Sentencia 2014-00453 de octubre 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: exp. 11001-03-24-000-2014-00453-00

Consejera Ponente:

Dr. María Elizabeth García González

Acción: Nulidad

Actora: María Sandra Morelli Rico

Bogotá, D.C., seis de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución Orgánica 8 de 3 de agosto de 2011.

Las disposiciones acusadas de la Resolución 8 de 2011, son del siguiente tenor:

“Auditoría general de la República

Resolución Orgánica 8 de 2011

(Agosto 3)

“Por la cual se asignan competencias para adelantar indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorios y de jurisdicción coactiva al interior de la auditoría general de la República, se crea la secretaría común de procesos fiscales y se asignan funciones”.

El auditor general de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el numeral 14 del artículo 17 del Decreto-Ley 272 de 2000, y

Considerando:

[…].

RESUELVE:

“ART. 1º—Asignar la competencia para conocer, tramitar y decidir las indagaciones preliminares, los procesos de responsabilidad fiscal (ordinarios y verbales), los procesos administrativos sancionatorios y los procesos de jurisdicción coactiva, al auditor delegado para la vigilancia de la gestión fiscal y al director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, de acuerdo con los factores de competencia que a continuación se enuncian.

“ART. 2º—Es competente el director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para conocer:

1. En primera instancia de las indagaciones preliminares, y de los procesos de responsabilidad fiscal definidos como de doble instancia por el artículo 110 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 o las normas que lo modifiquen.

2. En única instancia de los procesos de responsabilidad fiscal definidos como de única instancia por el artículo 110 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 o las normas que lo modifiquen.

3. En primera instancia de los procesos administrativos sancionatorios, de competencia de la auditoría general de la República.

4. En primera instancia de los procesos de jurisdicción coactiva de competencia de la auditoría general de la República.

“ART. 3º—Es competente el auditor delegado para la vigilancia de la gestión fiscal, para conocer:

1. En segunda instancia de los recursos de apelación que procedan contra las decisiones que profiera en primera instancia la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.

2. Del grado de consulta que proceda en las indagaciones preliminares y en los procesos de responsabilidad fiscal, que conoce en primera instancia la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.

3. De los recursos de queja que procedan en los procesos que conoce en primera instancia la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.

4. De la solicitud de recusación o declaratoria de impedimento formulados con ocasión del trámite de las indagaciones preliminares, los procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorios y de jurisdicción coactiva”.

“[…]”.

Publíquese, comuníquese y cúmplase”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En el primer cargo, se alega que el auditor general de la República carece de competencia para expedir las disposiciones acusadas, toda vez que los artículos 6º, 123, 189, numeral 11, 268, 274 de la Constitución Política y el artículo 17, numeral 11, del Decreto-Ley 272 de 2000, no le atribuyen competencia alguna para ejercer la potestad reglamentaria, que es propia o exclusiva del jefe de Gobierno nacional.

De manera preliminar, la sala debe poner de presente las normas que sirvieron de fundamento a las disposiciones demandadas, que son las siguientes:

La resolución acusada fue expedida por el auditor general de la República, en ejercicio de la atribución que le confirió el artículo 17, numeral 14, del Decreto-Ley 272 de 2000, que es del siguiente tenor:

“Decreto-Ley 272 de 2000

(Febrero 22)

“Por el cual se determina la organización y funcionamiento de la auditoría general de la República”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el numeral 2º del artículo 1º de la Ley 573 de 2000,

DECRETA

[…].

CAPÍTULO II

Organización administrativa

“ART. 17.—Funciones del auditor general de la República. Son las siguientes:

[…].

14. Asignar a las distintas dependencias y funcionariosde la auditoría general de la República lascompetencias y tareas necesarias para el cabalcumplimiento de las funciones constitucionales ylegales, para lo cual podrá conformar equipos detrabajo y dictar los reglamentos internos que serequieran, así como delegar y desconcentrar lasfunciones a que hubiere lugar, con sujeción a lasdisposiciones constitucionales y legales vigentes”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

El anterior Decreto-Ley fue expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1º, numeral 2º, de la Ley 573 de 2000, que prevé:

“Ley 573 de 2000

(Febrero 7)

“Mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución”.

El Congreso de la República,

DECRETA:

“ART. 1º—Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que, en el término de quince (15) días contados a partir de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para:

[…].

2. Determinar la organización y funcionamiento de laauditoría externa de la Contraloría General de laRepública en lo no previsto en la Ley 330 de 1996”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Dicha ley fue expedida por el Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política, que establece:

ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

[…].

10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de laRepública de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Y, además, dispone que el Presidente de la República debe determinar la organización y funcionamiento de la auditoría externa de la Contraloría General de la República en lo no previsto en la Ley 330 de 1996, la cual señala:

“Ley 330 de 1996

(Diciembre 11)

“Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

[…].

CAPÍTULO III.

Vigilancia de la gestión fiscal de las contralorías departamentales

“ART. 10.—Vigilancia de la gestión fiscal de las contralorías departamentales. La vigilancia de la gestión fiscal de las contralorías departamentales será ejercida por la auditoría ante la Contraloría General de la República”.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la Sentencia C-1339 de 4 de octubre de 2000 (Magistrado Ponente doctor Antonio Barrera Carbonell), en la cual la Corte Constitucional señaló que las funciones en cabeza del auditor general de la República para adoptar la planta de personal, distribuir los cargos, conformar grupos internos de trabajo, consejos y comités asesores, que sean necesarios para el cumplimiento eficiente y eficaz de las competencias de la auditoría general de la República, responden a la autonomía jurídica, administrativa y funcional que le es propia a dicho organismo.

En efecto, sostuvo la Corte Constitucional:

“— Las funciones para adoptar la planta de personal, proveer los empleos, distribuir los cargos, conformar grupos internos de trabajo y consejos y comités asesores.

La facultad que se atribuye al auditor para adoptar laplanta de personal, es algo consustancial con laautonomía jurídica y administrativa que se predica detodo órgano de control. Pero podría agregarse que, según el art. 150-23 de la Constitución corresponde al Congreso expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos, de suerteque no resulta extraño que el legislador al regular lafunción fiscal de la auditoría le haya confiado lamencionada competencia al auditor.

Por lo demás, como lo expresó la Corte en la Sentencia C-272/96 los diferentes aspectos que comprende el tema de la función pública en la Constitución, necesariamente se vinculan con la estructura, la organización y el funcionamiento de la administración y, se agrega, tanto de la activa como de la pasiva o de control. Ello se confirma con lo que igualmente expresó la Corte en la Sentencia C-299/94(1), en la cual se dijo:

“En sentido general, la estructura y funcionamiento de la administración comprende no solo la identificación de los organismos que la integran sino la regulación de los elementos activos que intervienen en su composición y funcionamiento, como los relativos al manejo y vinculación de los recursos humanos al servicio de tales organismos, su régimen salarial y disciplinario, el sistema de prestaciones a que tienen derecho los empleados públicos y los trabajadores oficiales, así como los medios materiales (recursos económicos y físicos), requeridos para el desarrollo de su acción”.

En lo que atañe con las previsiones normativasrelativas a la provisión de empleos, la distribución decargos, la conformación de grupos internos de trabajo,consejos y comités asesores, que sean necesarios parael cumplimiento eficiente y eficaz de las competenciasde la auditoria, estima la Corte que funciones de estaestirpe en cabeza del auditor, responden igualmente ala autonomía jurídica, administrativa y funcional que lees propia a dicho organismo. Pero debe tenerse en cuenta que la conformación de grupos internos de trabajo, no debe entenderse como atribución en cabeza del auditor para modificar la estructura administrativa interna, ni mucho menos la planta de personal, omitiendo los requisitos de ley”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En relación con la autonomía administrativa y jurídica de la auditoría general de la República, el citado Decreto-Ley 272 de 2000, prevé:

“ART. 6º—Autonomía administrativa, jurídica, contractual y presupuestal. En ejercicio de la autonomía administrativa le corresponde a la auditoría general de la República definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con los principios consagrados en la Constitución, ley y el presente decreto.

Corresponde al auditor general suscribir en nombre y representación de la entidad los actos y contratos requeridos para el cabal cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de la delegación que para el efecto realice, de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto de contratación de la administración pública, por este decreto y las demás normas vigentes sobre la materia (…)”.

