SENTENCIA 2014-00626 DE AGOSTO 16 DE 2017

 

Sentencia 2014-00626 de agosto 16 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 170011102000201400626 01

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Acta 67

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la apelación interpuesta, según los términos del numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 59 numeral 1º y 81 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “(…) los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

3. El caso concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario fue otorgado por mandato constitucional a esta jurisdicción, encaminado a ser ejercido sobre la conducta profesional de los abogados teniendo como objetivo primordial, verificar el efectivo cumplimiento de su principal misión, la cual es defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales, por ende, en la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Se advierte que la togada fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo, pues faltó al deber de diligencia profesional consagrado en el artículo 37, numeral 1º, de la Ley 1123 de 2007, ante la tardanza en iniciar las gestiones incluida la obtención del registro civil del exesposo de la quejosa y el descuido en el manejo de los documentos que le fueron entregados, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:

“(…) ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas (…)”.

Así mismo por incurrir en la falta prevista en el artículo 34 literal c, por la ausencia de claridad y sinceridad con la información entregada a su cliente, a quien desde el mes de julio de 2014 se le dijo que todo estaba listo, cuando no se había radicado la solicitud ante la notaría; que a su vez dispone:

“ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(…)

c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto;”.

Observa la sala una vez valorada la evidencia probatoria acopiada en el investigativo, a la abogada Paula Carolina Orozco Ángel, se le otorgó poder para iniciar y llevar hasta su culminación tramite notarial de divorcio consensual civil y liquidación de la sociedad conyugal, trámite que finalmente se protocolizó el 18 de noviembre de 2014.

Ahora bien centró la disciplinada su impugnación, en el argumento de no existir pruebas en su contra, no causar perjuicio a la quejosa al haberse realizado el trámite y no ser imputables a ella, las demoras en el trámite.

Sin embargo, encuentra demostrada la sala que la conducta relacionada con la debida diligencia enrostrada a la disciplinada, al evidenciarse de la prueba recaudada, la demora de la profesional en iniciar las gestiones a su cargo, debido a que dejó de obtener oportunamente el registro civil, necesario para llevar a cabo la gestión a la que se comprometió, además del descuido en el manejo de los documentos que le fueron entregados, tal y como consta en los correos y comunicaciones que fueron allegadas al plenario.

Frente a la falta 34 literal c, también se encuentra debidamente acreditado, que la abogada Paula Carolina Orozco Ángel, no fue clara con la quejosa, a lo largo de la gestión, pues desde el principio no le advirtió que dadas sus múltiples obligaciones, el tramite no sería lo suficientemente expedito, tampoco le explicó si los documentos a adjuntar eran necesarios en copia u original, ni le informó los avances del asunto, por lo que la quejosa se vio en la necesidad de acudir a interponer la queja, ante el desconocimiento en que estuvo y la falta de diligencia de la misma.

Es claro que no pueden ser acogidos los argumentos expuestos en la apelación, pues ciertamente no existe causal de justificación atendible para exculpar a la doctora Paula Carolina Orozco Ángel de las faltas por las que fue sancionada. Ni tampoco existencia incongruencia de cargos alguna, pues las faltas que le fueron atribuidas dada la situación fáctica ampliamente expuesta, son las mismas por las que será sancionada, ante la evidente falta de diligencia y de lealtad con su cliente, como quedó demostrado.

Tampoco serán acogidos por esta sala los argumentos expuestos por la recurrente, relativos a imponer una sanción menos gravosa a la disciplinado, en tanto considera que conforme al artículo 40 se le impusieron dos sanciones principales, que la dejan sin la posibilidad de trabajar, y que no se tuvieron en cuenta a su favor criterios de atenuación, cuando ella aceptó que se traspapelaron los papeles, ya que se le aclara que una sanción no excluye a la otra, tal cual se previó en el parágrafo del artículo 42 de la Ley 1123 de 2007, además porque la sala de instancia al imponer la sanción tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 45 ibídem, en tanto el actuar de la abogada afectó los intereses de la quejosa, quien por razones que solo atañen a su esfera personal, se encontraba urgida de realizar el trámite notarial de divorcio, además de imprimírsele una imagen antiética de los profesionales del derecho; lo que de plano descarta el argumento de la apelante.

Así las cosas, considera esta superioridad que la sanción impuesta de suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión y multa de dos salarios mínimos mensuales vigentes, a la abogada Paula Carolina Orozco Ángel, comporta los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y será mantenida incólume, dejando por sentado que la anterior dosificación se realizó con base en lo normado en los artículos 13 y 45 de la Ley 1123 de 2007, por lo que se procederá a confirmar en su integridad la providencia impugnada.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, proferida el día 30 de noviembre de 2015, a través de la cual resolvió sancionar a la abogada Paula Carolina Orozco Ángel con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión y multa de dos salarios mínimos mensuales vigentes, por encontrarla incursa en las faltas previstas en los artículos 37 numeral 1º y 34 literal c de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa y dolo, respectivamente.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la secretaría judicial de esta sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del registro nacional de abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».