SENTENCIA 2014-00646 DE NOVIEMBRE 9 DE 2017

 

Sentencia 2014-00646 de noviembre 9 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 170011102000201400646 01

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Aprobado según acta 97 de la misma fecha

Bogotá D. C., nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

ASUNTO A DECIDIR

Procede esta Corporación a pronunciarse en grado de consulta en relación con la sanción impuesta al abogado Luis Alfonso Castillo Castro, en la sentencia de 11 de septiembre 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas(1), por la incursión en las faltas contenidas en el artículo 33 numerales 8º y 9º de la Ley 1123 de 2007, al imponerle suspensión de un (1) año en el ejercicio de la profesión y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (5 SMMLV) de multa.

Hechos

El veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014), la secretaría de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, remitió copia de la sentencia de cuatro (04) de noviembre de dos mil catorce (2014), la cual resolvió recurso de apelación en contra del fallo proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá, dentro del proceso de sucesión intestada del causante Ángel Tulio Carmona García, promovido por los señores Tulio Alejandro y Olga Julieth Carmona Henao, Silvia del Socorro Henao Sierra y Adriana Carmona Parra, radicado 2012.00148.00(2), para que se investigara la posible incursión en el agenciamiento de intereses contrapuestos por parte del abogado Luis Alfonso Castillo Castro, al haber presentado oposición sobre los bienes de la herencia a nombre de la señora Silvia del Socorro Henao Sierra, en tanto representaba no solo a la mencionada, sino a los dos hijos matrimoniales del de Cujus, los señores Tulio Alejandro y Olga Julieth Carmona Henao(3).

Además, ordenó investigar a la abogada Claudia Lorena López Rave, apoderada de la señora Adriana Carmona Parra, al desatender las diligencias, no pedir pruebas para resolver la oposición al secuestro, no asistió a la audiencia, ni actuó en la segunda instancia.

Anexó copia del cuaderno de medidas cautelares y demás enviadas para resolver la apelación, dentro del proceso de sucesión intestada del señor Ángel Tulio Carmona García, tramitado ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá, radicado 2012.00148.00(4).

Actuación procesal

Audiencias de pruebas y calificación

Realizado el reparto, sin proferir auto de trámite preliminar, mediante auto de 9 de octubre de 2014, se abrió investigación disciplinaria.

En las audiencias de pruebas y calificación de 2 de marzo y 29 de abril de 2015, se recaudaron y legalizaron en audiencia las siguientes pruebas:

1. Se acreditaron las direcciones actualizadas y antecedentes disciplinarios que reportan los disciplinados ante la Procuraduría General de la Nación y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura(5). 

2. Se incorporó certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, sin registrar sanciones disciplinarias(6).

3. Rindió versión libre la abogada Claudia Lorena López Rave, afirmando para lo que interesa a la decisión a tomar, que el 13 de octubre de 2012, solicitó al Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá, reconocer la calidad de heredera a su poderdante, posteriormente presentó el inventario y los avalúos y se reunió con el representante de la contraparte, con quien llegó a un acuerdo frente a los inventarios y avalúos, pero no lograron concertar mutuamente el trabajo de partición en razón a las malas relaciones entre su representada y los demás herederos, quienes han ejercido siempre la administración de los bienes. En octubre de 2013, solicitó embargo y secuestro de los bienes, dada la falta de rendición de cuentas de estos, administrados por la opositora y sus hijos, decretado el 23 de octubre del mismo año. El día 19 de marzo de 2014, presentó oposición el abogado Luis Alfonso Castillo Castro, argumentando la calidad de su representada Silvia del Socorro Henao como poseedora de esos bienes, cuando tal calidad a su juicio era excluyente, pues no se podía ostentar la condición de heredera y poseedora a la vez, y sin acreditar siquiera prueba sumaria de la posesión, al tenor del artículo 686 del Código de Procedimiento Civil, y teniendo la calidad de cónyuge supérstite, es decir, que no era un tercero ajeno al proceso.

El 2 de abril de 2014, se corrió traslado de la oposición para presentar las pruebas pertinentes, el 8 de mayo de 2014, y fue denegada, confirmando el Magistrado, la decisión inicial.

Acordó reunirse con el abogado de la contraparte, pero nunca fue posible por las malas relaciones entre las partes. Apareció la compañera permanente del de cujus quien inició el proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho, por lo cual esperó la sentencia respectiva, negatoria de los intereses de la accionante. En virtud a lo anterior solicitó al juzgado designara partidor, petición no concedida por no haberse cumplido con unas cargas tributarias de renta entre los años 2012 y 2013, requiriendo al abogado de la contraparte, quien le manifestó haber declarado las rentas requeridas, y al no ser cierto, pidió al juez requerir a la contraparte a fin de que cumplieran con las cargas tributarias ante la DIAN, pues eran quienes usufructuaban los bienes, e informó de un dinero consignado a órdenes del juzgado como consecuencia de la expropiación de un inmueble, solicitando oficiar a ese juzgado para que trasladara esos dineros a la sucesión y si fuera el caso con esos dineros se pagaran las deudas tributarias.

Aportó:

— Certificación de prestación de servicios profesionales.

