Sentencia 2014-01023/3857-2016 de marzo 22 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 250002342000201401023 01

Nº interno: 3857-2016

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Actora: Lina María del Pilar Daza González

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial

Trámite: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / Segunda instancia

Asunto: Establecer si existió desviación de poder porque no se tuvo en cuenta las excelsas condiciones profesionales, académicas y el cumplimiento de todas las funciones propias del cargo de la demandante y, además, si se desconoció su condición de madre cabeza de familia

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la secretaría de la sección de 3 de marzo de 2017(1), después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 16 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio del cual negó las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Lina María del Pilar Daza González contra la Nación - rama judicial - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.

I. Antecedentes(2) 

1.1. La demanda y sus fundamentos.

Lina María del Pilar Daza González, por intermedio de apoderado judicial(3), en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho - Ley 1437 de 2011, presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad del Memorando Interno EJMI13-328 del 16 de agosto de 2013, mediante el cual fue retirada del cargo de profesional especializada grado 33 adscrita a la división administrativa de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, perteneciente a la planta de personal del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría, sin solución de continuidad; pagar los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de retiro y hasta cuando sea reintegrada; y, el pago de costas y agencias en derecho.

Para una mejor compresión del caso, la sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada por el apoderado de la demandante, así:

Señaló que la señora Lina María del Pilar Daza González prestó sus servicios a la rama judicial, en el Consejo Superior de la Judicatura, desde el mes de abril de 1998, inicialmente, como profesional grado 17 en la Unidad de Formación e Información Judicial (según Res. 63 del 21 de abril de 1998); luego en el grado 20 y, posteriormente, mediante Resolución EJMI 13-328 del 27 de junio de 2006, fue nombrada en propiedad en el cargo de profesional especializada grado 33, jefe de la División Administrativa de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

Agregó que el 8 de agosto de 2013, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al expedir el Acuerdo PSAA13-964, suprimió algunos cargos de profesional especializado grado 33, fue por ello que el 16 de agosto de 2013 recibió el memorando interno EJMI-13-328 por parte de la Directora de la Escuela Judicial, en el que se le ordenó entregar todo lo relacionado con su cargo al señor Alejandro Pastrana Ortiz.

Aseguró, de un lado, que en ningún momento la directora de la Escuela Judicial o la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió algún acto administrativo en que se tomara la determinación de separarla del cargo que venía ocupando; y de otro, que prestó sus funciones de manera pulcra, seria, juiciosa y dedicada, al punto que siempre gozó del respeto, el reconocimiento y la felicitación de sus superiores.

Señaló que, a pesar de que cuando se conoció el texto del Acuerdo del 8 de agosto de 2013 varios de los magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le expresaron que podía estar tranquila, porque ella era una excelente funcionaria que merecía continuar vinculada a la Escuela Judicial; la directora de la Escuela Judicial, sin reparar en esos antecedentes que debían garantizarle su estabilidad en el empleo, optó por separarla del servicio de manera tácita, tal y como quedó señalado en el memorando EJMI13-328 del 16 de agosto de 2013, cuando le fue ordenado que entregara su cargo a otra persona.

Resaltó que es madre cabeza de familia, por lo cual tenía derecho a una mejor protección laboral, pues sostenía con su salario a su hija Daniela Montañez Daza, a quien le costeó su primaria y bachillerato mientras estuvo al servicio de la rama judicial y quien para el momento de su desvinculación estaba adelantando estudios universitarios.

Indicó que no fueron razones de buen servicio las que motivaron su desvinculación, dado que se incurrió en desviación de poder al momento en que la directora de la Escuela Judicial persiguió fines alejados de la buena administración. Adicionalmente, la declaratoria de insubsistencia constituyó un quebrantamiento de sus derechos fundamentales laborales como trabajadora y también como madre cabeza de familia.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

Constitución Política, los artículos 1º, 2º, 13, 25, 43, 44, 53, 125 y 256; Ley 270 de 1996, artículos 92, 131 y 152.

Como concepto de violación de las normas invocadas, manifestó que el acto demandado está afectado por las razones que se pasan a exponer:

Expuso que Colombia es un Estado social de derecho, lo cual implica que el Estado tiene que encuadrarse siempre dentro de un marco jurídico de absoluto respeto a los derechos y condiciones de los administrados. Esto significa que para las autoridades existen límites jurídicos en el ejercicio del poder, vale decir, que no pueden obrar y ejercer su autoridad según su capricho, sino guiados por un sistema de normas que deben acatar en bien de la administración y en favor de los ciudadanos.

Agregó que el trabajo es tutelado como un derecho y una obligación social que debe gozar de la especial protección del Estado, garantizando para ello la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores y la estabilidad en el empleo. Por ello mismo, el nominador oficial debe analizar cuidadosamente todos los elementos e ingredientes que rodean la toma de una decisión administrativa que afecte la estabilidad de un funcionario, sin que pueda dejar prevalecer sus intereses u opiniones particulares y teniendo siempre como norte de su gestión la correcta y adecuada prestación del servicio público.

