Sentencia 2014-01096 de junio 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC7205-2014

Radicación N° 11001-02-03-000-2014-01096-00

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

(Discutido y aprobado en sesión de cuatro de junio de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.

Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando “el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley” (sent. mayo 11/2001, exp. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.

2. Así mismo, en forma reiterada, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado en la improcedencia de invocar el derecho de petición respecto de autoridades judiciales, salvo el evento de temas de carácter administrativo, en razón a que los procesos y en general los trámites que atienden dichas autoridades están sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jurídico procesal de imperiosa aplicación, cuyo desconocimiento eventualmente daría lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje.

Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado lo siguiente:

“las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuación judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de estas comporta la vulneración del derecho del debido proceso (C.N., art. 29), el cual comienza con la garantía del libre acceso a la administración de justicia, también consagrado como principio fundamental por el artículo 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que sólo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petición a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales están regulados por las normas que disciplinan la administración pública.

Por tanto debe entonces concluirse que como la presunta trasgresión de los derechos fundamentales del accionante proviene de actuaciones cumplidas dentro de unos procesos judiciales (fls. 3 y 4, cdno.1), los derechos que pudieran verse comprometidos serían los antes señalados (libre acceso a la administración de justicia y debido proceso), mas no el de petición” (sent. oct. 1º/2001, exp. 0325; reiterada en providencias de 30 de julio de 2012, exp. 08001-22-13-000-2012-00264-01; 3 de octubre del mismo año, exp. 11001-02-03-000-2012-01843-00; y 25 de septiembre de 2013, exp. 05001-22-10-000-2013-00229-01).

Así las cosas, a pesar de la formulación desde el 12 de julio de 2013 de la solicitud a que alude la parte accionante, observa la Corte que el amparo deprecado está llamado al fracaso, en la medida en que tal súplica fue radicada, como aparece acreditado en el expediente (fls. 10 a 34), al interior de la investigación criminal que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el magnicidio del Dr. Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.), no obstante que, tal cual ya fue indicado, el derecho de petición no procede frente a trámites judiciales.

3. De igual manera, en relación con la vulneración al derecho fundamental al debido proceso por la presunta mora en resolver la solicitud tendiente a que el referido crimen sea declarado delito de lesa humanidad, concluye la Sala la improcedencia de la protección solicitada porque el Ministerio Público tiene a su alcance otro mecanismo de defensa.

Ciertamente el ordenamiento procesal penal prevé dentro de las causales de impedimento, con base en el numeral 7º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 y en el numeral 7º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000, la situación en la cual “(…) el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada”, así como en los artículos 60 y 105 respectivamente. Las normas señaladas disponen que si el funcionario en quien se dé una causal de impedimento no la declara “(…) cualquiera de las partes podrán recusarlo (…)”, y en ese sentido, dichos instrumentos de resguardo no pueden ser reemplazados o sustituidos a través de la tutela, pues de lo contrario serían invadidas injustificadamente las privativas funciones y la competencia de otras autoridades.

En un caso de similares contornos, la Sala precisó lo siguiente:

“(…) si la promotora considera que el funcionario accionado está en mora de resolver lo atinente a la ‘reapertura de la investigación’, puede, porque así lo dispone el numeral 7º, artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, recusarlo. Desde esa perspectiva, es indiscutible que la posibilidad de hacer uso de la mencionada figura jurídica, reafirma el fracaso de este resguardo, dado su carácter eminentemente subsidiario.

En una cuestión similar, dijo la Sala de Casación Penal que ‘tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resolución de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, así el artículo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones:

‘...7. Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada...”

‘De manera que puede proponer el actor su insatisfacción a través del instituto de la recusación, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias’ (sentencia de tutela de 29 de junio de 2011, exp. 54769)…” (Sent. jun. 20/2012, exp. 011221-01, reiterada el 13 de marzo de 2013, exp. 11001 02 04 000 2013-00178 -01).

Destaca la sala que las causales de impedimento consagradas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, resultan también aplicables a los Fiscales, de conformidad con lo que prevé el artículo 63 ídem.

4. En suma y ante la improcedencia de la petición de amparo, basta lo dicho en precedencia para denegarla.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo solicitado.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión».