SENTENCIA 2014-01221 DE MAYO 10 DE 2017

 

Sentencia 2014-01221 de mayo 10 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 730011102000201401221-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal

Aprobado según acta 38 de la fecha.

Proyecto registrado: nueve de mayo de dos mil diecisiete.

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala tiene competencia para conocer en consulta los fallos sancionatorios emitidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(2) y 59 de la Ley 1123 de 2007(3); ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 2 del 1º de julio de 2015, modificó el capítulo 7 del título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela(4) (resaltado nuestro).

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

Si bien es cierto el artículo 26 de la Constitución política consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la Ley Procesal Penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

2. Asunto a resolver.

Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a revisar en grado jurisdiccional de consulta la sentencia proferida el 12 de mayo de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de XXX(5), mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN, a la abogada C.I.O.C. identificada la cédula de ciudadanía 65.779.996, portadora de la tarjeta profesional vigente 181.610, al hallarla responsable de las faltas previstas en el artículo 37, numeral 1º en concordancia con el deber establecido en el artículo 28-10 a título de culpa; y las consignadas en el artículo 35-3 y 30-4 por vulneración a los deberes consagrados en los numerales 5º y 8º, bajo la modalidad dolosa de la Ley 1123 de 2007.

3. Caso concreto.

3.1. Tipicidad.

Antes de abordarse el estudio de tipicidad, se debe indicar que la jurisprudencia constitucional no ha sido pacifica respecto a este tema, desarrollando ampliamente en Sentencia C-818 de 2005, con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, es el concepto de legalidad en el campo del derecho sancionador, resaltando el objetivo de la pre-existencia de la norma, el cual se centra en limitar la facultad discrecional en el ejercicio del poder sancionatorio; estableciendo parámetros esenciales, como los que a continuación se exponen:

“Esta corporación ha dicho que conforme al principio de legalidad, el comportamiento sancionable, las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, deben estar previamente definidos, en forma suficientemente clara por la ley.

Este principio comprende una doble garantía. La primera, de orden material y de alcance absoluto, conforme a la cual es necesario que existan preceptos jurídicos anteriores (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas conductas infractoras del correcto funcionamiento de la función pública y las sanciones correspondientes por su realización. La segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de rango legal, que convalide el ejercicio de los poderes sancionatorios en manos de la administración.

En el campo disciplinario, el principio de legalidad se encuentra reconocido en varias disposiciones constitucionales. En primer lugar, en los artículos 6º y 29 que establecen que no pueden “ser juzgados sino conforme a las leyes preexistentes”, y que “sólo son responsables por infringir la Constitución y la ley”.

Esta positivización constitucional del principio de legalidad en el derecho disciplinario, le confiere un alcance netamente garantista a dicha especie del derecho punitivo del Estado. En efecto, el sujeto disciplinado tiene derecho a conocer anticipadamente cuáles son las conductas prohibidas y las sanciones que se derivan de su infracción. Al igual que puede exigir que su juicio se adelante conforme a los procedimientos preexistentes al acto que se le imputa y según las normas vigentes al momento de comisión del comportamiento antijurídico (C.P., art. 29)”.

Lo anterior, se encuentra en consonancia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1123 de 2007, el cual estableció que el abogado sólo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización y conforme a las reglas fijadas en este código o las normas que lo modifiquen.

3.1.1. Primer cargo. Falta consagrada en el artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007.

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del XXX, le endilgó al disciplinado la falta consagrada en el numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, toda vez que su actuar se constituyó en las denominadas faltas contra la diligencia profesional, en el entendido de que demoró la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas, dejando de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidándolas y abandonándolas.

