Sentencia 2014-00526 de julio 7 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Rad.: 110011102000201400526 01

Aprobado según Acta 62 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil dieciséis.

Asunto

Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a resolver el recurso de apelación contra la decisión proferida el 15 de septiembre de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá1, por medio de la cual, se decretó la terminación y el archivo de las diligencias en favor de los señores Juan Diego Bautista Barrera Vásquez y Paola del Pilar Flórez Uyabal, en su condición de auxiliares de la justicia, adscritos al Instituto de Medicina Legal.

Hechos

De la queja: La señora Diana Dimelza Torres Muñoz, actuando en calidad de abogada del señor Alberto Rebolledo Cuadrado, en escrito adiado del 21 de agosto de 2013, radicado en la Procuraduría General de la Nación, quien posteriormente la remitiera al Seccional de Instancia, solicitó se investigara a los auxiliares de la justicia adscritos a medicina legal Juan Diego Bautista Barrera Vásquez y Paola del Pilar Flórez Uyabal, por cuanto realizaron un dictamen pericial al interior del proceso de interdicción judicial radicado bajo el Nº 20110831, en donde fungía como demandante Alberto Rebolledo Cuadrado contra Julio Rebolledo Arboleda, en donde, en sentir de la inconforme, el mismo presenta inconsistencias e irregularidades en razón de que entregaron conclusiones completamente contradictorias con respecto al estado de salud del demandado.

Refirió que medicina legal a través de sus peritos, en dos oportunidades realizó peritazgos cuyas conclusiones son completamente contradictorias, pues en ellas se entiende que el señor Julio Rebolledo Arboleda no padece de discapacidad relativa ni absoluta, pese a su pronóstico crónico y permanente, pero que sí requiere de una persona para satisfacer sus necesidades básicas y de compañía y asesoría para tomar las decisiones, no explicándose lo discordantes de la conclusión.

Esgrimió que los dictámenes de fechas 18 de julio de 2011 y 22 de octubre de 2012, incurren en un sinnúmero de yerros, técnicos fácticos y jurídicos, pues hasta los mismos órganos judiciales se han podido dar cuenta de la incapacidad que tiene el señor para tomar sus propias decisiones e incluso para poder ser interrogado en virtud de su mal estado de salud, no entendiendo por contera las erradas conclusiones contenidas en los dictámenes periciales. (v. fls. 5 a 85).

Actuación procesal

Apertura de indagación preliminar

Mediante auto del 17 de febrero del 2014, se ordenó iniciar indagación preliminar, en contra de los peritos adscritos a medicina legal Juan Diego Bautista Barrera Vásquez y Paola del Pilar Flórez Uyabal, para lo cual se dispuso entre otras determinaciones: i) librar oficio con destino al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que se sirva acreditar lo concerniente a la situación administrativa y se alleguen los actos administrativos por los cuales fueron nombrados los indagados. ii) oficiar a los Juzgados 22 y 11 de Familia del Circuito de la ciudad, para que remitan con carácter urgente copia íntegra y Legible de la petición elevada por las partes para que se le practicara el dictamen médico legal al demandado; y de todo lo relacionado con la posible objeción al dictamen presentada por las partes frente a los mismos, todo al interior del proceso 2011-0831 de interdicción judicial y 2010-0576 de cesación de efectos civiles de matrimonio Católico de Julio Rebolledo y María Virginia Cuadrado.

Los disciplinados fueron notificados del auto de indagación preliminar de la siguiente forma: La doctora Paola del Pilar Flórez Uyabal, en su calidad de indagada, el día 18 de marzo de 2014 (v. fl. 87 vto.) y el doctor Juan Diego Barrera Vásquez a través de edicto el día 21 de marzo de 2014, el cual se desfijó el 26 de marzo de la misma anualidad.

La indagada el 1º de abril de 2014 procedió a presentar sus medios defensivos frente a la queja, arguyendo que desde el año 2012, se desempeña en el cargo de Profesional Universitaria forense del Instituto de Medicina Legal, por lo que desde ese entonces ha evaluado aproximadamente 450 pacientes en el marco de procesos de interdicción. Adujo que el dictamen por ella rendido no es vulneratorio de ningún derecho y mucho menos invalido, pues si bien realizó entrevista a la acompañante del paciente, señora Olga Lucía Saldarriaga y no al señor Julio Rebolledo, ello obedeció a que en el Protocolo de Evaluación Básica en Psiquiatría y Psicología Forenses, al cual se halla sujeta su actuación como perito forense, literal y taxativamente en el apartado “La entrevista y el examen mental” dispone un protocolo de cómo se debe realizar la misma, por lo tanto, en el caso objeto de análisis se permitió el acompañamiento de la señora Olga Saldarriaga no solo por lo del apoyo para desplazarse del paciente, sino porque además era necesario corroborar datos de la historia clínica manifestados por el examinado y que por la dificultad en la articulación del lenguaje no era lo suficientemente claro.

Resaltó que el examen mental, principal herramienta en la evaluación psiquiátrica fue realizado al examinado y no a la señora en mención como lo quiere hacer ver la denunciante, más cuando el aporte de la acompañante solo versó sobre información aportada previamente por el paciente, y lo corroborado por la familiar, fue tenido en cuenta pero no resultó determinante para dictaminar el estado de salud del examinado.

Sostuvo que “al respecto, y según el protocolo ya mencionado que norma los procedimientos de las valoraciones, ha de tenerse en cuenta que uno de los insumos básicos para obtener conclusión de una evaluación médica, es el expediente del cual se extraen los apartes relevantes de los hechos materia de investigación guiándose del criterio médico, psiquiátrico y forense, es decir los que realmente y evaluados en conjunto con las conclusiones médicas producto de la valoración resultan medicamente determinantes, en razón a que mi conocimiento es en el campo médico no en el jurídico y no podría yo efectuar juicios de valor sobre pruebas judiciales, campo sobre el cual no tengo conocimiento. Lo que no significa de ninguna manera que se haya dejado de lado lo consignado en el expediente, por el contrario reitero se observó aquello que desde mi conocimiento y experticia médica resultaba significativo para dar soporte al concepto médico entregado.

Si bien el sentido común de personas sin ningún conocimiento y experticia en el campo médico, puede conllevar a percibir la presencia de alteraciones en las funciones mentales de una persona, ello no es suficiente para determinar una demencia, es necesaria la evaluación médica completa para diagnosticar la presencia de una discapacidad mental en un persona de acuerdo a lo señalado en la ley 1306 de 20098 en la que se considera absoluta cuando el examinado sufre una afección o patología severa o profunda de aprendizaje de comportamiento o de deterioro mental que para el caso sub examen desde mi experticia médica no eran de aplicar.

(...).

No existe razón diferente que argumente el haberme apartado de algunos conceptos rendidos por otros colegas, mencionados por la denunciante, sino exclusivamente porque para el momento de la evaluación realizada al paciente, el día 13 de agosto de 2012, mi conocimiento médico, mi experticia, los hechos evidentes como: el comportamiento del paciente, su acertada orientación espacio temporal, su capacidad de introspección demostrada desde el inicio de la evaluación me permitieron concluir que aun cuando presentó dificultad para la expresión del lenguaje y cambios emocionales en respaldado a la frustración producida al darse cuenta en sus dificultades, no era suficientes para determinar la presencia de un síndrome demencial, conclusión soportada además atendiendo los concepto médicos allegados al expediente de especialistas reconocidos, con alta trayectoria, reconocimiento y un total respeto al interior de la comunidad médica.

Es importante resaltar que para la conclusión pericial, se tuvieron en cuenta absolutamente todas las evaluaciones neuropsicológicas y certificaciones médicas obrantes, muestra de ellos es que fueron consignadas en el dictamen, en el apartado de los hechos, por eso mismo no es cierto que exista incongruencia con los certificados médicos como lo menciona la denuncia, porque de hecho el concepto es resonante y va de la mano con el concepto del periodo que me antecedió en la valoración efectuada, también con las certificaciones de los neurólogos y con la evaluación neuropsicológica más robusta hallada en el expediente.

Se puede terminar con ello, que concepto emitido no es resultado de un capricho o de la aplicación incorrecta del protocolo ni mucho menos apartado de otras pruebas médicas, sino producto de lo percibido y hallado durante la valoración médica psiquiátrica y reforzado por otras pruebas también médicas analizadas y reportadas en el aparte de los hechos como ya ha sido mencionado, entre las cuales se encuentran: las efectuadas por el doctor Luis Carlos Mayor, Médico Neurólogo con fecha junio 6 de 2008, doctor Juan Diego Barrera, Médico psiquiatra del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con fecha julio 18 de 2010...