De acuerdo con lo normado en las disposiciones transcritas y el antecedente jurisprudencial enunciado, la sala debe, en primer término, señalar que el auditor general de la República sí estaba facultado para expedir los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución 8 de 2011 acusada, con fundamento en la atribución conferida por el artículo 17, numeral 14, del Decreto-Ley de 272 de 2000, que, a su vez, fue expedido en ejercicio de la facultad extraordinaria conferida al Presidente de la República por el artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política y con sujeción a la habilitación legislativa otorgada a él por el artículo 1º, numeral 2º, de la Ley 573 de 2000. Son estos preceptos, por consiguiente, el verdadero fundamento de las normas acusadas, pues así lo deja traslucir en su encabezamiento el acto administrativo que las contiene, cuando invoca la atribución del precitado artículo 17, numeral 14, del Decreto Ley 272 de 2000.

Sin embargo, no puede perderse de vista, como ya se analizó precedentemente, que esa facultad del auditor general para expedir las normas acusadas, con el objeto de asignar competencias dentro de la auditoría general de la República, responde a la autonomía administrativa y jurídica, que se predica de dicho organismo de control.

En segundo término, cabe precisar que el auditor general de la República cuando asignó competencias al interior de la auditoría general de la República, a través de los artículos acusados de la Resolución Orgánica 8 de 3 de agosto de 2011, en ejercicio de la atribución conferida por el Decreto-Ley 272 de 2000 y de la habilitación legislativa otorgada por la precitada Ley 573, en concordancia con la citada norma de la Constitución Política, estaba desarrollando la facultad de dictar reglamentos o actos administrativos de contenido general o de reglamentación de segundo grado, la cual se circunscribe a las materias que expresamente le señala Ley, así como a los decretos o reglamentos que expida el Presidente de la República.

Empero, el auditor general no estaba ejerciendo la potestad reglamentaria, prevista en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política, la cual es exclusiva del Presidente de la República, no necesita autorización legal y puede recaer sobre todo el articulado de la Ley, mientras esté vigente, en la medida que sea necesaria para su cabal ejecución y cumplimiento.

En tratándose de la facultad de reglamentación de segundo grado, la Sección Primera de esta corporación en sentencia de 13 de septiembre de 2007 (exp. 11001-03-24-000-2002-00254-01, actor: Carlos Arturo Orjuela Góngora, Consejero Ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade) señaló:

“En sentencia de 23 de mayo de 2002, al examinar análoga temática en relación con actos reglamentarios expedidos por el director de la DIAN, la sala caracterizó la facultadreglamentaria de los directores de departamentos administrativos para expedir actos administrativos decarácter general en asuntos de su especialidad. Serefirió a esta como una facultad reglamentaria desegundo grado en tanto se ejerce con sujeción a laley y al reglamento. Las consideraciones allí expuestas son enteramente aplicables a la facultad reglamentaria que ejercen los ministros como jefes de la administración en el sector y sistema a que pertenece su dependencia. Dijo la sala:

“La acusación fundamental es la de que con la expedición de esa resolución, la Directora General de Impuestos y Aduanas Nacionales está ejerciendo la potestad reglamentaria que el artículo 189, numeral 11, le atribuye de manera exclusiva al Presidente de la República, por cuanto el objeto reglamentado es un decreto reglamentario especial, de ley marco, de modo que dicha funcionaria carece de competencia para ello, puesto que no le ha sido delegada y es exclusiva del Presidente de la República. La Sala observa que esa argumentación de la actora, con la cual coincide el Ministerio Público, no es acertada, puesto que es evidente que la resolución enjuiciada no está reglamentando una ley o una norma con fuerza de ley, que es el objeto propio de la potestad reglamentaria, la cual constitucionalmente está en cabeza del Presidente de la República, como cláusula general de competencia en relación con todas las normas de esa jerarquía jurídica, en cuanto justamente está prevista “para la cumplida ejecución de las leyes”. (…) En este sentido le asiste razón a la entidad demandada al advertir que no se está ejerciendo la potestad reglamentaria consagrada en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política. (…) La Sala la ha considerado como unareglamentación de segundo grado o derivada,para distinguirla de la que se hace paradesarrollar directamente la ley o normas confuerza de ley como las contenidas en losdecretos leyes(2).

Las competencias de reglamentación de lasautoridades deben interpretarse sistemática yteleológicamente, a la luz de la concepción dela administración pública y del Estado UnitarioColombiano plasmada en la ConstituciónPolítica, de los principios que rigen la funciónadministrativa conforme al artículo 209 C.P., yen consonancia con los lineamientos trazadosen la Ley 489 de 1998 para la función administrativa y la administración pública. 

