SENTENCIA 2014-00682 DE ENERO 18 DE 2017

 

Sentencia 2014-00682 de enero 18 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 540011102000201400682 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Lourdes Hernández Mindiola

Aprobado según Acta Nº 003 de la fecha

Bogotá, D. C., enero dieciocho de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 constitucional, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”, norma desarrollada por el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que al establecer las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le defirió “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura”, concordante con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la h. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

De la apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente(21).

Asunto a resolver. Atendiendo a los fines del recurso de apelación, en este caso sometido a examen de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, no se evidencian actuaciones irregulares que afecten la legalidad de lo actuado ni de la sentencia, dado que el trámite se adelantó con audiencia de los sujetos procesales según lo previsto en la ley procedimental, se cumplieron los principios de publicidad y contradicción, se corrieron los traslados, se notificaron las providencias correspondientes, se practicaron las pruebas solicitadas en la forma prevista, se garantizaron los derechos de defensa, de contradicción y la oportunidad de interponer recursos para acceder a la doble instancia, por lo que procede la Sala a pronunciarse sobre la apelación interpuesta contra la decisión adoptada el 29 de enero de 2016, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, sancionó con suspensión de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Reynaldo Estévez Colmenares, como responsables de la falta establecida en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Descripción de la falta disciplinaria. El disciplinado fue encontrado responsable de la comisión de la falta a la debida diligencia profesional, tipificada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, que establece lo siguiente: “Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional.

(…)

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Sea lo primero advertir, que “el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que se recauden en el respectivo proceso disciplinario”(22).

De otra parte es procedente señalar, que para emitir sentencia sancionatoria debe haber certeza sobre la existencia de una conducta constitutiva de una falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

“Frente a este tipo de falta, indica esta Superioridad que al hacer un parangón entre la norma derogada –Decreto 196 de 1971 y la vigente– Ley 1123 de 2007, el Legislador concentró en un sólo texto las faltas y las modalidades de comportamiento que estaban contenidas en los dos numerales del artículo 55 del Decreto 196 de 1971.

Es por ello que hoy, los verbos rectores de esta falta están representados en las conductas de demorar la iniciación o prosecución de las gestiones, esto es, retardar, diferir, dilatar lo que se debe hacer, como en el caso bajo estudio; así las cosas, incurre en esta falta quien se toma más del tiempo necesario para presentar una demanda o para realizar una petición que resulta procedente dentro de un proceso determinado.

También incurre en falta quien deja de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, es decir y por contraposición al verbo anterior en el cual se hace pero tomando más del tiempo requerido, aunque sin que ese transcurso del tiempo comporte el rechazo de la solicitud o la pérdida de la oportunidad, de acuerdo con esta conducta se sanciona a quien no hizo lo que tenía que hacer, dentro de la oportunidad para ello, verbi gratia no interpuso el recurso, no presentó excepciones, no aportó las expensas requeridas para remitir el expediente a la segunda instancia, etcétera.

En la misma ilicitud disciplinaria incurre el togado que descuida la gestión, esto es, que no asume el encargo con la diligencia debida, no ejerce la vigilancia que exige la gestión encomendada, no hace todo lo que está a su alcance en desarrollo de la misma, por ejemplo, descuida la gestión el abogado que no visita periódicamente el despacho judicial donde se tramita el asunto encomendado, para ejercer la vigilancia idónea que le permita estar al tanto de la evolución procesal, del surgimiento y preclusión de las oportunidades procesales, etcétera y finalmente, incurre en la falta sub examine quien dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional. Las conductas que se examinan han sido consideradas por la doctrina y jurisprudencia disciplinaria como de ejecución permanente, por cuanto se proyectan hasta cuando al abogado le es legalmente exigible adelantar la gestión, retomarla o enderezar el camino perdido como consecuencia de su falta de diligencia(23).

Lo anterior para significar que cuando el abogado se compromete con una representación judicial, se obliga a realizar en su oportunidad actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gestión; cobrando vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto; luego si posteriormente el abogado injustificadamente se aparta de la obligación de atender con rigor la gestión encomendada, este deber frente a una representación judicial, incumpliendo cualquiera de estas exigencias, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional, como ha ocurrido en el asunto en examen.