Quiero dejar claro, que el concepto pericial por mi suscrito, fue realizado en estricto cumplimiento del principio de imparcialidad en tanto encuentro este momento preciso para manifestar no me asiste interés alguno en las resultas del proceso que se adelanta, a parte del examinado y la acompañante que estuvo con él el dá de la valoración médica, no tengo conocimiento alguno de las partes actuantes en el proceso y aún más carezco de competencia sobre aspectos diferentes a aquellos de los que por virtud de mi cargo como profesional universitaria tuve conocimiento.

De la misma manera hay que reiterar que en mi profesión es médico psiquiatra, no psicóloga y que dentro del ejercicio de la pericia lo que es permitido aplicar y en efecto se aplicó es una evaluación psiquiátrica y no un test psicológico. De acuerdo con lo anterior y de la lectura del artículo 56 del Código Deontológico del psiquiatra, se extrae que la psiquiatría requiere la integración con profesionales de otras disciplinas en el área de la salud mental, siempre y cuando respetando los límites y particularidades de cada una de las disciplinas, es así como la exigencia de realización de un test psicológico carece de validez.” (sic)(v. fls. 131 a 135)

Por su parte el disciplinable en versión libre del 5 de junio de 2014, indicó que efectivamente en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se radicó un proceso de divorcio radicado bajo el No. 0576-10 de Julio Rebolledo Arboleda contra María Eugenia Virginia Cuadrado, y en su oficio petitorio, la doctora Alba Inés Ramírez, en su calidad de Secretaría del Juzgado 11 de Familia, solicitó establecer las condiciones emocionales, además de determinar si se encuentra en capacidad mental de realizar contratos, y entender por sus consecuencias, y si se encuentra en condiciones mentales para administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos, por lo cual, se procedió a la citación del señor Rebolledo; empero previo a su llegada y de manera acorde con el protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, documento publicado con fecha diciembre de 2009 y del cual él es autor principal, realizó un estudio de la documentación allegada por la autoridad solicitante, considerando pertinente extraer algunos documentos que encontró, entre ellos, el texto de la demanda de divorcio, el resumen médico de egreso de la Fundación Cardio Infantil, entre otros.

Esgrimió que una vez tuvo en su poder toda la documental que consideró pertinente, procedió a preparar la entrevista a realizar, arguyendo que el día de la entrevista fue abordado por la esposa e hijos del señor Rebolledo a la entrada del Instituto, frente a lo cual le adujo que la valoración se haría al interior del Instituto en su consultorio y que él como perito tenía la potestad de decidir a quién entrevistaba y a quien no, siendo abordado nuevamente a las afueras del consultorio por esas mismas personas, haciendo ingresar en solitario solamente al citado, procediendo a realizar la entrevista psiquiátrica forense de manera acorde con el protocolo.

Indicó que mientras él realizaba la entrevista al señor Rebolledo, el personal de seguridad del Instituto a las afueras del consultorio tuvo que retirar a la primera esposa del señor Julio, por una pelea que armó en la Sala de espera ese día, por lo cual ante la dificultad propia de entrevistar a un señor con su enfermedad y con la intención de corroborar información dada por él, procedió a entrevistar a la enfermera encargada de su cuidado y posteriormente a su hijo, disponiendo posteriormente ya como médico a desarrollar la discusión y a establecer las conclusiones del acto pericial que se encuentran registrados en el dictamen , pero todo siguiendo el protocolo básico de atención establecido por el instituto.

Adujo que para el día de la evaluación, 2 de mayo de 2011, el señor Julio Rebolledo ingresó solo al consultorio, vestía adecuadamente, estableció adecuado contacto visual con el entrevistador, deambulaba con la ayuda de un bastón, la edad cronológica acorde con la aparente colaboró con la entrevista, evidencio cansancio por el esfuerzo que le tomó intentar comunicarse con sus ideas, y a pesar de requerir acompañante su actitud impresionó independiente; del mismo modo procedió a realizar más descripciones del señor Rebolledo.