En su sentir, no se tuvo en cuenta su trayectoria profesional, la cual tiene sustento en los más de 15 años en donde se preparó y capacitó para ser un instrumento idóneo del buen servicio público y, además, se desconoció su condición de madre cabeza de familia, establecida en el artículo 43 de la Constitución Política, toda vez que su empleo es la fuente de sustento para ella y sus hijos, en todos los órdenes.

1.3. Contestación de la demanda.

La rama judicial - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, a través de su apoderado, contestó la demanda dentro de la oportunidad legal y solicitó negar las súplicas con fundamento en los siguientes argumentos(4):

Manifestó que el retiro de la demandante se produjo en el marco de una decisión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptada en el ejercicio del su facultad otorgada por el artículo 256 de la Constitución Política(5), por medio de la cual se tomó la determinación de suprimir los cargos de profesionales especializados grado 33 adscritos a la Presidencia de la sala y crear otros cargos en las unidades de la sala del nominador que sería el director de la respectiva unidad.

Agregó que el acto acusado se presume legal por cuanto la demandante no estaba inscrita en carrera administrativa, y su nombramiento fue por la libre disposición de su nominador de conformidad con la ley. De ahí que si bien es cierto el nominador tiene limitada la órbita de su discrecionalidad en lo que respecta a los derechos fundamentales del trabajador, también lo es que en aras a preservar el interés general por encima del particular, y con la observancia del mejoramiento del servicio, está facultado para adoptar las decisiones que estime pertinentes en la prestación del servicio.

Dijo que no se puede invocar por la demandante una especie de derechos adquiridos o de fuero especial por razón de su trayectoria, capacitación, experiencia o conducta, ya que estos factores constituyen una base eventual para su vinculación a cualquier cargo, más no para su desvinculación, máxime cuando se trata de nombramientos que no están cobijados por el fuero de carrera.

Comentó que la Sala Administrativa le otorgó a la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” al igual que a los demás directores de las unidades de la sala, la facultad nominadora sobre los cargos creados mediante el Acuerdo PSAA13-9964 de 8 de agosto de 2013, fue por ello que procedió a través del memorando interno EJMI13-328 del 16 de agosto del mismo año a comunicarle a la demandante la decisión adoptada.

Anotó que revisado el informe de gestión presentado por la demandante el 16 de agosto de 2013, no se reportan las gestiones realizadas para el cumplimento de obligaciones propias del cargo; es más, la directora de la escuela indagó por aspectos relativos a la ejecución del plan de inversiones de la escuela, el plan de formación de la rama judicial 2013 y sobre los procesos de contratación que se requerían para ejecutar dichos planes, a lo cual, la demandante, quien se suponía debía coordinar tales aspectos, nunca brindó el correspondiente informe.

Agregó, que estos aspectos, aunado al hecho que la demandante no contaba con ningún conocimiento en presupuesto, contratación estatal, talento humano o sistemas integrados de calidad, llevaron a la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” a considerar pertinente que el nuevo cargo que fue creado de profesional especializado grado 33 adscrito a la división administrativa fuera el señor Alejandro Pastrana Ortiz.

1.4. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante sentencia de 6 de junio de 2016, denegó las pretensiones de la demanda. Lo anterior con fundamento en lo siguiente(6):

Estipuló que de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer que la señora Lina María del Pilar Daza González ejercía un cargo de libre nombramiento y remoción, que fue suprimido con ocasión de la expedición del Acuerdo PSAA 13-9964 de 8 de agosto de 2013, el cual además de lo anterior trasladó a los directores de cada unidad, la facultad nominadora frente a sus funcionarios.

Explicó, de un lado, que los testimonios recaudados dan cuenta que la demandante ejercía parcialmente las funciones asignadas al cargo, por cuanto la profesión que tenía no le permitía ejercerlas en su totalidad; y de otro, que los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no requieren ser motivados, pues se presume que se encuentran encaminados al mejoramiento del servicio público y corresponde a la parte actora acreditar que se alejaron de dicha finalidad.

Indicó que el buen desempeño en la entidad por parte de la demandante por más de 15 años, no constituye un fuero de estabilidad para el empleado público, pues es eso lo que precisamente se espera de ella en desarrollo de sus funciones.

Destacó que además de que la señora Lina María del Pilar Daza González no demostró haber notificado a la entidad en relación con la condición de madre cabeza de familia, su retiro se produjo como consecuencia del mejoramiento del servicio, pues la persona que ocupó el nuevo cargo de profesional especializado se encontraba mejor capacitada para ejercer sus funciones.

1.5. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los motivos que se exponen a continuación(7):

Reiteró los argumentos expuestos en la demanda, relacionados con que se desconoció tanto su condición de madre cabeza de familia, como el trayecto y su hoja de vida para desempeñar el cargo que venía ocupando; el primero, porque no se tuvo en cuenta que con su salario sostenía a su hija, y el segundo, porque llevaba más de 15 años que se destacó en el ejercicio del cargo que la catalogaban como un instrumento idóneo al servicio público.

Afirmó que el a quo no tuvo en cuenta la declaración del señor Luis Eduardo Caicedo, quien precisó que la por “cuestiones de las diferentes direcciones, ocupaba otras funciones que eran inherentes a su profesión”.

Transcribió una sentencia del Consejo de Estado(8) para concluir que a la demandante no se le debió desvincular sin motivación lógica, razonada y verdadera, pues de lo contrario, sería tanto como afirmar que fue retirada de manera arbitraria.

II. Consideraciones

De acuerdo a lo señalado en la sentencia de primera instancia y atendiendo los motivos de oposición aducidos por la parte demandante en calidad de apelante único, se contrae a:

Problemas jurídicos

i) Determinar si al retirar del servicio a la señora Lina María del Pilar Daza González del cargo de profesional especializado grado 33, adscrita a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se incurrió en desviación de poder, porque no se tuvo en cuenta por parte de la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” sus condiciones profesionales, académicas y, además, el cumplimiento de las funciones propias del cargo; y,

ii) Adicionalmente se deberá establecer si su retiro se produjo desconociendo su condición de madre cabeza de familia.

Previo a resolver los problemas jurídicos y para fines metodológicos se hace necesario para la sala, a pesar de que no hay discusión sobre la naturaleza del cargo y a sabiendas de que es un hecho probado y aceptado por las partes, reafirmar la razón por la cual se da tal condición.

En tal sentido se evidencia que la demandante fue nombrada en provisionalidad por el Director de la Unidad de Formación e Información Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por medio de la Resolución 63-98 de 21 de abril de 1998 para que se desempeñara como profesional universitario grado 17(9); luego como profesional universitario grado 20 por parte de la misma autoridad administrativa mediante Resolución 6 de 1999(10); y finalmente, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de la Resolución PSAR06-196 de 2006(11) la nombró como profesional especializado grado 33 - jefe de división de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

Ahora bien, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispuso a través del Acuerdo 22 de 1997(12) que el cargo de profesional especializado grado 33, pertenecientes a la planta de personal de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se adscribirían a la Presidencia de la misma sala. Para el efecto dispuso:

“(…) Acuerdo 22.

“Por medio del cual se adscriben unos cargos a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales

“ART. 1º—Los cargos que a continuación se señalan, pertenecientes a la planta de personal de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se adscriben a la Presidencia de la misma Sala: Director Unidad Nominado profesional

Especializado (jefe de división) grado 33 (…)”.

Sin embargo, posteriormente, en virtud del Acuerdo PSAA13-9964 del 8 de agosto de 2013 se resolvió suprimir los cargos de profesional especializado grado 33, adscritos a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo 22 de 1997 y lo modificó en el siguiente sentido:

“(…) ART. 2º—En consecuencia, el artículo primero del Acuerdo 22 de 1997, quedará así:

“Adscribir el cargo de Director de Unidad Nominado perteneciente a la planta de personal de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la Presidencia de la misma sala.”.

“ART. 3º—Crear en la planta de personal de las Unidades de la Sala Administrativa, los siguientes cargos, cuyo nominador para todos los efectos, será el respectivo director de unidad, así:

Unidad Nº y denominación de cargos

Desarrollo y análisis estadístico tres (3) profesional especializado grado 33

Escuela judicial dos (2) profesional especializado grado 33

Administración de la carrera judicial dos (2) profesional especializado grado 33

Auditoría un (1) profesional especializado grado 33

Registro nacional de abogados un (1) profesional especializado grado 33

Centro de documentación judicial tres (3) profesional especializado grado 33

(…)”.

De otro lado, para efectos de establecer la naturaleza del cargo es necesario señalar que la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la administración de justicia” estableció que:

“(…) ART. 130.—Clasificación de los empleos. “Artículo CONDICIONALMENTE exequible” Son de período individual los cargos de magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de Fiscal General de la Nación y de Director Ejecutivo de Administración Judicial.

(…).

Son de libre nombramiento y remoción los cargos de magistrado auxiliar, abogado asistente y sus equivalentes; los cargos de los despachos de magistrados enunciados en los incisos anteriores, losadscritosalaPresidenciayVicepresidenciadeestascorporaciones; los de los secretarios de esas corporaciones; los cargos de los despachos de los magistrados de los tribunales; los cargos de Vicefiscal General de la Nación, secretario general, Directores Nacionales; Directores Regionales y Seccionales, los empleados del despacho de Fiscal General, del Vicefiscal y de la secretaría general, y los de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación.

(…)”. (Lo destacado en negrilla y subrayado es de la sala).

Bajo estos supuestos, y teniendo en cuenta las disposiciones vigentes al momento de proferirse el Acuerdo PSAA13-9964 del 8 de agosto de 2013, debe decirse que la naturaleza del cargo de profesional especializado grado 33, que venía desempeñando la señora Lina María Daza González, corresponde a los denominados de libre nombramiento y remoción y, además, que este fue suprimido con ocasión a la expedición del citado acto administrativo, el cual además trasladó la función nominadora a los directores de unidad frente a estos funcionarios.

Fue por esta razón que la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en uso de tales atribuciones que le fueron otorgadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tomó la determinación a través del memorando interno EJMI13-328 de 16 de agosto de 2013 de disponer del cargo que venía ocupando la señora Lina María del Pilar Daza González.

Visto lo anterior, la Sala para desatar el problema jurídico planteado abordará los siguientes aspectos: i) de la facultad discrecional; y, ii) del caso en concreto.

i. Facultad Discrecional. Empleo de libre nombramiento y remoción. Límites constitucionales racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

La Constitución Política de 1991 en su artículo 125 dispone:

“(…) Los empleos de los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de los trabajadores oficiales y los que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso de los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. (…)”.

La regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera administrativa, tal como lo ha previsto el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza para su desempeño.

Resulta razonable afirmar que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión. En otras palabras, a juicio de la sala es claro que los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza.

Bajo tal entendimiento, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y parágrafo 2º, establece la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que ocupen un cargo de libre nombramiento y remoción en los siguientes términos:

“(…) ART. 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción;

(…).

PAR. 2º—Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado. (…)”.

Aunque, de acuerdo con la norma, la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación, cabe precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad, en otras palabras, la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad(13).

En concordancia con tal planteamiento, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, ha identificado(14) como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza, y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Por su parte, el artículo 44 del CPACA establece que, en la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser “adecuada” a los fines de la norma que la autoriza, y “proporcional” a los hechos que le sirven de causa; lo anterior supone que debe existir una razón o medida entre la realidad de hecho y el derecho que supone la verdad de los hechos y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la discrecionalidad tiene como medida la “razonabilidad”.

Así las cosas, los límites de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción están dados en que la decisión debe adecuarse a los fines de la norma, del Estado y de la función administrativa, y ser proporcional a los hechos que le sirven de causa, de lo cual deberá dejarse constancia en la hoja de vida del funcionario de manera suficiente, concreta, cierta y concurrente al acto que origina el despido(15), sin acudir a razones genéricas o abstractas que no expongan con claridad los hechos.

ii. Del caso en concreto.

En el sub lite, el apoderado de la señora Lina María del Pilar Daza González expresó en el recurso de apelación que el retiro de la citada señora se encuentra viciada por desviación de poder, concretamente, porque no se tuvo en cuenta sus excelsas condiciones profesionales, académicas y el cumplimiento de todas las funciones propias del cargo y, además, que se desconoció su condición de madre cabeza de familia.

Sin perder de vista lo anterior, para fines metodológicos la sala analizará cada de los argumentos propuestos conforme a las normas regulatorias y al material probatorio que obra en el proceso.

a) Desviación de poder.

La jurisprudencia y la doctrina(16) clasifican las diferentes manifestaciones de la desviación de poder, generalmente en dos grandes grupos: aquellos casos en que i) el acto o contrato administrativo es ajeno a cualquier interés público - venganza personal, motivación política, interés de un tercero o del propio funcionario; y, ii) el acto o contrato es adoptado en desarrollo de un interés público, pero que no es aquel para el cual le fue conferida competencia a quien lo expide o celebra; categoría a la que se aproxima igualmente la desviación de procedimiento en la que la administración disimula el contenido real de un acto, bajo una falsa apariencia, recurriendo a un procedimiento reservado por la ley a otros fines, con el fin de eludir ciertas formalidades o de suprimir ciertas garantías.

Ahora bien, por efectos de la presunción de derecho que ampara los actos administrativos, estos se consideran ajustados a derecho mientras no se demuestre lo contrario, de manera que corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Esta corporación ha hecho énfasis en la dificultad probatoria que representa la apariencia externa de legalidad con que las actuaciones administrativas viciadas de desviación de poder nacen a la vida jurídica, lo que no exime por supuesto al juzgador de tener las pruebas necesarias “que no dejen la más mínima duda de que al expedir el acto controvertido el agente de la administración que lo produjo no buscó obtener un fin obvio y normal determinado al efecto, sino que por el contrario, se valió de aquella modalidad administrativa para que obtuviera como resultado una situación en todo diversa a la que explícitamente busca la ley.(17)”.

Cuando se trata de la desviación de poder por el torcido ejercicio de una facultad discrecional que está en la voluntad del agente que desempeñaba la función, es preciso acreditar comportamientos suyos que lo hayan llevado a un determinado proceder para que quede claramente definida la relación de causalidad entre el acto administrativo y el motivo que lo produjo.

El móvil, como ha sido definido, es el fin o el propósito que se quiere lograr con la expedición de una decisión administrativa, esto es, lo que en definitiva conlleva a la autoridad a tomar una medida en determinado sentido, pero atendiendo siempre el interés general y el mejoramiento del servicio público. De tal suerte que, cuando exista contrariedad entre el fin perseguido por la ley y el obtenido por el autor del acto, se configura esta causal de ilegalidad.

En el presente caso el apoderado de la demandante sustenta esta causal en dos particularidades, la primera, en el hecho en que no se tuvo en cuenta sus condiciones profesionales y académicas, concretamente, por cuanto había prestado sus servicios durante más de 15 años en la entidad demandada y además se había preparado “para ser un instrumento idóneo del buen servicio público”; y la segunda, en que contrario a lo expuesto por el a quo, venía desarrollando sus funciones a cabalidad, motivo por el cual no era posible que la despojaran del cargo que venía ocupando.

