SENTENCIA 2014-00523 DE MAYO 4 DE 2016

 

Sentencia 2014-00523 de mayo 4 de 2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Rad.: 050011102000201400523 01

Aprobado según Acta No. 38 de la misma fecha.

Bogotá D.C, cuatro de mayo de dos mil dieciséis

Extractos: «Consideraciones de la sala

Competencia.

De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política; 112.4 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, es competente para conocer el recurso de apelación formulado por la disciplinada contra la decisión del 30 de junio de 2015, de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual se sancionó a la abogada Mónica Luz Marín Suárez, con suspensión de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión, como responsable por infringir el artículo 35, numerales 4 y 6 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art.14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Procederá la Sala a hacer su pronunciamiento sobre la base de los argumentos expuestos en el escrito de apelación, pues está limitada la actuación del juez de segundo grado a los aspectos controvertidos de la decisión del a quo, entendiéndose que los no discutidos han sido aceptados por el interesado.

En igual sentido se debe observar que las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana critica, debiéndose vigilar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad, entre otros; pues dos son los requisitos de orden probatorio que colocan al proceso en posición de que se dicte sentencia sancionatoria; de una parte que exista certeza respecto de la existencia de las faltas atribuidas y, en igual sentido, sobre la responsabilidad de la investigada, de acuerdo con el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

Del caso en concreto.

La disciplinable cuestiona que: (i) no se tomó en cuenta su confesión por la retención de los dineros al momento de rendir su versión libre, para la imposición de la sanción, solo se tiene en cuenta la versión rendida por el quejoso, y (ii) en cuanto a la expedición de los recibos, dice que estos debían ser expedidos al momento de organizar las cuentas del uno y del otro.

En cuanto al primer argumento, se tiene que la abogada disciplinada no confesó como ella lo afirma, sino que reconoció su falta, tratando de justificarla con explicaciones que no alcanzan a librarla de responsabilidad, pues ella como profesional del derecho debe saber cuáles son sus deberes profesionales y las faltas en que puede incurrir al no cumplir con ellos, y en este caso, al recibir los dineros de su cliente, ha debido entregarlos a la menor brevedad posible y no lo hizo.

En lo que se refiere a la no expedición de recibos, tampoco hubo confesión, y tampoco se justifica la omisión al señalar que estos se expedirían cuando se organizaran las cuentas del uno y del otro, dado que los dineros se los entregaron, o mejor, consignaron a ella por parte de la demanda, debiendo en cada abono hacer las cuentas y expedir los correspondientes recibos. De haberlo hecho, contaría con los soportes respectivos para hacer las cuentas y no estar solicitando una conciliación con el quejoso.

En cuanto a la sanción impuesta, el término de suspensión, a voces del artículo 43 de la Ley 1123 de 2007, está entre 2 y meses y 3 años, siendo razonable el impuesto de 12 meses.

Son suficientes las anteriores consideraciones para confirmar la sentencia apelada, compartiendo los argumentos del a quo en su totalidad.

Resuelve

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 30 de junio de 2015, por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, a través de la cual se sancionó a la abogada Mónica Luz Marín Suárez, con suspensión de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión, como responsable por infringir el artículo 35, numerales 4 y 6 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: En su oportunidad, remítase el expediente a la Corporación Seccional Disciplinaria de origen, previas las desanotaciones correspondientes.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase»