Sentencia 2014-00660/1735-2016 de mayo 3 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Rad.: 730001-23-33-000-2014-00660-01

Núm. Int.: 1735-2016

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Diana Jinneth Monroy Campos

Demandado: Hospital Santa Rosa de Lima ESE y otro

Ley 1437 de 2011

Sentencia O-060-2018

Bogotá D.C., tres de mayo de dos mil dieciocho.

Asunto

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo de Tolima, que denegó las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

La señora Diana Jinneth Monroy Campos en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó al Hospital Santa Rosa de Lima E.S.E y al Municipio de Suárez, Tolima.

Pretensiones(1) 

1. Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto configurado por el silencio administrativo negativo respecto de la petición presentada el 5 de julio de 2014, mediante la cual se solicitó el pago total de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones con ocasión del vínculo laboral que sostuvo la demandante con la ESE demandada.

A título de restablecimiento del derecho solicitó:

2. Ordenar el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, prima técnica, prima de navidad, prima de vacaciones, horas extras diurnas y nocturnas, recargo nocturno, dominicales y festivos, con la inclusión de todos los factores salariales percibidos. De igual forma, declarar que la demandada debe cancelar el correspondiente salario del mes de mayo de 2012.

3. Ordenar el reconocimiento y pago de la porción de las cesantías a un fondo, con la inclusión de todos los factores salariales correspondientes a los meses de diciembre de 2011 y entre enero y mayo de 2012, por valor de $1.192.303, así como los intereses de las cesantías y la sanción moratoria, tal y como lo dispone el ordinal 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

4. Ordenar la compensación de los aportes a salud y pensión dejados de efectuar. Condenar al pago de la indemnización de que trata el artículo 65 del CST.

5. Las sumas reconocidas deberán indexarse teniendo en cuenta el IPC desde el momento en que se hicieron exigibles las obligaciones.

6. Dar cumplimiento a la sentencia dentro del término señalado en el artículo 192 del CPACA. Condenar en costas.

7. Ordenar el reconocimiento sobre las cantidades líquidas que resulten como consecuencia del fallo, intereses comerciales y moratorios, conforme al inciso 2 del artículo 192 del CPACA y el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Decisiones relevantes en la audiencia inicial

En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.(2)

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (CPACA, art. 180-6)

Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo(3).

En el presente caso a folio 228 a 233 y cd que obra a folio 243A, en la etapa de excepciones previas se indicó lo siguiente:

“(…) Sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Municipio de Suárez-Tolima.

(…).

Por consiguiente, la Empresa Social del Estado Hospital Santa Rosa de Lima ESE es una persona jurídica, dotada por lo mismo de capacidad esencial y personería jurídica como sujeto de derecho y obligaciones, así como capacidad de ejercicio, que obra por conducto de sus representantes en órbita de sus objetivos, tanto judicial como extrajudicialmente; igualmente, cuenta con patrimonio propio, originado de la destinación precisa y permanente de parte de los recursos oficiales; en suma, hace parte del Estado y es órgano de la administración en lo atinente al servicio público respectivo.

Así mismo, cabe señalar que como quiera que dentro del sub judice se pretende la nulidad y consecuente restablecimiento del derecho con relación al acto ficto o presunto negativo respecto de la petición de fecha 5 de julio de 2013 presentada ante el Hospital Santa Rosa de Lima ESE, a través del cual se negó el reconocimiento y pago de unos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones en favor de la señora Diana Jinneth Monroy Campos, con ocasión de su vinculación con dicha entidad hospitalaria, como Médico del Servicio Social Obligatorio, nombrada mediante Resolución 98 del 19 de diciembre de 2011 expedida por el Gerente (sic) de dicha institución (fl. 144 a 145 del expediente), cualquier debate con relación a dicha vinculación legal y reglamentaria laboral con la entidad hospitalaria accionada, será de su resorte y no del municipio de Suárez, pues no existe relación material dentro del presente asunto que vincule al municipio de Suarez (sic) directamente con las pretensiones de la demanda. Por tanto la excepción propuesta tiene vocación de prosperidad, por lo cual se excluirá del presente asunto al Municipio de Suárez.

