Sentencia 2014-00638 de octubre 17 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Radicado: 050012333000201400638 01

Nº Interno: 2753-2016

Magistrado Ponente:

Dr. César Palomino Cortés

Demandante: Jesús Orlando Cetre Ibárguen

Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho —Ley 1437 de 2011— Segunda instancia.

Tema: Pensión gracia de jubilación reconocida en favor de un docente cuyo nombramiento se efectuó por la Intendencia Nacional de Arauca en la Escuela Rural Calafitas del municipio de Saravena (Arauca), con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Bogotá, D.C., diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conoce en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2. Problema jurídico.

En el caso concreto la Sala debe precisar si el demandante tiene derecho a la pensión gracia de jubilación contemplada en la Ley 114 de 1913, teniendo en cuenta que laboró al servicio de la docencia en el municipio de Saravena, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, por nombramiento efectuado por el Intendente Nacional de Arauca.

3. La pensión gracia de jubilación.

a. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales, que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

b. Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, autorizando a los docentes, según su artículo 6º, a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.

c. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

d. Finalmente, la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, numeral 2º, literal a), limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

“[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación. […].”.

f. La disposición transcrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado(6), pronunciamiento en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia y en el que a propósito del artículo 15, puntualizó:

[…] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…). siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

[…].”.

4. De la nacionalización de la educación.

La Ley 43 de diciembre 11 de 1975 “por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías; se redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa”, ordenó en su artículo 1º la nacionalización de la educación, así:

“ART. 1º—La educación primaria y secundaria oficiales serán un servicio público a cargo de la Nación.

En consecuencia, los gastos que ocasione y que hoy sufragan los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente ley.

PAR.—El nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por medio de esta ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función”.

Seguidamente se ocupó de quien efectuaría el pago de las prestaciones de los docentes nacionalizados, como el pago que efectuarían las entidades territoriales a la Nación para cubrir las obligaciones causadas con anterioridad a la nacionalización.

Por su parte a través de la Ley 24 del 11 de febrero de 1988 se reguló la administración del personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados, teniendo en cuenta las normas del estatuto docente y de carrera administrativa vigentes y que expida en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional a cargo de las entidades territoriales, la que fue modificada por la Ley 29 de 1989 en la que se reiteró que si bien existía descentralización administrativa, el pago de los salarios y prestaciones de los docentes continuaría a cargo de la Nación(7).

Seguidamente y con fundamento en la Ley 43 de 1975 se expidió la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989 “por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”(8), con el fin de atender, entre otras, las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, y se señaló la manera como la Nación y los entes territoriales asumirían la carga prestacional del personal docente.

“ART. 4º—El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente ley, siempre con observancia del artículo 2º, y de los que se vinculen con posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente ley, quienes quedan eximidos del requisito económico de afiliación. Los requisitos formales que se exijan a éstos, para mejor administración del fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya asumidos por las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios interadministrativos. El personal que se vincule en adelante, deberá cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica”.

La mentada disposición en su artículo 15 se ocupó del régimen prestacional aplicable al personal docente vinculado con anterioridad a su vigencia y con posterioridad a ella, así:

“A partir de la vigencia de la presente ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decreto 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley.

[…].

PAR. 2º—El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a cargo de la Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: Primas de navidad, de servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones”.

Seguidamente se expidió la Ley 60 de 1993 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, descentralizó en favor de los departamentos (y distritos) el servicio de la educación y ordenó que el mismo sería dirigido y administrado directa y conjuntamente con los municipios.

Visto lo anterior, observa la Sala que el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria, se efectuó conforme a lo ordenado por la Ley 43 de 1975, dando inicio el 1º de enero de 1976 y culminando el 31 de diciembre de 1980, a partir de cuando los docentes vinculados con posterioridad tendrían la calidad de nacionales. Sin embargo, se evidencia que con la Ley 91 de 1989 se mantuvo una diferencia entre personal nacional, nacionalizado y territorial, cuyo objeto era diferenciar el régimen prestacional aplicable a cada uno de ellos e identificar que asumiría dicha carga prestacional.