— Certificado de existencia y representación de la de la sociedad Andali Inversiones.

— Oficio 120242448-5015 del 19 de noviembre de 2014, remitido por la DIAN al Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá, solicitando requerir la declaración de renta de la fracción del año 2014, de la sucesión.

— Auto de 6 de septiembre de 2012, proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá, por el cual se reconoció a la señora Silvia del Socorro Henao Sierra como cónyuge sobreviviente del causante dentro del proceso radicado bajo el número 2012.00148.00.

— Copia del poder que le confiriera la señora Adriana Carmona Parra, en el proceso de sucesión Intestada del causante Ángel Tulio Carmona García, con fecha del 13 de octubre de 2012, y solicitud de reconocimiento como heredera, presentado ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá por ella, copia del registro civil de nacimiento de su mandante.

— Copia de la solicitud de designación de representante de la sucesión ante la DIAN.

— Copia del auto de 25 de noviembre de 2014, por el cual se designó al heredero Tulio Alejandro Carmona Henao, como representante de la sucesión ante la DIAN.

— Copia del auto de 25 de noviembre de 2014, por el cual se relevó del cargo al secuestre de los bienes y en su lugar se designó al señor Víctor Manuel Silva.

— Copia de factura de envío realizado por la abogada Claudia Lorena López Rave al Juzgado Promiscuo de Puerto Boyacá, el 19 de enero de 2015.

— Copia de solicitud de relevo de secuestre, requerimientos al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá y pago de obligaciones tributarias, presentados por ella, al Juzgado Promiscuo de Puerto Boyacá.

Impresiones de noticias sobre paro agrario(7).

4. Rindió versión libre el abogado Luis Alfonso Castillo Castro, defendiéndose de la asistencia de intereses contrapuestos.

Aclaró que la señora Silvia del Socorro Henao pretendía el reconocimiento de unos derechos en calidad de poseedora y no de heredera, y que lo más sano para una sucesión, era no incluir en la masa sucesoral los bienes ajenos a la misma.

Respondió sobre la calidad de poseedora de la señora Silvia del Socorro Henao, sobre los bienes que dejó su esposo, que después de la muerte del ya mencionado, ella entró en posesión de los bienes y asumió la administración y gastos de estos, como lo fue el pago de una hipoteca al Banco Agrario, como un tercero ajeno al proceso y no como cónyuge supérstite. Se opuso al secuestro en tal calidad, e incorporado los gastos de administración de los bienes en los inventarios y avalúos, una vez alegada la calidad de poseedora de su cliente, para demostrar y tener una pasivo de la relación.

Allegó copia del escrito en el que plasmó su versión libre(8).

5. Se incorporaron a la actuación los testimonios decretados y practicados por comisionado, así:

5.1. Testimonio de la señora Adriana Carmona Parra(9), quien expresó que esperaba que el proceso terminara bien y la contraparte no siguiera dilatando el proceso.

5.2 Testimonio de Silvia del Socorro Henao de Carmona(10), quien manifestó haber sostenido una amistad por espacio de diez años con el abogado Luis Alfonso Castillo Castro, razón por la cual lo contrató a fin de adelantar la sucesión de su esposo. Sostuvo tener la posesión sobre los bienes dejados por su esposo, estos son La Florida, El Placer y Calamar, pues los administra y cubre sus gastos desde hace muchos años, sin haberse opuesto a esta situación su esposo e hijos.

Se le preguntó por qué los gastos y administración inicialmente inventariados como activos de la sucesión, fueron objeto de oposición por su parte alegando posesión sobre los bienes, señalando que los avalúos se presentaron globalmente como los dejó su esposo. Afirmó haberle comentado al abogado Luis Alfonso Castillo Castro que era ella quien administraba y cubría los gastos de las propiedades, teniendo el derecho sobre estos, sugiriéndole el abogado objetar el avalúo. Considera al abogado Luis Alfonso Castillo como un profesional íntegro, cuyo asesoramiento es inmejorable.

5.3. Testimonio de Alejandro Carmona Henao(11), hijo matrimonial del de Cujus. Manifestó ser amigo del abogado Luis Alfonso Castillo Castro, desde hace diez años, quien es una persona honesta y leal. Tres años atrás su familia contrató los servicios profesionales del disciplinable para que este adelantara el proceso de sucesión de su padre.

Encargó a su madre la administración de los bienes de su padre, con quien después de la muerte de su padre y junto a su hermana Olga Yuliette Carmona Henao, trabajan por esos bienes. Aseguró que su apoderado es una persona honesta y correcta con su familia. Frente a la oposición del avalúo, su familia le expuso al abogado la posesión de su madre sobre los bienes, pues siempre los administró y asumió los gastos desde mucho tiempo antes de morir su padre, y en razón a ello el disciplinado presentó la oposición. El inventario se realizó de común acuerdo con su familia.

