Sentencia 2014-00713 de noviembre 11 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 730011102000 2014 00713 01

Acta 93 de la misma fecha

Magistrada Ponente:

Dra. María Rocío Cortés Vargas

Bogotá D.C., once de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

De conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, procede esta Sala a pronunciarse frente al recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.

La potestad disciplinaria del Estado

La forma organizativa de Estado social de derecho acogida en Colombia a partir de la Constitución de 1991, implicó un cambio trascendental en la concepción del papel del Estado contemporáneo. El tránsito del Estado liberal de derecho fundado, entre otros, en el postulado laissez faire-laissez passer, al Estado social de derecho, ha conllevado a la asunción de una función activa y protagónica del Estado actual como “promotor de toda la dinámica social”(7).

El cumplimiento de unos fines esenciales y sociales del Estado, como la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, entre otros factores, ha ocasionado un incremento considerable de las funciones de los órganos estatales, que a la vez ha conducido a la ampliación de los poderes sancionatorios del Estado(8).

El derecho sancionador, reconoce que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente en la realización de sus fines (artículo 113 superior). De esta manera, la represión de los ilícitos que correspondía exclusivamente a la Rama Judicial y más concretamente a la Jurisdicción Penal, se muestra hoy insuficiente frente al aumento del repertorio de infracciones producto de la mayor complejidad de las relaciones sociales en el Estado moderno que, como se señaló, ha incrementado sus funciones(9).

La potestad sancionatoria penal propende por la garantía del orden social en abstracto; la consecución de fines retributivos, preventivos y resocializadores; y presenta un mayor grado de afectación de los intereses jurídicamente protegidos que daría lugar a la privación de la libertad. No ocurre lo mismo con la potestad sancionatoria disciplinaria, al buscar primordialmente garantizar la organización y el funcionamiento de la Administración, y cumplir los cometidos estatales; cuestionar el incumplimiento de los deberes, prohibiciones y los mandatos consignados; que descartan la imposición de sanciones privativas de la libertad(10).

Así, el derecho disciplinario comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho colombiano, conforme a la institución encargada de materializar la función de control disciplinario, esto es la jurisdicción disciplinaria, propugna por el comportamiento ético de los abogados y funcionarios judiciales, en razón de su función social, que demanda un comportamiento ejemplar, determinado por el cumplimiento de unos deberes de carácter deontológico funcional, cuyo desconocimiento lleva a la estructuración de la falta disciplinaria(11).

Se trata entonces de la configuración del injusto disciplinario, que se da por desconocimiento de los deberes, la incursión en algún tipo de prohibición, por la materialización o realización de faltas en particular y, la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades o inhabilidades. Sin duda estamos en presencia de un Derecho Público, Constitucional y Autónomo(12).

Caso concreto

De la prueba documental allegada al expediente, tales como las copias del proceso de unión marital de hecho 2011-00190, los testimonios de Edgar Ricardo Cuervo Perdomo, Lisandro Ernesto Pinilla Gómez, la versión libre del disciplinado y la declaración juramentada del doctor Juan Guillermo Hoyos Villa, Juez Promiscuo de Familia de Melgar (Tolima), se observa que el doctor EDGAR CUERVO ABRIL, en calidad de apoderado del señor Oscar Rojas Buitrago, demandado dentro del litigio referenciado, el 19 de mayo de 2014 radicó escrito, por medio del cual presentó recurso de apelación contra el auto del 8 de abril de esa anualidad, proferido por el Juzgado en mención, en el realizó las siguientes aseveraciones:

“(…)

Se percibe con la actuación surtida por el juzgado el día 13 de febrero del 2014 cuando el mismo día que recibe una petición entra el proceso al despacho del juez y sale ese mismo día, un interés casi propio del despachoenquequedaseaprobadoelinventariopresentadopor suexsecretaria, máxime cuando no se responde el motivo de la petición que era el de convocarnos a nueva fecha para dar la oportunidad a quien no pudo asistir de presentar la bobadita de trece (13) pasivos y que la ex secretaria del juzgado dolosamente ocultó.

(…)

Eljuzgadono se pronunció sobre el elemento principal y objeto de esa solicitud, sino que acomodo(sic) lascircunstanciasyconello favorecióalapartequesepresentóenesaoportunidadconun inventariodolosamentepresentadoy digo dolosamente presentado porque denota una actitud clara por parte de la ex secretaria de ese juzgado de ocultar bienes y de negar pasivos existentes.

(…)” (Subrayado y Negrilla por fuera del texto).

Es decir, en torno al aspecto objetivo de la falta ninguna dificultad presenta el asunto, puesto que el doctor EDGAR CUERVO ABRIL, a lo largo del escrito de apelación del 19 de mayo de 2014, presentado dentro del proceso 2011- 00190 seguido en el Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar (Tolima), se extendió en acusaciones temerarias y desdeñosas contra el doctor Juan Guillermo Hoyos Villa, en su calidad de Juez del despacho judicial en mención, recorriendo así todo el tipo disciplinario consagrado en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 arriba trascrito.

En torno a este tipo disciplinario debe advertirse que los verbos rectores que estructuran la falta son injuriar y acusar. El Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, define injuriar como Agraviar, ultrajar con obras o palabras; y, acusar, como Imputar a alguien algún delito, culpa, vicio o cualquier cosa vituperable”.

Y para la configuración de la injuria, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha expresado que se requiere el ánimus injuriandi, es decir, la conciencia del carácter injurioso de la acción.

La Corte Constitucional retomando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado que este requisito, comporta “...(i) que la persona impute a otra conocida o determinable un hecho deshonroso, (ii) que quien haga la imputación tenga conocimiento del carácter deshonroso de ese hecho, (iii) que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe la honra de aquella persona, (iv) que quien haga la imputación tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona”(13).

Revisados los términos utilizados por el togado en su escrito de apelación, se observa que los mismos contienen acusaciones temerarias e injurias que menoscaban la honra del Juez Hoyos Villa, perturbando su dignidad humana y buen nombre, pues insistió en que había acomodado las circunstancias para favorecer una actuación dolosa de la contraparte, de lo cual se predica el comportamiento irregular del funcionario judicial.

Precisamente frente al derecho a la dignidad humana, ha dicho la Corte Constitucional, que envuelve tres ámbitos, entre ellos la intangibilidad del cuerpo y el espíritu:

“…que el referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de vida)”(14).

Ahora, en lo que tiene que ver con el aspecto subjetivo de la conducta, ha de observarse que tampoco se presenta dificultad alguna, pues el doctor EDGAR CUERVO ABRIL es el único autor y responsable de las acusaciones temerarias e injurias antes referidas en perjuicio del funcionario judicial, pues en el escrito de apelación, aunque lo realizó en cumplimiento del mandato otorgado por el señor Oscar Rojas Buitrago, fue el togado quien en ejercicio de su autonomía profesional redactó cada una de las palabras y frases temerarias, de manera consciente y voluntaria, es decir, con dolo, pues siendo conocedor de las conductas antiéticas y, por qué no, contrarias a la dignidad de las personas, y aún con esa capacidad de discernimiento, intencionalmente y escudado en un escrito, el cual le daba la oportunidad de reflexionar, emitió aquellas acusaciones sin fundamento alguno.

Por esta razón, no pueden aceptarse los argumentos del disciplinado que (i) no fue su intención perjudicar a ninguna persona, (ii) las frases utilizadas deben ser analizadas en contexto y, (iii) lo único pretendido fue la aplicación de una correcta justicia, pues claramente, de las trascritas arriba, se puede establecer sin mayores elucubraciones, que sí hubo intención de ofender y acusar de conductas delictivas a personas determinadas, específicamente, al Juez Promiscuo de Familia de Melgar (Tolima).

