Sentencia 2014-01192 de noviembre 19 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 730011102000201401192 01 A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado Según Acta Nº 94 de la misma fecha

Bogotá, D. C., diecinueve de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer la apelación de la decisión del 2 de septiembre de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante la cual resolvió sancionar al abogado Jesús Enrique Arango Hernández con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de diez (10) meses, al haberlo hallado responsable de incurrir en las conductas descritas en el numeral 2º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 y en el literal e) del artículo 34 ibídem; destacando que la anterior competencia deviene de lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “… los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, delimitante éste de su competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a revisar los argumentos expuestos por la togada, no sin antes resaltar que los mismos ya habían sido expuestos en la primera instancia.

3. El caso en concreto.

Procede esta Corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo, pues incurrió en las faltas descritas en el numeral 2º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 y en el literal e) del artículo 34 ibídem, preceptos cuyos tenores literales son los siguientes:

“… Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(…)

2. Promover una causa o actuación manifiestamente contraria a derecho…”.

“… Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(…)

… e) Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común…”.

Frente a lo anterior consideró el a quo que el togado había incurrido en las anteriores faltas por que no obstante haber actuado como apoderado de los terceros interesados al interior del proceso ejecutivo hipotecario de María Lucero Serna de Reyes contra Myriam Mancera Rivera identificado con el radicado 1998-00243-00 que cursa ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué por lo que sabía que el lote Nº 14 hacia parte de los bienes que se estaban persiguiendo al interior del mismo sobre el cual, recaía una medida cautelar y aun así decidió por intermedio de su esposa usucapir el mismo, ello, con la presentación de una demanda de pertenencia desde el 28 de febrero de 2011 el cual aún está vigente, no aceptando el argumento exculpatorio en el entendido que lo que se reprochaba al disciplinable no era haber promovido el proceso de pertenencia en representación de su esposa sino que lo hizo a sabiendas que ese bien solamente estaba siendo dado para que lo tuviera mientras se culminaba el proceso y se le podían pagar sus honorarios.

En igual sentido se tuvo que frente a la falta número dos toda vez que al juicio del magistrado sustanciador el abogado aquí investigado a pesar de haber representado los intereses de los terceros interesados al interior del proceso ejecutivo hipotecario de María Lucero Serna de Reyes contra Myriam Mancera Rivera identificado con el radicado 1998-00243-00 que cursa ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué desde el otorgamiento del poder en el año 2000 y su posterior reconocimiento el 11 de mayo del 2000 mismo que fue desplegando desde esas datas hasta el día en que el proceso se terminó por pago el 12 de diciembre de 2014, pero a su vez el 28 de febrero de 2011 incoó en representación de la señora Ana Lucía Ramos Méndez un proceso ordinario de pertenencia en el cual se buscaba usucapir un inmueble perseguido por los apoderados suyos en el ejecutivo, es decir que con su actuar pudo asesorar a dos partes cuyos intereses eran contra puestos.

En atención a las anteriores consideraciones el disciplinable expuso como argumentos apelatorios que su posición fue válida al haber iniciado en representación de su compañera, señora Ana Lucía Ramos Méndez el proceso de pertenencia pretendiendo obtener la propiedad del lote Nº 14 que a él se le había dado en modo de pago, pues según su dicho tanto él como las demás personas habían sido estafados por la hoy quejosa aduciendo entre otras cosas que si los demás poseedores tenían derecho a ejercitar esas acciones su esposa también así como también el que no había incurrido falta por supuestamente haber incoado una acción en contraprestación de los intereses de sus representados al interior del proceso ejecutivo pues la pertenencia se inició en contra de personas inciertas e indeterminadas y por ende no se especificaba a quien estaba demandando por lo que no había incurrido en la aludida conducta.

Pues bien, frente a lo anterior debe ésta superioridad referirse inicialmente a la primera de las conductas reprochadas al disciplinables, es decir, aquella en la cual el A quo no vio con bueno ojos el que haya pretendido usucapir por intermedia persona un bien que no estaba poseyendo pues el mismo le fue dado con mera tenencia para ser usufructuara y con ello sufragara sus honorarios profesionales, es decir desde el inicio el togado reconoció poderío ajeno sobre el mismo, debiendo destacar por parte de esta superioridad que aquí no entrará a debatir si el togado o su esposa tenían o no el legítimo derecho a incoar la acción de pertenencia sino que le disciplinable sabía con antelación que ese inmueble no le había sido dado con derechos reales y por el contrario el togado se aprovechó de una situación que a él llegó para por medio de la figura de la pertenencia intentar su propiedad, lo cual es la síntesis del reproche y que se coparte plenamente por la Sala ad quem.

Seguidamente en cuanto a la otra falta, es decir la de promover dos actuaciones contrarias entre sí, resulta palpable que cuando el togado aún era representante de las Asociación Pro Villa Leydi incoó en favor de su compañera un proceso de pertenencia contra los bienes objeto del litigio mismos que eran perseguidos por dicha asociación, por lo que en efecto, allí existían intereses contrapuestos, pero en aras de mayor claridad se sostendrá lo considerado por esta misma Superioridad al ilustrar que:

“… de la norma citada se desprenden tres tipos de conductas, definidos por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, así:

1. ASESORAR. Dar consejo o dictamen. Tomar consejo del letrado asesor, o consultar su dictamen. Por ext. tomar consejo una persona de otra, o ilustrarse con su parecer.

