Sentencia 2014-00475 de julio 15 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según Acta 055 de la fecha

Rad.: 050011102000201400475 01

Ref.: Abogado en Apelación.

Denunciado: Juan Diego Daza Ocampo.

Denunciante: José Miller Cupitra Ramírez.

Primera Instancia: Sanción con Suspensión de 3 meses del ejercicio de la profesión y multa de 2 SMLMV.

Decisión: Confirma.

Bogotá, D.C., quince de julio de dos mil quince.

Asunto a Decidir.

Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto contra fallo proferido el 19 de septiembre de 2014, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Antioquia(1), sancionó con Suspension de Tres (3) Meses y Multa de Dos (2) SMLMV. al abogado Juan Diego Daza Ocampo, tras hallarlo responsable de las faltas establecidas en el literal i) del artículo 34 y numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, siendo dichas conductas endilgadas a título de dolo y culpa.

Hechos y Antecedentes Procesales.

Hechos. Mediante escrito de queja del 11 de marzo de 2014(2), el señor José Miller Cupitra Ramírez, manifestó haber contratado de manera verbal con el abogado Daza Ocampo, para diciembre del año 2009, el trámite de la pensión sobreviviente ante el Instituto de Seguros Sociales, a favor de la señora Reinalda Ramírez Ortegón, tras la muerte de su hermano Miller José Cupitra Ramírez, pactando como honorarios para el abogado, el 25% de lo obtenido a favor de la progenitora del quejoso.

Refirió que una vez recolectado y entregado el material probatorio solicitado por el abogado, transcurrió un tiempo requiriéndosele información, quien manifestaba que la gestión encomendada se encontraba en trámite; le expresó luego, que tras el cambio del Instituto de Seguros Sociales a Colpensiones, era necesario renovar algunos de los documentos ya entregados, lo cual señaló que se hizo completamente efectivo a principios y mediados del año 2012. Sin embargo, al transcurrir el tiempo sin noticia alguna, nuevamente requirió al abogado Daza Ocampo, sin obtener respuesta alguna, por lo que indagó en Colpensiones, donde le informaron no cursar ninguna solicitud en su nombre. El disciplinado le aseguró que el retardo obedecía al trámite y expedición de la correspondiente resolución por parte de la Corporación de Seguridad Social.

Tras los constantes requerimientos, para enero de 2014, el disciplinado procedió a entregarle un número de radicado, y acudió de inmediato a Colpensiones, donde le informaron que ese dato no correspondía al trámite de la pensión a favor de su progenitora, sino a una persona diferente, razón por la cual se comunicó con el abogado denunciado para que le explicara la situación, acordándose reunirse al día siguiente en la oficina del disciplinado, pero que desde dicha fecha, no ha obtenido ninguna respuesta, siendo imposible localizarlo telefónicamente como también en su oficina.

Anexó el quejoso a su escrito de denuncia de carácter disciplinario, copias de los documentos entregados al disciplinado(3).

Calidad de disciplinable. Previo a cualquier trámite se procedió a incorporar a la foliatura la certificación 04407-2014 del 27 de marzo de 2014(4), por medio de la cual la Unidad de Registro Nacional de Abogados, acreditó que el doctor Juan Diego Daza Ocampo, identificado con la C.C. 71.721.182, se encuentra inscrito con la T.P. 188.333, vigente, en la que además fueron reportadas las direcciones de oficina y residencia del querellado.

Apertura de investigación. El A quo mediante auto del 27 de marzo de 2014(5), conforme al artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el abogado Juan Diego Daza Ocampo, señalando la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional para el día 26 de agosto de 2014.

Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional. En la fecha referida con anterioridad(6), se instaló la correspondiente audiencia, con la asistencia del disciplinable y del quejoso; el Magistrado Instructor corrió traslado del expediente y la queja instaurada. Acto seguido el abogado Daza Ocampo rindió versión libre, manifestando que efectivamente la gestión se inició en el año 2010, en el cual instauró una acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales, toda vez que el quejoso no obtuvo respuesta de un derecho de petición donde solicitó a dicha entidad información sobre las semanas cotizadas por su hermano, Willer José Cupitra Ramírez; acción que manifestó haber sido concedida en primera instancia por el Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, mediante Sentencia del 4 de mayo de 2010, obteniéndose a través de dicho fallo la información solicitada inicialmente por el quejoso a través de su petición.