[…].

Su premisa es la imposibilidad material de queel Presidente de la República ejerza de manerapersonal todas y cada una de las facultades dereglamentación necesarias para el desempeñode la administración pública. 

Ante esta realidad incontrovertible, la puesta en marcha de esquemas y estrategias de descentralización, delegación y desconcentración, así como la conformación de sectores y de sistemas sectoriales de gestión se hace imprescindible para que la función administrativa pueda desarrollarse con fundamento en los principios de celeridad, eficacia y economía, conforme lo preceptúa el artículo 209 C.P. y para que sirva a la comunidad, promueva la prosperidad general y haga efectivos los fines estatales previstos en el artículo 2º ídem.

Es común a estos institutos jurídicos el objetivo de facilitar el ejercicio de la función administrativa con fundamento en los principios fijados por el artículo 209 C.P. Se trata de modalidades organizacionales arbitradas en la Constitución para el ejercicio de la función administrativa.

El principio del efecto útil de las normas obliga a desechar esa interpretación pues de acogerse, se haría nugatoria la competencia que constitucionalmente corresponde a los ministros conforme al artículo 208 de la Constitución (…).

La administración pública requiere día a día deuna más ágil capacidad para satisfacer lasdemandas ciudadanas. Ello supone que elproceso de toma de decisiones y de ajuste a lascondiciones cambiantes de las políticaspúblicas se haga a través de procedimientoságiles”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por consiguiente, fue en ejercicio de la facultad de reglamentación de segundo grado y a la luz de las disposiciones legales antes enunciadas, que el auditor dictó las normas contenidas en el acto administrativo parcialmente acusado, con relación a la asignación de competencias al interior de dicho organismo de control.

En tercer término, debe ponerse de presente que las normas acusadas no desbordan las facultades del auditor ni suplen la Ley, ni sobrepasan los lineamientos dispuestos en las normas que le sirven de fundamento, en tanto que las asignaciones de competencias al auditor delegado para la vigilancia de la gestión fiscal y al director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva para adelantar indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorios y de jurisdicción coactiva al interior de la auditoría general de la República habían sido otorgadas directamente por una norma con fuerza de ley preexistente, esto es, el Decreto-Ley 272 de 2000.

En efecto, las referidas funciones que fueron delegadas a través de los artículos 1º, 2º y 3º de la resolución acusada se encuentran acordes y deben ser interpretadas sistemáticamente con las funciones que para dichas dependencias atribuyen los artículos 23, numeral 4º, y 25 del citado Decreto-Ley 272, que son del siguiente tenor:

“ART. 23.—Funciones de la auditoría delegada para la vigilancia de la gestión fiscal. Son las siguientes:

[…].

4. Adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias, los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, de conformidad con la asignación de competencias ytareas internas que efectúe el auditor general”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

[…].

“ART. 25.—Funciones de la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Son las siguientes:

[…].

5. Adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias, los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de su competencia, de conformidad con las disposicionesque al efecto dicte el auditor general. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tanto, no queda duda que son las normas antes enunciadas las que señalaron que la auditoría delegada para la vigilancia de la gestión fiscal y la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva deben cumplir sus funciones “de conformidad con la asignación de competencias y tareas que efectúe el auditor general”, conforme se hizo a través de las disposiciones demandadas.

Así las cosas, no le asiste razón a la actora cuando sostiene que el auditor general no tenía competencia para expedir las normas acusadas, habida cuenta de que reguló lo relativo a la asignación de competencias al interior de dicho organismo de control, con sujeción a la ley y al reglamento, sin rebasar el ámbito de regulación normativa de una y otra.

El segundo cargo, se refiere a que el auditor al expedir las disposiciones acusadas, mediante las cuales se asignan competencias al interior de la auditoría, violó la reserva de ley, a la que está sometida dicha materia.

La Sala estima que el cargo en estudio tampoco tiene vocación de prosperidad.

Como se puso de presente anteriormente, de las normas antes citadas, fundamento de las los artículos demandados de la Resolución Orgánica 8 de 3 de agosto de 2011, resulta evidente que la asignación de competencias realizada al interior de la auditoría general de la República, a través de dichas normas acusadas, es un asunto expresamente atribuido al auditor por una norma con fuerza de ley, esto es, por el precitado Decreto-Ley 272, el cual, a su vez, desarrolló una competencia expresamente atribuida por la Constitución Política y la ley.