En relación con el primer argumento se debe señalar que esta corporación(18), al estudiar casos parecidos al que ahora nos ocupa, ha señalado que las altas capacidades y logros académicos con los que pueda contar la demandante no generan por sí solas fuero alguno de estabilidad ni pueden limitar la potestad discrecional que el ordenamiento le concede al nominador, mucho menos constituyen plena prueba de la desviación de poder, pues la idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, pues lo normal es el buen cumplimiento del deber por parte del funcionario. En efecto, así lo ha puntualizado:

“(…) en lo que respecta al buen desempeño del actor durante el tiempo que laboró para la entidad, ha de decir la sala que tal circunstancia no genera para los empleados que puedan ser retirados del servicio por discrecionalidad del nominador; fuero de estabilidad, ni es obstáculo para que la administración ejercite la facultad que le ha sido asignada por ley, como en el caso sub-examiné (sic), la que se presume ejercida en aras del buen servicio. (…)”.

Por su parte, en relación con el cabal cumplimiento de las funciones que le correspondían atender, observa la sala que la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” al certificar los motivos o razones que condujeron al retiro de la señora Lina María del Pilar Daza González, previa solicitud que le formulara el a quo(19), expresó que(20):

“(…) Mediante Acuerdo PSAA13-9964 del 8 de agosto de 2013, los cargos de profesional especializado grado 33 cambiaron de naturaleza y su nominación fue asignada a los directores de las unidades de la Sala Administrativa.

En ejercicio de la facultad conferida por el acuerdo en mención, la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por necesidades del servicio y con el fin de mejorar el funcionamiento de la unidad, realizó el nombramiento a un profesional con experiencia, teniendo en cuenta que la señora Lina María Daza González no ostentaba el título de abogada ni de administradora, y el carácter de su nombramiento no le otorgaba ninguna estabilidad ni prerrogativa laboral.

(…)”.

En tal sentido, en aras a de establecer las funciones que debía atender la demandante, se evidencia que el Acuerdo 836 de 26 de julio de 2000 suscrito por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las definió de la siguiente manera:

“(…) El profesional especializado 33 tendrá las siguientes funciones:

1. Apoyar al director de la Escuela Judicial en el cumplimiento de sus funciones.

2. Apoyar a la dirección de la Escuela Judicial, en la preparación de los temas que deban ser sometidos a consideración de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

3. Apoyar a la dirección de la Escuela Judicial, en la ejecución y trámite de las decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4. Apoyar a la dirección de la Escuela Judicial, en la elaboración de los proyectos de acuerdos, resoluciones, comunicaciones y, circulares.

5. Diseñar, para consideración de la dirección de la Escuela Judicial, los planes, anteproyectos, programas y políticas que deban ser presentados por la dirección de la escuela a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

6. Coordinar la ejecución del Plan anual de formación y capacitación de acuerdo con las directrices señaladas por el director de la Escuela Judicial.

7. Apoyar a la dirección de la escuela, en la identificación y desarrollo de las políticas a cumplir por la dirección de la escuela.

8. Coordinar la publicación de los textos, módulos, investigaciones, guías y demás ayudas necesarias para la realización de los cursos en la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

9. Rendir informes a la dirección de la Escuela Judicial sobre el desarrollo, ejecución y evaluación de las actividades a cumplir de acuerdo con las directrices señaladas por el Plan anual de formación y capacitación.

10. Asistir y participar en reuniones, consejos, juntas o comités, cuando sea delegado por la dirección de la escuela.

11. Proponer a la dirección de la escuela criterios, instrumentos y metodologías para la evaluación y seguimiento de los planes y programas y el uso de los medios masivos de comunicación en los procesos de capacitación.

12. Elaborar los cronogramas, adelantar las actividades que le correspondan para su ejecución y efectuar su seguimiento

13. Apoyar a la dirección en la preparación de las ponencias y documentos que deban ser presentados en foros o eventos propios de la actividad de la Escuela Judicial.

14. Coordinar la elaboración de los proyectos de convocatorias para la asignación de las becas y estímulos que otorgue la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y llevar el registro y control de to-dos los servidores judiciales que hayan sido favorecidos con ofrecimientos académicos.

15. Colaborar con la dirección en la elaboración del Plan anual de formación y capacitación de la rama judicial, y del anteproyecto de presupuesto de la misma, con sujeción al Plan sectorial de desarrollo.

16. Apoyar a la dirección de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, en las labores de coordinación y cooperación con las demás unidades y oficinas de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, así como con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus dependencias.

(…)”.

Nótese que a pesar de que la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” indicó de manera clara y concisa que el retiro de la señora Lina María del Pilar Daza González se debía a que la persona que la remplazó contaba con mejores condiciones y capacidades para desarrollar las funciones propuestas en el Acuerdo 836 de 26 de julio de 2000(21), se debe afirmar que tal particularidad no fue alegada dentro del proceso.

En efecto, a pesar de que la citada señora se limitó a exponer que venía cumpliendo con sus funciones y, que por ello, debía continuar dentro de la nueva planta de personal de las unidades de la Sala Administrativa, concretamente, en la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, se debe destacar que no fue allegado al plenario pruebas convincentes que llevaran a la sala a concluir que contaba con un mejor derecho frente a los demás profesionales especializados grado 33 que quedaron dentro de la planta de personal de las Unidades de la Sala Administrativa.