Excepción previa de oficio.

En este estado de la diligencia el Despacho, atendido lo establecido en el numeral 6º del artículo 1802 del CPACA, considera pertinente estudiar de oficio la excepción previa de ineptitud parcial de la demanda, por las siguientes razones:

Mediante solicitud de fecha 22 de mayo de 2012 radicada en el Hospital Santa Rosa de Lima ESE el día 23 de mayo de 2012 (fl. 15 a 17 del expediente), la parte demandante solicitó el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: Salario correspondiente al mes de mayo de 2012, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por recreación, prima de navidad, subsidio familiar, auxilio de cesantía, intereses a las cesantías horas adicionales nocturnas, festivos y fines de semana adicionales adeudados, y los valores correspondientes a pensión y seguridad social.

Con razón a lo anterior, y luego de haberse fallado una acción de tutela por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué (fl. 18 a 23), el Hospital Santa Rosa de Lima ESE expidió el Oficio HSRL-G-003/2013 de fecha 13 de febrero de 2013, dando respuesta a la anterior petición, y pronunciándose expresamente con relación a algunos de los conceptos solicitados, así como al factor Prima de Servicios que no había sido peticionado (fl. 24 a 26).

Luego de lo anterior, con ocasión de un incidente de desacato, el Hospital Santa Rosa de Lima ESE, a través del Oficio HSRL-G-/2013 de fecha 19 de abril de 2013, se manifestó expresamente con relación a todos los factores que habían sido peticionados inicialmente por el entonces apoderado de la hoy demandante (fl. 27 a 29).

Posteriormente, mediante petición radicada en el Hospital Santa Rosa de Lima ESE el día 5 de julio de 2013, la demandante señora Diana Jinneth Monroy Campos solicita el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: Salarios adeudados, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de vacaciones, primas de servicios, primas técnicas, primas de navidad, indemnización moratoria por el no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales, pago por trabajo nocturno, horas extra diurnas y nocturnas y demás derechos laborales surgidos del vínculo laboral.

Así las cosas, se evidencia claramente que la entidad accionada el Hospital Santa Rosa de Lima ESE ya se había pronunciado expresamente sobre los conceptos reclamados nuevamente por la demandante a través de la petición del 05 de julio de 2013, salvo lo relacionado con la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías y por mora en el pago de salarios y prestaciones, pretensiones que si bien no fueron invocadas expresamente como tales en la petición de fecha 22 de mayo de 2012 sí se señalaron en el acápite de fundamento legal; sin embargo se resalta, no habían sido peticionadas como pretensión y por tanto, solo vinieron a solicitarse con la nueva petición de fecha 05 de julio de 2013 al igual que la prima técnica, y por ende solo para la negativa de estos conceptos será estudiada la legalidad del acto ficto o presunto negativo demandado a través del presente medio de control.

(…).

Por lo anterior debe señalarse, que si la demandante no estaba de acuerdo con la liquidación de sus cesantías y demás prestaciones sociales, ha debido demandar dentro de la oportunidad legal los actos que efectuaron dicha liquidación lo cual no ocurrió en este caso, o por lo menos no existe prueba de ello. De modo que al presentar un nuevo derecho de petición solicitando nuevamente la liquidación de sus prestaciones y la inclusión de varios emolumentos laborales en esa liquidación, lo que intentó la demandante fue revivir términos, conducta que merece reproche a la luz de las normas procesales que le imponen a las partes el deber de proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, sin que pueda ordenarse medida de saneamiento alguno por cuanto frente a los actos administrativos Oficio HSRL-G-003/2013 del fecha 13 de febrero de 2013 y Oficio HSRL-G-/2013 de fecha 19 de abril de 2013, ya operó el fenómeno jurídico de la caducidad de cuatro (4) meses establecido en el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA.

En mérito de lo expuesto la Sala Unitaria, RESUELVE:

1. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el municipio de Suárez.

2. Como consecuencia de lo anterior, excluir del presente asunto como integrante del extremo pasivo al municipio de Suárez - Tolima.

3. DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepción de Ineptitud Parcial de la Demanda, de conformidad con lo considerado con antelación.

4. En razón a lo anterior, disponer la continuación del presente proceso sólo (sic) en lo relacionado con la legalidad del acto administrativo ficto o presunto de carácter negativo aquí demandado, sólo (sic) respecto de la negativa de reconocimiento y pago de la sanción moratoria y de la prima técnica solicitada mediante petición del 05 de julio de 2013. (…)” mayúsculas y negrillas del texto).

La decisión quedó notificada en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (CPACA, art. 180-7)

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.(4)

En el sub lite a folios 233 a 234 y cd que obra a folio 243A, se fijó el litigio respecto de los hechos en los cuales existe consenso y el problema jurídico de la siguiente forma:

Hechos sobre los cuales existe consenso según la fijación del litigio

“(…) — La señora Diana Jinneth Monroy Campos fue nombrada mediante Resolución 98 del 19 de diciembre de 2011 expedida por el Gerente del Hospital Santa Rosa de Lima ESE de Suárez Tolima, para ejercer el cargo de Médico Servicio Social Obligatorio. Este hecho se prueba con el documento visto a folios 3 a 5 del expediente.

— La señora Diana Jinneth Monroy Campos laboró como Médico del Hospital Santa Rosa de Lima ESE de Suárez Tolima, durante el periodo comprendido (sic) entre el 19 de diciembre de 2011 y el 12 de mayo de 2012. Este hecho se prueba con el documento visto a folio 36 del expediente.

— La señora Diana Jinneth Monroy Campos presentó renuncia a su cargo el día 12 de abril de 2012. Este hecho se prueba con el documento visto a folio 11 del expediente.

— Mediante petición radicada en el Hospital Santa Rosa de Lima ESE de Suárez Tolima, el día 5 de julio de 2013, la demandante solicitó el pago de salarios adeudados, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de vacaciones, prima de servicios, prima técnica, prima de navidad, indemnización moratoria por el no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales, trabajo en días de descanso obligatorio, recargo nocturno y horas extras. Este hecho se prueba con los documentos vistos a folios 203 a 208 del expediente. (…)” (mayúsculas y cursiva del texto).

Problema jurídico fijado en el litigio

“(…) establecer si el acto administrativo ficto o presunto negativo demandado resultante de la petición radicada en la entidad el 05 de julio de 2013, se ajustó o no a derecho, en cuanto negó a la demandante Diana Jinneth Monroy Campos el reconocimiento y pago de la sanción moratoria y de la prima técnica, con ocasión de su vinculación legal y reglamentaria con la entidad demandada por el periodo comprendido (sic) entre el 19 de diciembre de 2011 y el 12 de mayo de 2012.(…)”

Se le concedió el uso de la palabra a las partes y manifestaron estar de acuerdo.

Sentencia apelada(5) 

El a quo profirió sentencia escrita, en la cual denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Analizó las normas respecto de la prima técnica, para señalar que dicha prestación no fue concedida para empleados del orden territorial y dado que la vinculación de la demandante surgió con una entidad de tales características, hace imposible acceder a la citada prima. Posteriormente, citó el marco jurídico de las cesantías y de la sanción moratoria por el retardo en el pago de estas, para indicar que la indemnización solicitada y prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no era aplicable a la trabajadores afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, aunado a ello, acorde con las pruebas obrantes en el plenario, se demostró que la entidad demandada realizó el correspondiente pago de las cesantías durante el periodo laborado por parte de la señora Monroy Campos.

Continuó su razonamiento e indicó que la sanción moratoria regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por el no pago oportuno de los emolumentos salariales, no era aplicable a las relaciones laborales entre servidores públicos y el Estado, motivo por el cual negó dicha pretensión. Finalmente, condenó en costas a la demandante.

Recurso de apelación(6) 

La parte demandante solicitó revocar la condena en costas, conforme a los argumentos que a continuación se exponen:

Sostuvo que las peticiones que se invocaron ante la entidad demandada fueron con el fin de esclarecer lo atinente a las prestaciones adeudadas, sin que pretendiera obrar de mala fe como lo hace ver el togado, a quien se informó que en vista de que en la petición inicial no se incluyeron otros haberes causados, se presentó una segunda petición encaminada a lograr que se pronunciara respecto de las pretensiones inicialmente invocadas y las que se incluyeron en el mismo.

