Sentencia 2014-00460/1481-2016 de diciembre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente:

Dr. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Rad.: 68001-23-33-000-2014-00460-01 (1481-16).

Actor: Yaneth Reina

Demandado: Departamento y Contraloría de Santander.

Proceso: Ejecutivo

Asunto: Apelación de la sentencia de excepciones. Ordenó seguir adelante la ejecución

Bogotá D.C., doce de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

Competencia.

El artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, en cuanto a la competencia del Consejo de Estado, dispone:

“ART. 615—Modifíquese el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

“ART. 150.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia (…)” (Se resaltó).

De acuerdo con la norma transcrita, el Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación que se presentó contra la sentencia que resolvió las excepciones formuladas por la Contraloría y Departamento de Santander, toda vez que en segunda instancia conoce de las apelaciones contra las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos.

Procedencia.

En relación con la procedencia del recurso de apelación para el caso de la referencia, se observa que el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a las providencias apelables, dispone:

“ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos (…)”.

Se trata en este caso del recurso de apelación que la parte demandada presentó contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual no se prosperaron las excepciones formuladas por la parte ejecutada, esto es, El Departamento y la Contraloría de Santander, contra el mandamiento de pago librado en favor de la señora Yaneth Reina, por tanto, al estar comprendido dentro del inciso 1º del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, es procedente el recurso de apelación.

Entonces, siendo competente la corporación y proceder el recurso de apelación que se interpuso en este asunto contra la sentencia que resolvió las excepciones, se procede a su estudio y decisión.

El problema jurídico.

En el presente caso, se observa que de acuerdo con los cargos formulados a la sentencia de excepciones, el problema jurídico consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander proferida el 31 de marzo de 2008, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantado por la señora Yaneth Reina contra el Departamento y la Contraloría de Santander, por medio de la cual se anuló el Decreto 401 de 30 de diciembre de 1999, mediante el cual se suprimió el cargo de Revisor 550 de la planta de personal de la contraloría de ese ente territorial y como consecuencia se ordenó el restablecimiento del derecho, ya fue cumplida por la parte demandada.

Para efectos de la resolución del problema jurídico planteado, se desarrollará la siguiente metodología: (i) Se analizará el contenido de la sentencia que es el título ejecutivo objeto de recaudo; (ii) El título ejecutivo; (iii) La obligación de pagar sumas de dinero; (iv) La obligación de hacer; y (v) el estudio del caso concreto, en el que se analizará la prueba allegada al proceso con la finalidad de establecer si el a quo debió acoger las excepciones formuladas, o, como en efecto lo hizo, ordenar que siguiera adelante la ejecución.

La Sentencia que anuló el acto de retiro y el consecuente reintegro de la demandante.

El 31 de marzo de 2008, el Tribunal Administrativo de Santander(11) profirió sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que la señora Yaneth Reina inició contra el Departamento y la Contraloría de Santander por la expedición del Decreto 401 de 30 de diciembre de 1999, por medio del cual se suprimieron cargos dentro de la planta de personal de la entidad, entre ellos, el ocupado por la actora como Revisor 550, el cual desempeñaba desde el 26 de abril de 1993.

La Sentencia de 31 de marzo de 2008 dispuso que el Departamento de Santander - Contraloría Departamental de Santander debían reintegrar a la demandante a su empleo y pagarle los sueldos, prestaciones sociales, emolumentos y demás haberes laborales causados y dejados de percibir, sin solución de continuidad, desde la desvinculación laboral hasta el reintegro efectivo, y que se debía descontar el monto de la indemnización que recibió por supresión del cargo ocupado.

Igualmente, ordenó que la condena debía ser indexada, en los términos del artículo 178 del Decreto 1º de 1984, y que entre la fecha de retiro y el reintegro, no existió solución de continuidad en la prestación del servicio como tampoco se cambió la naturaleza jurídica de empleada en carrera administrativa.