Bajo ese contexto, no se cuentan con los elementos de juicio necesarios para analizar si la señora Lina María Del Pilar Daza Rodríguez tenía derecho a continuar laborando en uno de los cargos que se mantuvieron en la planta de personal, pues, de un lado, no se allegó prueba alguna que permita concluir que la demandante contaba con un mejor derecho frente al personal que permaneció en los empleos; y de otro, tampoco se arrimó los documentos relacionados con su hoja de vida y las de los empleados favorecidos en la nueva planta, necesarios para hacer una valoración al respecto.

Ahora bien, el recurrente expresó que el a quo había omitido, en virtud del testimonio del señor Luis Eduardo Caicedo, que la demandante estaba prestado sus funciones de manera parcial ya que por “cuestiones de las diferentes direcciones, ocupaba otras funciones que eran inherentes a su profesión”, es por ello que la sala se permite transcribirlo, para efectos de establecer su contexto:

“(…) (Despacho) PREGUNTADO: ¿Sírvase manifestarle al Despacho si conoce a la señora Lina María Daza González, cuánto hace que la conoce y por qué razones? CONTESTÓ: Yo trabajo en la Escuela Judicial, con una antigüedad de 28 años de servicio en la Escuela Judicial, distingo a la señora Lina María Daza porque entró a trabajar más o menos en el año 98 o 99, exactamente cuando la Escuela Judicial pasó del Ministerio de Justicia, al Consejo Superior de la Judicatura, ella entró en ese entonces a través del Director que se encontraba en esos momentos, que es el Doctor Mario Germán Iguarán, entonces desde esos años trabajé con Lina María Daza. PREGUNTADO: ¿Indíquele al Despacho si tiene conocimiento de la forma en que la señora Lina María Daza González se vinculó con la Nación - rama judicial e Dirección Ejecutiva de Administración Judicial? CONTESTÓ: No tengo exactitud si se vinculó en el año 98 o 99, se vinculó como profesional, si no estoy mal, grado 17 y ella ocupó varios cargos de profesional y hacia los años 2006 o 2007 fue nombrada como jefe de la División Administrativa de la Escuela judicial, cuyo nominador de ese cargo, era la Sala Administrativa del Consejo Superior. PREGUNTADO: ¿infórmele si sabe cuáles eran las funciones que desempeñaba la señora Lina María Daza González en dicha entidad? CONTESTÓ: ¿A partir de qué cargo? PREGUNTADO: Del que fue retirada CONTESTÓ: Pues tengo conocimiento que para el ejercicio de ese cargo, tenía unas funciones administrativas, sin embargo, por cuestiones de las diferentes direcciones, ocupaba otras funciones que eran inherentes a su profesión, que si no estoy mal, era de Comunicadora Social, o periodista, entonces creo que no son afines lo uno con lo otro PREGUNTADO: ¿Sírvase manifestar las razones por las cuales le consta lo anteriormente señalado? CONTESTÓ: Bueno, durante el cargo cuando estuvo en la jefatura de la división administrativa, dentro de las funciones que manejaba, manejaba la parte de seguimiento al contrato de la Imprenta Nacional, toda la parte de la difusión de la Escuela Judicial, es decir, todo lo que son publicaciones y protocolos inherentes a la profesión de ella, esas eran las funciones que me acuerdo que manejaba, aparte de los contratos de lo que es la celaduría, cafetería y del edificio que se encuentra en arrendamiento del edificio de la Escuela Judicial. (...) PREGUNTADO: ¿Sírvase informarle al despacho si usted sabe las razones por las cuales, la demandante fue desvinculada del cargo de profesional especializada grado 33, jefe de la División Administrativa de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla? CONTESTÓ: Si señor, tengo conocimiento de que la Jefatura de la División Administrativa que se encontraba a cargo de la Sala Administrativa, suprimió el cargo, y posteriormente crearon el cargo como profesional especializado grado 33, pero a cargo de la Unidad Escuela Judicial, entonces fue la terminación de un cargo que estaba con una subordinación diferente a una nueva subordinación, es decir la creación de un nuevo cargo, lo terminaron de un lado y crearon un cargo directamente a la unidad. Se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la demandada PREGUNTADO: Contéstele al despacho si usted trabajó directamente con la Doctora Lina Daza CONTESTÓ: El cargo que ocupaba en ese entonces era profesional grado 25 que estaba a cargo de la División Administrativa, pero quiero aclarar en esta audiencia que si bien trabajaba cerca al despacho de la Doctora Lina Daza, toda la parte de mis funciones que señalé anteriormente, siempre eran de orden directa de la Directora de la Escuela Judicial, es decir que no teníamos un contacto de subordinación de mis funciones, con ella. PREGUNTADO: Explíquele al despacho exactamente cuál era el cargo que Lina Daza desempeñada y en que unidad o a donde pertenecía ese cargo CONTESTÓ: Como dije anteriormente, las jefaturas de la divisiones, no solo de la Escuela Judicial, sino de las otras unidades del Consejo Superior de la Judicatura eran nombradas por la Sala Administrativa del Consejo Superior, posteriormente mediante un acuerdo, fueron eliminados esos cargos y creados unos nuevos cargos; con subordinación de cada uno de los directores PREGUNTADO: ¿Usted sabe cuál era el jefe directo de la Doctora Lina Daza al momento de la supresión del cargo que ella desempeñaba? CONTESTÓ: El jefe inmediato dentro de la escuela, pues es el director, pero el nominador era la Sala Administrativa, ese es el conocimiento que tengo del manejo estructural PREGUNTADO: Usted sabe si el cargo de la señora Lina Daza era producto de un concurso, o era un cargo de libre nombramiento y remoción CONTESTÓ: Pues ese cargo hasta donde yo sé, no es de carrera ni concurso, a mi parecer es un cargo de libre nombramiento y remoción PREGUNTADO: ¿Sabe usted, si existen funciones específicas y calidades para ejercer el grado de profesional grado 33 que ocupaba Lina Daza al momento de la supresión del cargo? CONTESTÓ: Bueno, en ese momento ella ocupaba el grado 33, la Jefatura de la División Administrativa, no conozco con exactitud las funciones, pero por orden jerárquico, o por manejo de la estructura de la Escuela Judicial, que tiene una división académica y una administrativa, las funciones que se tienen para ese cargo son netamente administrativas, como seguimiento a los proyectos, a las metas, ejecución presupuestal y demás, pero como lo dije anteriormente, como ocurre en muchos cargos, que las personas están nombradas y ejercen otras funciones, ella ejercía las funciones que dije en la situación anterior, tales como toda la parte de la difusión, y lo del seguimiento a los contratos de cafetería, celaduría y el arrendamiento del edificio, las publicaciones y los bienes inmuebles, eso fue lo que yo percibí, que ella era responsable de esta situación (...) Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante PREGUNTADO: En el momento en que se Produjo la desvinculación de la señora Lina Daza, quien era la directora de la unidad. CONTESTÓ: La doctora Myriam llega aproximadamente en el mes de marzo del año 2013 y esa situación ocurre en agosto del mismo año, entonces esa situación ocurre antes que sacaran el acuerdo, la Sala Administrativa saca un acuerdo eliminando los cargos (...), posteriormente, crean unos nuevos cargos, pero ya no como jefes de división sino corno profesional especializado grado 33, como nominadora la directora de la Escuela Judicial.(...)” PREGUNTADO: Usted recuerda si el señor Alejandro Pastrana Ortiz, que reemplazó a la demandante, continúa en el ejercicio del cargo. CONTESTÓ: Bueno, pues eso si lo sé, Alejandro Pastrana estaba en la Escuela Judicial, creo que desde el año 2007, entró en la dirección de la Doctora Gladys Virginia Guevara, y en el 2014 se fue de la Escuela Judicial, actualmente trabaja en la Sala Administrativa del Consejo Superior, creo que es magistrado auxiliar de esa corporación.(...).