Manifestó que efectivamente solicitó al denunciante que allegara unos documentos necesarios para obtener la pensión a su progenitora, los que debieron renovarse en una ocasión, para el año 2012, debido a que presentaban enmendaduras; superado lo anterior, dijo que se percató de la existencia de una hija del causante, y de que la cónyuge presuntamente sufría de trastornos mentales, situación que podría variar la asignación de la pensión que se iba a solicitar, por lo que consideró necesario obtener mayor información, para tener plena claridad al momento de instaurar la reclamación prestacional.

Aseguró no haber acordado de manera verbal el pago del 25% de lo obtenido en la reclamación pensional, como honorarios profesionales, pues en su criterio ya había expirado el derecho tras la demora en la entrega de los documentos requeridos, los que fueron entregados en su totalidad hasta el año 2013, evidenciándose así una falta de interés al transcurrir cerca de 3 años para su consecución. Señaló no haber asignado en algún momento mandato para adelantar gestión ante Colpensiones, pues los únicos que se le otorgaron, lo fueron para instaurar acción de tutela y proceso de reclamación pensional ante el Instituto de Seguros Sociales. Dijo desconocer los testigos que señaló el quejoso en el escrito de queja, y que no solicitó dineros para tramitar dicho proceso.

Por último, expresó que dio por terminada su actuación, teniendo en cuenta que el quejoso dejó de suministrarle información verídica, como lo era la existencia de una hija del causante, como también de su cónyuge, por lo que, insistió, no presentó solicitud alguna ante la entidad del Instituto de Seguros Sociales. Reconoció además que no tenía la experiencia suficiente para adelantar la correspondiente solicitud de pensión de sobreviviente pues se graduó como abogado en el año 2010, y que solo había tramitado dos reclamaciones similares. Al ser indagado por el Magistrado Instructor sobre el conocimiento del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que señala de manera clara y precisa, quiénes son beneficiarios de la pensión, expresó que no conocía su contenido. Finalmente aportó documentos para que se tuvieran como acervo probatorio(7).

En la misma diligencia, y a solicitud del disciplinado, se escuchó al quejoso, señor José Miller Cupitra Ramírez, quien no solo se ratificó de su queja, sino que además señaló que tras la muerte de su hermano el 4 de febrero de 2009, acudió a contratar los servicios del profesional denunciado, asegurando que cuando advirtió algunas irregularidades en los documentos entregados, que fueron rechazados por la entidad prestacional, tuvo que volver a sacarlos, e hizo entrega al abogado en el año 2013; con relación a la presunta existencia de la hija del causante, aseguró que dicha niña no lo era y que su hermano tenía varias mujeres, pero que procedió a contárselo al disciplinado con anterioridad, prosiguiendo éste con el trámite. Por último, aseguró que hizo entrega de los documentos necesarios en el mes de mayo del año 2013.

Formulación de cargos. Finalizado el ciclo probatorio, se procedió por el A quo a formular pliego de cargos contra el investigado Juan Diego Daza Ocampo, por presuntamente desatender los deberes profesionales establecidos en los numerales 4 y 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, enmarcándose su presunta conducta disciplinable en las faltas consagradas en el artículo 34 literal i) y 37 numeral 1, ibídem, siendo endilgadas bajo la modalidad dolosa.

El cargo referido a la falta de capacitación del disciplinado, se endilgó, de acuerdo a lo relatado por el propio abogado investigado, al admitir que se había graduado en el año 2010, y que solo había conocido dos casos similares, por lo que consideró la Sala A quo que aparentemente el denunciado no tenía capacidad para atender el asunto encomendado, dejando de representar los intereses de su cliente de manera profesional. En cuanto a la falta a la debida diligencia profesional, se le enrostró al abogado investigado, toda vez que dejó de tramitar la gestión encomendada, pues a pesar de haber existido ciertamente algunos inconvenientes con el material probatorio solicitado a su cliente, éste efectivamente lo recibió para el año 2013, dejando de proceder a gestionar el trámite de la solicitud de pensión de sobreviviente, tal como lo refiere el mandato conferido.

