Sentencia 2014-00578 de octubre 8 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 76001-23-33-000-2014-00578-01(AC)

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Actor: Ivan Camilo Marín Marín

Demandado: Procuraduría General de la Nación y Otro

Bogotá, D.C., ocho de octubre de dos mil catorce.

Procede la Sala a resolver la impugnación que interpuso el señor Iván Camilo Marín contra el fallo del 19 de junio de 2014 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que “denegó por improcedente” la presente solicitud de amparo.

1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito del 27 de mayo de 2014, el señor Iván Camilo Marín Marín, quien manifestó actuar en nombre propio, presentó acción de tutela para que se le ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, que consideró trasgredidos por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

A título de amparo solicitó:

“Yo no tengo abogado, no tengo dinero para sufragar los gastos de honorarios de un abogado, por lo tanto el Estado me debe nombrar un abogado. Le ruego a su señoría fallar en derecho, obligando a estos personajes, que a ellos se encuentra (sic) la protección de los derechos humanos, que lo cumplan en mi caso”.

La solicitud de tutela se apoya en los siguientes hechos, que la Sala resume así:

• Que fue condenado a cuarenta años de prisión “por penas acumuladas” y que se encuentra recluido en la Cárcel de Palmira (Valle del Cauca).

• Que ha advertido una serie de irregularidades en los procesos que se están adelantando en su contra(1), de las cuales debe hacerse cargo y conjurar por conducto de apoderado judicial. Que en tanto carece de recursos económicos para pagar los honorarios de un profesional del derecho, ha acudido insistentemente a la Defensoría del Pueblo para que le sea asignado uno de oficio.

• Que la Defensoría del Pueblo le ha asignado “6 abogados”, quienes han asumido una actitud pasiva frente a sus requerimientos, por lo que considera que carece de defensa técnica.

• Que producto de un fallo de tutela en su favor proferido por el Tribunal Superior de Buga(2), le fue asignado el abogado “Armando Torres Gómez”, de quien manifiesta lo visitó una sola vez en el centro de detención “sin que continuara con su deber”.

• Que ha puesto de presente tales situaciones a la Procuraduría General de la Nación, en calidad de “superior” de la Defensoría del Pueblo, pero que no ha obtenido la cooperación que el caso amerita.

2. Sustento de la vulneración

A juicio del tutelante, pese a que la Defensoría le ha asignado varios profesionales del derecho para atender la defensa penal que merece, ninguno de ellos ha actuado diligentemente en procura de atender sus requerimientos.

3. Trámite de la solicitud de amparo

La tutela fue radicada inicialmente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corporación que con auto de 29 de mayo de 2014 la remitió por competencia al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Por auto de ponente de 23 de abril de 2014, dicho Tribunal Administrativo admitió la solicitud de tutela y ordenó su notificación al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo.

Mediante auto de 12 de junio de 2014, se ordenó oficiar a las Secretarías de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con el fin de que remitieran con destino al plenario, copia de los procesos de tutela Nos. 2013-0061 y 2014-0123 respectivamente, en los que el ahora tutelante había fungido como accionante(3).

4. Argumentos de defensa

4.1. De la Defensoría del Pueblo - Regional del Valle del Cauca

Por conducto del Defensor Regional, solicitó que se declarara la presente tutela era temeraria, toda vez que el actor ha impetrado dos acciones de tutela por los mismos hechos y en contra de las mismas entidades. Al efecto refirió la tutela 2013-0061 que se tramitó ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y la No. 2014-0123 ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

Expuso que el señor Marín goza en este momento “del privilegio de tener un defensor público adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública, profesional que pertenece a la Oficina Especial de Apoyo de nuestra institución, oficina que dicho sea de paso se ocupa de adelantar las defensas más complejas en casos de connotación nacional o en casos donde es necesario interponer, bien recurso extraordinario de casación, o bien de revisión”.

Explicó que una vez fue notificado de la tutela, requirió al Defensor asignado al tutelante, quien rindió un informe(4) en el que dio cuenta de todas las gestiones que ha realizado en el caso del señor Marín Marín e hizo hincapié en “la complejidad del mismo (sic), por la multiplicidad de condenas que tiene por todo el país, de donde se desprende que se continua trabajando en tal sentido, pero es menester insistir en que un recurso de revisión no se prepara de la noche a la mañana, máxime en un caso donde el condenado registra más de 80 fallos en su contra, sentencias en firme que están en diversos despachos judiciales de Colombia”.

