Sentencia 2014-00451 de febrero 2 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado: 150011102000201400451-01 (11260-27)

Aprobado Según acta de Sala Nº 8

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá, D.C., dos de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en apelación y en grado jurisdiccional de consulta, las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura existentes en el país.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la calidad de la investigada.

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y auxiliares de la justicia allegó el certificado 09148-2014 expedido el 1º de julio de 2014, mediante el cual acreditó la condición de abogada de la investigada quien se identifica con la cédula de ciudadanía 39.756.484 y T.P. 155.891 (fl. 12, c.o.); y la secretaria de esta Sala remitió el certificado de antecedentes disciplinarios del investigado 155363 del cual se evidencia la ausencia de sanciones disciplinarias (fl. 13, c.o.).

3. De la nulidad.

Sería del caso que la Sala procediera a conocer el grado jurisdiccional de consulta respecto a la decisión sancionatoria adoptada por el a quo, de no ser por cuanto se observa una causal de nulidad que invalida la actuación disciplinaria, veamos.

Conforme a lo reglado en el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, la declaratoria de nulidad de la actuación procede por i) la falta de competencia, ii) La violación del derecho de defensa del disciplinable, y iii) La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Ha de señalarse que las nulidades se encuentran regidas por los siguientes principios que orientan su declaratoria y convalidación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 101 del CDA:

“ART. 101.—Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.

1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa.

2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los intervinientes, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.

3. No puede invocar la nulidad el interviniente que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica.

4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales.

5. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial.

6. No podrá declararse ninguna nulidad distinta de las señaladas en este capítulo.

En efecto, encuentra esta colegiatura que dentro de la instrucción impartida por el magistrado instructor de instancia, en especial en la audiencia de pruebas y calificación provisional realizada el 18 de junio de 2015, el operador judicial obtuvo por parte de la doctora Lency Margoth Herrera Cárdenas la aceptación de los fácticos denunciados, es decir, una confesión expresa y voluntaria de los mismos, ante lo cual en consideración a lo normado en el parágrafo del artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, encontró que la togada presuntamente incurrió en las faltas a la debida diligencia y a la honradez con lo cual dispuso la remisión del expediente a su despacho para proferir el fallo sancionatorio respectivo en el que sancionó con CENSURA a la abogada Lency Margoth Herrera Cárdenas como autora responsable de la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa y ordenó la terminación por prescripción de la conducta referente a la obtención de dinero para gastos irreales.

Ahora bien, al realizar una revisión detallada de la actuación desplegada por el instructor de instancia dentro de la audiencias celebradas el 18 de marzo y 18 junio de 2015, observa esta Judicatura que la disciplinada aceptó la realización de los hechos denunciados por la queja, destacándose en especial de la última diligencia oral, que el trámite impartido por el operador disciplinario incurrió en un yerro con el cual se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la togada investigada, pues se tiene que al momento de recepcionarse la versión libre de la encartada, ésta manifestó su voluntad de aceptar como ciertos todos los hechos denunciados por la querellante, momento para el cual el instructor se limitó a señalar que si lo dicho se asumía como una confesión, y ante la ratificación de la disciplinada, éste le manifestó que por ello sería presuntamente responsable por las faltas a la debida diligencia y a la honradez, sin ningún otro particular.

Ahora bien, se considera que dicha actuación ha afectado el derecho de la disciplinada a tener conocimiento de forma concreta del pliego de cargos que se elevaba en su contra, y si bien confesó la comisión de dos hechos, los mismos no fueron concretados por el fallador de instancia, pues se tiene que tal tarea la realizó en la sentencia, oportunidad procesal en la cual no procede tal actuación, esto de conformidad con lo normado en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, que reza:

“ART. 105.—Audiencia de pruebas y calificación provisional. En esta audiencia se presentará la queja o informe origen de la actuación; el disciplinable rendirá versión libre si es su deseo respecto de los hechos imputados, o en su caso, el defensor podrá referirse sobre los mismos, pudiendo solicitar o aportar las pruebas que pretendan allegar; en el mismo acto de audiencia se determinará su conducencia y pertinencia y se decretarán las que de oficio se consideren necesarias. El disciplinado o su defensor podrá solicitar la suspensión de la audiencia hasta por cinco días para ejercer su derecho a solicitar y aportar pruebas en caso de que no lo pueda hacer en el momento de conocer la queja o informe.

Si se niega la práctica de alguna de las pruebas solicitadas, dicha determinación se notificará en estrados y contra ella procede el recurso de reposición que debe resolverse en el mismo acto y en subsidio el de apelación.

En caso de que la práctica de la prueba no sea posible de manera inmediata por razón de su naturaleza, porque deba evacuarse o se encuentre en sede distinta, o porque el órgano de prueba deba ser citado, la audiencia se suspenderá con tal fin por un término que no excederá de treinta (30) días.

Evacuadas las pruebas decretadas en la audiencia se procederá a la calificación jurídica de la actuación disponiendo su terminación o la formulación de cargos, según corresponda.

La formulación de cargos deberá contener en forma expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica, así como la modalidad de la conducta. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

A continuación los intervinientes podrán solicitar la práctica de pruebas a realizarse en la audiencia de juzgamiento, sobre cuyo decreto se decidirá como ya se indicó. Se ordenarán de manera

inmediata aquellas que hayan de realizarse fuera de la sede de la Sala y también se pronunciará sobre la legalidad de la actuación.

Al finalizar la diligencia, o evacuadas las pruebas fuera de la sede, el funcionario fijará fecha y hora para la realización de la audiencia pública de juzgamiento que se celebrará dentro de los veinte (20) días siguientes.