Las conductas se le imputaron a título de dolo en primer momento, por que procedió a hacer entrega de un número de radicado diferente, para hacer creer a su cliente que adelantaba la gestión encomendada en Colpensiones, demostrando ello plenamente su negligencia y actuar doloso; además que debió actualizar sus conocimientos para tramitar la gestión encomendada.

Audiencia de juzgamiento. Se instaló el 1 de septiembre de 2014(8), con la asistencia del quejoso y del abogado disciplinado, Juan Diego Daza Ocampo, quien presentó sus correspondientes alegatos de conclusión.

Alegatos de conclusión. En síntesis, refirió que para el mes de agosto de 2013, le fue otorgado un nuevo mandato, el cual no se encuentra asignado por su parte, por lo cual solicitó se analice su procedencia, además de no existir constancia de entrega de los documentos allegados por el quejoso. Con relación al radicado que le entregó a éste, señaló que no es documento falso, sino que lo entregó de manera errada.

Decisión de Primera Instancia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante providencia del 19 de septiembre de 2014(9), declaró disciplinariamente responsable al abogado Juan Diego Daza Ocampo, tras hallarlo responsable de las faltas establecidas en el literal i) del artículo 34 y el numeral 1 del artículo 37 y de la Ley 1123 de 2007, siendo dichas conductas endilgadas a título de dolo y culpa respectivamente.

Luego de valorar el material probatorio recaudado, estimó la Sala A quo que, con relación a la falta establecida en el literal i) del artículo 34 del Estatuto Deontológico del Abogado, se halla incurso en ella, pues en su versión libre reconoció que no tenía la experiencia suficiente para adelantar la correspondiente solicitud de pensión sobreviviente dado que se graduó como abogado en el año 2010, otorgándosele el correspondiente mandato el 19 de abril de la misma anualidad; admitió también que sólo había tramitado dos reclamaciones similares; se cimentó también este cargo en el desconocimiento que manifestó el disciplinado del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que señala de manera clara y precisa quiénes son beneficiarios de la pensión. Todo ello llevó a concluir a la Instancia que el abogado denunciado no se encontraba capacitado para adelantar el trámite encomendado por la progenitora del quejoso, siendo su obligación actuar con lealtad con su cliente, exponiéndole si se encuentra plenamente capacitado el asunto por el cual se le va a contratar, siendo su deber actualizar sus conocimientos inherentes al ejercicio de la profesión.

La segunda de las faltas, contra la debida diligencia profesional, se le atribuyó toda vez que, de acuerdo al poder conferido por la progenitora del quejoso el 19 de abril de 2010, se le encomendó la gestión del reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de la señora Reinalda Ramírez Ortegón, tras el fallecimiento de su hijo, hermano del quejoso Willer José Cupitra Ramírez; gestión que no fue controvertida por el disciplinado en su versión libre, aceptando que efectivamente se le encomendó dicho proceso, así como el trámite de acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales por el desconocimiento del derecho de petición, el cual sí llevo a feliz término. Así las cosas, observó la Instancia que desde el otorgamiento el mandato y la instauración de queja, el 11 de marzo de 2014, el abogado denunciado no inició el trámite encomendado.

Expresó la Sala A quo que si bien es cierto existían personas con mejor derecho para reclamar la pensión, pues fue admitido por el quejoso, no exonera al disciplinado de responsabilidad, por cuanto debía saber qué hacer en dichos eventos: le correspondía estudiar si su poderdante podía o no ser beneficiaria de la pensión, analizar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y dar un concepto claro y preciso; igualmente consideró que bien pudo el abogado Daza Ocampo renunciar al mandato, lo que tampoco aconteció.

Tampoco fue de recibo la exculpativa de la demora en la entrega de los documentos por parte de su cliente, también convalidada la mora por el quejoso en su ampliación de la queja, pues una vez obtenido el material probatorio necesario para adelantar la gestión a mediados de agosto de 2013, para marzo de 2014, no había instaurado la reclamación pertinente, ni renunciado al mandato.

De la culpabilidad. Teniendo en cuenta que la falta contra la debida diligencia profesional es un comportamiento por naturaleza culposo, deducida la falta de cuidado del profesional en dar inicio a la gestión encomendado, y teniendo en cuenta que la formulación de cargos se le endilgó dicha falta a título de dolo, en aras de proteger las garantías procesales que le asisten al investigado, se degradó a culpa, al ser evidente que su omisión en el trámite de marras, dejándolo de iniciar sin justificación alguna.