Concluyó que el citado abogado no ha desatendido el deber contractual que le asiste ni la defensa del actor. Que en la actualidad continúa con su labor de defensa, gestión que debe comunicarle al señor Marín Marín, cada dos meses.

4.2. De la procuraduría General de la Nación

Pese a encontrarse debidamente notificada de la admisión de la tutela (fl. 17), no la contestó.

5. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante fallo del 19 de junio de 2014, “denegó por improcedente” la presente solicitud de tutela.

Como fundamento de su decisión, analizó si en el presente caso se presentó el fenómeno de temeridad, para lo cual estudió el contenido de las sentencias proferidas por las Salas Laboral y Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y de Cali respectivamente, en el marco de los procesos de tutela Nos. 2013-0061 y 2014-0123.

Sobre el particular, advirtió que la causa petendi, el objeto y los sujetos procesales eran idénticos en los tres eventos y que, por ende, “se cumplía a cabalidad cada uno de los requisitos que jurisprudencialmente se han desarrollado a efectos de hallar configurada la actuación temeraria y en consecuencia la aplicación de las sanciones que la ley prevé”.

Sin embargo, no declaró la temeridad por cuanto consideró que el accionante se encuentra en un “estado de indefensión” por hallarse recluido en un centro carcelario y porque demostró que ignoraba que la presente tutela era temeraria, “toda vez que en el escrito de tutela, manifestó que había presentado una tutela anterior”(5).

6. La impugnación

El señor Marín Marín impugnó el fallo de primera instancia. En síntesis, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela. Agregó “que fue visitado por el abogado “Armando Torres”, quien le manifestó que el día 25 de junio había presentado la Acción de Revisión ante la Corte Suprema de Justicia, pero, advierte, “solo lo hizo con ocasión del presente trámite de tutela”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Panorama general de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la tutela como un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos fundamentales cuando éstos se amenacen o se vulneren por la acción o por la omisión de la autoridad pública o por particulares en algunos casos especiales.

Este instrumento de defensa se caracteriza por su trámite preferente, su residualidad y su subsidiariedad, a la luz del precepto superior que la consagra y del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 que la reglamenta, lo que permite advertir que el ejercicio de la tutela no es absoluto, está limitado por las causales de improcedencia allí contenidas, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

1. La actuación temeraria en la acción de tutela.

Conforme con lo que prevé el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, existe temeridad cuando, “sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales”, por lo cual “se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.

La temeridad se configura, entonces, cuando concurren los siguientes elementos: (i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en tanto la segunda petición de amparo se presenta por parte de la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción(6).

La conjunción de tales elementos evidencia la actuación temeraria, y en estricto sentido, la utilización impropia de la acción de tutela. Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-1215 de diciembre 11 de 2003, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, señaló que:

“… la actuación temeraria es aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de tutela.(7)

Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso.”

La jurisprudencia constitucional ha indicado que, cuando una conducta se adecúe a los presupuestos establecidos para la temeridad, el juez de tutela tiene la posibilidad de rechazar el amparo o decidir desfavorablemente la petición, siempre y cuando:

“(i) envuelva una actuación amañada, reservando para cada acción aquellos argumentos o pruebas que convaliden sus pretensiones(8); (ii) denote el propósito desleal de ‘obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable’(9); (iii) deje al descubierto el ‘abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción’(10); o finalmente (iv) se pretenda en forma inescrupulosa asaltar la ‘buena fe de los administradores de justicia’(11).”(12)

Cabe anotar que esta Corporación ha estimado que el hecho de presentarse dos tutelas con hechos similares, no conduce indefectiblemente a tener como estructurada la referida figura, “pues para ello, debe demostrarse que existen iguales sujetos procesales, hechos, pretensiones, que no hay justificación alguna para la interposición de una nueva acción, sumado a que debe encontrarse inequívocamente probado dentro del proceso de amparo tutelar, la mala fe o dolo del accionante”(13).