En conclusión, la condena impuesta a la parte demandada se resume en que se anuló el acto de retiro del servicio activo, se ordenó el reintegro al mismo cargo, o a otro de igual o superior categoría, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir debidamente indexados, según las previsiones del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, y que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio. A lo anterior, se contrae el título ejecutivo derivado, en este caso, de una sentencia judicial, el cual se pretende hacer efectivo a través de la presente demanda ejecutiva.

El Título Ejecutivo.

En este punto, la Sala hará referencia al contenido del artículo 422 del Código General del Proceso y al artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, en donde se define el título ejecutivo y se señalan las providencias que tienen tal característica, respectivamente.

Pues bien, el artículo 422 del Código General del Proceso al referirse al título ejecutivo, dice:

“ART. 422.—Títulos Ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley (Se resaltó).

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”.

Y el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, señala los actos que constituyen título ejecutivo:

“ART. 297.—Título ejecutivo. Para efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

“1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias (…)”.

Conforme a las normas anteriores, se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones:

1. Obligaciones expresas, claras y exigibles.

2. Que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción.

3. Que constituyan plena prueba contra él.

La definición contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso permite inferir que hay requisitos de forma y de fondo, siendo los primeros “que se trate de documentos que (…) tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquél sea heredero de éste”(12) y los segundos, “que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero”(13).

Ahora, en relación con los requisitos de fondo del título ejecutivo, la doctrina(14) ha señalado los siguientes: 1) Que la obligación sea expresa, 2) Que sea clara y, 3) Que sea exigible.

“(…) La obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del contenido del título, sea que consista ésta en un solo documento o en varios que se complementen formando una unidad jurídica. Faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógicos jurídicos, considerándola una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta.

Pero existen ciertas consecuencias del incumplimiento de la obligación expresa, que por consagrarlas la ley no hace falta que aparezcan en el título, como la de pagar intereses durante la mora al mismo que la misma ley consagra y la de indemnizar los perjuicios que por ese incumplimiento sufra la otra parte; esas consecuencias se deben considerar como parte de la obligación consignada en el título, aun cuando este no las mencione.

La obligación es claracuando además de expresa aparece determinada en el título en cuanto a su naturaleza y sus elementos (objeto, termino o condición y si fuere el caso su valor líquido o liquidable por simple operación aritmética), en tal forma que de su lectura no quede duda seria respecto de su existencia y sus características.

Obligación exigible es la que debía cumplirse dentro de un término ya vencido, o cuando ocurriera una condición ya acaecida, o para la cual no se señaló termino y cuyo cumplimiento solo podía hacerse dentro de cierto tiempo, que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición (Código civil, artículos 1680 y 1536 a 1542). Por eso, cuando se trate de obligación condicional, debe acompañarse la plena prueba del cumplimiento de la condición.

Cuando la obligación no debía cumplirse necesariamente dentro de cierto tiempo, ni se estipulo plazo o condición, será exigible ejecutivamente en cualquier tiempo, a menos que la ley exija para el caso concreto la mora del deudor, pues entonces será indispensable requerirlo previamente, como dispone el ordinal 3º del artículo 1608 del código civil; es decir, salvo el caso de excepción mencionada (que la ley la exija) no se requiere la mora para que la obligación sea exigible y pueda cobrarse ejecutivamente, si el otro título reúne los otros requisitos.”(15)

Así, pues, quien pretenda que se libre mandamiento de pago, debe aportar el correspondiente título ejecutivo, el cual debe ser suficiente para acreditar los requisitos de forma y de fondo referidos en precedencia.

Pues bien, la Sala considera necesario señalar, contrario a lo que se afirmó en la oposición a la demanda por parte de los ejecutados, que la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Santander, reúne los requisitos de fondo y de forma, de acuerdo con lo previsto por el artículo 422 del Código General del Proceso y el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, por tanto, no son de recibo los argumentos en cuanto señalan que la misma carece de las condiciones para ser un título ejecutivo, pues, de acuerdo con lo que disponen esas normas, las sentencias, debidamente ejecutoriadas, proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo constituyen título ejecutivo.