Al examinar con detenimiento la anterior declaración y las demás pruebas que obran en el expediente, se puede concluir que la demandante no venía desempeñando la totalidad de las funciones propias del cargo, razón por la que la directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, una vez que se estableció que sería el nominador de los nuevos cargos de profesional especializado grado 33, dispuso el retiro de aquella en virtud atendiendo el buen servicio.

Al respecto vale la pena señalar que la existencia de cargos de libre nombramiento y remoción en la administración pública se ha justificado en la necesidad de admitir el ejercicio de la discrecionalidad en la facultad nominadora como una atribución que reside en ciertos funcionarios para conformar su equipo de trabajo con personal de la más alta confianza, con miras al mejoramiento del servicio. Tal potestad, se traduce en la libre escogencia de sus inmediatos colaboradores, máxime si se trata de seleccionar a aquellos que demandan una mayor confidencialidad y cercanía con las políticas a implementarse por parte del administrador de turno.

Es decir, la Directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” estaba facultada para disponer libremente de su provisión y de su retiro, incluso, sin que le fuese necesario expresar los motivos que la llevaban a adoptar una u otra decisión, dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad(22), los cuales en el presente caso, no fueron desvirtuados por la demandante.

Por las anteriores razones, el cargo no prospera.

b) Madre cabeza de familia

El concepto de madre cabeza de familia fue definido por la Ley 82 de 1993, artículo 2º, en los siguientes términos:

“(…) Para los efectos de la presente ley, entiéndase por “Mujer cabeza de familia”, quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física y mental, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.”.

Tal condición se encuentra protegida constitucionalmente en el artículo 43 de la Carta que impone al Estado el deber de apoyar de “manera especial a la mujer cabeza de familia.”.

La Ley 790 de 2003, artículo 12, consagró una protección especial en favor de las madres cabeza de familia al disponer:

“(…) Protección especial. De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno nacional, no podrán ser retiradas del servicio en el desarrollo del programa de renovación de la administración pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley.”.

Esta disposición fue reglamentada por el Decreto 190 de 2003, por el cual se definió la expresión “madre cabeza de familia sin alternativa económica”, en los siguientes términos:

“(…) Mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada.”.

Para la sala resulta claro que la condición especial de las madres cabeza de familia debe ser tenida en cuenta en los procesos de reestructuración de las entidades del Estado. Empero, en principio, las empleadas que quieran hacer valer tal protección deben poner en conocimiento de la administración su condición para que sea viable la aplicación de la norma que consagró esta protección especial en favor de los menores de edad.

En efecto, la condición de madre cabeza de familia no se deduce exclusivamente de tener a cargo la dirección del hogar. La Corte Constitucional, en la Sentencia SU 388 de 13 de abril de 2005 estableció los presupuestos jurisprudenciales para que una mujer sea considera madre cabeza de familia:

“La Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el solo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.”.