2. PATROCINAR. Defender, proteger, amparar, favorecer.

3. REPRESENTAR. Sustituir a uno o hacer sus veces, desempeñar su función o la de una entidad, empresa. Etc.

La asesoría puede ser ocasional o permanente, es decir el consejo profesional que brinde el abogado para ilustrar a otra persona con sus conocimientos, evaluando los hechos puestos a su consideración; el patrocinio es una relación a manera de favorecimiento o ayuda que se prolonga en el tiempo y la representación implica, en el campo legal, judicial o jurídico, el otorgamiento de poder para actuar, bien sea para determinado negocio o para una universalidad de ellos, así como la delegación por parte del juez (defensor de oficio y curador ad- litem) e incluso en casos de agencia oficiosa, quedando en estos eventos el abogado inhabilitado para asesorar, patrocinar o representar a la contraparte en relación con el asunto o los intereses que le fueron confiados inicialmente.

Exige la norma transcrita que sean intereses contrapuestos, teniéndose como requisito la existencia de dos extremos contradictorios entre sí, los cuales se contraponen que son el cliente asesorado, patrocinado o representado en primer lugar y la contraparte, no pudiendo el abogado favorecer a uno sin traicionar al otro.

Además la asesoría, patrocinio o representación debe ser de manera simultánea o sucesiva, conceptos que son definidos por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, así:

Sucesivamente. Sucediendo o siguiéndose una persona o cosa a otra. Suceder es entrar una persona o cosa en lugar de otra o seguirse a ella… Descender, proceder, provenir.

Simultánea: Dícese de lo que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra cosa…

… Exige la norma transcrita que sean intereses contrapuestos, teniéndose como requisito la existencia de dos extremos contradictorios entre sí, los cuales se contraponen que son el cliente asesorado, patrocinado o representado en primer lugar y la contraparte, no pudiendo el abogado favorecer a uno sin traicionar al otro…

… la fidelidad y compromiso con los intereses que le son confiados a los profesionales del derecho no se esfuman con el paso del tiempo, al haber transcurrido casi tres años entre las demandas interpuestas, pues ello no desnaturaliza el incumplimiento del deber de lealtad con el cliente”(16).

Así las cosas, tendríamos que:

• Asesora quien presta consejo u orientación, para el caso, en temas jurídicos, por eso no se exige participación procesal. Tal el caso de quien representa procesalmente a un sujeto, pero de manera simultánea o sucesiva asesora a su contraparte. O el caso de quien habiendo fungido como representante judicial de la víctima en un proceso penal, culminada su labor en el incidente de reparación integral(17), pasa luego a desempeñar el rol de asesor y patrocinador (para el caso sub análisis a través de un tercero que anunciaba pertenecer a su misma firma), del que fuera condenado penalmente en ese mismo asunto, con lo cual, ha dicho la doctrina “incurre en la falta, a pesar de no hacerlo de manera simultánea, entre otras razones porque el funcionario judicial muy seguramente lo compelería a renunciar a uno de los roles por incompatibles”(18).

• Patrocina, quien defiende, protege, ampara o favorece a alguien o apoya o financia una actividad, de suerte que cualquiera de estas formas puede darse en el tipo disciplinario que se viene analizando, en tanto puede darse el caso en el que quien representa judicial o administrativamente a una parte, culmina patrocinando a su contraparte y,

• Representa, quien apodera a las contrapartes, por manera que se trata de un tipo disciplinario “de conducta alternativa, compuesto por varios tipos rectores como asesorar, patrocinar y representar, matizados por circunstancias modales relacionadas con la simultaneidad o sucesividad de las conductas, estructurándose el tipo disciplinario con el cumplimiento o realización de cualquiera de ellas”(19).

Conforme lo precedente, se tiene que el togado representó simultáneamente los intereses de dos partes en asuntos que eran contrapuestos, así que en esa síntesis se encuentra que el jurista sí incurrió en la falta investigada, por lo que frente a ello se confirmará la sentencia apelada.

Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la responsabilidad del investigado frente a la conducta investigada y posteriormente reprochada, además de no existir justificación del proceder del abogado, lo procedente en esta instancia es confirmar la providencia apelada.

Finalmente en cuanto a la sanción impuesta de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de diez (10) meses, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, destacando que atiende a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la modalidad de la conductas pues las faltas descritas con anterioridad se cometieron en la modalidad dolosa pues el profesional del derecho sabía que con su actuar iba a transgredir el estatuto deontológico aplicable y aun así decidió continuar con su proceder, así como también se tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes disciplinarios vigentes previa la comisión de las faltas aquí investigadas y el impacto negativo que causó en el colectivo y los perjudicados; ello, de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR integralmente la sentencia apelada, proferida el 2 de septiembre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante la cual resolvió sancionar al abogado Jesús Enrique Arango Hernández con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de diez (10) meses, al haberlo hallado responsable de incurrir en la conductas descritas en el numeral 2º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 y en el literal E) del artículo 34 ibídem, atendiendo las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión al sancionado, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

3. EJECUTORIADA esta providencia, remítase copia de la misma a la Oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para que notifique a las partes dentro del proceso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

16 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Expediente Nº 680011102000199900569 01. Providencia de fecha 25 de junio de 2003, aprobada mediante Sala No. 70 de la fecha. M.P. Dr. Rubén Darío Henao Orozco.

17 “Artículo 102 de la Ley 906 de 2004. PROCEDENCIA Y EJERCICIO DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL. Emitido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, y convocará a audiencia pública dentro de los ocho (8) días siguientes”.

18 COMENTARIOS AL NUEVO CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO. Autor Luis Enrique Restrepo Méndez. Biblioteca Jurídica DIKE. 1ª Edición 2008. Pág. 145.

19 COMENTARIOS AL NUEVO CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO. Autor Luis Enrique Restrepo Méndez. Biblioteca Jurídica DIKE. 1ª Edición 2008. Pág. 146.