5. Del caso concreto.

Conforme lo expuesto por la apoderada de la parte demandada en el recurso de apelación, la Sala procederá a verificar si el señor JESÚS ORLANDO CETRE IBÁRGUEN cumple con el requisito de encontrarse vinculado a la docencia antes del 31 de diciembre de 1980, y haber acreditado 20 años de servicio en la docencia oficial del orden territorial y/o nacionalizada, para así determinar si tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Para la entidad demandada, el periodo laborado por el actor como docente, entre el 21 de mayo de 1971 y el 30 de noviembre de 1983 no pueden ser tenidos en cuenta al momento de calcular el tiempo de servicios para la pensión gracia de jubilación pretendida, toda vez que dicha vinculación fue de carácter nacional, así las cosas al no haber estado vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, no hay lugar a reconocer a su favor dicha prestación.

5.1. Hechos probados.

5.1.1. Para efectos del reconocimiento pensional gracia del señor JESÚS ORLANDO CETRE IBÁRGUEN, se encuentra demostrado en el proceso lo siguiente:

1. El actor nació el 12 de diciembre de 1956, esto es, cumplió 50 años de edad el 12 de diciembre de 2006(9).

2. Copia de la certificación expedida por el jefe de personal del Fondo Educativo Regional de Arauca del 30 de noviembre de 1983, en la que hace constar que el demandante “trabajó al servicio del Magisterio Intendencial como profesor de la zona rural de Saravena desde el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983…”(10).

3. Obra constancia expedida por la Fiduprevisora S.A. del 23 de abril de 2007, en la que certifica que el señor JESÚS ORLANDO CETRE IBÁRGUEN prestó sus servicios como docente “nacional” del nivel básica primaria con vinculación en propiedad, en la Escuela Rural Calafitas del municipio de Saravena (Arauca) desde el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983(11).

4. Obra igual certificación expedida por la misma entidad el 12 de diciembre de 2011, donde consta similar información, sin embargo se certifica que la vinculación del actor fue como docente nacionalizado, la que es reiterada en certificaciones de fechas 2 de diciembre de 2013, 30 de enero de 2015(12).

5. Copia del oficio proferido por la líder de talento humano de la Gobernación de Arauca en la que resuelve la petición elevada por el demandante a través de correo electrónico, informándole que “en una certificación enviada el día 3 de octubre de 2012, se le corrigió el error del tipo de vinculación, quedando como nacionalizado, además, la certificación que usted envía es de fecha 2007, igualmente se le aclara que sus aportes se realizaron a la Caja Intendencial de Previsión Social, CINPRES hoy Fondo Departamental de pensiones y no a CAJANAL como nos informa en dicha solicitud”(13).

6. Obra igualmente certificación expedida por el coordinador de nómina del departamento de Arauca, del 31 de agosto de 2006, en la que consta que el demandante “prestó sus servicios al Magisterio del departamento de Arauca, plaza nacionalizada, como docente en la Escuela Alpes I del municipio de Saravena desde el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983…”(14).

7. Copia del formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido por el departamento de Antioquia - Secretaría de Recursos Humanos, del 7 de marzo de 2007 en la que consta que el demandante laboró al servicio de directivo docente en propiedad, tipo de vinculación nacionalizado, desde el 27 de agosto de 1984 al 28 de febrero de 2007, encontrándose a la fecha de la certificación activo(15).

8. Copia del Decreto 308 del 2 de mayo de 1979 por el cual el intendente nacional de Arauca nombra al señor JESÚS ORLANDO CETRE IBÁRGUEN como profesor de la Escuela Rural Calafitas del municipio de Saravena(16), cargo del cual toma posesión el 21 de mayo de 1979 ante el despacho de la Secretaría Municipal de Saravena(17).

