...) la calificación subjetiva de despido injusto que le da la demandante a su retiro de este tribunal, pues desconoce el hecho de su nombramiento a término definido, esto es, hasta el 30 de septiembre de 2013, el cual se afincaba en la medida temporal de descongestión, que ella muy bien conocía, por eso resulta inadmisible que trate de caprichoso el actuar del nominador, cuando la terminación de su nombramiento se dio por el hecho objetivo del vencimiento de la medida, situación que no requiere de notificación al no estar nombrada en ningún cargo de planta y al conocer ella de antemano hasta cuándo se extendía su nombramiento en descongestión(11)”.

1.7. Auto de mejor proveer.

Mediante proveído de 28 de abril de 2014 se dispuso la vinculación a la presente acción de tutela de la EPS Sanitas, dado el interés jurídico que le asiste en el resultado de la actuación.

Asimismo, se dispuso la práctica de pruebas encaminadas a determinar si la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cúcuta había pagado la licencia de maternidad y las demás prestaciones económicas a las cuales tiene derecho la accionante.

En esta oportunidad procesal la EPS Sanitas, mediante escrito de 21 de mayo de 2014 certificó que la usuaria se encuentra retirada desde el 1º de noviembre de 2013.

Afirmó que el 17 de noviembre de 2013 se autorizó el pago de la licencia de maternidad 54075994 por 98 días desde 12 de agosto de 2013 hasta el 17 de noviembre de la misma anualidad, “con derecho al reconocimiento económico por cumplir con la normatividad vigente”.

Aclaró que la empresa “presenta la solicitud de reconocimiento económico en marzo de 2014 y el día 7/04/2014 se autoriza el pago a favor del empleador (División Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Distrito Cúcuta) de las fracciones de agosto, septiembre y octubre de 2013 de esta licencia (valor $ 10.737.900). No se autorizó el pago de la fracción de noviembre de 2013 ($ 2.253.633) por no haber aporte por cotización para ese mes”.

Con fundamento en lo expuesto solicitó que se declarara la existencia de un hecho superado, en consideración a que la entidad cumplió con la obligación de girar el valor correspondiente a la licencia de maternidad de la tutelante(12).

Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta presentó informe de 23 de mayo de 2014, con el cual allegó los soportes de los pagos efectuados a la tutelante por concepto de liquidación definitiva de prestaciones económicas y la certificación de desafiliación de la actora de la EPS Sanitas.

Certificó que “(...) realizó los pagos por licencia de maternidad a la Dra. Dianis Maideth Puentes Cárdenas, el tiempo mientras tuvo vinculo (sic) laboral lo que quiere decir 20 días de agosto y 30 días de septiembre de 2013 y que a la fecha la EPS Sanitas no ha realizado este reconocimiento económico por estos pagos a esta dirección seccional(13)”.

Manifestó que el tiempo faltante de la licencia de maternidad, correspondiente al mes de octubre y una fracción de noviembre de 2013, debe ser pagado por la EPS Sanitas “toda vez que esta dirección pagó en salud todo el tiempo de gestación (...)”(14).

II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela instaurada por la señora Dianis Maideth Puentes Cárdenas, de conformidad con lo establecido en los decretos 1382 de 2000, 2591 de 1991 y el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y de petición de la señora Puentes Cárdenas, y a la salud y la seguridad social de su hijo recién nacido.

Lo anterior, porque el magistrado titular del despacho 3 del Tribunal Administrativo de Arauca, se abstuvo de prorrogar su nombramiento en el cargo de auxiliar judicial grado 1, en descongestión, y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta omitió realizar los pagos para que la actora recibiera la totalidad de la licencia de maternidad a la que tenía derecho y ordenar a la EPS Sanitas su desvinculación.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sección se referirá a: i) las generalidades de la acción de tutela; ii) la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales; iii) las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso administrativa como mecanismo idóneo y eficaz para evitar un perjuicio irremediable y finalmente, iv) abordará el análisis del caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela.

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que haría procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.4. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales.

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “(e)sta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991(15).

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia(16).