Dosificación y sanción impuesta. Determina la primera instancia que la sanción es la consecuencia que debe enfrentar el disciplinado por haber inobservado los cánones éticos que regulan el ejercicio de la abogacía que le imponía unos deberes, entre otros, atender con absoluta diligencia sus encargos profesionales y falta de lealtad con su cliente.

Al estar descritas inequívocamente las conductas investigadas e imputadas al encartado, atendiendo a los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la sanción consagrados en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, consideró también el hecho de que el disciplinable para la época de los hechos no registraba antecedente disciplinario alguno, así como la circunstancia que se daba un concurso heterogéneo de faltas disciplinarias, cometidas a título de dolo y culpa, y atendiendo además los criterios de graduación establecidos en los artículos 45 de la Ley 1123 de 2007, se le sancionó al disciplinado con Suspensión en el Ejercicio de la Profesión Por el Término de 2 Meses y Multa de 2 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para el año 2014, a favor de esta Superioridad.

Del Recurso de Apelación.

Inconforme con la anterior decisión, el abogado Juan Diego Daza Ocampo, presentó escrito de apelación dentro del término señalado por la ley(10), mediante el cual solicitó la atenuación de la sanción impuesta, pues consideró que se está desconociendo el reconocimiento que manifestó en su versión libre acerca de no haber adelantado ningún trámite relacionado con la solicitud de pensión de sobreviviente en representación de la señora Reinalda Ramírez Ortegón; y por lo tanto, se dejó de aplicar a su favor el criterio de atenuación de acuerdo al artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, lo cual constituiría una violación a la normatividad disciplinaria.

Concesión del recurso de apelación. El Magistrado Instructor, mediante auto del 24 de octubre de 2014(11), concedió el recurso en el efecto suspensivo, al haber sido presentado y sustentado oportunamente, remitiendo el asunto a esta Superioridad, para su resolución.

Trámite en Segunda Instancia.

Repartidas las diligencias a quien funge como ponente mediante acta de reparto del 6 de noviembre de 2014(12), a través de auto adiado el 7 de noviembre de 2014(13), se avocó el conocimiento de las diligencias, se ordenó correr traslado al Ministerio Público y se requirió a la Secretaría Judicial de la Corporación, para que informara si contra el profesional investigado cursaban otros procesos por los mismos hechos.

Ministerio Público. Concepto. El Ministerio Público fue notificado de manera personal el 11 de diciembre de 2014(14), y rindió concepto mediante escrito del 26 de enero de 2015(15), solicitando la confirmación del fallo apelado, argumentando que si bien el disciplinado invocó en su escrito de alzada la no aplicación del numeral 1 literal b) del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, para el Ministerio Público es claro que, para que dicha circunstancia de atenuación sea tenida en cuenta, la misma debe preceder a la imputación de cargos, lo cual no ocurrió en el caso bajo estudio, pues al escuchar el audio contentivo de la versión libre rendida por el encartado, se apreció que éste no admitió la comisión de las conductas antiéticas reprochadas; por el contrario, si bien dijo no haber adelantado la gestión para la cual se le contrató, convalidó ese comportamiento con la omisión de los mandantes en suministrarle los documentos necesarios para presentar la petición del reconocimiento de la pensión de sobreviviente de marras, para luego alegar que su inacción también se debió a que se enteró de la existencia de una presunta compañera permanente y de una hija del causante, lo que le habría hecho dudar sobre la viabilidad de dar cumplimiento al mandato. Por lo tanto, el profesional cuestionado no admitió la indiligencia, ya que dijo no haber actuado por causas ajenas a su voluntad, es decir, en momento alguno antes de la formulación de cargos, el abogado aceptó la comisión de las conductas por las que se le llamó a juicio. Es por lo anterior que la Viceprocuraduría comparte el criterio de la Sala A quo, en cuanto a la dosificación de la sanción, toda vez que se está ante un concurso heterogéneo de faltas, una de las cuales fue cometida a título de dolo.