Entonces, conforme a lo analizado en precedencia, se procederá en seguida al estudio del contenido del mandamiento de pago librado en favor de la señora Yaneth Reina y en contra el Departamento de Santander - Contraloría de Santander.

La Orden Impartida en el Mandamiento Ejecutivo.

Mediante la providencia de 1 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Santander libró mandamiento de pago, de la siguiente forma: A la Contraloría del Departamento de Santander le ordenó:

1. Pagar la suma de $130.198.309 por concepto del saldo impagado de la obligación dineraria ordenada; el 12% de salario como aporte patronal para pensiones y el 8.5% de aporte patronal para salud, descontando el monto abonado. Además el pago de intereses desde el 20 de octubre de 2011, fecha del abono parcial, y hasta cuando se haga el pago de la obligación.

2. Por los salarios, factores salariales, prestaciones sociales, cesantías retroactivas, y demás emolumentos correspondientes al cargo que ocupaba la ejecutante en la Contraloría Departamental, desde el 20 de octubre de 2011, y hasta el reintegro laboral y pago completo de la obligación respectiva, y se paguen sobre las anteriores sumas los intereses correspondientes, hasta el pago efectivo de la obligación.

3. Reintegrar a la ejecutante, sin solución de continuidad, al cargo que ocupaba en la Contraloría Departamental, o a otro de igual o superior jerarquía, en los términos de la sentencia que se ejecuta.

De manera subsidiaria, el mandamiento de pago dijo que se pagara la indemnización compensatoria del eventual no reintegro, por la suma de $355.438.824.62, más el 12% del salario como aporte patronal para pensiones y el 8.5% de aporte patronal para salud.

Ahora, al Departamento de Santander el mandamiento ejecutivo le ordenó cumplir las anteriores obligaciones en el término de 5, conforme a lo dispuesto en los artículos 431(16) y 433(17) del Código General del proceso.

Pues bien, del análisis y contenido del mandamiento ejecutivo, la Sala observa que allí se impuso a la entidad ejecutada obligaciones de hacer y de pagar una suma de dinero, la primera referida al reintegro en el cargo que la ejecutante ocupaba al momento de llevarse a cabo la reforma administrativa en el Departamento de Santander y que dispuso la supresión del empleo que ella desempeñaba; la segunda, la obligación de pagar, que en el sub lite, se refiere al monto de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos propios del cargo.

En este orden de ideas, se considera pertinente hacer alusión a cada una de las obligaciones que de acuerdo con el mandamiento de pago, las entidades ejecutadas deben cumplir.

Qué es una Obligación de Hacer?

La obligación de “hacer” es aquella en que el deudor se obliga a realizar un hecho, cuyo objeto prestacional consiste en que el deudor debe realizar alguna acción a favor del acreedor.

De acuerdo con el artículo 433 del Código General del Proceso, para hacer efectiva la obligación de hacer, se procederá así:

“ART. 433—Obligación de Hacer. Si la obligación es de hacer se procederá así:

1. En el mandamiento ejecutivo el juez ordenará al deudor que se ejecute el hecho dentro del plazo prudencial que le señale y librará ejecución por los perjuicios moratorios cuando se hubieren pedido en la demanda.

2. Ejecutado el hecho se citará a las partes para su reconocimiento. Si el demandante lo acepta, no concurre a la diligencia, o no formula objeciones dentro de ella, se declarará cumplida la obligación; si las propone, se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo anterior.

3. Cuando no se cumpla la obligación de hacer en el término fijado en el mandamiento ejecutivo y no se hubiere pedido en subsidio el pago de perjuicios, el demandante podrá solicitar, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de dicho término, que se autorice la ejecución del hecho por un tercero a expensas del deudor; así se ordenará siempre que la obligación sea susceptible de esa forma de ejecución. Con este fin el ejecutante celebrará contrato que someterá a la aprobación del juez.