Finalmente aludió que pese a las ingentes dificultades del señor Rebolledo para expresarse y dar a conocer su pensamiento, su capacidad de razonamiento y comprensión de la realidad no se encuentra afectada, pues tiene dificultad para expresarse más no para pensar, tal y como se dejó consignado en el dictamen y se encuentra demostrado con la documental anexa al mismo, considerando que el dictamen médico psiquiátrico forense se hizo siguiendo los protocolos que han sido avalados por la comunidad Psiquiátrica en Colombia, y por lo tanto en su sentir fue adecuado y acorde, estando bien hecho y no cometiendo ninguna irregularidad. (v. fls. 146 a 149).

— Como otro material probatorio a las diligencias, se allegó copia íntegra del proceso de divorcio que impetrara el señor Julio Rebolledo y que cursó en el Juzgado 11 de Familia de Bogotá, así como el proceso de interdicción Judicial Cursante en el Juzgado de Familia, instaurado por la señora Olga Lucía Saldarriaga contra el presunto interdicto Julio Rebolledo, en donde se encuentran los dictámenes periciales realizados por los acá indagados. (v. 6 cuadernos anexos y un libro de protocolo de evaluación básica)

Del mismo modo, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, mediante oficio del 7 de julio de 2014, informó que en esa dependencia a la fecha de presentación del escrito, no se había presentado queja ni adelantado actuaciones disciplinarias en contra de los acá indagados, empero solicitó los antecedentes relacionados con el caso, adjuntando los mismos en 6 folios. (v. fl. 166 a 172).

Decisión apelada

El 15 de septiembre de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual, se decretó la terminación y el archivo de las diligencias en favor de los doctores Paola del Pilar Flórez Muñoz y Juan Diego Bautista Barrera Vásquez, en su condición de auxiliares de la justicia, adscritos al Instituto de Medicina Legal.

Lo anterior, por cuanto de las pruebas recaudadas, se pudo establecer que frente al dictamen rendido por el doctor Barrera Vásquez, éste cumplió con las características que debía revestir un informe pericial, y de conformidad con el protocolo que asumió el Instituto de Medicina Legal.

Del mismo modo se adujo “En sus conclusiones, el perito determinó que el examinado presentó un diagnóstico de hemiparesia y afasia motora, que el padecimiento no comprometió su capacidad mental de comprender el entorno, de tomar decisiones, y de entender sus consecuencias, sin embargo por limitaciones de comunicación se hacía necesario que contara con la asesoría de personas de confianza para poder suscribir contratos, administrar bienes y celebrar actos jurídicos. Así mismo que se debía tener en cuenta los deseos del paciente en relación con el rechazo a la primera esposa y de los hijos, y de la aprobación a la actual compañera permanente, Olga Lucía Saldarriaga.

Así mismo se evidenció contradictorio del abogado Álvaro Pinilla Pineda, en cual solicitaba complementación y aclaración del dictamen pericial, antes expuesto.

Posteriormente, y previa petición para realizar un nuevo dictamen pericial, se efectuó por parte del Instituto de Medicina Legal, una nueva valoración, siendo perito en esa ocasión la doctora Paola del Pilar Flórez Uyabal.

En sus conclusiones, la perito determinó que el examinado presentaba un diagnóstico de Hemiparesia y afasia motora que le dificultaba la deambulación del lenguaje, así mismo que no presentaba una discapacidad mental absoluta ni relativa en los términos de la ley 1306 de 2009, que su pronóstico era favorable y que requería asistencia para satisfacer sus necesidades básicas de auto cuidado y sobrevivencia, compañía y asesoría permanente de personas de confianza para tomar decisiones. Y por último recomendándole que continuara con los tratamientos médicos.

Es con base en estos dictámenes que la parte quejosa manifiesta su inconformidad, indicando que en ellos se presentaron irregularidades respecto de su expedición.

Sin embargo, a juicio de esta Sala, dichos dictámenes fueron expedidos correctamente, en razón de que para su expedición se tuvieron en cuenta los protocolos establecidos por la entidad, y por ende se entiende que se encuentran ajustados a derecho.

Si bien es cierto, entre el primer dictamen y el segundo, existen diferencias, esto es más que normal, ya que quienes los realizaron fueron personas distintas y cuya experiencia y sana critica varía de perito en perito, pero siempre guiándose por los protocolos establecidos por el Instituto. Aun así, las diferencias no son tan marcadas como para establecer que se presentó irregularidades en la expedición de algunos de ellos.” (sic a todo lo trascrito) (v. fls. 190 a 199).