Antecedentes disciplinarios. La Secretaría Judicial de esta Sala, emitió la certificación 27581 del 30 de enero de 2015(16), a través de la cual hizo constar que el abogado Juan Diego Daza Ocampo, no registra antecedentes disciplinarios. Informó igualmente que no cursaban otras investigaciones por los mismos hechos(17).

Impedimentos. Observado el infolio, no se evidenció que alguno de los Magistrados integrantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura haya manifestado impedimento para conocer de las presentes diligencias en esta instancia.

Consideraciones de la Sala.

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.”, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

De la Apelación: Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el Legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta Corporación, se itera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente(18).

Asunto a resolver. Atendiendo a los fines del recurso de apelación, en este caso sometido a examen de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, no se evidencian actuaciones irregulares que afecten la legalidad de lo actuado ni de la sentencia, dado que el trámite se adelantó con audiencia de los sujetos procesales según lo previsto en la ley procedimental, se cumplieron los principios de publicidad y contradicción, se corrieron los traslados, se notificaron las providencias correspondientes, se practicaron las pruebas solicitadas en la forma prevista, se garantizaron los derechos de defensa, de contradicción y la oportunidad de interponer recursos para acceder a la doble instancia, por lo que pronunciarse sobre la apelación interpuesta contra la decisión adoptada el 19 de septiembre de 2014, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Antioquia, sancionó con Suspension de Tres (3) Meses y Multa de Dos (2) S.M.L.V. al abogado Juan Diego Daza Ocampo, tras hallarlo responsable de las faltas establecidas en el literal i) del artículo 34 y numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, siendo dichas conductas endilgadas a título de dolo y culpa.

Así las cosas, corresponde a la Sala analizar si concurren o no elementos suficientes para confirmar, modificar o revocar la sentencia sancionatoria proferida contra el abogado Juan Diego Daza Ocampo, respecto los argumentos expuestos por el disciplinado.

Conforme lo expuesto en precedencia, y teniendo en cuenta que el recurso de apelación únicamente se centró en solicitar la atenuación de la sanción impuesta, referida a la falta a la debida diligencia profesional, sólo a ella se referirá la Sala.

Descripción típica de la falta imputada. En el caso bajo examen, el abogado Juan Diego Daza Ocampo, fue sancionado por la comisión de las faltas establecidas en los artículos 37 numeral 1 y 34 literal i) de la Ley 1123 de 2007, siendo dichas conductas endilgadas a título de culpa y dolo respectivamente, las cuales establecen los siguiente:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional.

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

“ART. 34._1Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

i) Aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado, o que no pueda atender diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales.”

De la falta a la debida diligencia profesional. Sea lo primero advertir, que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el Legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario.

De otra parte es procedente señalar, que para emitir una sentencia sancionatoria debe haber certeza sobre la existencia de una conducta constitutiva de una falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

Frente a este tipo de falta, indica esta Superioridad que al hacer un parangón entre la norma derogada —Decreto 196 de 1971 y la vigente— Ley 1123 de 2007, el Legislador concentró en un sólo texto las faltas y las modalidades de comportamiento que estaban contenidas en los dos numerales del artículo 55 del Decreto 196 de 1971.

Es por ello que hoy, los verbos rectores de esta falta están representados en las conductas de demorar la iniciación o prosecución de las gestiones, esto es, retardar, diferir, dilatar lo que se debe hacer; así las cosas, incurre en esta falta quien se toma más del tiempo necesario para presentar una demanda o para realizar una petición que resulta procedente dentro de un proceso determinado. También incurre en falta quien deja de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, es decir y por contraposición al verbo anterior en el cual se hace, pero tomando más del tiempo requerido, aunque sin que ese transcurso del tiempo comporte el rechazo de la solicitud o la pérdida de la oportunidad, de acuerdo con esta conducta se sanciona a quien no hizo lo que tenía que hacer, dentro de la oportunidad para ello, verbi gratia no interpuso el recurso, no presentó excepciones, no aportó las expensas requeridas para remitir el expediente a la segunda instancia, etcétera. En la misma ilicitud disciplinaria incurre el togado que descuida la gestión, esto es, que no asume el encargo con la diligencia debida, no ejerce la vigilancia que exige la gestión encomendada, no hace todo lo que está a su alcance en desarrollo de la misma, por ejemplo, descuida la gestión el abogado que no visita periódicamente el despacho judicial donde se tramita el asunto encomendado, para ejercer la vigilancia idónea que le permita estar al tanto de la evolución procesal, del surgimiento y preclusión de las oportunidades procesales, etcétera y finalmente, incurre en la falta dentro del sub examine al demorar la iniciación o prosecución de las gestiones, esto es, retardar, diferir, dilatar lo que se debe hacer.