4. Los gastos que demande la ejecución los sufragará el deudor y si este no lo hiciere los pagará el acreedor. La cuenta de gastos deberá presentarse con los comprobantes respectivos y una vez aprobada se extenderá la ejecución a su valor”.

Pues bien, aplicando el contenido normativo del artículo 433 del Código General del Proceso al presente asunto, la obligación de hacer consiste en que el Departamento de Santander y la Contraloría de Santander deben reintegrar a la señora Yaneth Reina, en el cargo del cual fue retirada por supresión del mismo, pero que luego al efectuarse el estudio de legalidad de la decisión de la administración, se encontró que debía ser anulada y ordenarse el reintegro.

Qué es una Obligación de Pagar sumas de dinero?

Se trata de una obligación jurídica en la cual una de las partes la deudora transfiere el dominio o la tenencia de una cosa, o se constituye un derecho real sobre ella, o se transfiere solo el uso o tenencia de ella, o se restituye a su dueño, vale decir, al acreedor.

Según el artículo 431 del Código General del Proceso, la obligación de pagar sumas de dinero se circunscribe a la entrega del acreedor de una suma determinada de dinero, la cual debe ser cubierta por el deudor en el término de 5 días, con los intereses desde que se hicieron exigibles y hasta la cancelación de la deuda.

Para el caso sub examine, consiste en pagar a la señora Yaneth Reina, los sueldos y prestaciones sociales dejados de devengar desde la fecha en que fue retirada y hasta cuando se haga efectivo el reintegro al cargo del que fue desvinculada, de acuerdo con la sentencia y el auto de mandamiento ejecutivo, lo cual debió hacer dentro de los 5 días siguientes a la notificación de dicho mandamiento.

Ahora, efectuadas las precisiones anteriores, se procede a continuación al estudio y análisis de la situación fáctica y jurídica que presenta el proceso, para lo cual se tendrá en cuenta la prueba que obra en el plenario.

El Caso Concreto. Las Pruebas.

En este orden de ideas se procede, entonces, al estudio y análisis de la prueba documental allegada al proceso con la finalidad de resolver el problema jurídico planteado, esto es, establecer si la Sentencia proferida el 31 de marzo de 2008, por el Tribunal Administrativo de Santander fue cumplida por el Departamento y la Contraloría de Santander. En ese objetivo, la Sala verificará con los documentos aportados si como lo afirma la parte ejecutada, la obligación de pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos propios del cargo que ocupaba la demandante ya fueron satisfechos, es decir, si la obligación de pago se ha cumplido.

Como se ha señalado en varias oportunidades en este proveído, la sentencia que conforma el título ejecutivo condenó al Departamento y a la Contraloría de Santander a que, además del reintegro al cargo, se le debía pagar todo lo dejado de percibir desde cuando fue retirada del mismo y hasta que el reintegro fuera efectivo.

Pues bien, en la intención de establecer si la parte ejecutante cumplió la orden contenida en la sentencia y que se sintetiza en el mandamiento ejecutivo, se procederá a verificar y valorar cada uno de los documentos que en tal sentido se encuentren en el expediente.

1. Obra en el proceso copia de la Resolución(18) 16768 de 13 de octubre de 2011 expedida por el Secretario General del Departamento de Santander, “por medio de la cual se reconoce una cuenta”. En este documento se observa que en su parte considerativa se alude a los motivos por los cuales se emite ese acto, pues, allí se refiere al hecho del retiro de la actora del cargo de Revisor 550, a la iniciación del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho y a la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que anuló la decisión que retiró a la actora de su cargo.

2. El mismo documento(19), esto es la Resolución 16768 de 13 de octubre de 2011, refiere que mediante la Resolución 572 de 8 de julio de 2011, la Contraloría General de Santander acepta y ordena el cumplimiento del fallo del Tribunal Administrativo de Santander.