9. Copia de la Resolución 838 de 22 de septiembre de 1982 por el cual el Intendente Nacional de Arauca - Jefe junta administradora traslada al actor a la Escuela Los Alpes del municipio de Saravena(18).

10. Copia del Decreto 1197 de 1983 por el cual el Intendente Nacional de Arauca acepta la renuncia presentada por el demandante, a partir del 30 de noviembre del mismo año(19).

11. Copia del Decreto 1525 del 1º de agosto de 1984 por el cual el Gobernador del departamento de Antioquia nombra al demandante como director en la Escuela Rural Integrada Blanquicet del municipio de Turbo (Antioquia)(20).

12. Obra copia del certificado expedido por la Secretaría de Recurso Humano de Antioquia, en la que constan los conceptos y valores percibidos por el demandante durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2005 al 28 de febrero de 2007(21).

5.1.2. Mediante la Resolución UGM 16643 del 10 de noviembre de 2011 acto administrativo demandado, la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL EICE, en liquidación, negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación al señor JESÚS ORLANDO CETRE IBÁRGUEN, bajo el argumento de que de acuerdo con las normas vigentes, la pensión gracia no puede ser reconocida a docentes nacionales; pues el tiempo de servicios prestados entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983 fueron prestados como docente nacional(22).

La misma entidad por medio de Resolución UGM 046245 del 15 de mayo de 2012 confirma el anterior acto administrativo, al desatar el recurso de reposición interpuesto por el actor, fundamentado en inconsistencias presentadas en los certificados aportados al expediente administrativa, sumado a que el actor no subsanó las mismas a través de documento idóneo que demostrara la calidad de su nombramiento(23).

Mediante Auto ADP 004095 del 19 de marzo de 2013 la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social resuelve archivar la solicitud presentada por el demandante el 14 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta las mismas consideraciones expuestas en el acto administrativo anterior, razón por la cual consideró que este asunto se encuentra en firme(24).

Conforme lo anterior, se observa que el demandante laboró como docente así:

— Por el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1979(25) al 30 de noviembre de 1983.

— En calidad de directivo docente nacionalizado, al servicio del Departamento de Antioquia a partir del 27 de agosto de 1984 al 28 de febrero de 2007, encontrándose a la fecha de la certificación activo(26).

De otra parte, consta en el expediente el Decreto 308 del 2 de mayo de 1979 por el cual el Intendente Nacional de Arauca nombra al actor como profesor de la Escuela Rural Calafitas del municipio de Saravena(27). Seguidamente el mismo funcionario a través de la Resolución 838 de 22 de septiembre de 1982 traslada al demandante a la Escuela Los Alpes del municipio de Saravena(28) y finalmente a través del Decreto 1197 de 1983 acepta la renuncia presentada por el señor JESÚS ORLANDO CETRE IBÁRGUEN a partir del 30 de noviembre del mismo año(29).

Posteriormente a través del Decreto 1525 del 1º de agosto de 1984 el Gobernador del departamento de Antioquia nombra al demandante como director en la Escuela Rural Integrada Blanquicet del municipio de Turbo (Antioquia).

Bajo estos supuestos, observa la Sala que en el caso concreto se encuentra debidamente acreditado el hecho de que el señor JESÚS ORLANDO CETRE IBÁRGUEN laboró al servicio de la docencia como docente nacionalizado, desde el 27 de agosto de 1984 sin que en el plenario se hubiere acreditado su retiro del servicio, por lo que conforme a las probanzas se puede deducir que el actor a la fecha se encuentra activo(30).

No obstante lo anterior, se observa que respecto a la vinculación del demandante como docente de básica primaria, entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983 existe discusión, en tanto la entidad demandada sostiene que la misma es de carácter nacional y no del orden territorial, razón por la cual este no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia de jubilación, puesto que no cumple con el requisito previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 según el cual “Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos…”.