5.4. Inspección judicial al proceso de sucesión intestada del causante Ángel Tulio Carmona García, radicado 2012.00148.00, adelantado ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá, siendo interesados los señores Tulio Alejandro Carmona Henao y Olga Yuliette Carmona Henao, de la cual se extrae:

Escrito de demanda presentada por el abogado Luis Alfonso Castillo Castro el seis (06) de agosto de dos mil doce (2012), en representación de Tulio Alejandro Carmona Henao y Olga Yuliette Carmona Henao. Auto de 6 de septiembre de 2012, que admite y radica la demanda, reconociendo la calidad de cónyuge supérstite de la señora Silvia del Socorro Henao Sierra, la de heredero del señor Tulio Alejandro Carmona Henao, más no de la señora Olga Yuliette Carmona Henao. Seguidamente se aporta poder conferido por la señora Adriana Carmona Parra a la doctora Claudia Lorena López Rave, de 21 de septiembre de 2012, reconocida en auto de 19 de octubre de 2012.

La diligencia de inventarios y avalúos, se realizó el 8 de abril de 2013, y en ella se señaló el día 29 de los mismos para que la señora Adriana Carmona Parra reconociera la documentación que soportaba el pasivo de la sucesión presentada por el abogado Luis Alfonso Castillo Castro, quien los dejó por escrito relacionando como pasivos crédito ante el Banco Agrario, facturas de pagos realizadas por la señora Silvia del Socorro Henao Sierra y exequias del causante, por un valor final de $ 97.672.287.

La abogada Claudia Lorena López Rave, presentó otra relación el 29 de abril de 2013, en la que solo se reconoce como pasivo impuestos prediales sobre dos bienes inmuebles, dentro de la diligencia de inventarios y avalúos, por valor de $ 54.166.337.

La DIAN solicitó nuevamente requerir a los interesados en la sucesión a fin de que presentaran declaración de renta de los años 2012 y fracción del 2013, el 12 de junio de 2013(12).

El 6 de agosto de 2013, el abogado Luis Alfonso Castillo Castro, solicitó que se declarara la nulidad del auto que reconoció a la señora Adriana Carmona Parra, como heredera del causante, alegando que su registro civil no contenía reconocimiento como padre por el causante. Insistiendo en tal nulidad, en memorial del día 13. Esta petición fue descorrida por la apoderada de dicha interesada, alegando que carecía de fundamento jurídico y aportó registro civil de nacimiento en el que obraba que el causante reconoció a esta última como su hija el 12 de noviembre de 1968.

El abogado Luis Alfonso Castillo Castro, el 20 de septiembre de 2013, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del auto de 13 de septiembre de 2013, se declaró saneada la nulidad, el cual no se repuso el 4 de octubre de 2013, y se concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, donde es confirmada el 24 de febrero de 2014, decisión que en auto de 12 de marzo de 2014, por el cual se ordenó estarse a lo resuelto.

El 25 de noviembre de 2014, se nombró al señor Tulio Alejandro Carmona Henao, como representante de la sucesión ante la DIAN.

El abogado Luis Alfonso Castillo Castro, el 14 de abril de 2014, anexó copia de formulario de declaración de renta del causante del año 2012, subsanando la del año 2013, y solicitó requerir a la DIAN para que certificara lo dicho.

En el cuaderno de medidas cautelares, se observó la solicitud de secuestro de los bienes, de 5 de agosto de 2013, el auto de 23 de octubre de 2013, que lo decreta y ordena comisionar, realizándose el 19 de marzo de 2014, en la cual el apoderado de la señora Silvia del Socorro Henao, se opuso a la diligencia alegando la calidad de tercera poseedora de su prohijada sobre el bien, continuando el 19 de marzo de 2014, decretándose pruebas y recibiéndose los testimonios el 8 de mayo de 2014, y el 29 de mayo del mismo año, se declaró no prospera la oposición planteada por la señora Silvia del Socorro Henao, al secuestro de los bienes pertenecientes a la masa sucesoral, decisión apelada por el abogado Luis Alfonso Castillo Castro, y concedida el 12 de junio de 2014, siendo confirmada el 4 de noviembre de 2014, y el 25 de noviembre de 2014, por el cual se ordena estarse a lo resuelto.

El 12 de marzo de 2014, por el cual se ordenó relevar del cargo de secuestre al señor Víctor Manuel Silva González, requerir al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá, para que pusiera a disposición de esta sucesión los dineros obtenidos dentro de la expropiación bajo el radicado 2014.00202.00 respecto de un bien inmueble del causante y requerir al señor Tulio Alejandro Carmona Henao, a fin de que atendiera las obligaciones ante la DIAN.

En esta última audiencia se dio por terminada la investigación seguida en contra de la abogada Claudia Lorena López Rave.

Auto de cargos

En la audiencia de 29 de abril de 2015, se procedió a formular cargos al doctor Luis Alfonso Castillo Castro, por presunta incursión en la falta disciplinaria prevista en el artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, en su segunda modalidad, abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad, a título de dolo, interpretándose el incidente de nulidad y la oposición a las medidas cautelares, como el uso en forma contraria de los mecanismos como la ley los prevé. Interpuso recurso de nulidad objetando la calidad de heredera de la señora Adriana Carmona Parra, sobre la base del no reconocimiento de su padre en el Registro Civil de nacimiento, clara imposibilidad observándose la adyacente muerte del causante, y misma falencia de la que adolecía el Registro Civil de Nacimiento de sus mandantes, los cuales fueron sometidos al mismo trámite de reposición, sin dejar de ser relevante que la oportunidad de objetar tal calidad había precluído una vez adquirió ejecutoria el auto que la reconoció como heredera, y que este procedimiento debía esclarecerse mediante la impugnación de la paternidad de la señora Adriana Carmona Parra.