Respecto a la presente falta, se ha desarrollo jurisprudencia suficiente para comprender la antijuridicidad de este comportamiento, estableciéndose los lineamientos esenciales para comprender la configuración de la presente falta, por parte de esta corporación, resaltando el estudio minucioso realizado por el magistrado XXX en sentencia radicado XXX(6), en donde se estipuló lo siguiente:

“El tipo disciplinario endilgado al profesional, previsto en esta norma concentró en un sólo texto las faltas y las modalidades de comportamiento. Es por ello que hoy, los verbos rectores de esta falta están representados en las conductas de demorar la iniciación o prosecución de las gestiones, esto es, retardar, diferir, dilatar lo que se debe hacer, como en el caso bajo estudio; así las cosas, incurre en esta falta quien se toma más del tiempo necesario para presentar una demanda o para realizar una petición que resulta procedente dentro de un proceso determinado. También incurre en falta quien deja de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, es decir y por contraposición al verbo anterior en el cual se hace pero tomando más del tiempo requerido, aunque sin que ese transcurso del tiempo comporte el rechazo de la solicitud o la pérdida de la oportunidad, de acuerdo con esta conducta se sanciona a quien no hizo lo que tenía que hacer, dentro de la oportunidad para ello, verbi gratia no interpuso el recurso, no presentó excepciones, no aportó la expensas requeridas para remitir el expediente a la segunda instancia, etcétera.

En la misma falta disciplinaria incurre el togado que descuida la gestión, esto es, que no asume el encargo con la diligencia debida, no ejerce la vigilancia que exige la gestión encomendada, no hace todo lo que está a su alcance en desarrollo de la misma, por ejemplo, descuida la gestión el abogado que no visita periódicamente el despacho judicial donde se tramita el asunto encomendado, para ejercer la vigilancia idónea que le permita estar al tanto de la evolución procesal, del surgimiento y preclusión de las oportunidades procesales, etcétera y finalmente, incurre en la falta sub examine quien abandona la gestión, es decir quien la desampara, quien deja de atender el asunto o se desentiende por completo.

Ahora, la conducta examinada ha sido considerada por la doctrina y jurisprudencia disciplinaria como de ejecución permanente, por cuanto se proyecta hasta cuando al abogado le es legalmente exigible adelantar la gestión, retomarla o enderezar el camino perdido como consecuencia de su falta de diligencia”.

Sobre la presente falta, esta Sala considera que existe objetivamente la materialización de un acuerdo de voluntades que se suscribió entre los señores A.R. y J.H.P. con la doctora C.I.O.C., con la finalidad de que se representara sus intereses dentro del proceso de pérdida de calidad de familia sustituta para la prestación del servicio en la modalidad de hogares sustitutos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Resolución 55 del 12 de mayo de 2014, confiriéndose a la profesional del derecho las facultades inherentes a su mandato, tales como presentar los recursos de ley, desistir, recibir, conciliar, sustituir y reasumir el poder, presentar aclaraciones y/o adiciones a que hubiera lugar, conforme a las normas legales vigentes.

Una vez asumido el mismo, se tenía la plena confianza y tranquilidad por parte de los denunciantes, de que se realizarían las gestiones pertinentes, con la finalidad de realizar una defensa técnica dentro del proceso, y así, velar fielmente por sus intereses e imagen como hogar sustituto, respecto a unas afirmaciones realizadas por una menor de iniciales A.M.E.G., que indicó la posible comisión de delitos que atentan contra la libertad sexual, la cual devino en la pérdida de calidad de familia sustituta.

Pero los denunciantes, se encontraron con un panorama desolador y desierto, siendo lesionadas dichas expectativas, puesto que nunca se pretendió por parte de la togada, presentar los argumentos necesarios para demostrar por medio de peritajes psicológicos como las pruebas que indicaban que no representaban amenazas ni han realizado comportamientos que vulneraran derechos de los niños, manejándose un ambiente de respeto, tolerancia y fraternidad que permite la dinámica adecuada entre los miembros de dicha entorno.