Arguyó que dado que no hubo pronunciamiento por parte de la ESE frente a la segunda petición, se presentó un silencio administrativo negativo que habilitó a la demandante a promover el medio control aquí impetrado, por lo que en ningún momento se ha obrado de forma temeraria o de mala fe, no obstante, si la misma entidad dejó por fuera algunas acreencias laborales y no concedió recursos en sede administrativa, lo procedente era elevar una segunda petición para el pago de lo dejado de reconocer.

Por otro lado indicó que, lo único que se pretendió fue incitar a la administración a que contestara de forma clara, precisa y expresa, por lo que no se le puede imponer una condena en costas a la parte que obró de buena fe con unos presupuestos jurídicos ciertos y con la confianza legítima de existencia de las decisiones que a su juicio eran contrarias al ordenamiento jurídico, en consecuencia, manifestó que nos encontramos frente a una variante de las causales típicas en que no procede la condena en costas y así evitar dar paso a una aplicación exegética de la norma.

Alegatos de conclusión

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal(7).

Consideraciones

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(8), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual forma, de conformidad con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso(9), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Problemas jurídicos

Los problemas jurídicos que se deben resolverse en esta instancia se circunscriben a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿Procede la condena en costas a la parte demandante en primera instancia por resultar vencida en el proceso?

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: La condena en costas por parte del a quo en contra de la parte demandante en primera instancia es procedente, en atención a que resultó vencida en primera instancia, es decir, no prosperaron las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas y agencias en derecho

Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez(10) sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en los siguientes términos:

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos o expensas del proceso llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso(11) y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.

Igualmente, el concepto de costas incluye las agencias del derecho que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en los ordinales 3º y 4º del artículo 366 del Código General del Proceso(12), y que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados por dicha parte a su abogado(13) los cuales deberán ser fijados contractualmente entre éstos conforme los criterios previstos en el artículo 28 ordinal 8.º de la ley 1123 de 2007(14).

En materia de lo contencioso administrativo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo 1887 de 2003(15) “vigente al momento de la expedición de la sentencia de primera instancia” fijó las agencias en derecho, de la siguiente manera:

(…) 3.1.2. Primera instancia.

“(…).

Sin cuantía: Hasta quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.

PAR.—En los procesos ejecutivos, hasta el quince por ciento (15%) del valor del pago ordenado o negado en la pertinente decisión judicial; si, además, la ejecución comprende el cumplimiento de obligaciones de hacer, se incrementará en un porcentaje igual al que fije el juez.

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes. (…)”

Ahora bien, a raíz de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en anteriores oportunidades y en materia de condena en costas, la Subsección A sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no implicaba la condena de manera “automática” u “objetiva”, frente a aquel que resultara vencido en el litigio.

Ello, en consideración a que debían observarse una serie de factores, tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el que el juez evaluara las circunstancias para imponerla, o no(16).

Sin embargo, esta subsección a través de la sentencia de 7 de abril de 2016(17) dentro del proceso radicado bajo el número 15001-23-33-000-2012-00162-01, número interno 4492 de 2013, varió aquella posición y acogió el criterio objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho) al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala fe), sino los aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365. En dicha oportunidad concluyó lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio “subjetivo”, CCA, a uno “objetivo valorativo”, CPACA.

b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acu. 1887/2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP(18), previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Por lo anterior, se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público(19).

Así mismo, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad.

En el presente caso el a quo condenó en costas a la parte vencida, es decir a la parte demandante. Ahora bien, en el presente asunto se promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo a través del cual se negó el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones con ocasión del vínculo laboral que sostuvo la demandante con la ESE demandada, en este sentido, la parte demandante resultó vencida, pues en primera instancia se negaron las pretensiones de la demanda, por lo tanto, no es de recibo el argumento de la parte apelante según el cual no procedía la condena en costas porque actuó de buena fe y sin temeridad.