No obstante lo anterior, existiendo un mecanismo ordinario que permita la protección de los derechos que se consideran vulnerados, la tutela es procedente si se acredita (i) que este no es idóneo ni eficaz, o (ii) que “siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela(17)”.

2.5. Las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso administrativa como mecanismo idóneo y eficaz para evitar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha trazado el alcance del derecho a la administración de justicia, consagrado en el artículo 228 de la Carta Política, y en particular, ha señalado que la prerrogativa de la que gozan las personas de exigir justicia, impone a las autoridades públicas distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo. En este orden de ideas, con fundamento en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(18) y 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(19),(20) en Sentencia T-283 de 2013 aquella corporación estableció que “(...) hacer efectivo el derecho a la administración de justicia conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que este sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados(21)(22).

Así las cosas, el derecho a la tutela judicial efectiva comporta la obligación correlativa a cargo del Estado, de instaurar mecanismos judiciales para garantizar la efectividad de los derechos o intereses de una persona, bien sea de carácter constitucional o legal. En ese contexto, el legislador colombiano adoptó la figura de las medidas cautelares en el régimen de lo contencioso administrativo, —L. 1437/2011, arts. 229 a 241—, con el fin de proporcionar un medio adecuado, idóneo y efectivo, que posibilita la adopción de medidas, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Por otra parte, la Ley 1437 de 2011 prevé la posibilidad de solicitar medidas cautelares de urgencia, para que estas sean estudiadas y adoptadas por el juez de manera expedita, sin agotar el procedimiento previsto en el artículo 232. En efecto, el artículo 234 determina que, excepcionalmente, desde la presentación de tal solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptarla, siempre y cuando se cumplan los requisitos contenidos en el artículo 231.

La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.

La Sala Plena de esta corporación estableció además, que la figura de las medidas cautelares se constituye en el mecanismo eficaz para conseguir la protección de los derechos amenazados o vulnerados por un acto administrativo. Sobre el particular determinó:

“Inclusive y ante el hipotético argumento sobre la ineficacia de la medida, dada la exigencia de que se agote el requisito de procedibilidad referido a la conciliación previa a la admisión de la demanda, es evidente que el juez de lo contencioso administrativo pueda admitir la posibilidad de que el accionante presente la demanda y la solicitud de medida cautelar previamente al agotamiento de la conciliación prejudicial, al tenor de lo dispuesto por el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, que regula las medidas cautelares de urgencia: “Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar”.

Huelga manifestar que casos como el presente, el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida cautelar, inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del proceso a que se demuestre el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en los términos establecidos para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza cuando no sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, proferir simultáneamente el auto admisorio de la demanda junto con la medida cautelar.

En ese orden, no escapa el hecho de que una cosa es que la conciliación extrajudicial constituye requisito de procedibilidad de la demanda, mas no de la solicitud de la medida cautelar. De suerte que, estamos en presencia de dos figuras diferentes y que se pueden estructurar en momentos distintos, sin que esto implique su incompatibilidad procesal.

Tal precisión conduce a que efectivamente es posible solicitar el decreto y práctica de la medida cautelar, aun sin haber agotado previamente el requisito de procedibilidad. De ahí que, esta alternativa materializa la prevalencia del derecho sustancial frente al formal, toda vez que implica la adecuación e interpretación de la norma procesal con miras a la efectividad de los derechos sustanciales de los ciudadanos.

Lo anterior no significa que la medida cautelar desplace el adelantamiento de la conciliación extrajudicial, pues la Ley 1285 de 2009, lo exige “cuando los asuntos sean conciliables”, sino que desde un inicio es factible proteger los derechos de los ciudadanos bajo el uso de medidas cautelares, aun cuando haya que agotar el requisito de procedibilidad, toda vez que entre la medida cautelar y la conciliación prejudicial, ciertamente no hay incompatibilidad procesal, lo que asegura una protección eficaz de los derechos fundamentales de los ciudadanos a instancias del juez de lo contencioso administrativo(23)”.