De la jurisprudencia transcrita se colige que la condición de madre cabeza de familia debe probarse y que la protección del retén social debe alegarse para que el empleador constate si se dan los presupuestos normativos y jurisprudenciales para que proceda el reconocimiento de esa condición.

En tal sentido, se evidencia que la demandante no alegó su presunto fuero de inamovilidad y, además, debe tenerse en cuenta que esta protección especial consistente en una estabilidad laboral reforzada, regulada a través de la Ley 790 de 2002, fue dispuesta para ser aplicada en los procesos de reestructuración de las entidades del Estado; además tal y como se dispuso anteriormente, dicha circunstancia no solo debe probarse sino también alegarse, de manera que el empleador constate si se dan los presupuestos normativos y jurisprudenciales(23) para que proceda el reconocimiento de esa condición, escenario que en el sub - judice tampoco se presentó.

Dicho de otra manera, al no estar enterada de esta condición especial de la actora, no se le puede endilgar a la demandada el desconocimiento de preceptos constitucionales y legales que consagran la estabilidad laboral reforzada y el respeto a la dignidad humana para las madres cabeza de familia.

Así pues, analizadas las pruebas en su integridad, se infiere que la señora Lina María del Pilar Daza González no demostró los fines distintos a los del mejoramiento del buen servicio público, pues era su deber probar de manera fehaciente que los motivos que desencadenaron su retiro eran ajenos al interés general y que en realidad desbordó la facultad que tiene la autoridad nominadora para separar del empleo a funcionarios que no gozan de amparo ni fuero de estabilidad.

Lo anterior porque una potestad es discrecional cuando el ordenamiento jurídico no establezca cuándo, cómo y en qué sentido se debe ejercitar; por lo tanto, “para que el ejercicio de una potestad sea discrecional administrativa no es necesario que sean discrecional es los tres aspectos indicados bastando con que exista discrecionalidad respecto de uno de ellos(24)“. Lo que constituye un requisito indispensable para que pueda hablarse de discrecionalidad y no de arbitrariedad, es que los fines que se persiguen o hayan de perseguirse por cada potestad estén taxativamente enunciados en el ordenamiento jurídico.

En el caso concreto, tras el análisis individual y conjunto de las pruebas que obran en el expediente, para la sala en atención a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia no se encuentra acreditado ninguno de los cargos alegados por la parte demandante, motivo por el cual la sala confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia de 16 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio del cual negó las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Lina María del Pilar Daza González contra la Nación - rama judicial - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la sala en la presente sesión.

Consejeros: Carmelo Perdomo CuéterCésar Palomino CortésSandra Lisset Ibarra Vélez.

1 Informe visible a fl. 228.

2 Demanda visible a fls. 13 a 20.

3 El abogado Carlos Arturo Orjuela Góngora.

4 Visible a fls. 94 a 105.

5 “(…) ARTÍCULO 256. Derogado por el art. 17, Acto Legislativo 02 de 2015. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

1. Administrar la carrera judicial.

(…)”.

6 Visible a fls. 153 a 173 del expediente.

7 Visible a fls. 179 a 195 del expediente.

8 Consejo de Estado, sentencia de 18 de mayo de 2000, rad. 2459-99, C.P. Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado.

9 Visible a fl. 1, cdno. 2.

10 Visible a fls. 49 y 50, cdno. 2.

11 Aclarado por la Resolución PSAR-253 de 27 de junio de 2006 (visible a fl. 185, cdno. 2).

12 Visible a fl. 65 y 66.

13 Así lo expresó la sala, entre otras, en la sentencia de 20 de agosto de 2015, exp. Nº 250002325000201000254-01, Nº interno: 1847-2012. C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

14 Corte Constitucional, Sentencia T-372 de 2012.

15 Artículo 26 del Decreto-Ley 2400 de 1968

16 Sentencia Paristet de 1875, como se ilustra en “Le grands arrêts de la jurisprudence administrative” 11 Ed. Dalloz, París, 1996, págs. 26 a 35.

17 Consejo de Estado, sentencia de 31 de agosto de 1988. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección segunda C.P. Dra. Clara Forero de Castro.

18 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia julio 31 de 1997, rad. 16128, Actor: Manuel Salamanca.

19 Visible a fl. 107.

20 Visible a fls. 113 y 114.

21 Suscrito por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

22 Se han identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

23 Corte Constitucional, Sentencia T-570/06, M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.

(…) (ii) Que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que en el evento de vivir con su esposa o compañera, esta se encuentre incapacitada física, mentalmente o moralmente, sea de la tercera edad, o su presencia resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos, discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la madre.

Estas sub reglas, en virtud de todo lo expuesto, son igualmente extensivas a la situación de los padres cabeza de familia que hayan sido desvinculados de sus cargos desconociendo que son beneficiarios del retén social previsto en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, siempre y cuando se advierta que su situación se adecua efectivamente al supuesto de hecho de la citada disposición legal y a los criterios enunciados en este fallo (…)”.

24 Entrena Cuesta Rafael, “Curso de Derecho Administrativo”, cit., pág. 175.