Con todo y la previsión realizada por el juzgador de primera instancia interpuso los recursos ante el tribunal. Además, simultánea a la presentación del incidente de nulidad, allegó memorial solicitando se suspendiera la medida cautelar de secuestro decretada, la cual fue rechazada de plano, evidenciando claramente un propósito definido en que esas medidas no se materializaran, existiendo allí un interés de la parte que representa, en disminuir los intereses de la señora Adriana Carmona Parra y seguir usufructuando los bienes sin rendir las pertinentes cuentas, solicitudes manifiestamente improcedentes y en contra de la finalidad para las cuales fueron creadas.

Asimismo, por la posible comisión de la conducta contemplada en el artículo 33 numeral 9º, a título de dolo, en cuanto se advierte la falta de lógica en haber iniciado un proceso de sucesión intestada en representación de una cónyuge supérstite, inventariar unos bienes y presentar un pasivo de la sucesión que después se pretenden sean reconocidos como gastos, para finalmente oponerse al secuestro de los bienes con ocasión al reclamó que hace en su calidad de heredera la señora Adriana Carmona Parra, alegando la calidad de poseedora de su mandante, última que desmintió tal calidad reconociendo como dueños de los bienes del haber sucesoral a sus hijos, a la señora Adriana Carmona y a ella misma. Siendo así, el doctor Luis Alfonso Castillo era el primero llamado a indicarles a sus poderdantes que no podía alegar la calidad de poseedora de la señora Silvia del Socorro Henao, lo cual tiene por objeto distraer los bienes del haber sucesoral y perjudicar o menguar los derechos patrimoniales de la señora Adriana Carmona Parra.

Se descartó la posible ocurrencia de falta disciplinaria por representación de intereses contrapuestos, al verificarse un común interés entre la cónyuge sobreviviente y sus hijos al interior del proceso sucesorio, quienes avalaron las actuaciones de la primera.

Inmediatamente se realizó el juicio de legalidad del trámite seguido hasta este estadio procesal, dejándose constancia de no vislumbrar causal de nulidad ni desconocimiento de las garantías procesales que le asisten al investigado, quien asumió su propia defensa, y a quien se le formularon cargos sobre una base de mera probabilidad de la realización de dichas conductas constitutivas de faltas disciplinarias y no de certeza(13) (Fls. 238 - 240).

Audiencia de juzgamiento

Se llevó a cabo el 13 de julio de 2015, en la cual se decretó escuchar la versión libre del disciplinable, y se recaudaron las siguientes pruebas:

Manifestó el abogado que en su condición de apoderado de los señores Silvia del Socorro Henao Carmona y Tulio Alejandro Carmona Henao, dentro de la sucesión del causante Ángel Tulio Carmona García, no tuvo otra actuación diferente a la de defender los intereses de sus poderdantes dentro del marco jurídico preestablecido.

Dentro del ejercicio del mandato conferido, encontró que la apoderada judicial de la señora Adriana Carmona Parra, aportó registro civil de nacimiento de su mandante obrante a folios 33 y 63 del cuaderno principal de la actuación, y con posterioridad presentó una fotocopia simple de su original, tomada el 16 de julio de 1993, expedida por el Notario de Puerto Boyacá, visible a folio 81.

Debía declararse la nulidad del auto que reconoció como heredera a la señora Adriana Carmona Parra, proferido el 19 de octubre de 2012, por cuanto el serial contentivo en la inscripción del nacimiento no contiene el reconocimiento que debió hacer el causante Ángel Tulio Carmona García, a la ya mencionada, así como no posee la nota de recíproca referencia, en donde se debió escribir que el serial se remplazaba por reconstrucción autorizada mediante resolución de la Registraduría General de la Nación, omitiéndose la legalidad de la actuación, se realizó una nueva inscripción, y para ello se debió hacer reconstrucción o anular uno de los registros anteriores, desconocimiento específicamente lo previsto en el numeral 5o del artículo 77 y el numeral 3º del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil.

La heredera Adriana Carmona Parra condujo al error al juez de conocimiento, pues no aportó la prueba idónea para su reconocimiento, se creó un nuevo serial de su registro civil de nacimiento, existiendo uno con anterioridad; a más que se señaló en el poder conferido a su apoderada la calidad de heredera legítima del de cujus, cuando sí lo es, pero en calidad de hija extramatrimonial.

Insiste en los argumentos ya esgrimidos, por cuanto con el serial 52202301 del 17 de agosto de 2012, no se cumple con lo preceptuado en las normas ya mencionadas, en tanto el causante no pudo efectuar dicho reconocimiento con fecha posterior a su fallecimiento, no se puede remplazar un registro auténtico por uno carente de veracidad.