2.6. Análisis del caso concreto.

Para resolver el presente caso, por razones de orden metodológico, la Sala se pronunciará sobre los siguientes aspectos: i) la omisión del Tribunal Administrativo de Arauca de designarla nuevamente en el cargo de auxiliar judicial grado 1, en descongestión, una vez vencido el término de las medidas de descongestión; ii) la inactividad de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, de actualizar su estado de cuenta con la EPS Sanitas; y iii) el incumplimiento de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta para efectuar el pago completo de la licencia de maternidad.

2.6.1. Sobre la solicitud de reintegro.

La actora considera que el Tribunal Administrativo de Arauca debió prorrogar su designación en el cargo de auxiliar judicial grado 1, en descongestión, en razón a que su nombramiento finalizó en el momento en que estaba gozando de su licencia de maternidad y, por tanto, no podía terminarse su relación laboral.

Esto quiere decir que, en su sentir, la Resolución 013 de 30 de septiembre de 2013, mediante el cual se prorrogó el nombramiento de la persona que la había reemplazado en el cargo que ocupaba, vulneró su derecho fundamental al trabajo.

En relación con este argumento, la Sala observa que la acción de tutela resulta improcedente a la luz de lo preceptuado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, según el cual esta no procede “cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales”.

En efecto, la actora manifestó que conoció de la decisión del tribunal, consistente en no prorrogar su cargo, en el mes de octubre de 2013, de manera que a partir de ese momento tuvo oportunidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir la Resolución 013 de 30 de septiembre de 2013, que nombró a otra persona en el cargo que ocupó hasta el vencimiento del plazo inicial de la descongestión, y no lo hizo.

Así, en razón a que el juez ordinario está facultado para decretar medidas cautelares de urgencia en aras de proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, la accionante pudo acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo controvertido a través de esta solicitud, y en dicho proceso solicitar su adopción. Por consiguiente la actora contaba con otro mecanismo idóneo para obtener el restablecimiento de las prerrogativas invocadas, ante la inminencia de un perjuicio irremediable.

2.6.2. Sobre la actualización del estado de cuentas.

El 3 de abril de 2014 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta allegó a esta corporación un certificado expedido por la EPS Sanitas el día 3 de abril de 2014(24), en el que consta que la actora fue retirada de la entidad a partir del 1 de noviembre de 2013, con lo cual quedó en libertad para afiliarse a otra empresa prestadora de salud.

En este orden de ideas, está probado que se había actualizado el estado de cuenta de la accionante, con anterioridad a la prestación del libelo introductorio de la acción de amparo, de modo que deberá negarse la pretensión relativa a permitir su retiro de la EPS Sanitas.

No obstante lo anterior, la actora manifestó que la EPS Sanitas se negó a entregar un paz y salvo con el fin de que ella y su hijo pudieran afiliarse a otra entidad prestadora de salud y tal afirmación no fue desvirtuada en el proceso. Por consiguiente, se ordenará a la EPS Sanitas, expedir documento mencionado, para que se garantice el derecho fundamental de la salud de la actora y del menor.

2.6.3. Sobre la omisión en el pago de la licencia de maternidad.

De las pruebas que obran en el expediente, la Sala observa que se encuentran probados los siguientes hechos que resultan relevantes para resolver el caso concreto:

• Mediante Resolución 009 de 9 de agosto de 2013(25), el magistrado del Tribunal Administrativo de Arauca, Wilson Arcila Arango, concedió la licencia remunerada de maternidad a la señora Dianis Maideth Puentes Cárdenas por el término de 98 días, desde el 12 de agosto, hasta el 17 de noviembre de 2013.

• El día 28 de agosto de 2013 la EPS Sanitas expidió la autorización de licencia de maternidad 4-54075994, a favor de la actora, por el periodo comprendido entre el 12 de agosto y el 17 de noviembre de 2013.

• Con comunicación LMS 1912-13(26), la EPS Sanitas informó a la señora Puentes Cárdenas que la licencia que le había sido reconocida, solo sería cancelada por los valores comprendidos entre el 12 de agosto y el 31 de octubre de 2013, por cuanto el empleador incurrió en mora en el pago de aportes a partir de esa fecha.

