Sentencia 2014-01097/55999 de septiembre 21 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000-23-36-000-2014-01097-01 (55999)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandante: Masa de la quiebra de industrias Ancon Ltda.

Demandado: Nación - Rama judicial

Medio de control: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Bogotá, D.C., veintiuno de septiembre del año dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

La Sala considera que en el presente caso se debe revocar la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el trámite de la audiencia inicial celebrada el 23 de septiembre de 2015, en la cual se resolvió lo relativo a la caducidad del medio de control para el título de imputación de error judicial.

Para resolver el recurso de apelación interpuesto, la sala analizará los siguientes aspectos: (i) las excepciones previas y la caducidad del medio de control; (ii) el título de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y; (iii) el caso concreto.

1. Sobre las excepciones previas y la caducidad del medio de control.

1.1. Esta corporación en reiterada jurisprudencia(3) ha señalado que las excepciones previas también denominadas dilatorias o de forma son las que buscan atacar el ejercicio del medio de control, por presentarse alguna inconsistencia en la manera como fue presentada la demanda, vale decir, por alguna deficiencia externa.

1.2. Así, en principio, la finalidad de las excepciones previas es la de conjurar vicios formales en procura de evitar decisiones inhibitorias o, dada la entidad de las falencias, impedir que continúe el curso del proceso ab initio, ya que no sería posible, ante su existencia, llegar a la sentencia por sustracción de materia; de igual forma, se han establecido las excepciones mixtas que aunque tienen naturaleza de perentorias o de fondo, se pueden tramitar como previas y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo son las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva las cuales se deben resolver en la audiencia inicial.

1.3. En cuanto al fenómeno de la caducidad, se indica que este es un presupuesto procesal de carácter negativo que opera en algunos medios de control contenciosos por el transcurso de un término establecido expresamente en la ley, término que una vez cumplido restringe la posibilidad de acceder a la administración de justicia a través del ejercicio del medio de control correspondiente sobre el cual operó el fenómeno de caducidad.

1.4. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el propósito esencial de la caducidad es evitar que las diversas situaciones generadoras de responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando así seguridad jurídica al convertirlas en situaciones jurídicas consolidadas.

1.5. Frente a la caducidad del medio de control de reparación directa, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que la demanda de reparación directa caducará, por regla general, al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia(4).

1.6. En efecto el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA indica lo siguiente:

“ART. 164.—Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando: (…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: a) (…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia; (…)” (negrillas fuera del texto).

1.7. Por otro lado, en cuanto a la competencia con la que cuenta el juez natural para resolver el proceso, es necesario indicar que solo se puede resolver lo solicitado en las pretensiones de la demanda —justicia rogada—.

2. Sobre el título de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

2.1. En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, indica que es aquel causado como consecuencia de la función jurisdiccional, de la siguiente manera:

“ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.

2.2. Es decir, que es aquel daño producido como consecuencia de que el servicio de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha funcionado en forma tardía. Así mismo la jurisprudencia de la corporación ha indicado que es un título de imputación de carácter subjetivo y como rasgos o características del mismo, los siguientes:

— Se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a las decisiones judiciales, necesarias para adelantar un proceso o ejecutar una providencia.

— Puede provenir de los funcionarios judiciales, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia.

— Debe tener un funcionamiento anormal partiendo de una comparación de lo que debería considerarse como un ejercicio adecuado de la función judicial.

— El funcionamiento debe ser anormal, basado en una comparación de lo que debería ser el adecuado.

2.3. De la misma manera, este título de imputación también abarca la mora judicial es decir, la falta de decisión judicial en un plazo razonable, siempre que la demora no esté justificada, lo cual ocurre cuando no existen factores que ameriten sobrepasar los términos fijados en la ley, dentro de los cuales se pueden encontrar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora.

2.4. Por lo dicho anteriormente, en el caso concreto, en primer lugar ha de establecerse si en el presente asunto el juez debía resolver la caducidad del error judicial respecto de las providencias proferidas dentro del proceso de masa de la quiebra Industrias Ancón Ltda. y, luego determinar si el proceso de reparación directa puede continuar bajo el título de defectuoso funcionamiento de la administración por la mora injustificada.