En este sentido, la Corte Constitucional ha establecido también algunos eventos en los cuales, a pesar de existir identidad de tales presupuestos, le permite al juez de tutela realizar un estudio a fondo sobre los hechos. Así, en sentencia T-919 de septiembre 23 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se consideró:

“… que tratándose de personas en estado de especial vulnerabilidad, no es procedente negar la tutela por temeridad, a pesar de que se observe una identidad de partes, hechos y pretensiones, cuando el juez advierta que, no obstante la interposición de una o varias acciones anteriormente, los derechos fundamentales de los peticionarios continúan siendo vulnerados. Esta situación, en consecuencia, constituye otra causal que justifica la interposición de una nueva acción de tutela.” (se resaltó)

Igualmente, es importante que el análisis de los presupuestos que configuran la temeridad, se realice teniendo en cuenta las condiciones actuales que rodean el caso y no limitarse a un estudio meramente formal, cuando el fundamento de la acción se base en:

“(i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia(14) o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe(15); (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho(16); (iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante(17): y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.(18)(19)

2. Caso concreto

En el sub lite, el señor Iván Marín Marín insiste en la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, que considera trasgredidos por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, por cuenta de la actitud pasiva de los defensores de oficio que se la han asignado para atender los procesos penales que se adelantan en su contra, quienes a su juicio “fingen su asesoría pero no hacen nada”.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca “denegó por improcedente” la presente solicitud de amparo, al considerar que si bien existía identidad de partes, causa petendi y objeto, la tutela presentada no constituía una actuación temeraria por cuanto el señor Marín se encontraba en un estado de indefensión producto de su reclusión, e ignoraba que la duplicidad de acciones conllevase la declaratoria de temeridad.

A efectos de resolver la impugnación, la Sala comenzará por determinar si, como lo consideró el a quo, se conjugaron los presupuestos que configuran la temeridad o si, por el contrario, la petición de amparo merece un estudio más detallado en orden a determinar si la omisión que se le atribuye a las autoridades públicas accionadas, lesiona los derechos fundamentales invocados.

Se encuentra probado en el expediente que el señor Iván Camilo Marín Marín interpuso ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, acción de tutela que se tramitó con el radicado No. 2013-00061, en contra de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo(20).

Los hechos que motivaron dicha tutela se contraen, según se expuso en el fallo con el que se culminó dicho trámite constitucional, a lo siguiente: “de los hechos planteados por las partes se extrae que lo requerido por el señor Iván Camilo Marín Marín, es precisamente la asistencia de un defensor público debido a que se encuentra inconforme con la condena que le fuera impuesta y que está purgando en el establecimiento penitenciario y carcelario de Palmira; dado que, según su dicho fue condenado ´dos y tres veces por el mismo hecho´ así ´dos veces por homicidio y tres veces por violación´ y que no posee recursos económicos para contratar a un abogado para que estudie su caso e interponga si fuere el caso, los recursos necesarios para que judicialmente se revise la sentencia”. Por ello, la petición de amparo se limitó a que “se le nombre un procurador de ´verdad´, y no uno ´invisible´, ya que el procurador John José Montaña, nombrado para que atendiera su caso, no se ha hecho presente a pesar de que han pasado siete (7) meses desde su designación”.

El referido Tribunal, con sentencia de 10 de abril de 2013(21), tuteló el derecho al debido proceso del señor Iván Marín y ordenó a la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca que asignara un nuevo Defensor Público, quien “deberá realizar la entrevista con éste, a fin de determinar si la condena que le fue impuesta se encuentra ajustada a los preceptos legales que resultan aplicables y de ser el caso, si existe alguna vía para obtener su corrección”. Lo anterior en consideración a que se comprobó que pese a que se le había asignado una Defensora de Oficio por parte de tal entidad, ésta no tuvo oportunidad de culminar la entrevista con el recluso, “dado que se presentaron malos entendidos entre la defensora y el condenado que hicieron que el actor decidiera retirarse del sitio de la entrevista”.

También se encuentra probado que dentro del proceso de tutela No. 2014-00123, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 11 de marzo de 2014 decidió “negarla por improcedente” aquella que interpuso el señor Iván Camilo Marín Marín(22) contra la Defensoría del Pueblo y contra la Procuraduría General de la Nación, por cuanto se constató que incurrió en temeridad al solicitar un amparo constitucional por las mismas razones que motivaron la tutela en la que se emitió el fallo de 10 de abril de 2013 del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga ya citado(23).