3. Se observa, igualmente(20), en el numeral 8 de la resolución en comento, que allí se consigna lo siguiente: “Que existe liquidación de salarios y prestaciones sociales indexados e intereses a favor de Yaneth Reina, debidamente elaborada por el señor Néstor Jesús Díaz Castrillón, Profesional Especializado de la Contraloría General de Santander, y revisada por el Gerardo Arciniegas Avendaño funcionario adscrito al Área de nómina del Grupo de Administración de Personal del Departamento de Santander, por el período comprendido del 4 de enero de 2000 al 30 de septiembre de 2011…” Se resaltó).

4. Mediante la Resolución 16768(21) de 13 de octubre de 2011, el Departamento de Santander reconoció en favor de Ignacio Andres Bohórquez, apoderado de Yaneth Reina, la suma de $256.995.156, por concepto de salarios y prestaciones sociales indexados, por el período comprendido entre el 4 de enero de 2000 al 30 de septiembre de 2011, en cumplimiento de la sentencia de condena impuesta.

5. Obra, igualmente, la liquidación(22) de la indexación de las prestaciones sociales de la ejecutante a 30 de septiembre de 2011, de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor, mes por mes, desde enero de 2001 hasta el año 2011, lo cual arrojó la suma de $256.995.156, en donde se incluyen cesantías definitivas e intereses moratorios.

6. El apoderado de la parte ejecutante, mediante escrito(23) dirigido al Secretario General de la Gobernación de Santander, interpuso recurso de apelación contra la Resolución 16768 de 13 de octubre de 2011, pues, en su sentir, dentro de la liquidación de la condena efectuada por la entidad había una diferencia de $18.838.096. Señala el recurso que la suma a consignar era de $275.833.252 y no $256.995.156.

7. Mediante la Resolución 18016 de 8 de noviembre de 2011, la Secretaría General del Departamento de Santander resolvió reconocer a la parte ejecutante, la suma echada de menos en la Resolución 16768 de 13 de octubre de 2011, esto es, $18.838.097, por concepto de salarios, prestaciones sociales, e intereses por el año 2009, los cuales no fueron incluidos en la resolución últimamente citada.

Pues bien, la Sala luego de estudiar y analizar el título ejecutivo, esto es, la Sentencia de 31 de marzo de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, y analizar cada uno de los documentos que se han relacionado en precedencia, llega a la conclusión de que la obligación impuesta a la parte demandada, Departamento y Contraloría de Santander, a través de la sentencia mencionada, se encuentra satisfecha. Lo anterior se establece de la información contenida en todos y cada uno de los documentos aportados con la demandan ejecutiva, en los que consta que el Departamento de Santander, por medio de la Resolución 16768 de 13 de octubre de 2011 pagó a la ejecutante, a través de su abogado, la suma de $256.995.156, por los salarios y demás emolumentos causados desde el 4 de enero de 2000 al 30 de septiembre de 2011, decisión que fue objeto del recurso de apelación presentado por el apoderado actor, al considerar que no se había incluido la suma de $18.838.096, correspondiente a las cesantías. El recurso se resolvió a favor de la ejecutante, y a través de la Resolución 18016 de 8 de noviembre de 2011, la Secretaría General del Departamento de Santander corrigió el error advertido y en consecuencia reconoció la suma de $18.838.097 por concepto de salarios, prestaciones sociales e intereses correspondientes al año 2009.

En este caso, le asiste razón al Departamento de Santander cuando afirma que se debió declarar probada la excepción de pago, pues, si se analiza la sentencia del a quo, por medio de la cual se resolvieron las excepciones, sin que ninguna de las propuestas tuviera prosperidad, no se ocupó en manera alguna de realizar un estudio respecto de la prueba aportada al proceso, como es el título ejecutivo, es decir, la sentencia y los actos emitidos por la entidad, lo mismo que las liquidaciones efectuadas, lo cual demuestra que efectivamente la condena impuesta a la entidad demandada, a través de la Sentencia de 31 de marzo de 2008 se cumplió, toda vez que si el Tribunal de instancia hubiese realizado una valoración probatoria a los documentos que obran en el proceso habría llegado a la conclusión a la que llega esta corporación, de acuerdo con la prueba, es decir, que la excepción de pago de la obligación debió declararse probada.