Lo anterior, fue confirmado por A.R. y J.H.P., señalando que al acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para averiguar por las gestiones adelantadas por la disciplinada para dar cumplimiento al mandato, les fue informado que no había sido radicada ninguna solicitud, respecto al hogar del menor S.A.L.M.; manifestaciones que encuentran sustento en lo certificado por la coordinadora del Centro Zonal del XXX del ICBF, en oficio del 13 de julio de 2015, conforme al cual “…en el Centro Zonal del XXX, no fue radicada ninguna solicitud de XXX por parte de los señores A.R. y J.H.P.C., respecto al niño S.A.L.M., ni de ningún otro niño o adolescente”.

De lo anterior se colige, que en definitiva la abogada encartada no cumplió con lo establecido en el poder conferido, y bien como manifestó el a quo, la doctora C.I.O.C., en su condición de profesional del derecho, conocía su deber de dar cumplimiento al mandato otorgado, teniendo plena capacidad de raciocinio para inferir que para que prosperara las pretensiones de los quejosos, se constituía como requisito sine qua non, radicar ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la solicitud de XXX, poniendo de presente a la entidad los argumentos que llenaran de convicción y seguridad, para que les fuera otorgado nuevamente dicha calidad a los denunciantes, observándose con pesar, que no obra prueba en el plenario que permita inferir un interés leve de brindar soluciones a la contingencias acaecidas a los señores P.R.

Por tal razón, la conducta se encuentra ajustada a lo descrito en la normatividad que atañe al estatuto del abogado, Ley 1123 de 2007, que establece que incurrirán en dicha falta los abogados que demoren la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas, siendo en el caso que nos ocupa, un hecho evidente, soportado por un amplio acervo probatorio y en declaraciones de los directamente afectados.

3.1.2. Segundo cargo. Falta consagrada en el artículo 35-3 de la Ley 1123 de 2007.

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas”.

Esta Sala considera necesario indicar que como bien manifestó en sus providencias la magistrada XXX(7), el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía, como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales.

Por tal razón, es evidente que los abogados en el ejercicio de su profesión como defensores de derechos fundamentales tales como la libertad y el patrimonio, deben actuar de forma intachable, actualizándose constantemente y actuando siempre bajo los postulados de la honradez y la lealtad que se debe a los depositarios de sus esperanzas, quienes confían en que se hará lo posible para ser zanjadas sus problemáticas, acudiendo con premura a los profesionales de la abogacía para que le sean suministradas soluciones jurídicas a sus percances o incógnitas.

Una vez establecido, los parámetros de observancia para ejercer la profesión, tenemos que al observar el caso que nos ocupa, nos encontramos con que la abogada C.I.O.C. le fue otorgado mandato por los señores A.R.P. y J.H.P.C. para que ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, adelantara las gestiones tendientes a la prestación del servicio de XXX respecto del menor S.A.L.M., para cuyo trámite, de acuerdo a lo afirmado por los quejosos, les solicitó la suma de $ 2.500.000, que en efecto le fueron entregados, con el fin de pagar una póliza, así como $ 600.000, con destino a un curador, de los cuales hicieron la entrega de $ 200.000.

Corolario, se debe mencionar que la abogada recibió dichas sumas de dinero para la realización de la labor encomendada, pero como bien se abordó con anterioridad, la togada no procedió a realizar ninguna actuación tendiente a dar prevalencia a las pretensiones de los denunciantes, esto es, el de solicitar ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la apertura del XXX, permitiendo detentar el cuidado sobre el menor S.A.L.M., desapareciendo intempestivamente, sin realizar ninguna comunicación que permitiera conocer los motivos que le llevaron a no promover actuaciones dentro de dicha diligencia ante el ICBF.

Como consecuencia de lo anterior, los denunciantes acudieron al ICBF de XXX e XXX, encontrando que no reposaba en sus bases de datos actuación alguna que permitiera inferir alguna solicitud de apertura de XXX, dando cuenta, que se solicitó sumas considerables de dinero a personas las cuales se le había suspendido su fuente de modus vivendi, manteniéndolos en engaño, generando falsas expectativas y abusando de la falta de conocimientos en los procedimientos que se adelantan ante esa entidad del Estado.