Antes de allegar el mencionado documento al plenario, la señora Carmona Parra y la señora Registradora Municipal del Estado Civil de Puerto Boyacá, debieron proceder a la reconstrucción del registro civil si estaba deteriorado, pero no debieron remplazado elevando un nuevo registro, creando una duplicidad de los registros, el folio es único y por ello solo se cierra con la anotación de defunción, muerte presunta o cambio de nombre.

No tenía otro mecanismo de defensa que el de promover un incidente de nulidad por éste hecho, lo único que pretendía era llamar la atención del Juez de la causa a fin de que observara la ilegalidad de la actuación, yerro en el que había incurrido la Registradora Municipal del Estado Civil de Puerto Boyacá, pues de haberse estropeado el primer registro debió reconstruirse tal y como lo prevé el Decreto 1260 de 1970.

El incidente de nulidad no fue propuesto de manera temeraria o dolosa, pretendió con ello velar por los derechos de sus mandantes, y no por ello se puede predicar de su actuación falta a la ética profesional, la señora Adriana Carmona y su poderdante allegaron al plenario documentos sin el lleno total de los requisitos legales, lo cual vicio de nulidad la actuación.

No desconoció a la señora Adriana Carmona Parra, como heredera del causante, pues desde el primer momento tal calidad le fue expuesta por sus mandatarios.

Finalmente considera no estar incurso en ninguna de las faltas endilgadas por el despacho(14).

Alegatos de conclusión

Afirma el disciplinable que su intención no fue la de entorpecer el curso del proceso, pretendía que se estudiara y se convalidara su solicitud de nulidad en el tanto existen dos registros civiles de nacimiento de la señora Adriana Carmona Parra, con la misma fecha de expedición, última copia a cual se le hizo una nueva anotación como reposición mas no como reconstrucción, procedimiento que debió seguirse.

Reconoce a la mencionada como hija extramatrimonial del de cujus y nunca desconoció su calidad de heredera.

Tanto el fallador de primera como el de segunda instancia omitieron examinar la Ley que rige estos procedimientos regístrales, pues de haberlo hecho, indiscutiblemente le hubiesen dado la razón, al constatar la existencia de dos registros civiles de nacimiento en cabeza de la señora Adriana Carmona Parra.

Frente a la oposición propuesta en la diligencia de embargo y secuestro de los bienes pertenecientes al haber sucesoral, fue sustentada en que la señora Silvia del Socorro Henao Sierra ostenta la calidad de tercera poseedora ajena al proceso y no de cónyuge supérstite, esto sin la intención de causar traumatismos al interior del proceso, sino en defensa de los intereses de sus mandantes.

Decisión de primera instancia

En sentencia de 24 de septiembre de 2016, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, sancionó al abogado Luis Alfonso Castillo Castro, como autor responsable de las faltas contenidas en los numerales 8º y 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Lo anterior teniendo en cuenta el material probatorio allegado y lo testimonios recepcionados, de donde se pudo colegir las conductas reprochables en las que incurrió el abogado investigado en el proceso de sucesión, a quien se le confirió el encargo dado, pues era amigo de años atrás de la familia del causante, se hace reprochable que durante su gestión, tratando de beneficiar en lo posible a su poderdantes, basó su defensa en aras de desvirtuar el derecho que tenía la hija ilegítima del cujus, argumentando que la documentación que presentaba como lo fue el registro civil se encontraba viciado y por ende no debía el Juez darle validez para ser parte del proceso, ante la negativa del Despacho de darle alcance a su solicitud continuó presentando recurso tras recurso en aras de que se declarara la nulidad del auto que la reconoció como heredera del causante, resaltó la primera instancia que bien pudo si lo consideraba procedente impugnar de manera oportuna el reconocimiento de la nueva heredera, impugnando la paternidad en proceso separado en vez de interponer recursos dilatorios, tratando de entorpecer el trámite normal del proceso, igualmente se hace necesario señalar otro hecho igual de reprochable en el que incurrió el abogado investigado al aconsejar a sus mandantes oponerse a la inclusión de la señora Adriana Camona Parra, hija ilegítima del causante, en el proceso de sucesión y derecho a la masa sucesoral.

Consideraciones de la Sala

Competencia

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer la consulta de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, en contra de los abogados.

Y si bien, en razón de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(... c.o.) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 de 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto de la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación con las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i.) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii.) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional, que en relación con las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “(…) los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

Fundamentos de la decisión.

La consulta, como lo ha entendido esta Corporación es una institución que tiene por objeto garantizar los derechos de las personas involucradas en un proceso. El artículo 31 de la Constitución la prevé como una de las manifestaciones de la doble instancia, y por tanto puede decirse que ésta establece un vínculo especial con el debido proceso y el derecho de defensa.

De tal manera que esta Sala está facultada para conocer del recurso de consulta, por disposición de la Ley 270 de 1996.

ART. 112.Funciones de la sala jurisdiccional disciplinaria del consejo superior de la judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura:

(…)

PAR. 1º—Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejos Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados”(15).