Las conductas que se examinan han sido consideradas por la doctrina y jurisprudencia disciplinarias como de ejecución permanente, por cuanto se proyectan hasta cuando al abogado le es legalmente exigible adelantar la gestión, retomarla o enderezar el camino perdido como consecuencia de su falta de diligencia(19).

Lo anterior para significar que cuando el abogado se compromete con una representación judicial, se obliga a realizar en su oportunidad actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gestión; cobrando vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto; luego si cuando el abogado injustificadamente se aparta de la obligación de atender con rigor este deber frente a una representación judicial, incumpliendo cualquiera de estas exigencias, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional, como ha ocurrido en el asunto en examen.

Del caso en concreto. En el presente asunto, conforme a lo señalado por el quejoso, y a la prueba documental arrimada al infolio, se estableció que al abogado Juan Diego Daza Ocampo, se le otorgaron poderes los días 19 de abril de 2010(20) y 30 de agosto de 2013(21), encomendándosele la gestión del reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de la señora Reinalda Ramírez Ortegón, tras el fallecimiento de su hijo y hermano del quejoso Willer José Cupitra Ramírez, gestión la cual de acuerdo a la versión libre del disciplinado y a los alegatos de conclusión, efectivamente se le encomendó por la progenitora del quejoso tal misión, dejando de hacerla efectiva so pretexto de la omisión de los mandantes en suministrarle los documentos necesarios para presentar la petición del reconocimiento de la pensión de sobreviviente de marras, y de haberse enterado de la existencia de una presunta compañera permanente y de una hija del causante, lo que le habría hecho dudar sobre la viabilidad de dar cumplimiento al mandato.

Son sus propios argumentos los que impiden a esta Colegiatura concederle la razón al disciplinado recurrente, quien argumentó la no aplicación a su favor del criterio de atenuación tras la confesión de la conducta disciplinada, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 literal b) del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, lo cual constituiría una violación a la normatividad disciplinaria, pues en su criterio confesó la conducta desde la diligencia de versión libre. Pero como observa la Sala, en ningún momento el abogado investigado confesó dentro del disciplinario la comisión de la falta: pues tal como lo expuso el Ente Público, el profesional cuestionado no admitió la indiligencia, sino que justificó su conducta omisiva en causas ajenas a su voluntad, tales como la demora en la entrega de los documentos y en la existencia de una presunta compañera permanente y de una hija del causante, circunstancias que le habrían hecho dudar sobre la viabilidad de dar cumplimiento al mandato conferido.

Del recuento procesal se tiene la certeza de la incursión del abogado en la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, luego es indudable que el profesional del derecho tuvo un desconocimiento de sus deberes, a los cuales estaba obligado a cumplir como abogado, compilados en el “Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (…) 10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales … (Subrayado y negrilla fuera de texto).

En conclusión, conforme a la situación fáctica reseñada, se halló probado y aceptado por el abogado Juan Diego Daza Ocampo, la no atención a la gestión encomendada para el logro de las pretensiones de su mandante, sino por el contrario, abandonó en su totalidad la solicitud de reconocimiento de pensión de sobreviviente que se le encomendó, no siendo de recibo las exculpaciones del profesional con respecto a que la demora en la entrega de los documentos y la existencia de una presunta compañera permanente y de una hija del causante, lo que le habría hecho dudar sobre la viabilidad de dar cumplimiento al mandato.

Así las cosas, en forma contundente y aceptada por el mismo disciplinable en sus alegatos de conclusión presentados en la Audiencia de Juzgamiento adelantada el 1 de septiembre de 2014(22), se probó que el hecho constitutivo de la investigación disciplinaria existió, esto es, la indiligencia por parte del inculpado, pues a pesar de haber recibido un mandato para promover reclamación pensional por la progenitora del quejoso, dejó de hacer lo correspondiente dentro de la gestión encomendada, es decir, dejó en la desidia la aludida actuación a la que se comprometió cuando aceptó el poder, con los consabidos perjuicios económicos que sufrió su mandante.