El anterior argumento encuentra sustento en que conforme a las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 sus destinatarios son los maestros de escuelas primaria oficiales, los empleados docentes y profesores de las escuelas normales, inspectores de instrucción pública y a los maestros de escuela secundaria, siendo improcedente su reconocimiento a docentes cuyo nombramiento provenga de la Nación, pues el fin de la misma fue menguar la desigualdad existente entre lo percibido por los docentes del orden nacional y los del orden territorial o que fueron objeto del proceso de nacionalización.

Por su parte, la parte actora aduce que la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, hay lugar a tenerse en cuenta a efectos de contabilizar el tiempo para acceder a la pensión gracia de jubilación, pues dicho tiempo de servicios corresponde a la prestación de servicios docentes de carácter nacionalizado, tal como consta en sendas certificaciones aportadas al expediente.

En vista de lo anterior, encuentra la Sala que el tiempo de servicios laborado por el actor, correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983, ha de ser tenido en cuenta en calidad de docente del orden territorial, puesto que según se encuentra acreditado en el plenario dicha vinculación se produjo debido a nombramiento efectuado por el Intendente Nacional de Arauca en el cual se nombra al señor JESÚS ORLANDO CETRE IBÁRGUEN como profesor de la Escuela Rural Calafitas del municipio de Saravena(31), quien posteriormente efectúa su traslado a otra Institución y finalmente a través del Decreto 1197 de 1983 el mismo funcionario acepta la renuncia presentada por el actor a partir del 30 de noviembre del mismo año(32).

Lo anterior encuentra sustento en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, en donde establece que se considera personal territorial “los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975”.

En este orden de ideas, se encontró acreditado en el plenario que el nombramiento efectuado al demandante por el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983 fue realizado por el intendente Nacional de Arauca a través de Decreto 308 del 2 de mayo de 1979, de lo cual se puede concluir que el actor laboró al servicio de la Intendencia Nacional de Arauca para este periodo de tiempo, entidad que con anterioridad a la Constitución Política de 1991 tenía la naturaleza jurídica de entidad territorial, con respecto el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso:

“ART. 2º—El territorio nacional se divide en departamentos, intendencias y comisarías; los primeros se dividen en municipios o distritos municipales.

La ley puede decretar la formación de nuevos departamentos, desmembrando o no las entidades existentes, siempre que se llenen estas condiciones:

1. Que haya sido solicitada por las tres cuartas partes de los concejales de la comarca que ha de formar el nuevo departamento;

2. Que el nuevo departamento tenga por lo menos 250.000 habitantes y quinientos mil pesos ($ 500.000) de renta anual; y,

3. Que aquel o aquellos de que fuere segregado quede cada uno con una población de 250.000 habitantes por lo menos, y con una renta anual de quinientos mil pesos ($ 500.000).

La ley podrá segregar territorio de un departamento para agregarlo a otro u otros limítrofes, teniendo en cuenta la opinión de los habitantes del respectivo territorio y el concepto previo de los gobernadores de los departamentos interesados. La ley reglamentará lo relacionado con esta disposición.

Las líneas divisorias dudosas serán determinadas por comisiones demarcadoras nombradas por el Senado.

Las intendencias y comisarías quedan bajo la inmediata administración del gobierno y corresponde al legislador proveer a la organización y a la división administrativa de ellas.

La ley puede crear y suprimir intendencias y comisarías, anexarlas total o parcialmente a los departamentos, darles estatutos especiales y reglamentar su organización electoral, judicial y contencioso administrativa”.