El grado de consulta está instituido en el derecho disciplinario con el fin de proteger el interés público, el ordenamiento jurídico y los derechos y garantías fundamentales, y para garantizar la moralidad, igualdad, transparencia, imparcialidad y eficiencia de la función administrativa. Con la consulta, el superior funcional de la autoridad disciplinaria que toma la decisión en primera instancia, verifica que la actuación y la decisión que se revisan correspondan a los presupuestos fácticos y jurídicos de la investigación disciplinaria.

Al respecto es importante tener en cuenta que la consulta no es un recurso si no que por el contrario es un grado de jurisdicción creado por la ley para revisar las decisiones de primera instancia que adolecen de algunos yerros que deben ser corregidos tal como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-153/95 en la que precisó la naturaleza jurídica de esta figura:

“La consulta, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida”.

“La consulta opera por ministerio de la ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquélla. Por lo tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por ésta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas”.

“La consulta se consagra en los estatutos procésales en favor o interés de una de las partes. No se señalan en la Constitución los criterios que el legislador debe tener en cuenta para regularla; sin embargo, ello no quiere decir que esté habilitado para dictar una reglamentación arbitraria, es decir, utilizando una discrecionalidad sin límites, pues los derroteros que debe observar el legislador para desarrollar la institución emanan, como ya se dijo, precisamente de la observancia y desarrollo de los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución”.

“Del examen de los diferentes estatutos procésales que regulan la consulta, deduce la Corte que ella ha sido instituida con diferentes propósitos o fines de interés superior que consultan los valores principios y derechos fundamentales constitucionales (…)”.

En este orden de ideas, en el grado jurisdiccional de consulta, se verifican dos aspectos básicos, como lo son: la protección de los derechos fundamentales del procesado y la importancia de una pronta y eficaz administración de justicia, por cuanto, en esta instancia, el funcionario está facultado para estudiar no solo los aspectos formales de la sentencia, sino que además, puede y debe, verificar los aspectos sustanciales de la sentencia y del proceso; de allí que si en el trámite de consulta, el operador judicial observa que en las diligencias se desconocieron principios constitucionales del proceso, tal y como lo es, contribuir a la realización de derechos subjetivos y fortalecer la obtención de una verdadera justicia material, debe entonces declarar la nulidad, para que se rehaga la actuación con observancia de tales principios.

La Corte Constitucional, en diversos fallos(16), se ha pronunciado sobre el papel del abogado en el Estado social y democrático de derecho, así como sobre la relevancia del control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas. El poder disciplinario constituye una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia y su regulación por parte del legislador debe estar orientada al logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales.

El abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de los ciudadanos que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia. En el marco del nuevo Código Disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los derechos humanos.

De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa, tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26.

Del caso concreto

Se trata de la consulta en relación con la actuación que desplegó el abogado Luis Alfonso Castillo Castro.

En el caso presente, en primer término, se tiene que para el momento en que el abogado aquí cuestionado, presentó la demanda tendiente a iniciar el proceso sucesorio del causante Ángel Tulio Carmona García representando entre otros a su hijo Tulio Alejandro Carmona Henao, para efectos de acreditar su calidad de heredero aportó el registro civil de nacimiento de éste bajo el serial 52202208, en cuyo espacio para anotaciones se evidencia la siguiente: “31.JUL.2012 - serial reemplaza a - 0078247664 -28.sep.1978. Corrección datos de padre o madre”(17), en tales condiciones la demanda fue admitida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá, con auto de 6 de septiembre de 2012, que dispuso la apertura del mortuorio y reconoció el mencionado Ángel Tulio, como heredero(18).

De su parte la doctora Claudia Lorena López Rave, previo el correspondiente poder, concurrió como apoderada de la señora Adriana Carmona Parra, aportando al efecto el registro civil de nacimiento de ésta bajo el serial 52202301, en cuyo espacio para anotaciones se evidencia la siguiente: “17.ago.2012 - serial reemplaza a - 0068275552 - 11.nov.t968. reposición(19), en virtud de lo cual el juzgado emitió auto de 19 de octubre de 2012, donde igualmente se produjo el reconocimiento de esta heredera(20), sin oposición alguna por parte del aquí disciplinado.

De la tipicidad

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(…)

8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad.

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”.

Se dice que una falta es típica cuando la acción corresponde perfectamente con el tipo disciplinario plasmado en la norma, describiendo esta una conducta que de realizarse u omitirse en algunos casos, infringiría o amenazaría un deber plasmado dentro del catálogo considerado como estatuto del abogado, siendo consecuentemente coherente la imposición de una sanción determinada por el legislador.

Cuando un abogado en desarrollo de un compromiso profesional, o actuando motu propio accede a la administración de justicia o a la administración pública, entre las reglas mínimas de conducta exigibles al mismo, se han previsto que debe conservar la dignidad y el decoro de la profesión, observar y exigir mesura, seriedad, respeto debido en sus relaciones con los funcionarios, los colaboradores y auxiliares de la justicia, con la contraparte y sus abogados y desde luego dada la especial función social que le fue atribuida por el Estado Social y Democrático de Derecho, debe colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia, al igual que en cumplimiento de su principal misión como abogado, defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.