Apelación

El 28 de noviembre de 2014, mediante memorial dirigido a la Sala de instancia, la abogada del quejoso Alberto Rebolledo Cuadrado, interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia, por cuanto considera que el a quo utilizó principalmente tres argumentos para declarar la terminación anticipada de la investigación disciplinaria, siendo el más fuerte el que no existió un alejamiento de los querellados frente al protocolo establecido por Medicina Legal para este tipo de casos, siendo realmente refutado tales argumentos, pues se demuestra claramente cómo los peritos querellados sí se apartaron del protocolo determinado por varias razones, entre ellas, que se desatendió la realidad material de la enfermedad del señor Rebolledo, incurriendo en valoraciones por fuera de su rango de acción, no entrevistaron directamente al señor Rebolledo sino a sus acompañantes, contradiciéndose en sus conclusiones y creando categorías que no están determinadas en la Ley; además desconocieron completamente los dictámenes anteriores sobre la salud del señor y no realizaron test actualizados que dieran cuenta de las funcionalidades mentales que evaluaba el dictamen

Del mismo modo arguyó que junto al argumento esgrimido por el respetado despacho de que los querellados cumplieron el protocolo, se entrara a refutar completamente los otros dos argumentos que son en primer lugar que el juez disciplinario no puede valorar los dictámenes expedidos por Medicina Legal y segundo, que las partes tienen al interior de los procesos ordinarios los mecanismos para objetar el dictamen, por cuanto contrario a lo expuesto por el a quo es evidente que los disciplinados se desatendieron de la realidad material, pues bien pudieron los querellados seguir de manera meramente formal los protocolos establecidos, y en su dictamen seguir los requisitos de forma correspondientes, sin embargo, ese cumplimiento de nada o poco sirve cuando las conclusiones, que es la parte más importante del dictamen, son abiertamente contrarias a la realidad.

Insiste que la mayoría de las preguntas que se tuvieron en cuenta para llegar a las conclusiones fueron realizadas por los peritos no al directamente afectado Julio Rebolledo, sino a su compañera y a una enfermera acompañante, no pudiéndose tener ello como legal y correcto; además también se falló en el protocolo establecido, pues no se tuvo en cuenta los medicamentos que tomaba el paciente para emitir las conclusiones en el dictamen

Esgrimió que varios jueces de la República han evidenciado la debilidad mental del señor Julio Rebolledo Arboleda, al punto de no poder practicar interrogatorio al deponente, pues éste no coordina lo que está pensando con lo que está hablando. De otro lado, existió extralimitación de las funciones de los peritos, atendiendo que el auxiliar debía ceñirse a establecer las condiciones mentales del señor Julio Rebolledo, pero nunca a fallar el caso o a adecuarlo a preceptos jurídicos, pues esta labor es exclusiva del juez, por lo tanto lo indicado por la indagada de que “el señor Julio Rebolledo Arboleda no parece ningún tipo de discapacidad mental absoluta ni relativa en términos de la Ley 1306 de 2009”, es una afirmación que excede sus límites funcionales; más cuando tuvo conocimiento de situaciones que no podía como saberlas y menos cuando nunca se entrevistó con el señor Rebolledo.

De otro lado, en resumidas cuentas el apelante se dedicó a lo largo del escrito a indicar cuales fueron las irregularidades cometidas por los peritos indagados al interior de los dictámenes elaborados por ellos, enfatizando en la extralimitación y errada valoración; asimismo indican que no se pide al juez disciplinario que valore los dictámenes rendidos por los querellados, lo pretendido es que se investigue los indicios graves y contundentes que llevan a pensar en que los querellados no obraron conforme al protocolo debido, su evidente separación frente a lo que han verificado varios peritos médicos con anterioridad, lo mismo que varios jueces de la República, su extralimitación a lo que es su labor como peritos, pues ellos no dictaminan sobre puntos de derecho, el incumplimiento del protocolo médico por no entrevistar directamente al afectado sino a la compañera permanente y a la enfermera, su descuido al no estudiar la historia clínica y menos tener en cuenta los medicamentos que tomaba, finalmente que se agotaron los recursos y objeciones frente a esos dictámenes, al punto que uno de ellos el juzgado 22 de familia aceptó la objeción, evidenciándose de este modo las falencias en el peritazgo. (v. fls. 212 a 222).