Por su parte la Ley 2ª de 1943 “por la cual se dictan algunas disposiciones sobre administración, división administrativa y régimen electoral de las intendencias y comisarías” precisó con respecto a la naturaleza jurídica de ellas:

“ART. 1º—Las intendencias y comisarías de que habla el artículo 5º de la Constitución Nacional, son personas jurídicas. Se asimilan a los departamentos en cuanto no pugne con las disposiciones de carácter especial, y, en consecuencia, les son aplicables las leyes que se refieran a los departamentos sin hacer exclusión manifiesta de las intendencias y comisarías, o que no sean incompatibles con la naturaleza de estas, ni con su régimen especial. Así, las intendencias y comisarías podrán establecer los mismos impuestos y contribuciones y tendrán las mismas rentas que los departamentos. Pero, de conformidad con aquel precepto constitucional, están bajo la administración inmediata del gobierno nacional, el cual, además de las funciones ejecutivas y administrativas, ejercerá en ellas las que en los departamentos corresponden a las asambleas departamentales”.

Por su parte el Congreso de la República a través de la Ley 28 del 20 de diciembre de 1974 revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias en materia administrativa en virtud de las cuales el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1925 de 1975(33) creando el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías (Dainco), asignándole la función coordinación, vigilancia y orientación de las intendencias y comisarias.

Posteriormente a través de la Ley 22 del 18 de enero de 1985(34) se establece que la administración de esas intendencias en cada entidad territorial correspondería a los consejos intendenciales y comisariales y a los intendentes y comisarios(35), confirmando de esta manera lo dispuesto en la Constitución y el artículo 1º de la Ley 2ª de 1943, según los cuales si bien la administración de las intendencias y comisarias correspondía al Gobierno Nacional ellas se asimilaban a los departamentos, pudiendo establecer los mismos impuestos y contribuciones y tendrían las mismas rentas que aquellos.

Finalmente con la Constitución de 1991 dichas intendencias y comisarías fueron erigidas como departamentos, tal como lo ordenó el artículo 309 de la Constitución Política(36).

Así entonces, para la parte demandada el tiempo de servicios como docente prestado por el actor con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 es del orden nacional, tal como se advirtió líneas atrás, no obstante, para la Sala el mismo deviene del orden territorial, puesto que fue efectuado por entidad territorial, la cual si bien era administrada por el Gobierno Nacional, tenía la misma calidad de entidad territorial, esto es gozaba de autonomía e independencia como de ellos se predica, tal como se prevé en la Ley 2ª de 1943 y 22 de 1985, como se dejó advertido.

Lo anterior sumado a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975 artículo 1º en el cual se nacionalizó la educación que venían prestando los departamentos, Distrito Especial de Bogotá, los municipios, intendencias y comisarías, por lo que con fundamento en la anterior norma quedaron nacionalizada el servicio de educación que venía prestando las intendencias, para el caso concreto la de Intendencia Nacional de Arauca, por lo tanto los nombramientos efectuados por este se entienden de naturaleza nacionalizada, tal como lo ordenó la norma.

Argumento que a su vez se confirma con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 que considera como docente territorial el nombrado por entidad territorial, en este caso, la Intendencia Nacional de Arauca, con posterioridad al 1º de enero de 1976.

En este orden de ideas, se observa que la prestación de servicios docentes durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983, tienen naturaleza territorial, pues si bien fueron prestados a una intendencia nacional cuya administración correspondía al Gobierno Nacional, la misma tenía categoría de entidad territorial, asimilables a departamentos tal como expresamente lo establece la normatividad analizada, los cuales por demás, expresamente fueron erigidas como tal por la Constitución Política de 1991; no siendo de esta manera de recibo el argumento esgrimido por la entidad demandada al considerar que el actor tiene nombramiento nacional pues tal como se dejó analizado el mismo es del orden territorial, emanado por entidad territorial.

La anterior consideración, se encuentra ratificada por el material probatorio aportado al plenario, en la que consta que el actor entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983 ostentaba la calidad de docente intendencial como profesor de la zona rural de Saravena(37), certificación que se halla corroborada por sendas constancias expedidas por la Fiduprevisora S.A.(38) y por la proferida por la líder de talento humano de la Gobernación de Arauca en la que aclara el error mecanográfico cometido en la constancia expedida en el año 2007 con respecto al tipo de vinculación, reiterando que se trata de docente nacionalizado.