En dicho sentido, esta Sala ha manifestado que el conjunto de deberes que consagra el estatuto deontológico de los abogados previstos en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, suponen que los profesionales del derecho, deben conocer a cabalidad las normas y procedimientos aplicables a cada una de las gestiones a las que se comprometen, de tal manera que si bien les asiste la obligación de hacer uso de las diferentes herramientas jurídicas y recursos que les brinde el ordenamiento jurídico en cada caso; es claro que no les es permitido abusar de las vías de derecho o emplearlas en forma contraria a su finalidad.

Considera entonces esta colegiatura, para que el comportamiento encaje en el marco típico de la falta disciplinaria, debe revestir verdaderos actos de abuso de las vías de derecho o su uso contrario a la ley, que desconocen el marco jurídico abiertamente establecido para defender en justicia los intereses de su mandante y con ello afectar la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado.

Con la tipificación de la conducta contenida en el artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, el legislador no buscó limitar la libertad de los profesionales del derecho en el ejercicio de su gestión y las diferentes estrategias jurídicas a las que pueden concurrir éstos para ejecutar los mandatos encomendados acorde con la oferta jurídico procesal, consultando la Constitución Política y la ley, sino reprochar a los abogados, quienes a pesar de tener el conocimiento del deber de colaborar con la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, optan por faltar a la ética profesional exigida de manera especial en esta profesión, incurriendo en abuso de las vías de derecho o su aplicación en forma contraria a la establecida por el ordenamiento jurídico, como aconteció en el presente asunto el disciplinable en sus distintas intervenciones procesales ha reconocido que ciertamente la señora Adriana Carmona Parra era hija del de cujus, a esa conclusión se llega porque nada impidió al disciplinable en los momentos procesales oportunos cuestionar la legitimación en la causa de la hija extramatrimonial del causante, pero no lo hizo, convencido como estaba él y sus mandantes del parentesco, para solo cuestionó el hecho, cuando se pretendió asegurar los bienes sucesorales y sus réditos en favor de todos los herederos.

Cuando la apoderada de la nueva heredera elevó solicitud de secuestro de los bienes del haber sucesoral el 5 de agosto de 2013, el disciplinable al día siguiente presentó incidente de nulidad, alegando alguna informalidad en el registro civil de la señora Carmona Parra, y a los 8 días después presentó escrito solicitando “suspender la actuación”(21), evidenciando el propósito de impedir, a cualquier costa la materialización de las medidas cautelares.

Acto seguido el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyacá, en proveído del 13 de septiembre de 2013, tajantemente señaló la improcedencia de la nulidad, pues el incidentante debió bien recurrir el auto mediante el cual se admitió a la nueva heredera, bien realizar su manifestación en los inventarios y avalúos, inactividad que saneó cualquier vicio, razones para adicionalmente condenarlo en costas(22).

A pesar de lo actuación anterior y la decisión del Juez de saneada la nulidad propuesta el disciplinable presentó recursos de reposición y apelación, despachado en forma adversa el primero con los mismos argumentos del auto recurrido(23), y en cuanto al recurso de alzada, el Tribunal Superior de Manizales, Sala Civil Familia, lo confirmó de manera integral(24).

Otro tanto ocurre respecto de la falta prevista en el numeral 9º del artículo 33 ibidem, por lo demás estrechamente ligada con la conducta acabada de analizar, pero indudablemente de manera autónoma, consistente en haber iniciado un proceso de sucesión intestada en representación de una cónyuge supérstite, inventariar unos bienes y presentar un pasivo de la sucesión a título de gastos de administración, para finalmente oponerse al secuestro de los bienes con ocasión al reclamó que hace en su calidad de heredera la señora Adriana Carmona Parra, alegando la calidad de poseedora de su mandante y por ende la señora Carmona Parra no puede ser parte de dicho inmueble en calidad de heredera.

La señora Silvia del Socorro Henao en su calidad de cónyuge supérstite reconoció que los inventarios se presentaron “globalmente tal como los dejó su esposo Ángel Tulio Carmona García”(25), siendo la administradora de los bienes antes y después de la muerte de su esposo, y reconociendo que la oposición respecto a la hija extramatrimonial la señora Adriana Carmona Parra, fue con ocasión de la asesoría del doctor Castillo.

Por lo anterior queda clara la participación del abogado que lo hace merecedor de las faltas impuestas.

Antijuridicidad: La Ley 1123 de 2007, consagra como uno de sus principios rectores, el de Antijuridicidad, según el cual, “un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”(26).

Significa lo anterior que, conforme a lo establecido en el estatuto de la abogacía, “mientras no se afecte un deber de los previstos en el catálogo expuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede desvalorarse como antijurídica, afectación que en garantía de derechos del sujeto disciplinable, debe trascender igualmente de la simple descripción legal”.

En este caso, el abogado contrarió el deber de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia que se encuentra consagrado en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 que establece:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

1. Observar la Constitución Política y la ley.

(…)

6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado”.