De la antijuridicidad. Como cuestión previa a la decisión que centra nuestra atención, importa señalar, que la conducta descrita en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas, lejos está de ser una falta formal o de mera conducta, ya que la sola acción no basta para estimar cumplida la lesión al bien jurídico protegido, requiere que exista un resultado dado que el mismo es el único que advierte la infracción, por manera que si la omisión que se le imputa al abogado, no originó ningún resultado, nos lleva a precisar que el reproche disciplinario se estructura a partir de la desvaloración de resultados, lo que señala de suyo que la presunta indiligencia conlleve un impacto negativo no solo a la actividad litigiosa, sino a la administración de justicia.

Es cierto que los profesionales del derecho no pueden omitir a su antojo el cumplimiento de las actuaciones y diligencias para las que fueron contratados por quienes depositan en ellos la confianza con miras a solucionar sus conflictos, toda vez, que por este camino lejos de cumplir con su papel como colaboradores de la administración de justicia, se convierten en otro factor de incertidumbre y generador de conflictos, contrariando la razón de ser del ejercicio de esta noble profesión, pero también lo es, que al razonar sobre la conducta y sus consecuencias disciplinarias, debe hacerse de tal forma que no quede duda sobre la antijuridicidad material dado que sin ella la falta disciplinaria no es tal.

Así y con el ánimo de ser más garantistas, conviene la Sala en que deben sancionarse las conductas disciplinarias que de manera real se muestren antijurídicas y de hecho que atenten contra el ordenamiento jurídico en general, no hacerlo así comporta sancionar toda conducta que objetivamente se acomode al tipo y en consecuencia sancionar la simple tipicidad.

Si se concibe la falta como una conducta antijurídica, hemos de entender, que la falta disciplinaria debe ser a su mismo tiempo típica y antijurídica, por consiguiente, demostrada la tipicidad como presupuesto de la antijuridicidad, corresponde adentrarse en el elemento valorativo de la conducta y en consecuencia adelantar el debido juicio sobre la afectación del bien jurídico protegido (antijuridicidad).

La Colegiatura considera que conductas como las que en esta oportunidad es objeto de investigación, protegen el deber como el bien jurídico tutelado, pero ocurre, que la antijuridicidad exige más que una contradicción entre el deber conculcado y la acción misma, si no se repara sobre ello se permanecerá en el craso error de sancionar conductas que no tienen la entidad de afectar los intereses jurídicamente protegidos en el ordenamiento jurídico. Esa situación que ahora parece aberrante, reclama una mayor atención en el actual Estado Social de Derecho para evitar volver a una ya desgastada responsabilidad objetiva.

Obsérvese que al no haber surtido actuación alguna el abogado para motivar el libelo demandatorio encomendado, materializa un resultado negativo al lesionar el deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, cuyo juicio de valoración igualmente debe ser negativo, circunstancia por la que la conducta objeto de investigación resulta típica y antijurídica y configura una clara transgresión a los deberes consagrados en el Estatuto Deontológico del Abogado, pues no existe ninguna causal de justificación, toda vez, que no se demostró que su omisión se haya realizado por circunstancias ajenas a su voluntad.

De la culpabilidad. Se entiende por culpabilidad la actitud consiente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo proceder diversamente.

Podemos decir que la culpabilidad se predica de aquella persona que siendo responsable jurídicamente decide actuar contra derecho con consciencia de la antijuridicidad, luego no podrá deducírsele responsabilidad por el mero resultado del comportamiento que es endilgado (responsabilidad objetiva), sino que debe revisarse su manifestación intencional (aspecto subjetivo del tipo), de allí que la culpabilidad sea presupuesto exigible para sancionar la conducta que se predica atentatoria contra los bienes jurídicos legalmente protegidos.

En el campo disciplinario el artículo 13 del Código Disciplinario Único adopta como formas de culpabilidad el dolo y la culpa, siendo la conducta dolosa cuando el sujeto disciplinable dirige su comportamiento de manera inequívoca a la realización del resultado típico y contra derecho (antijurídico).