Para adoptar tal decisión consideró que la prestación económica debería ser reconocida directamente por el empleador, de modo que “(...) para efectuar el pago directo a su favor, es requisito anexar la correspondiente comunicación firmada por su ex-empleador donde autorice expresamente la cancelación de los periodos de octubre y noviembre de 2013 a su nombre” (resaltado en el texto original)(27).

• Con ocasión de la presente tutela, el 25 de marzo de 2014(28), la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta expidió la comunicación DESAJC14-773 dirigida a la EPS Sanitas, en la que autorizó el desembolso del valor correspondiente a la prestación económica derivada de la licencia de maternidad, correspondiente al periodo comprendido entre el “1º de octubre y el 17 de noviembre de 2013”.

• El día 7 de abril de 2014, la EPS Sanitas autorizó el pago a favor de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, de las fracciones de agosto, septiembre y octubre de 2013 de la licencia (valor $ 10.737.900) y se abstuvo de ordenar el pago de la fracción de noviembre de 2013 ($ 2.253.633) por no haber aporte por cotización para ese mes(29).

• Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta certificó que al 20 de mayo de 2014, la EPS Sanitas no había girado los recursos por el tiempo faltante de la licencia de maternidad, correspondiente al mes de octubre y una fracción de noviembre de 2013, la cual, a su juicio, debe ser pagada por la EPS Sanitas “toda vez que esta dirección pagó en salud todo el tiempo de gestación (...)”(30).

De las pruebas analizadas en precedencia se evidencia que a la señora Puentes Cárdenas le fue reconocido su derecho a recibir la licencia de maternidad desde el 12 de agosto hasta el 17 de noviembre de 2013 y que, a pesar de existir certeza de tal prestación económica encaminada a proteger la maternidad en todas sus dimensiones, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta omitió efectuar el pago del mes de octubre y los 17 días del mes de noviembre de 2013, para lo cual adujo su desacuerdo con la entidad prestadora de salud, olvidando que tales desavenencias no pueden ser trasladadas a la beneficiaria de la prestación.

De conformidad con el artículo 21 del Decreto 1804 de 1999, “(...) serán de cargo del empleador el valor de las licencias por enfermedad general o maternidad a que tengan derecho sus trabajadores, en los eventos en que no proceda el reembolso de las mismas por parte de la EPS, o en el evento en que dicho empleador incurra en mora, durante el periodo que dure la licencia, en el pago de las cotizaciones correspondientes a cualquiera de sus trabajadores frente al sistema”.

Con fundamento en dicha norma, la dirección mencionada debió efectuar el pago de las fracciones de la licencia de maternidad y, en caso de considerar que había realizado los aportes correspondientes, someter el asunto al conocimiento de la Superintendencia de Salud, que, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, está facultada para conocer y decidir sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de las EPS o del empleador.

En síntesis, la Sala observa que en este caso la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta ha omitido efectuar el pago de las sumas por ella reconocidas, y de este modo los derechos de la actora y de su hijo han sido vulnerados desde el mes de octubre de 2013, con la omisión en el pago de un derecho cierto, como consecuencia de la negligencia de la dirección.

Por este motivo, se concederá el amparo de los derechos de la actora y su hijo recién nacido, y en consecuencia ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, efectuar el pago inmediato de las sumas adeudadas de la licencia de maternidad que les fue reconocida desde el mes de agosto de 2013.

2.6.4. Sobre la incoherencia en las respuestas de la directora seccional de la administración judicial de Cúcuta.

Por otra parte, la Sala observa que la directora seccional de la administración judicial de Cúcuta por escrito de 20 de mayo de 2014, manifestó a esta corporación que la “Dirección Seccional de la Administración Judicial de Cucuta (sic) realizo (sic) los pagos por licencia de Maternidad (sic) a la Dra. Dianis Maideth Puentes Cardenas (sic), el tiempo mientras tuvo vinculo (sic) laboral lo que quiere decir 20 días de agosto y 30 días septiembre (sic) de 2013 y que a la fecha la EPS sanitas (sic) no ha realizado este reconocimiento económico por estos pagos a esta Direccion (sic) seccional” (negrillas fuera del texto)(31).