Del estudio anteriormente realizado, en lo que respecta a la antijuridicidad de la conducta, se tiene entonces que efectivamente, con la interposición de los recursos ante el Juez Promiscuo de Familia el disciplinable en las circunstancias particulares del asunto, destacadas en el fallo de primer grado y en esta decisión, se vulneraron los deberes de observar la Constitución y la Ley y de no abusar de las vías de derecho ni hacer uso de ellas contrario a lo establecido en el ordenamiento jurídico, pues a pesar de tener la obligación de colaborar con la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, optó por hacer caso omiso de sus deberes profesionales, parámetros bajo los cuales no es aplicable ninguna de las causales establecidas en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, como eximentes de responsabilidad.

Respecto a los “actos fraudulentos” hacen referencia a una conducta clara y suficientemente determinada, comprensible para el destinatario de la norma, la cual a su vez se concreta razonablemente cuando aconsejó a su poderdante para que se excluyera a la nueva heredera de la participación e inclusión del inventario de bienes y avalúos, conforme lo manifestó en el testimonio rendido, es evidente que la conducta del disciplinable está inmersa en el supuesto de hecho de la norma en mención, sin que quepa aducir algún tipo de discrecionalidad a este Juez, fuera de la adecuación típica de la falta.

Culpabilidad. Se entiende por culpabilidad la actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente. Podemos decir que la culpabilidad se predica de aquella persona que siendo responsable jurídicamente decide actuar contra derecho con consciencia de la antijuridicidad.

La falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, al abusar de las vías de derecho o emplearlas en forma contraria a su finalidad, fue atribuida en la modalidad de dolo, pues el togado con conocimiento de que por intermedio de los recursos que presentó ante el Juzgado estaba tratando de restringir el derecho que tenía la heredera la señora Adriana Carmona Parra como hija del causante de ser parte de la sucesión y de la partición de la masa herencial, por cuanto el Juzgado rechazó los recursos porque no tenían asidero jurídico para desvincular a la heredera de dicho asunto litigioso, de lo que se colige que el abogado investigado realizó la conducta con el conocimiento pleno de la contrariedad ética que su actuar comportaba.

Al punto que el juez colegiado ad quem dispuso la compulsa de copias por considerar que el abogado incurrió en representación de intereses contrapuestos, sobre la base que representaba tanto a los herederos reconocidos como a la pretendida opositora a las medidas cautelares; si bien esta investigación disciplinaria permitió establecer que en verdad la pretendida opositora y su hijo legítimo actuaron de consuno, incluso cuando lo hicieron en contra de los intereses de la restante hija reconocida como heredera, prevalidos para ello de la asesoría del doctor CASTILLO CASTRO, de allí que se dispusiera la terminación del proceso en lo tocante a la conducta punible materia de la compulsa, para encausarla por el camino de la maniobra fraudulenta.

De la sanción impuesta

En lo atinente a la dosificación de la sanción la cual fue de imposición de SUSPENSIÓN de un

(1) año en el ejercicio de la profesión, y la imposición de multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (5 SMMLV); esto último atendiendo el condicionamiento contenido en la Sentencia C-884 de 2007, según la cual la multa sólo procede de manera autónoma siempre que no amerite una sanción mayor y desde luego conforme a los criterios acabados de puntualizar.

Por los argumentos expuestos, ésta Superioridad encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada y en consecuencia se CONFIRMARÁ la sentencia objeto de consulta proferida el 11 de septiembre de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, mediante la cual sancionó al abogado Luis Alfonso Castillo Castro con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año y multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras hallarlo responsable de la falta disciplinaria descrita en el artículos 33 numerales 8º y 9º de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, mediante la cual sancionó al abogado Luis Alfonso Castillo Castro con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año y multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras hallarlo responsable de la falta disciplinaria descrita en el artículos (SIC) 33 numerales 8º y 9º de la ley 1123 de 2007.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».

1 Magistrado ponente Miguel Ángel Barrera Núñez en Sala con el Magistrado José Ricardo Romero Camargo.

2 Fl. 192, c.o. primera instancia.

3 Fl. 162, c.o. primera instancia.

4 Fls. 1 - 191, c.o. primera instancia.

5 Fls. 194 - 195, c.o. primera instancia.

6 Fls. 202 y 203 c.o. primera instancia.

7 Fls. 4 - 29, c.o. primera instancia.

8 Fls. 1 - 3, anexo 1.

9 Fls. 231 - 234, c.o. primera instancia.

10 Fls. 221 - 229 y Cd.

11 Idem, record minuto 17 en adelante

12 Fls. 64 - 67, c.o. primera instancia.

13 Fls. 238 - 240, c.o. primera instancia.

14 Fls. 253 - 261, c.o. primera instancia.

15 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548

16 Ver sentencias C-002 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández), C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) C – 196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C – 393 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-212 de 2007 (Humberto Antonio Sierra Porto).

17 Fl. 112 c.o. primera instancia.

18 Fls. 114 y 115 c.o. primera instancia.

19 Fl. 117 c.o. primera instancia.

20 Fl. 269 c.o. primera instancia.

21 Fls. 270 – 274, c.o. primera instancia.

22 Fls. 292 – 297, c.o. primera instancia.

23 Fls. 298 – 305, c.o. primera instancia.

24 Fl. 300, c.o. primera instancia.

25 CD Record. 11.17 y 12.30.

26 L. 1123/2007, art. 4º.