En esa oportunidad, la autoridad judicial consideró lo siguiente: “Ab initio, advierte la Sala que la solicitud de amparo deprecada por el accionante será negada en virtud a que el señor Iván Camilo Marín Marín incurrió en temeridad, toda vez que las pretensiones que mediante esta vía eleva ya fueron objeto de estudio y decisión por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, con ponencia de la Dra. Matilde Trejos Trejos, en calidad de Magistrada Ponente, y a quien correspondió conocer de la acción de tutela No. 2013-00061 decidiendo amparar los derechos fundamentales del actor quien también demandó en dicha ocasión a la Defensoría del Pueblo solicitando se le nombrara un Defensor para presentar Acción de Revisión al considerar que se le impuso doble condena por los mismos hechos –principio non bis in ídem-”.

Conforme con lo anterior, concluye la Sala que lo pretendido por el actor en los referidos procesos de tutela (Nos. 2013-00061 y 2014-00123) y los hechos en que dieron lugar a éstos, guardan total coincidencia con la presente solicitud de tutela, conducta ésta reprochable, pues constituye un ejercicio temerario de la acción de tutela y un abuso de este mecanismo constitucional.

En efecto, el fundamento fáctico de la presente solicitud de amparo, de cara aquél que soportó la presentación de las tutelas a las que se ha hecho referencia, demuestran indefectiblemente que el tutelante no está conforme con los abogados que de oficio se le han asignado, de quienes reprocha el hecho de no proceder activamente en su defensa, con el ánimo de obtener de la autoridad judicial penal pertinente un pronunciamiento en torno a situaciones como la violación al principio de non bis in ídem, producto de múltiples condenas, que a su juicio, se le han impuesto por un mismo hecho.

Por tal razón, lo procedente sería dar aplicación al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 que, a la letra dice: “…cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”; pero resulta que, tal y como lo consideró el a quo, el actor se encuentra en un estado de indefensión que lo exonera de la consecuencia jurídica que establece la norma en cita.

Así, la Sala coincide con la conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para no declarar la actuación temeraria al caso concreto, en tanto consideró que dadas las condiciones en las que se encuentra el tutelante, esto eso, el hallarse recluido en un centro carcelario, lo pone en un escenario de protección que justifica el hecho de incoar nuevamente una tutela, a lo que se suma el evidenciarse que éste ignoraba que la duplicidad de acciones daría lugar a la temeridad, lo cual se advierte de la manifestación hecha en el escrito de tutela, cuando señaló que había solicitado un amparo anterior por situaciones similares.

La jurisprudencia constitucional ha establecido como excepción a la temeridad el hallarse bajo un “estado de indefensión”, lo cual se predica de las especiales condiciones de quien ejerce la tutela, cuyo contexto es indicativo de que no se está obrando por mala fe o con la intención de obtener un nuevo pronunciamiento judicial que le resulte positivo, sino porque su necesidad de amparo es tan extrema que el recurrir al mecanismo constitucional constituye la única vía de cara a la situación que padece, contexto que a todas luces encaja con el escenario que expone el tutelante, quien pretende que el profesional del derecho que lo asiste, actúe, y lo haga con celeridad, con el fin de presentar las acciones o recursos que le permitan al juez natural determinar si, como él lo advierte, fue juzgado dos veces por el mismo hecho.

No obstante, aun cuando la solicitud de tutela no deba ser rechazada producto de la excepción a la temeridad configurada, lo cierto es que el amparo solicitado no puede deprecarse por este medio constitucional.

En efecto, el hecho de que el tutelante critique la actividad desplegada por el abogado que se le asignó con ocasión de la orden de tutela que se dictó en el proceso No. 2013-00061, no lo autoriza para que interponga un sinnúmero de tutelas con el fin de que se le asigne igual número de profesionales del derecho.

Si considera que el defensor de oficio no está cumpliendo en debida forma con su deber, el actor tiene la posibilidad de iniciar el respectivo incidente de desacato a efectos de que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga decida sobre el efectivo cumplimiento de la sentencia de amparo(24).

Esa situación, según las voces del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, impone la modificación de la sentencia impugnada para en su lugar, declarar la improcedencia de la tutela, por la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR el fallo del 19 de junio de 2014 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que “denegó por improcedente” la presente solicitud de amparo, para en su lugar DECLARAR SU IMPROCEDENCIA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR esta providencia en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Alberto Yepes Barreiro—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Susana Buitrago Valencia.

1 Al efecto señaló que “hay procesos fallados hasta tres veces por un mismo delito, hay dobles acumulaciones y aumento de penas injustificadas. Tengo un caso donde fui indagado por hurto y lesiones personales y me condenaron por homicidio”.

2 El actor no especifica en su escrito de tutela cuál era el radicado del proceso incoado, ni refiere la fecha de la providencia.