No obstante lo anterior, mediante escrito de 21 de mayo de 2014(32), la EPS Sanitas informó que el 7 de abril de 2014, la EPS autorizó el pago de las sumas correspondientes a la licencia de maternidad por los meses de agosto, septiembre y octubre, y se abstuvo de consentir el pago de la fracción de noviembre de 2013 por no existir el aporte por cotización para ese mes.

Esta declaración se confirma con los documentos aportados por la misma Dirección Seccional de la Administración Judicial de Cúcuta, dentro de los cuales se encuentra una comunicación de 23 de mayo de 2014(33), mediante la cual la EPS Sanitas informa a la entidad que se autorizó el pago de la incapacidad, salvo por los 17 días del mes de noviembre de 2013.

Por lo tanto, se observa que la directora seccional de la administración judicial de Cúcuta presentó informes incoherentes, pues a pesar de conocer que la EPS Sanitas había autorizado el reconocimiento económico de la incapacidad por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013, manifestó que la entidad prestadora de salud no lo había realizado. En consecuencia, la Sala además instará a la directora seccional de la administración judicial de Cúcuta, para que en delante de respuesta coherente, seria y oportuna a las acciones de tutela que se instauren en su contra.

III. Decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR la improcedencia de la tutela, en relación con la censura a la Resolución 013 de 30 de septiembre de 2013.

2. NEGAR el amparo por el cuestionamiento dirigido a que se ordenara su retiro de la EPS Sanitas.

3. CONCEDER el amparo solicitado por la señora Dianis Maideth Puentes Cárdenas. En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta que, si aún no lo ha hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de la presente providencia, efectúe el pago de las fracciones de la licencia de maternidad correspondientes al mes de octubre y a los 17 días del mes de noviembre de 2013.

4. ORDENAR a la EPS Sanitas que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de la presente providencia, expida el paz y salvo requerido por la señora Dianis Maideth Puentes Cárdenas y su hijo Matías Araújo Puentes.

5. INSTAR a la directora seccional de la administración judicial de Cúcuta, para que en adelante dé respuesta coherente, seria y oportuna a las acciones de tutela que se instauren en su contra.

6. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

Notifíquese y cúmplase.

La presente decisión se discutió y aprobó en sesión de la fecha.

Consejeros: Alberto Yepes Barreiro—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Susana Buitrago Valencia.

(1) “Por el cual se adoptan medidas tendientes a implementar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo relacionadas con la individualización de los despachos judiciales que se incorporarán al sistema oral en el Distrito Judicial Administrativo de Arauca”.

(2) Este acto administrativo fue proferido por el magistrado Wilson Arcila Arango.

(3) Folios 20-21. La resolución mencionada fue proferida por el magistrado Wilson Arcila Arango.

(4) Folio 22.

(5) Folios 25-26. La resolución mencionada fue proferida por el magistrado Wilson Arcila Arango.

(6) Folios 29-30. La resolución mencionada fue proferida por el magistrado Wilson Arcila Arango.

(7) Folios 53-54. La resolución mencionada fue proferida por el magistrado Wilson Arcila Arango.

(8) La actora no explica por qué motivo considera que se vulneró su derecho fundamental de petición.

(9) Folio 61.

(10) Folio 67.

(11) Folio 74.

(12) Folios 56 y 57.

(13) Folio 159.

(14) Ibídem.

(15) ART. 6º—“Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.

(16) En Sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2º superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones”.

(17) Cfr. Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(18) ART. 25.—“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.

(19) Artículo 2º” (...)

2. Cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.

(20) Los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, conforman el ordenamiento interno, en concordancia con el artículo 93 de la Constitución Política.

(21) Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(22) Sentencia T-283 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(23) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo C.P. Alfonso Vargas Rincón. Sentencia de 5 de marzo de 2014. Radicado: 25000-23-42-000-2013-06871-01.

(24) Folio 143.

(25) Folios 36-37.

(26) Folios 50-51.

(27) Folio 51.

(28) Folio 67.

(29) Folios 56 y 57.

(30) Folio 159.

(31) Folio 159.

(32) Folios 156-157.

(33) Folios 181-182.