Si la calificación fuere mediante decisión de terminación del procedimiento, los intervinientes serán notificados en estrados. Esta determinación es susceptible del recurso de apelación que deberá interponerse y sustentarse en el mismo acto, caso en el cual de inmediato se decidirá sobre su concesión. Si el quejoso no estuvo presente en la audiencia, podrá interponerlo y sustentarlo dentro de los tres (3) días siguientes a la terminación de la audiencia.

PAR.—El disciplinante podrá confesar la comisión de la falta caso en el cual se procederá a dictar sentencia. En estos eventos la sanción se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de este código” (resaltado fuera de texto).

Como se destacó en precedencia en la citada norma, el legislador definió claramente que la formulación de cargos deberá presentarse de forma expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica, indicándose la modalidad de la conducta reprochada, todo esto en razón a la estructuración propia del tipo disciplinario —tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad—, y si bien la disciplinada aceptó los hechos denunciados, de ello no se infiere que lo mismo ocurriera con las faltas enrostradas, pues solamente conoció en aquella oportunidad de la generalidad de la falta, toda vez que el magistrado obvió imputar la falta en concreto bajo el análisis propio del hecho por el cual la calificó, situación que claramente demuestra el incumplimiento del deber de dar aplicación al procedimiento señalado por la Ley 1123 de 2007, y que condujo a que produjera unas actuaciones conformadas de manera irregular —audiencia de pruebas y calificación provisional del 18 de junio de 2015 y la sentencia—, siendo oportuno declarar la nulidad de parte de la actuación para recomponerla y surtirla en debida forma con apego a las reglas procedimentales.

En suma, observa esta Sala que si bien la Sala Dual de Decisión de Instancia, planteó los fácticos por los cuales era juzgada la encartada, lo cierto es que para ese momento no era la oportunidad procesal para resolver o conformar el pliego de cargos, se itera, la confesión de los hechos no obedece a “confesar la comisión de la falta”, pues para ese momento el disciplinado debe conocer el articulado y comprender el análisis de responsabilidad por el cual sería enjuiciado, y en el caso de autos, esa situación no se dio, quedando en un limbo el pliego de cargos, siéndole imposible a esta superioridad conocer en este momento de la sentencia en grado jurisdiccional de consulta, por lo cual se retrotraerá la actuado a partir de la audiencia de pruebas y calificación provisional realizada el 18 de junio de 2015, para que de esta forma el a quo la recomponga realizando de forma “expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica” en aplicación a lo normado en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, y no al momento de proferir su fallo de instancia, advirtiéndole que en lo sucesivo deberá fijar un procedimiento idóneo para que estos casos no vuelvan a ocurrir.

Debe destacarse que en esta situación no se afecta la responsabilidad disciplinaria, pues la togada en todo caso aceptó la comisión de los “hechos denunciados” mas no ha realizado la confesión de la falta o faltas endilgadas, para lo cual deberá conocer la calificación jurídica de su conducta, y de esta forma no afectar el principio constitucional del debido proceso de la disciplinada.

En suma, esta corporación encuentra que la nulidad es la máxima sanción establecida en el ordenamiento jurídico, para la tramitación irregular de una actuación procesal, en la medida en que esa situación desviada quebrante de alguna forma la estructura del proceso o se desconozcan los lineamientos y pautas fijadas tanto por el derecho sustancial como el procedimental, en detrimento de los sujetos procesales. Y es así como podemos afirmar cómo las nulidades son una medida extrema que puede subsanar la irregularidad, están taxativamente enumeradas en el ordenamiento jurídico y requieren obviamente de un pronunciamiento expreso.

Basta con que se socaven las bases fundamentales del juzgamiento para que sea procedente la declaratoria de nulidad, sin exigir un perjuicio en concreto para los sujetos procesales, al punto que la ley separa cada causal (falta de competencia, violación del debido proceso, y violación al derecho de defensa), determinándolas como autónomas.

Bajo los anteriores presupuestos, se quebranta el mandato superior contenido en el artículo 29 de la Carta Política al preceptuar que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” principio democrático que exige definir de manera clara, concreta e inequívoca las conductas reprobadas disciplinariamente, así como el señalamiento anticipado de las respectivas sanciones, lo contrario vulnera los principios del debido proceso y derecho de defensa.

Así las cosas, converge la Sala que dentro del presente asunto con ocasión de las irregularidades que se advirtieron en el contenido de la de la audiencia de pruebas y calificación provisional realizada el 18 de junio de 2015, se vio vulnerado el derecho al debido proceso que debe gobernar la actuación disciplinaria en su integridad, por lo que lo procedente es decretar la nulidad de lo actuado a partir de esta diligencia (fl. 714 c.o. y cdno. 2), en la cual el instructor de instancia no elevó pliego de cargos de conformidad con los postulados normativos del artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, siendo necesario que se corrija dicho yerro, advirtiéndole que en lo sucesivo se abstenga de dar trámite a fallos en estas condiciones, so pena de incurrir en conductas disciplinarias.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. DECRETAR LA NULIDAD de la actuación a partir de la audiencia de pruebas y calificación privisional realizada por el magistrado instructor el 18 de junio de 2015, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. Remítase el expediente a la colegiatura de instancia para que en primera instancia comunique la presente decisión a las partes y en segundo lugar rehagan las diligencias respetando el debido proceso y el derecho de defensa del abogado investigado, conforme a las consideraciones planteadas.

Comuníquese y cúmplase.»