Cabe resaltar que acorde con el recurso de alzada, la parte demandante interpreta que fue condenada en costas porque se declaró de oficio la excepción de ineptitud parcial de la demanda en la audiencia inicial, toda vez que se demandó el acto ficto o presunto a pesar de que existían las respectivas liquidaciones de los emolumentos reclamados sin que hubiese ejercido recurso alguno, además que ya existían respuestas de la entidad a través de sendos oficios los cuales no fueron demandados.

No obstante lo anterior, se observa que la condena en costas realizada por el a quo, se efectuó dando aplicación al artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 1887 de 2003, es decir, que se ordenó la condena en constas en atención a que la nulidiscente fue vencida en el proceso, pues no prosperaron las pretensiones de la demanda, sin que sea necesario y muchos menos relevante como quedó estudiado en precedencia, si la parte actuó de mala fe o con temeridad.

En estas condiciones, se reitera, que el juez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda y fundamentó la condena en costas en virtud de dicha circunstancia, sin dar relevancia a la declaratoria de la excepción de ineptitud de la demanda como erradamente lo expone la recurrente. Así las cosas, no prospera la tesis esbozada por la parte demandante, la cual limitó el recurso de apelación respecto de la condena en costas en su contra en la sentencia de primera instancia.

Decisión de segunda instancia

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia, porque no prosperan los argumentos del recurso de apelación.

De la condena en costas

Conforme a las consideraciones expuestas en el acápite anterior, no se condenará en costas a la parte demandante, en la medida que conforme el ordinal 3º del artículo 365 del CPACA, si bien resulta vencida en esta instancia, la parte demandada no intervino en el trámite de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia del 29 de febrero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que denegó las pretensiones en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento promovido por la señora Diana Jinneth Monroy Campos contra la Hospital Santa Rosa de Lima ESE y el Municipio de Suárez, Tolima.

2. Sin condena en costas.

3. De conformidad con el inciso 1 del artículo 76 del CGP se entiende revocado el poder al abogado Jaime Alberto Leyva identificado con cédula de ciudadanía 93.372.576 y portador de la tarjeta profesional 130.247, como apoderado del Hospital Santa Rosa de Lima ESE. De otro lado, se reconoce personería jurídica a la abogada Paola Andrea Márquez Torres identificada con cédula de ciudadanía 38.144.966 y portadora de la tarjeta profesional 133.437 del C.S.J. como apoderada del Hospital Santa Rosa de Lima ESE, acorde al poder a ella conferido obrante a folios 317 y 318. Así mismo, se acepta la renuncia a la abogada Paola Andrea Márquez Torres, tal y como se observa en el memorial visible a folio 320.

4. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen previas las anotaciones pertinentes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Magistrados: William Hernández Gómez—Rafael Francisco Suárez Vargas, ausente con permiso—Gabriel Valbuena Hernández.

1 Folios 93 a 97 y 108 a 112.

2 Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB.

3 Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB.

4 Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB

5 Folios 267 a 274 vto.

6 Folios 286 a 288.

7 Ver constancia secretarial obrante a folio 308.

8 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

9 “ART. 328.—Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.

10 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.

11 Artículo 171 num. 4 en concordancia con el artículo 178 ibídem.

12 “(…) Falta de legitimación en la causa por pasiva (…) En este sentido, 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. (…)”.

13 Criterio aceptado por la Corte Constitucional en Sentencia C-043 de 2004 y C-539 de 1999.

14 Regula la norma como deber de los abogados, el de “…fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”.

15 Modificado por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016.

16 Ver entre otras, sentencias de 15 de abril de 2015, C.P. Alfonso Vargas Rincón (E), expediente 1343-2014. Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente: 4383-2014, Actor: Rosa Yamile Ángel Arana, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), sentencia de 20 de enero de 2015, expediente número: 4583-2013, Actor: Ivonne Ferrer Rodríguez, M.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

17 C.P. William Hernández Gómez.

18 “ART. 366.—Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:(…)”.

19 Regula la norma lo siguiente: “(…) salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (…)”.