3. El caso concreto.

3.1. La Sala encuentra que mediante auto del 4 de septiembre de 2014, el a quo inadmitió la demanda con el fin de que se formularan en debida forma las pretensiones de la demanda, distinguiendo el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia del error judicial (fl. 66 a 70, cdno. 1), por lo que la parte demandante corrigió las pretensiones de la demanda (fl. 71 a 72, cdno. 2), solicitando solo la declaratoria de responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, de la siguiente manera:

PRIMERA: DECLÁRASE la responsabilidad de la Nación - Rama jurisdiccional, dirección ejecutiva de administración judicial, por los perjuicios antijurídicos ocasionados a la masa de la quiebra de “Industrias Aconta (sic) Ltda.”, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, derivado de la actuación cumplida por los jueces, magistrados y auxiliares de la justicia (síndicos), y en particular los jueces del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, Promiscuo Municipal de Cota y Civil del Circuito de Funza, principalmente, así como la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en desarrollo del proceso de Quiebra de “Industrias Ancon Ltda”, radicado Nº 110013103003-1980-02064-01, durante 34 años.

3.2. Siendo así, encuentra la sala que el a quo también analizó la caducidad respecto de las providencias judiciales por las cuales en un primer momento se había demando bajo el título de imputación de error judicial, declarando la caducidad de las mismas por haber sido expedidas con anterioridad a los dos años de presentación de la demanda.

3.3. Sin embargo, para la sala es claro que el título de imputación de error judicial no debía ser resuelto de fondo por el a quo en la audiencia inicial, en tanto la parte demandante cuando subsanó la demanda manifestó que solo demandaba bajo el título de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el trámite del proceso de quiebra. En este sentido, el error judicial quedo por fuera de las pretensiones de la demanda.

3.4. Así mismo, la sala refiere que no ha operado el fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa bajo el título de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que la parte demandante indico que el proceso de quiebra inicio en el año de 1980 y todavía está siendo tramitado, arguyendo una mora injustificada en el trámite presuntamente por culpa de los auxiliares de la justicia y los juzgados que han tramitado el proceso, aspecto que ha de estudiarse en el momento de resolver el fondo del asunto.

3.5. En ese orden de ideas, debido a que la demanda se presentó el 25 de julio de 2014, resulta evidente para la sala que en el caso bajo estudio no se encuentra demostrada la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad ya que según las manifestaciones del demandante, el proceso sigue en curso hasta el momento.

3.6. De esta forma, la sala considera que el proceso se debe tramitar solo por el presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la mora injustificada en el trámite del proceso de quiebra de la sociedad, por más de 34 años, como se solicitó en las pretensiones de la demanda, haciendo claridad a la parte demandante que en el momento de resolver sobre este título de imputación se analizaran en conjunto todas las actuaciones surtidas dentro del proceso sobre el cual se predica la dilación.

3.7. Por lo antes expuesto, la sala revocará la decisión adoptada el 23 de septiembre de 2015 en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, donde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B declaró de oficio la caducidad de las providencias judiciales que se hayan proferido en el proceso de quiebra anteriores a los dos años de la presentación de la demanda, es decir antes del 25 de julio de 2012 bajo el título de imputación de error judicial, puesto que este aspecto no hacia parte de las pretensiones de la demanda y se dispondrá la continuación del proceso por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B

RESUELVE:

1. REVOCAR PARCIALMENTE la decisión proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la audiencia inicial celebrada el 23 de septiembre de 2015, en el sentido de que no debió pronunciarse respecto del cargo por error judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

2. Continuar el trámite del presente proceso respecto del cargo por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la presunta mora en el desarrollo del proceso de quiebra de la parte demandante, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

3. Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

4. Remítase copia de esta providencia al buzón electrónico de la parte demandante y la demandada, de conformidad con el artículo 205 del CPACA.

Notifíquese y cúmplase».

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Nº 0191-14, auto del 12 de marzo de 2014, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

4 En similar sentido, el numeral 8º del artículo 136 del CCA señalaba que la acción de reparación directa caducaría, por regla general, al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.