El 11 de diciembre de 2014, mediante auto el magistrado sustanciador concedió el recurso de apelación interpuesto en efecto suspensivo y envió el expediente al Consejo Superior de la Judicatura.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir decisión proferida el 15 de septiembre de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual, se decretó la terminación y el archivo de las diligencias en favor de los doctores Juan Diego Bautista Barrera Vásquez y Paola del Pilar Flórez Uyabal, en su condición de auxiliares de la justicia, adscritos al Instituto de Medicina Legal, de acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política y 112 y los artículos 41 y siguientes de la Ley 1474 de 2011.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “...los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir, en relación con los presuntos hechos endilgados a los doctores Juan Diego Bautista Barrera Vásquez y Paola del Pilar Flórez Uyabal, en su condición de auxiliares de la justicia, adscritos al Instituto de Medicina Legal.

2. De la terminación y archivo.

Señala el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, en forma textual lo siguiente:

“ART. 73.—Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias.”

Así, se tiene que la terminación del proceso disciplinario opera cuando aparezca que en cualquier etapa del proceso en el que aparezca plenamente demostrado que: que el indagado no la cometió, es decir, que el disciplinado no tiene ninguna responsabilidad o que la conducta investigada no fue desplegada por él o por ninguno de los posibles implicados el funcionario mediante decisión motivada así lo declarará y ordenará el archivo de las diligencias, o sea que presentándose de manera plena esta causal, no derivará en decisión distinta a la terminación del mismo.

3. Del caso en concreto.

En el presente caso, la Indagación preliminar tuvo su génesis en la queja presentada por el señor Alberto Rebolledo Cuadrado, el 11 de febrero de 2014, ante la Procuraduría General de la Nación, ente que remitió por competencia el caso al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para que se investigaran las posibles anomalías disciplinarias en que pudieron haber incurrido los doctores Juan Diego Bautista Barrera Vásquez y Paola del Pilar Flórez Uyabal, en su condición de auxiliares de la justicia, adscritos al Instituto de Medicina Legal, al considerar que los dictámenes emitidos por éstos sobre el estado mental y de salud del señor Julio Rebolledo presentan serias inconsistencias y son irregulares, ya que hay disparidad de criterios entre unos y otros, así como extralimitación de sus funciones; por lo que para efectos de definir la responsabilidad en cada una de estas conductas de las que se duele el apelante, se hará un análisis en aras de determinar si estas constituyen falta disciplinaria y de esta forma definir de fondo el asunto, así:

En efecto, mediante el Acuerdo 1518 de 2002, se definió la naturaleza y el carácter del servicio de los auxiliares de la justicia, en el siguiente sentido:

“Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben desempeñar personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación, incuestionable imparcialidad, versación y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, con título profesional, tecnológico o técnico legalmente expedido”.

Aclarando que “Los auxiliares de la justicia prestan colaboración en el ejercicio de la función judicial”.

En dicha normativa, se reguló también lo concerniente a la integración de la lista de auxiliares de la Justicia (requisitos, causales de no inclusión, de exclusión y de incompatibilidad), sin diferenciar o excluir de dichos auxiliares a los empleados de entidades públicas, tanto así que de la misma, podrán hacer parte:

• Personas naturales.

• Personas jurídicas.

• Secuestres.

• Entidades públicas.

Por su parte, el Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) habla de peritos oficiales y no oficiales, en los siguientes términos:

“ART. 249.—Procedencia. Cuando se requiera la práctica de pruebas técnico-científicas o artísticas, el funcionario judicial decretará la prueba pericial, y designará peritos oficiales, quienes no necesitarán nuevo juramento ni posesión para ejercer su actividad.

ART. 250.—Posesión de peritos no oficiales. El perito designado por nombramiento especial tomará posesión del cargo prestando juramento y explicará la experiencia que tiene para rendir el dictamen. En tratándose de asuntos relacionados con medicina legal y ciencias forenses, demostrará su idoneidad acreditando el conocimiento específico en la materia y su entrenamiento certificado en la práctica pericial.

En aquellas zonas del país, en donde no haya cobertura directa del sistema médico-legal, serán los médicos oficiales y los del servicio social obligatorio quienes se desempeñen como peritos, quedando obligados a reportar su actividad al Sistema Médico-legal y seguir sus orientaciones”.