Al ser un asunto expresamente confiado al auditor general por la Constitución, la ley y el citado Decreto-Ley, debe entenderse que se trata de una materia que no tenía que ser desarrollada exclusivamente por el legislador; es decir, que no correspondía al dominio o reserva de la ley.

El tercer cargo, es el relativo a que el auditor general de la República no podía a través de un acto administrativo simple modificar la competencia que le fue asignada por la Constitución Política y la ley.

Al respecto, la sala advierte que tampoco está llamado a prosperar, pues conforme se demostró precedentemente fue directamente el artículo 17, numeral 14, del Decreto-Ley 272 de 2000, invocado como fundamento de la resolución demandada, el que le confirió de manera expresa al auditor general la facultad reglamentaria de segundo grado o de dictar actos administrativos de contenido general, para asignar las referidas competencias al auditor delegado para la vigilancia de la gestión y al director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.

Ello, en consonancia con el artículo 6º, ibídem, el cual establece:

“ART. 6.—Autonomía administrativa, jurídica, contractual y presupuestal. En ejercicio de laautonomía administrativa le corresponde a la auditoría general de la República definir todos los aspectosrelacionados con el cumplimiento de sus funciones, deconformidad con los principios consagrados en laConstitución, ley y el presente decreto. 

Corresponde al auditor general suscribir en nombre yrepresentación de la entidad los actos y contratosrequeridos para el cabal cumplimiento de susfunciones, sin perjuicio de la delegación que para el efecto realice, de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto de contratación de la administración pública, por este decreto y las demás normas vigentes sobre la materia (…)”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

El cuarto cargo es el concerniente a que las disposiciones acusadas despojan al auditor general de la República de la competencia asignada por la Constitución y la ley, para conocer de los procesos de responsabilidad fiscal, administrativo sancionatorios y de jurisdicción coactiva al interior de la auditoría general de la República.

La sala considera que este cargo tampoco está llamado a prosperar, habida cuenta de que el auditor general se encontraba facultado para asignar las referidas competencias al auditor delegado para la vigilancia de la gestión y al director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, con fundamento en las antes citadas normas legales, en consonancia con la autonomía administrativa y jurídica, que se predica de dicho órgano de control, y en virtud de la facultad de delegación de funciones, otorgada por el artículo 12 del Decreto-Ley 272 de 2000, en concordancia con el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, que son del siguiente tenor:

“Decreto-Ley 272 DE 2000

(Febrero 22)

[…].

“ART. 12.—Delegación y desconcentración de funciones. El auditor general de la República, deconformidad con la Ley 489 de 1998, podrá delegar susfunciones en servidores públicos de los nivelesdirectivo y asesor, quienes le reportarán la forma y resultados de su actividad, sin perjuicio de lo establecido para estos efectos en la Ley Orgánica del Presupuesto y en la Ley 80 de 1993. Así mismo, podrá desconcentrar y delegar en las gerencias seccionales el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal, con sujeción a lo previsto en normas especiales”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

“Ley 489 de 1998

(Diciembre 29)

“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

[…].

“ART. 9º—Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades queposean una estructura independiente y autonomíaadministrativa podrán delegar la atención y decisión delos asuntos a ellos confiados por la ley y los actosorgánicos respectivos, en los empleados públicos de losniveles directivo y asesor vinculados al organismocorrespondiente, con el propósito de dar desarrollo alos principios de la función administrativa enunciadosen el artículo 209 de la Constitución Política y en lapresente ley.

PAR.—Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

De conformidad con la normativa antes transcrita, el auditor general, al ser representante legal de una entidad con una estructura independiente y autonomía administrativa, como la auditoría general de la República, podía delegar la atención y decisión de los asuntos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados del nivel directivo vinculados a dicho organismo, como en efecto, lo hizo a través de las disposiciones acusadas.

Sobre el particular, cabe mencionar que tanto el auditor delegado para la vigilancia de la gestión, como el director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, a quien le fueron asignadas las funciones mediante las normas acusadas, son empleados del nivel directivo de la auditoría general, conforme lo deja traslucir el artículo 13 del Decreto-Ley 272 de 2000, cuando establece:

“ART. 13.—Objetivos de los órganos superiores de dirección y administración. Son objetivos de los ÓrganosSuperiores de Dirección y administración:

[…].