Ahora, si bien el disciplinado manifestó que sus señalamientos no tenían la intención de ofender la dignidad del funcionario judicial, por cuanto simplemente se limitó a resaltar el comportamiento “doloso” de la contraparte, se le menciona que al indicar que el Juez había acomodado las circunstancias para favorecer a la abogada de la demandante, significa claramente, que la conducta del operador judicial es irregular también, lo cual se corrobora no solo con el escrito objeto de censura, sino además, de las explicaciones expuestas al rendir versión libre:

“… loquequisemanifestarytalvezes,queconlaactitud asumidaporeljuzgadofavorecióunaactituddolosadela contrapartey me refiero a eso, diciendo que es dolosa de la contraparte, porque únicamente llevo al proceso los activos y omitió los pasivos…”(15) (Subrayado y Negrilla por fuera del texto).

De lo anterior, emerge claramente que el abogado CUERVO ABRIL tuvo la intención de acusar temerariamente al funcionario judicial de haber acomodado las circunstancias para favorecer una actitud dolosa de la abogada de la contraparte por tratarse de su ex secretaria, sin fundamento alguno, como quiera que resaltó no haber interpuesto denuncias disciplinarias y penales en su contra y, además, no haberlo recusado, teniendo la obligación de hacerlo si consideraba que su imparcialidad en el asunto se encontraba comprometida, lo cual hubiese resultado menos insultante y más respetuoso de la dignidad del juez que haber consignado las afirmaciones enunciadas en el escrito de apelación.

Lo anterior, pues si bien, el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 prevé el derecho de “reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”, es precisamente para evitar atacar o juzgar conductas cuya competencia es de las autoridades correspondientes, no del inconforme, en este caso, del letrado. De allí que la conducta resulta a todas luces antijurídica, en los términos del artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, en tanto afectó los deberes profesionales consagrados en la misma, sin tener para ello justificación alguna(16).

Se resalta, si el abogado inculpado notaba una actitud extraña del funcionario judicial o de las actuaciones del Juzgado, debió ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes y, además, recusarlo, por cuanto con esa finalidad el legislador creó esa figura, con el fin de hacer prevalecer la imparcialidad dentro de cada proceso judicial; sin embargo y contrario a lo manifestado, se limitó a consignar ofensas contra el Juez cognoscente, las cuales resultaron atentatorias a su honra y dignidad.

El anterior análisis probatorio y la ausencia de una explicación de recibo, permite afirmar de manera categórica que efectivamente el disciplinado incumplió el deber de observar mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con las demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión, así como el deber de abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias de acuerdo con la ley(17), incumplimiento que además contribuye al desprestigio de la profesión.

Así las cosas, cuando un abogado actúa de manera contraria a lo preceptuado como el deber ser del comportamiento de un profesional del derecho, se hace acreedor a la pertinente, preventiva y correctiva sanción disciplinaria, que en este caso, se tasó en suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión, la cual se confirmará, teniendo en cuenta que cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad de la misma, además, considerando que el letrado cuenta con antecedentes disciplinarios(18).

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada del 6 de mayo de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, por medio del cual se sancionó con SUSPENSIÓN DE DOS (2) MESES al doctor EDGAR CUERVO ABRIL, tras incurrir en la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

2. ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho Registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, momento a partir del cual, empezará a regir la sanción.

3. NOTIFICAR la presente decisión al abogado disciplinado.

Notifíquese y cúmplase».

7 Corte Constitucional, Sentencia C-595/10.

8 Ibídem.

9 Ibídem.

10 Corte Constitucional, Sentencia C-595/10

11 Ibídem.

12 Derecho disciplinario que se enmarca en el núcleo el constitucionalismo contemporáneo representado por los valores, principios, derechos, deberes y garantías constitucionales.

13 Corte Constitucional, Sentencia C – 489 de 2002.

14 Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

15 Record 19:31’ de la audiencia de pruebas y calificación provisional sesionada el 16 de octubre de 2014.

16 ART. 4º—Ley 1123 de 2007: “Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”.

17 Artículo 28 numerales 7º y 16 Ley 1123 de 2007.

18 Proceso 110011102000 2007 05247 01, M.P. Jorge Armando Otálora Gómez. Sanción de Censura impuesta mediante sentencia del 20de septiembre de 2010, tras incurrir en las faltas previstas en los artículos 37, numeral 1º de la Ley 1123 de 2007 y, 55, numeral 2º del Decreto 196 de 1971.