3 La Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga allegó la documentación requerida mediante oficio No. 03331 del 16 de junio de 2014 (fls. 62-173). Por su parte la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali la allegó en cuaderno anexo.

4 Se destacan los siguientes apartes de dicho documento (fls. 30-31): “Dando curso a su requerimiento en lo que compete al asunto de la referencia, en forma atenta, comedida y por demás respetuosa me permito comunicarle que al ciudadano indicado, a través del suscrito profesional se le viene prestando el servicio en lo que tiene que ver con un caso en donde aquél fue condenado dos veces por el mismo hecho y que dice relación (sic) a los Juzgados Primero y Segundo Penales del Circuito radicados en la localidad de Soacha – Cundinamarca. (…) Una vez asignado el caso al suscrito, me dirigí a la cárcel de varones de Palmira y le tomé el correspondiente poder con el fin de presentar acción de tutela en virtud a que conforme mi criterio esa era la vía para subsanar el yerro jurídico que se produjo respecto a lo comentado; misma que fue denegada en virtud a que en criterio del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández la Corte Suprema de Justicia, plasmado en decisión calendada 22 de octubre de 2013, aprobada en acta No. 357, consideró que el medio eficaz para dirimir el asunto esa la acción de revisión. Ante la postura hilvanada por la autoridad que se acaba de indicar, aprovechando que a principios del mes de enero del año en curso, por cuenta de la Defensoría del pueblo tuve que viajar a la ciudad de Bogotá, me presenté en los Juzgados Primero y Segundo Penales del Circuito de Soacha en donde octubre copias auténticas con constancia de ejecutoria de los fallos indicados y por ahí mismo me desplace hasta la Relatoría de la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal y obtuve más de un millar de decisiones que tienen que ver con demandas de revisión, sin que dentro de este material haya hasta ahora una que me sirva de soporte para confeccionar la demanda de acción de revisión. (…) No obstante ello, desde hace muchos días vengo elaborando la demanda correspondiente. (…) En simetría con lo argüido por el accionante de la referencia, no es cierto que no haya vuelto a tener contacto con él en lo que respecta a su asunto, ya que contractualmente estoy obligado a brindarle información por lo menos una vez cada tres meses y la última fue el día 25 de marzo de 2014 (prueba aportada visible en el folio 32), dando cumplimiento de esa manera a la cláusula octava, obligación común, parágrafo, no enviándole comunicación escrita como allí se me ordena, sino que visitándolo e informándole sobre mi actuación”.

5 Ello en consideración a lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia T-089/07 que al efecto señaló: “En estos términos, no sucede lo mismo y así lo ha advertido esta Corporación, cuando a pesar de existir dicha duplicidad, el ejercicio de las acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente es la declaratoria de “improcedencia” de las acciones de tutela indebidamente interpuestas, la actuación no se considera “temeraria” y, por lo mismo, no conduce a la imposición de sanción alguna en contra del demandante”.

6 Cfr. T-883 de agosto 9 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett, entre muchas otras.

7 “En este sentido, sentencias T-308 de 1995, T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, entre muchas otras”.

8 “Sentencia T-149 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz”.

9 “Sentencia T-308 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo”.

10 “Sentencia T-443 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero”.

11 “Sentencia T-001 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo”.

12 T-089 de febrero 8 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Susana Buitrago Valencia, Sentencia de 27 de junio de 2013, Exp. 2013-00675, Actor: Jhoan Javier Giraldo Ballén.

14 “Sentencia T-184 de 2005”.

15 “Sentencias T-1215/03, T-721/03, T-184/05. También las sentencias T-308 de 1995, T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997”.

16 “Sentencia T-721/03”.

17 “Sentencias T-149/95, T-566/01, T-458 de 2003, T-919/03 y T-707/03”.

18 “Sentencia SU-388/05”.

19 T-1104 de noviembre 6 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.

20 Entidad que si bien no fue demandada inicialmente, si fue vinculada mediante auto de 20 de marzo de 2014 de la Sala Laboral de dicha corporación.

21 Fls. 130-145

22 Fls. 67-71 cuaderno anexo.

23 Valga señalar que dicho fallo fue confirmado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 9 de mayo de 2014, según se desprende del aplicativo de consulta de procesos de la página web de la rama judicial.

24 Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 sobre el cumplimiento del fallo de tutela que la letra dice: “Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.