Así mismo, la Ley 906 de 2004, de forma expresa enlista a los expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como peritos, así:

“ART. 406.—Prestación del servicio de peritos. El servicio de peritos se prestará por los expertos de la policía judicial, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidades públicas o privadas, y particulares especializados en la materia de que se trate.

Las investigaciones o los análisis se realizarán por el perito o los peritos, según el caso. El informe será firmado por quienes hubieren intervenido en la parte que les corresponda.

Todos los peritos deberán rendir su dictamen bajo la gravedad del juramento”.

Sobre los denominados peritos oficiales, la Corte Suprema de Justicia, ha señalado:

“...Entre las labores de los peritos oficiales, como los del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se encuentra la de examinar pacientes a solicitud de la autoridad competente, a petición de la Fiscalía o de la defensa. Para tal efecto los médicos forenses estudian la historia clínica del paciente, o analizan la información por él suministrada, u otros datos o documentos, con el fin de tenerlos como elementos de su praxis profesional y rendir el informe que será la base de su dictamen...”2[34].

En otra oportunidad, dicha Corporación dejó sentado:

“...Significa lo anterior que los dictámenes no solo pueden rendirlos servidores públicos expertos en determinadas actividades a quienes se denomina peritos oficiales, por cuanto tienen dentro de su actividad reglada la función de emitir opiniones dada su especialidad, sino también aquellos particulares que en atención a sus conocimientos, moralidad, seriedad, capacidad, pueden también elaborar un concepto sobre determinado tema que requiera conocimientos especializados...”3[35] (resaltado nuestro).

Y por último, el Código de Procedimiento Civil, también faculta a los funcionarios judiciales a solicitar informes técnicos o científicos “a los médicos legistas, a la Policía Judicial, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en general a las entidades y dependencias oficiales que dispongan de personal especializado...”. Además los funcionarios podrán “utilizar los servicios de dichas entidades y dependencias oficiales, para peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad de aquéllas, con tal fin las decretará y ordenará librar el oficio respectivo para que el director de las mismas designe el funcionario o los funcionarios que deben rendir el dictamen...” (art. 243).

Igualmente, en palabras de la Corte Constitucional, los peritos, son colaboradores técnicos del juez y la función que cumplen está claramente señalada en ley, pues “la peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos”4[36].

Conforme con todo lo precedente, esta corporación entrará a indicar desde ya que confirmará la decisión emitida en primera instancia, lo anterior por cuanto del material probatorio allegado al plenario, no se evidencia que los auxiliares de la justicia hubieren incurrido en irregularidad alguna al momento de emitir su dictamen al interior de las diligencias de interdicción seguida contra el señor Julio Rebolledo, pues es evidente que las conclusiones por ellos efectuadas al interior de cada uno de ellos se sustentaron no solo en la entrevista que se le hiciera directamente al señor Rebolledo, sino también a todo el material probatorio recaudado y las demás entrevistas realizadas, todo en aras de poder emitir un concepto ajustado a la realidad médica de quien debía someterse al estudio y análisis de sus facultades y partiendo siempre de los protocolos de evaluación básica para temas de psiquiatría y psicología forense, tal y como se puede evidenciar del anexo 4.

Ahora bien, en el anexo 2, folio 30 y ss., se dejó claramente establecida la forma en que se realizó el dictamen, así como las circunstancias de hecho en que se suscitó la entrevista al señor Rebolledo, determinándose allí que el señor fue entrevistado en solitario y que posteriormente ingresaron la enfermera de nombre Jackeline Rodríguez y el señor Alberto Rebolledo Cuadrado, hijo, apreciándose cabalmente por parte del indagado un juicioso análisis de las condiciones emocionales y capacidad mental del señor Rebolledo, emitiéndose las conclusiones de rigor, sin que se observe un estudio caprichoso, poco serio o irregular por parte del perito forense.

De igual forma se puede observar el adecuado análisis efectuado por la indagada Paola del Pilar Flórez, quien dentro de su dictamen valoró no sólo en entrevista al señor Rebolledo y escuchó a la señora Olga Lucía Saldarriaga (actual esposa), sino que tuvo en cuenta toda la documental aportada para su valoración como historia clínica, antecedentes específicos, personales, etc., sin que pueda irrogarse falta disciplinaria por el solo hecho de rendir un dictamen que en sentir del quejoso se contrapone con el de su colega.