El estudio hecho por el a quo, en la sentencia de excepciones, está referido a la terminación anormal del proceso, de acuerdo con la figura de la transacción, en el punto relacionado con el reintegro de la demandante al cargo que ésta ocupaba cuando fue separada del servicio y al cual presentó renuncia a ser reintegrada; sin embargo, en el punto central de la excepción de pago propuesta por la ejecutada, el Tribunal Administrativo de Santander no efectuó análisis alguno a los documentos que obran en el expediente, los cuales prueban que la condena impuesta en la sentencia, se pagó en su totalidad. En consecuencia, la decisión de primera instancia será revocada en este punto para señalar que se declarará la prosperidad de la excepción de pago total de la obligación.

Sobre la obligación de “hacer”

En relación con este punto de la apelación, la Sala considera necesario revisar el contenido del título ejecutivo que se pretende hacer efectivo, lo que allí se dijo frente al reintegro de la actora y la prueba que obra en el proceso con la finalidad de establecer si le asiste razón a la entidad ejecutada en cuanto a su afirmación relacionada con la satisfacción de la orden contenida en la sentencia.

Pues bien, el origen de la obligación se remonta a la fecha de la expedición del Decreto 401 de 30 de diciembre de 1999, mediante el cual se suprimen algunos cargos de la Contraloría Departamental de Santander, entre ellos, el de Revisor 550, que ocupaba la señora Yaneth Reina, y que finalmente, luego de adelantarse el trámite correspondiente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 1º de 1984, se anuló el acto de retiro y se ordenó el reintegro, como lo dispuso la Sentencia de 31 de marzo de 2008 del Tribunal Administrativo de Santander.

En efecto, la mencionada Sentencia, en el numeral primero anuló el Decreto 401 de 30 de diciembre de 1999, y como consecuencia, en el numeral segundo, ordenó a la entidad demandada restablecer el derecho de la actora, esto es, reintegrarla al mismo cargo de Revisor 550 de la planta de personal de la Contraloría Departamental de Santander, con todos los derechos de carrera. También se dispuso que de la condena se descontara el monto de la indemnización que se le pagó por concepto de la supresión del cargo debidamente indexada.

De la lectura y análisis del título ejecutivo, se observa que allí no se dio la oportunidad a la demandante que pudiera renunciar al reintegro y en su lugar reclamar una indemnización, que es lo que ocurren en el sub lite, respecto de la orden de reintegro contenida en la Sentencia de 31 de marzo de 2008. La demandante en varias oportunidades presentó escritos ante la entidad renunciando al reintegro para en su lugar pedir una indemnización. Lo anterior, se establece de los siguientes documentos:

1. En un primero escrito(24) radicado el 6 de julio de 2011, el apoderado de la señora Yaneth Reina se dirige al señor Gobernador del Departamento de Santander para manifestarle que su poderdante renuncia al reintegro y al pago del 20% de los intereses moratorios que conforme al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo se han causado en su favor.

2. En un segundo escrito radicado el 7 de julio de 2011, la ejecutante hace idéntica manifestación, esto es, que renuncia a reintegrarse al cargo del que fuera retirada.(25)

3. Nuevamente(26), el 23 de septiembre de 2011, se radicó escrito dirigido al señor Gobernador de Santander, en el que la ejecutante manifiesta que renuncia al reintegro y al pago de los intereses.

4. Y, finalmente(27), obra otro oficio radicado el 29 de septiembre de 2011, dirigido al señor Gobernador del Departamento de Santander, por medio del cual la ejecutante insiste en la renuncia a su reintegro al cargo del que fuera retirada.