7. Despacho del auditor delegado para la vigilancia de la gestión fiscal. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las actividades necesarias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, de conformidad con las directrices establecidas por el auditor general de la República y participar en la formulación de los planes, programas y proyectos de la entidad.

[…].

9. Dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Dirigir, desarrollar y controlar el conjunto de actuaciones tendientes a establecer la responsabilidad fiscal de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de control sujetos a la vigilancia de la auditoría general de la República; adelantar el proceso de jurisdicción coactiva y efectuar el cobro que corresponda, de acuerdo con la Constitución, las leyes y las directrices impartidas por el auditor general, así como participar en la formulación de los planes, programas y proyectos de la entidad”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Además, es menester advertir que el auditor general cuando delega, puede en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la citada Ley 489, en concordancia con el artículo 211 de la Constitución Política, “en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo”, lo cual descarta el argumento del presunto desprendimiento de sus funciones.

En atención a lo anterior, resulta acertada la providencia de 14 de julio de 2016 (Consejera Ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), mediante la cual, en este proceso, se resolvió el recurso ordinario de súplica y se denegó la suspensión provisional de los efectos de las disposiciones acusadas(3).

Al efecto, se sostuvo en la mencionada providencia:

“[…] ningún impedimento existe para que la auditoría delegada para la vigilancia de la gestión fiscal y la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, auxilien al auditor general de la República en el cumplimiento efectivo de las funciones asignadas por la Constitución y la ley en la entidad”.

[…].

Visto lo anterior, considera la sala que las funciones que se delegaron en la resolución orgánica acusada deben interpretarse sistemáticamente con los artículos 23 y 35 del Decreto-Ley 272 de 2000, pues como quedó analizado, estas además de autorizar la delegación de funciones atribuidas al auditor general de la República, autorizan a la auditoría delegada y a la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para adelantar actuaciones administrativas sancionatorias, los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.

Para la sala, de aceptarse que el auditor general de la República está imposibilitado para delegar en las dependencias internas de la entidad la competencia que a él le fue asignada, obstruiría el cumplimiento de las funciones propias de la entidad, pues resulta impensable que el líder máximo de la Institución pueda encargarse que cuando la Constitución y la ley le asignan la función de conocer de los procesos de responsabilidad fiscal, administrativos sancionatorios y de jurisdicción coactiva, tal asignación de competencias se radica en el órgano o entidad y, por ende, en las dependencias que integran sus estructura orgánica.

En lo atinente a la referencia que hace la actora de la Sentencia C-866 de 1999 (Magistrado Ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa), a fin de sustentar sus argumentos respecto del vaciamiento de competencias del auditor general, debe precisarse que ella alude a la asunción de funciones administrativas por los particulares y, por lo tanto, no resulta aplicable al caso concreto, el cual versa sobre la asignación de funciones a empleados del nivel directivo vinculados a un organismo de control estatal, como lo es, la auditoría general de la República.

Y respecto de la posible violación del debido proceso, la sala observa que no se vislumbra en este caso, pues las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia aparecen válidas para demostrar que la asignación de competencias, a través de las disposiciones acusadas, al auditor delegado para la vigilancia de la gestión y al director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, se realizó de conformidad con la ley, vale decir, de acuerdo con las citadas normas, la facultad de delegación de funciones y en consonancia con la autonomía administrativa y jurídica, que se predica de la auditoría general de la República.

En conclusión, la sala considera que no se violaron las normas legales invocadas por la actora, razón suficiente para que se mantenga la presunción de legalidad que ampara las disposiciones acusadas y no se acceda a las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

2 C.P. Manuel Urueta Ayola. Exp. 7536.

3 Previamente, a través de proveído de 5 de febrero de 2015, la Sala Unitaria de esta Sección (Consejera Ponente María Elizabeth García González) decretó la suspensión provisional de los efectos de los artículos 1º, 2º y 3º de la resolución demandada, al considerar que la distribución organizativa adoptada mediante dicho acto acusado, no puede reemplazar o contradecir la función de la gestión fiscal que ha sido encomendada, por la Constitución y la ley al auditor general y no a sus delegados o dependencias de la entidad.