Y es que se debe tener presente por parte del quejoso, como bien lo adujera la primera instancia, que los dictámenes periciales en caso de no ser de su acogida en lo atinente a sus conclusiones, o de observarse alguna irregularidad, pueden ser objeto de objeciones, tal y como se realizó con uno de ellos, y será el juez del caso quien determine conforme a la sana crítica la idoneidad o no del trabajo pericial, sin que pueda entrar el juez disciplinario a emitir conceptos de fondo frente a las actuaciones desplegadas por los auxiliares de la justicia al interior de tales trabajos, más cuando los peritos, al prestar como en este caso, una labor para la justicia, y atendiendo las calidades profesionales que ostentan, gozan de la autonomía e independencia para emitir sus conclusiones, las cuales como se dijera en precedencia, pueden ser controvertidas bajo los lineamientos legales por quien no se encuentre de acuerdo, no observándose por parte de esta Colegiatura una flagrante vía de hecho que amerite proseguir con una investigación disciplinaria, más cuando mucho de los argumentos del inconforme no se encuentran acreditados y por el contrario se demuestra lo contrario con las pruebas allegadas al dossier.

La Corte Constitucional se ha referido al tema de la siguiente manera en su sentencia C-124 del 2011:

“La doctrina tradicional en materia probatoria confiere al dictamen pericial una doble condición: Es, en primer término, un instrumento para que el juez pueda comprender aspectos fácticos del asunto que, al tener carácter técnico, científico o artístico, requieren ser interpretados a través del dictamen de un experto sobre la materia de que se trate. En segundo lugar, el experticio es un medio de prueba en sí mismo considerado, puesto que permite comprobar, a través de valoraciones técnicas o científicas, hechos materia de debate en un proceso. Es por esta última razón que los ordenamientos procedimentales como el colombiano, prevén que el dictamen pericial, en su condición de prueba dentro del proceso correspondiente, debe ser sometido a la posibilidad de contradicción de las partes, mediante mecanismos como las aclaraciones, complementaciones u objeciones por error grave.”

Lo que quiere decir la Corte es que, como todo medio de prueba el dictamen pericial también puede ser controvertido por las partes cuando no están de acuerdo con este, por lo tanto no le compete a la jurisdicción disciplinaria entrar a analizar de fondo el contenido de los dictámenes, y menos cuando estos fueron elaborados por peritos distintos, en donde cada uno de acuerdo a su experiencia, estudios, valoración probatoria emiten sus respectivas conclusiones, pudiéndose existir disparidad de criterios, que en sentir de esta Superioridad no fueron tan disimiles como lo pretende hacer ver el censor.

Como se puede apreciar, lo que denota esta Sala es el descontento por parte del quejoso con las conclusiones que emitieron los auxiliares de la justicia y la forma en que efectuaron el trabajo pericial, situación que no puede llegar a ser atendida por esta Colegiatura como ente disciplinario; más cuando el mismo Instituto de Medicina Legal, en su escrito allegado como prueba, afirma con certeza que nunca se allegó una queja en contra de los aquí indagados a su departamento interno disciplinario, así como tampoco los auxiliares tienen antecedentes.

Así las cosas, y conforme lo previsto en el artículo 210 de la Ley 734 de 2007, resulta imperativo para esta colegiatura CONFIRMAR la decisión de primera instancia, proferida mediante auto del 15 de Septiembre de 2014, mediante la cual el magistrado de instrucción dio por terminada las diligencias a favor de los indagados.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión de primera instancia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá consignada en la decisión del 15 de septiembre de 2014, mediante la cual dio por terminadas y archivadas las diligencias a favor de los señores Juan Diego Bautista Barrera Vásquez y Paola del Pilar Flórez Uyabal, en su condición de auxiliares de la justicia, adscritos al Instituto de Medicina Legal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

2. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para que notifique a todas las partes dentro del proceso, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese, y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco, presidente—Magda Victoria Acosta Walteros Fidalgo—Javier Estupiñan Carvajal Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

1 Sala integrada por los magistrados Alberto Vergara Molano (ponente) y la doctora María Lourdes Hernández Mindiola.

2[34] Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de agosto de 2009. Radicado 31950. M.P. Sigifredo Espinosa

3[35] Sala de Casación Penal. Sentencia del 7 de febrero de 2007. Radicado 26011. M.P. Sigifredo Espinosa.

4[36] Sentencia C-990 de 2006 M.P. Álvaro Tafúr Galvis.