5. Las solicitudes presentadas por la ejecutante en el sentido de renunciar al reintegro en el cargo del que fuera separada, se respondieron a través de la Resolución 572 de 6 de julio de 2011. En el numeral 6 de las consideraciones, se dice lo siguiente: “…Que el 6 de julio el apoderado de Yaneth Reina radicó escrito en el cual manifiesta que la demandante desiste del reintegro judicial ordenado, supeditando dicha decisión a que el pago de la indemnización se efectúe antes del 31 de julio de 2011”. Y en la parte resolutiva del citado acto, se dijo: “Artículo Primero: Abstenerse de hacer efectivo el reintegro de la señora Yaneth Reina, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.356.585 expedida en Bucaramanga, de conformidad con la manifestación voluntaria efectuada en escrito radicado el día 6 de julio de 2011…”

Frente a los hechos anteriores que encuentran sustento probatorio en el proceso, la sentencia del Tribunal que resolvió las excepciones, no realizó ningún análisis puesto que solo se limitó a señalar que en cuanto a la excepción de hacer, esto es, el reintegro, no tiene vocación de prosperar teniendo en cuenta que según lo informado por la Contraloría General de Santander, dentro de la planta de personal están creados 7 cargos cuya denominación es “Auxiliar Administrativo 407, grado 1, los cuales se asimilan(28) al cargo de Revisor 550; y que de esos 7 cargos 6 están ocupados y uno ocupado en provisionalidad.

En relación con lo dicho por el a quo, sobre la existencia de 7 cargos de los cuales 6 están ocupados y uno provisto en provisionalidad, la documental aportada al proceso solo da cuenta de que el cargo de Revisor 550, en la nueva planta de personal pasó a denominarse Auxiliar Administrativo 407, grado 1, como lo informa la certificación que obra al folio 225 expedida por la Secretaría General de la Contraloría de Santander, sin embargo, en el plenario no existe prueba de que efectivamente exista un cargo vacante y con nombramiento en provisionalidad.

Ahora, la sentencia de excepciones hizo alusión a que en el mandamiento ejecutivo se ordenó el pago de la indemnización compensatoria, en subsidio del reintegro, y que el fundamento legal se encuentra en los artículos 426, 428 y 437 del Código General del Proceso.

Sobre este punto, se tiene que señalar por la Sala que no es de recibo lo dicho por el a quo, en lo que tiene que ver con la indemnización compensatoria ordenada en el mandamiento de pago, toda vez que el título ejecutivo, esto es, la Sentencia de 31 de marzo de 2008, por parte alguna habló de la citada indemnización, y no se puede librar mandamiento ejecutivo por una obligación que no está contenida en el título base de recaudo. Además, se debe tener en cuenta y resaltar que la parte ejecutante, de manera voluntaria y en varias oportunidades, presentó escritos dirigidos a la entidad ejecutada en los cuales manifestó que renunciaba al reintegro, lo cual se decidió y aceptó a través de la Resolución 572 de 8 de julio de 2011(29). Por tanto, no se puede pretender ahora reclamar una indemnización que si bien es cierto los artículos 426, 427 y 437 del Código General del Proceso pueden reconocer también lo es que la ejecutante de manera libre y voluntaria renunció.

La Sala considera inaceptable y por demás desproporcionado que el monto de la indemnización compensatoria sea tasado por el ejecutante sin que se indique cuál es la norma legal que permite reclamar la cantidad de dinero pretendido en la demanda ejecutiva, pues, allí solo se hacen unas cuentas bajo suposiciones de que la ejecutante percibiera determinado salario y llegase a trabajar hasta la edad de retiro forzoso. Si se aceptara que además del pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos, los cuales ascendieron a la suma de $275.835.253, se debe pagar la indemnización pretendida de $355.438.824.62, la condena a la entidad sería por una suma exagerada, es decir, $631.274.077.62, lo cual no corresponde con el salario y prestaciones que percibía la ejecutante a la fecha del retiro del servicio, esto es, $403.059 para el año 2000 y de $885.769, para el año en que se profirió la Sentencia, es decir, 31 de marzo de 2008. Además, se repite, en este caso no puede haber indemnización por el no reintegro, ya que la demandante de manera expresa renunció a él.