Caso en concreto. En el sub examine, se tiene plenamente acreditado que al doctor Reynaldo Estévez Colmenares le fue conferido poder por los señores Héctor Jiménez, María de los Ángeles Jiménez y Maximiliana Jiménez Triana el 14 de diciembre de 2009(24), en aras de que promoviera diligencia de conciliación contra la Fiscalía General de la Nación y proceso de reparación directa contra el Estado por la privación ilegal e injusta de libertad de la cual fue objeto el señor Héctor Jiménez.

De tal forma, plenamente acreditado se encuentra que el disciplinado procedió a sustituir poder al doctor Omar Alirio Clavijo Tautiva el 13 de junio de 2011(25), refiriendo en dicho poder de sustitución: “Reinaldo Estevez Colmenares, mayor de edad, domiciliado y residente de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía 13.835.406 de Bucaramanga, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta profesional Nº 70.095 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en este proceso como apoderado de los señores Héctor Jiménez y Maximiliana Jimenez Triana, comedidamente manifiesto a usted, que sustituyo el poder a mi conferido por los señores Héctor Jiménez y Maximiliana Jiménez Triana y a favor del doctor Omar Alirio Clavijo Tautiva, igualmente mayor y de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía Nº 17.582.236 de Arauca y portador de la tarjeta profesional Nº 37829 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe la representación de los señores anteriormente enunciados”(SIC).

En consecuencia, el doctor Omar Alirio Clavijo Tautiva agotó la conciliación el 28 de julio de 2011(26), para así impetrar la respectiva demanda ante el Tribunal Administrativo de Arauca el 11 de agosto de 2011(27), siendo asignado como Magistrado Ponente el doctor Edgar Guillermo Cabrera bajo radicado Nº 2011-00040.

De tal forma, la demanda fue admitida el 29 de septiembre de 2011(28), la cual una vez fue notificada a la parte demandada, contestado el libelo y corrido el traslado para alegar de conclusión, emitió sentencia el 12 de julio de 2012(29), mediante la cual se acogieron las pretensiones de la demanda, pero ciertamente fue negado lo peticionado por la señora María de los Ángeles Jiménez, hoy quejosa, toda vez que al abogado sustituto no le fue conferida su representación judicial por parte del disciplinable.

Así las cosas, del anterior recuento procesal se vislumbra por parte de esta Sala, que no son de recibo los argumentos presentados por el defensor de confianza del investigado en su recurso de alzada, quien adujo que el disciplinable no incurrió en falta disciplinaria alguna, pues confió en que el abogado sustituto realizaría todas las diligencias propias de la actuación profesional y que no demoraría la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejaría de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, siendo la demanda encomendada oportunamente presentada, la cual fue admitida sin advertir inconsistencia alguna, pues al togado sustituto le fueron entregadas todas las facultades otorgadas al disciplinable, siendo el quien debió actuar con debida diligencia profesional en el asunto encomendado y no descuidarlas o abandonarlas, además, nunca le comunicó al litigante denunciado que la documentación entregada para la gestión era incompleta o requería alguna autenticidad; en consecuencia, el encartado no ha incurrido en ninguna falta disciplinaria.

A la anterior conclusión se llega, toda vez que si bien la defensa del investigado plantea que al doctor Omar Clavijo le fueron sustituidas todas las facultades otorgadas inicialmente al disciplinable por los señores Héctor Jiménez, María de los Ángeles Jiménez y Maximiliana Jiménez Triana el 14 de diciembre de 2009; se puede acreditar del poder de sustitución efectuado el 13 de junio de 2011(30), y presentado ante el Tribunal Administrativo de Arauca, que efectivamente se dejó de incluir a la señora María de los Ángeles Jiménez como poderdante.

De tal forma, es evidente que el disciplinado dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional encomendada, pues no representó los intereses de la quejosa por intermedio de su apoderado sustituto en la demanda promovida bajo el radicado Nº 2011-00040, lo cual se acredita con la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Arauca el 12 de julio de 2012(31).