De esta manera, como lo advirtió el tribunal quedó desvirtuado el argumento de la entidad demandada en el sentido de que al 31 de diciembre de 1980 el demandante no se encontraba vinculado como docente nacionalizado, pues como se demostró prestó sus servicios como docente intendencial que equivale departamental en el período ya indicado, esto es, del 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983, lo que le confiere el derecho a percibir una pensión gracia en los términos de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993 y 91 de 1989.

4.2. Conclusión.

Vistas las consideraciones que anteceden, el señor JESÚS ORLANDO CETRE IBÁRGUEN acreditó más de 20 de servicio como docente nacionalizado, razón por la cual tiene derecho, tal como lo concluyó el a quo a devengar una pensión gracia de jubilación, a partir del momento en que adquirió el status pensional, tal como se ordenó en la sentencia apelada.

Teniendo en cuenta que el apoderado de la parte demandada no efectuó pronunciamiento alguno en relación con la condena en costas ordenada en la sentencia apelada, no hay lugar a efectuar análisis al respecto.

5. Decisión de segunda instancia.

En razón a los argumentos precedentes, la Sala considera que se impone confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 29 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, por medio de la cual se declaró la nulidad del acto administrativo acusado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Tribunal Administrativo del Antioquia, sistema oral por la cual accedió a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Jesús Orlando Cetre Ibárguen contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP.

2. RECONOCER personería al abogado MANUEL ALEJANDRO HERRERA TÉLLEZ, portador de la T.P. 171.600 del CSJ, para actuar como apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP, en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 214 del expediente.

3. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.»

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia S-699 de 26 de agosto de l997, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.

7 “ART. 9º—“El artículo 4º quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del estatuto docente y la carrera administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales correspondientes. En la Isla de San Andrés estas atribuciones se asignan al Intendente. Se asignan a los gobernadores, intendentes, comisarios y Alcalde Mayor de Bogotá, las funciones de nombrar, remover, controlar y, en general, administrar el personal administrativo, nacional y nacionalizado, de los equipos de educación fundamental, teniendo en cuenta la carrera administrativa. Ver Ley 115 de 1994.

PAR. 1º—Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon.

PAR. 2º—La Nación no asume responsabilidad alguna por los nombramientos que excedan las plantas de personal aprobadas por el gobierno respectivo jurisdicción municipal y para la jurisdicción de la Isla de San Andrés, ni personal así designado.

[…]”.

8 “ART. 3º—Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la omisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional. El fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad”.

9 Folio 16.

10 Folio 69.

11 Folios 17 a 18.

12 Folios 35 a 36, 38, 64.

13 Folio 41.

14 Folio 19.

15 Folios 20 a 21.

16 Folio 65.

17 Folio 66.

18 Folio 67.

19 Folio 68.

20 Folios 22 a 23.

21 Folios 24 de 26.

22 Folios 2 a 7.

23 Folios 9 a 11.

24 Folio 13.

25 Folio 66.

26 Folios 20 a 21.

27 Folio 65.

28 Folio 67.

29 Folio 68.

30 Tal como consta en la certificación aportada al plenario visible a folios 20 a 21.

31 Folio 65.

32 Folio 68.

33 “Por el cual se crea y organiza el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías”.

34 “por la cual se dictan normas sobre el régimen administrativo de las intendencias y comisarías, se faculta al Presidente de la República para reorganizar el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, modificar el régimen administrativo, contractual y fiscal en estas entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.

35 “ART. 1º—La administración de las intendencias y comisarías corresponde al Gobierno Nacional, al departamento administrativo de intendencias y comisarías y en cada entidad territorial a los consejos intendenciales y comisariales y a los intendentes y comisarios, conforme a las disposiciones de la presente ley”.

36 “ART. 309.—Erígense en departamento las intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada.

Los bienes y derechos que a cualquier título pertenecían a las intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad de los respectivos departamentos”.

37 Folio 69.

38 Folios 35 a 36, 38, 64.