Sobre la indemnización compensatoria, la Sala considera necesario señalar en esta oportunidad, que la misma no podrá ser superior del monto resultante de la condena por el tiempo en que el empleado permaneció por fuera del cargo, como tampoco que se entienda como si el trabajador continuara laborando, que es lo que se infiere de la solicitud contenida en la demanda ejecutiva. Para su reconocimiento habrá de tenerse en cuenta cada caso particular y corresponde al juez, de acuerdo con la ley, hacer la estimación del monto correspondiente.

Por otra parte, la Sala considera que en el presente caso no ocurren los supuestos del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, es decir, que resulte imposible cumplir la orden de reintegro de la demandante, puesto que no hay prueba que señale que no se pueda realizar, ya que de acuerdo con la certificación del folio 225, dentro de la nueva planta de personal de la Contraloría existe el cargo de Auxiliar Administrativo 407, Grado 1, el cual se asimila al cargo de Revisor 550 del que fuera retirada la ejecutante.

Además, de lo anterior, se debe llevar a cabo el trámite previsto en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, que en la parte pertinente dice lo siguiente:

“…En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandada, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia que resuelva definitivamente el proceso, cuando resulte imposible cumplir la orden de reintegro del demandante al cargo del cual fue desvinculado porque la entidad desapareció o porque el cargo fue suprimido y no existe en la entidad un cargo de la misma naturaleza y categoría del que desempeñaba en el momento de la desvinculación, podrá solicitar al juez de primera instancia la fijación de una indemnización compensatoria…”.

Obsérvese cómo la norma dispone un trámite bien distinto al pretendido por la ejecutante y señala el requisito para pedir la indemnización compensatoria, es decir, la imposibilidad de reintegro, ya sea porque la entidad desapareció o el cargo fue suprimido, casos en los cuales, el interesado deberá dirigirse al juez de primera instancia para que éste fije el monto de la indemnización; por tanto, no es como se solicita en este caso que se renuncia al reintegro y luego se pide la indemnización compensatoria, pues, se trata de un trámite que está regulado en la ley, el cual no puede ser soslayado por las partes y menos por el juez.

Por todo lo anterior, la Sala concluye luego del estudio, análisis y valoración de las pruebas allegas al proceso, que las obligaciones contenidas en el título ejecutivo, esto es, la Sentencia de 31 de marzo de 2008, se encuentran satisfechas, por tanto, habrá de revocarse la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el día 6 de octubre de 2015, y como consecuencia declarar probadas las excepciones de pago y de hacer, relacionada esta última con el reintegro de la ejecutante al cargo que ocupaba, toda vez que ella renunció de manera voluntaria al mismo, como consta en las pruebas allegadas al proceso.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander proferida el 6 de octubre de 2015, en el proceso ejecutivo adelantado por la señora Yaneth Reina contra el Departamento y Contraloría de Santander, por medio de la cual se ordenó seguir adelante la ejecución, liquidar el crédito y se condenó en costas a la parte ejecutada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DECLARAR PROBADAS las excepciones de pago y de hacer (reintegro) formuladas por la parte ejecutada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. Devuélvase el proceso al Tribunal Administrativo de Santander, y déjense las constancias de rigor.

Aprobado en la sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

11. Folio 10

12. El Proceso Civil, parte especial, 7ª edición 1991, Págs. 822 a 824

13. ib.

14. Davis Echandía.

15. ib.

16. Pagos de sumas de dinero

17. Obligación de hacer

18. Folio 36

19. Folio 36

20. Folio 37

21. Folio 37

22. Folio 38 a 40

23. Folio 41 y siguientes

24. Folio 33 y 152

25. Folio 34 y 153

26. Folio 35 y 156

27. Folio 157

28. Folio 225

29. Folio 155