Así las cosas, era obligación del investigado promover la respectiva demanda en representación de los intereses de la quejosa según el poder que le fue otorgado, lo cual pudo hacer hasta el 12 de julio de 2012, cuando fue emitida la respectiva sentencia; es por lo anterior, que no se puede proceder a decretar la prescripción de la acción disciplinaria tal como lo solicitó el apoderado del investigado en su recurso de alzada, pues la falta contra la debida diligencia profesional es una conducta de carácter continuado o permanente, la cual según los parámetros del artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, se contabiliza desde la realización del último acto ejecutivo de la misma o hasta cuando pudo intervenir el investigado.

Entonces, sin lugar a dudas como lo anotó el a quo, el disciplinable incurrió en falta a la debida diligencia que debe tener el profesional del derecho sobre sus encargos encomendados, teniendo en cuenta que efectivamente el togado investigado omitió sustituir el mandato conferido por la quejosa para que obtuviera el respectivo reconocimiento económico dentro de proceso de reparación directa; de tal forma, obran pruebas claras que indican cómo en efecto el profesional actuó de manera descuidada, sin emerger una causal exoneraría para evitar el juicio de reproche por incurrir en la falta contra la debida diligencia profesional. Este análisis encuentra su demostración, con la lectura del poder que el investigado hizo al nuevo apoderado Clavijo Tautiva, en donde se percibe que se olvidó incluir a la quejosa como demandante(32).

Ante el desconocimiento evidenciado por el abogado Reynaldo Estévez Colmenares, de sus obligaciones como litigante, esta superioridad le recuerda los deberes profesionales a los que está inexorablemente obligado a cumplir todo togado, los cuales se encuentran compilados en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y de manera particularísima el numeral 10 que indica: “Ley 1123 de 2007. (…) Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (…) 10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales…” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Dosificación de la sanción. En relación con la sanción de suspensión de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión impuesta, observa esta superioridad, que la misma guarda concordancia con la infracción cometida y consultó los parámetros establecidos en los artículos 40, 43 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad de la conducta, la cual fue endilgada en modalidad culposa; la trascendencia social de la misma, pues con la falta de diligencia del togado en las gestiones profesionales encomendadas por su cliente, se vulneró el deber establecido en el artículo 28 numeral 10 de la ley 1123 de 2007; así mismo se tuvo en cuenta que este actuar genera resonancia en la sociedad que busca en los profesionales del derecho la protección formal y en tiempo de sus pretensiones en los diferentes asuntos judiciales, por lo tanto, la inactividad del togado sancionado, genera un mal ejemplo y desconfianza en las que puedan desplegar a futuro sus colegas.

De igual forma, dentro del presente asunto se debe dar aplicación al agravante de la sanción establecida en el numeral 2º del literal c del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, pues efectivamente con la omisión del disciplinado de sustituir el mandato que le fue conferido por la quejosa para promover el asunto encomendado, se afectó el derecho fundamental de la querellante del acceso a la administración de justicia, pues posiblemente al intentar promover una acción diferente a la tramitada bajo el radicado Nº 2011-00040, la acción de reparación directa ya se encontraría caducada.

En consecuencia la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior debe confirmar la sentencia de 29 de enero de 2016, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, sancionó con suspensión de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Reynaldo Estévez Colmenares, como responsable de la falta establecida en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito a lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la Sentencia proferida el 29 de enero de 2016, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, sancionó con suspensión de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Reynaldo Estévez Colmenares, como responsable de la falta establecida en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, conforme a las razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual la misma empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al seccional de origen para que notifique a todas las partes del proceso.

4. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, Radicado 26129.

22 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M.P. Angelino Lizcano Rivera, sentencia de 4 de febrero de 2015, Radicado 730011102000201201295 01.

23 Cometario al Nuevo Código Disciplinario del Abogado, 1ª Edición, págs. 172-173. Luis Enrique Restrepo Méndez.

24 Folios 3, 56 c. o. y 1 c. a.

25 Folio 92 c. o. y 2 c. a.

26 Folios 9-11 c. a.

27 Folios 3-64 c. a.

28 Folio 67.

29 Folios 9-20 c. o. y 101-107 c. a.

30 Folio 92 c. o. y 2 c. a.

31 Folios 9-20 c. o. y 101-107 c. a.

32 Folio 11 v del cuaderno anexo 1.