Será culposa la conducta que viola el deber objetivo de cuidado, eventualidad que generalmente se presenta con la falta de dinamismo de los abogados en las actuaciones a su cargo. Siendo así, en este caso se encuentra demostrado el elemento subjetivo de la conducta sin que medie justificación alguna que enerve la responsabilidad disciplinaria, razón por la que la misma debe ser predicada a título de culpa, dado que es evidente que el doctor Juan Diego Daza Ocampo dejó de hacer oportunamente las diligencias propias que la actuación profesional le exigía, proceder omisivo que entonces se traduce en negligencia.

Así pues, se desprende que el abogado al sustraerse de su obligación profesional configuró una conducta omisiva endilgable a título de culpa, se itera, sin que medie causal alguna de justificación que pueda salvarlo del concerniente juicio de reproche, pues tras asumir el poder otorgado no actuó como era pertinente.

Por lo tanto, y como quiera que la misma condición de abogado del disciplinado permite reputar que era consciente y conocía su responsabilidad frente a la gestión convenida con la mandante, obligado resulta en deber jurídico, considerar integrado el trípode que constituyen la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y que sostienen en éste caso la indiligencia del abogado como falta disciplinaria, conforme lo señalado en el numeral 1 del artículo 37 de la norma deontológica del abogado.

Ahora, respecto de la falta imputada a la lealtad con el cliente contemplada en el literal i) del artículo 34 de la citada Ley, itera la Sala que no fue objeto de alzada, por lo que se abstendrá de pronunciamiento alguno.

Finalmente, se observa que la sanción impuesta se ajusta a los principios establecidos en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, es decir, es razonada, necesaria y proporcionada, y está conforme a los criterios de graduación de que trata el artículo 45 ibídem, tales como la trascendencia social de la conducta, la modalidad, circunstancias y el perjuicio causado.

Agotados los puntos objeto de recurso de apelación, esta Superioridad confirmará en su integridad el fallo de primera instancia.

Así pues, es enfática esta Sala en reiterar que este tipo de conductas afectan de manera grave a los profesionales del derecho que escogen como medio de subsistencia el ejercicio de la abogacía de forma independiente, que deben ser individuos de sanas convicciones éticas que entiendan cabalmente cuáles son los fines primordiales de la justicia; también se afecta gravemente la credibilidad frente a la sociedad, teniendo en cuenta que justamente es el medio humano por el que se accede a la justicia, en busca de la verdad real y material, por lo que ha de propenderse entonces, porque la profesión de abogado se caracterice por un amplio sentido moral y ético, inspirado en principios y valores que se basen no solo en la ley positiva, sino en la ley moral, conciencia subjetiva del profesional del derecho.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la Sentencia proferida el 19 de septiembre de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por medio de la cual se sancionó con Suspension de Tres (3) Meses y Multa de Dos (2) S.M.L.M.V. al abogado Juan Diego Daza Ocampo, tras hallarlo responsable de incurrir en las faltas establecidas en el literal i) del artículo 34 y numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, siendo dichas conductas endilgadas a título de dolo y culpa, respectivamente, conforme a las razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual la misma empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que notifique a todas las partes del proceso.

4. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase.

Presidente Magistrado (E), Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Magistrados: Rafael Alberto García Adarve—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López MoraWilson Ruiz Orejuela.

Secretaria Judicial, Yira Lucía Olarte Ávila.

1. M.P. Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez - Sala Dual con el Magistrado Martín Leonardo Suarez Varón.

2. Folios 1-6 cdno.

3. Folios 7-27 cdno.

4. Folio 28 cdno.

5. Folio 30 cdno.

6. Folio 36 y Cd.

7. Folios 37-50 cdno.

8. Acta a Folio 51 y CD cdno.

9. Folios 54-62 cdno.

10. Folio 70-71 cdno.

11. Folio 83 cdno.

12. Folio 3 c. de 2da. instancia.

13. Folio 5 c. de 2da. instancia.

14. Folio 13 c. de 2da. instancia.

15. Folios 16-20 c. de 2da. instancia.

16. Folio 22 c. de 2da. instancia.

17. Folio 23 c. de 2da. instancia.

18. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129.

19. Cometario al Nuevo Código Disciplinario del Abogado, 1ª Edición, pág. 172-173. Luis Enrique Restrepo Méndez.

20. Folio 41 cdno.

21. Folio 38 cdno.

22. Acta vista a folio 51 y CD cdno.