Dichas afirmaciones se soportaron en las siguientes pruebas, las cuales fueron recopiladas por el a quo de la siguiente forma:

1. A folios 46 a 49 obra copia de los recibos de consignación en XXX y en XXX, de las sumas depositadas a favor de la doctora C.I.O.C. por parte del señor J.H.P.

2. A folio 59 de la presente encuadernación se aporta copia por parte del Instituto de Bienestar Familiar de XXX de fecha 13 de julio de 2015, en la cual se envía la actuación administrativa realizada por el ICBF en relación con la pérdida de calidad de hogar sustituto a cargo de la señora R.P.; así mismo indica que frente a esa entidad no se presentó solicitud alguna de XXX por parte de los señores A.R. y J.H.P. respecto del menor S.A.L.M.; y que la togada solo presentó Recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución 55 de fecha 12 de mayo de 2014.

3. En escrito aportado por parte de XXX SAS, se indicó que el giro con factura XXX por el valor de $ 300.000 fue cobrado por la señora C.I.O.C. el día 26 de mayo de 2014 a las 4:33 PM, en el XXX principal XXX (fl. 144-145).

4. A folios 180 a 183, obra copia de respuesta de XXX donde indica cuenta de ahorros XXX se encuentra a nombre de la señora C.I.O.C., anexa igualmente los extractos de la misma.

5. El coordinador del grupo administrativo del ICBF regional XXX certificó que revisada la base de datos de los funcionarios activos e inactivos de planta de personal, no aparecen como tales los señores C.I.O.C. y F.P. (fI. 124).

Expuesto las pruebas desarrolladas por el a quo, se torna evidente que a la abogada O.C., le destinaron a su cuenta XXX de XXX, las consignaciones 610615775 y 610625311 provenientes de los pagos realizados por los quejosos el 08 de septiembre y 5 de junio de 2014, por valores de $ 200.000 y $ 2.500.000, para la solicitud de la constitución de una póliza y los honorarios de curador, los cuales jamás fueron sufragados para la iniciación de algún proceso ante el ICBF.

En consecuencia, y estableciendo el carácter repudiable de las acciones realizadas por la togada O.C., esta Sala considera que si se cumplió con la descripción realizada por el legislador en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que se incurrió en una falta contra la honradez que deben tener los profesionales del derecho, exigiendo y obteniendo dinero para gastos o expensas irreales, puesto que aprovechándose del amor que le profesaban los denunciantes al menor S.L., esta le solicitó efectivo para permitir asegurar un resultado beneficioso a los intereses de los quejosos, creando toda una trama de ficción, propiciando la oportunidad de que se destinaran sumas de dinero a funcionarios que jamás existieron, desviando dichas erogaciones para el aumento de su patrimonio y no para el beneficio de la celeridad del proceso y de las personas implicadas en el mismo.

En conclusión, comparte la tesis expuesta por el Seccional del XXX, adhiriéndose a su tesis planteada en sentencia del 12 de mayo de 2016, respecto a la comisión de esta falta.

3.1.3. Tercer cargo. Falta consagrada en el artículo 30-4 de la Ley 1123 de 2007.

“ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión”.

Debe señalarse que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 83 establece que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.

La Corte Constitucional en Sentencia C-1194 de 2008, magistrado ponente XXX, estableció dos tópicos sumamente importantes, indicando la evolución de la buena fe de principio a postulado constitucional, como la definición la misma, relacionándose lo mencionado de la siguiente forma:

EVOLUCIÓN DE PRINCIPIO A POSTULADO DEFINICIÓN
“La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado, y en tanto postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que entre ellos se desarrollen”.“La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. Así la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada””.

Por tal razón, el legislador trasladó el mencionado principio constitucional, como pilar esencial para el ejercicio de la profesión, so pena de incurrir en una falta disciplinaria, estableciendo directrices claras para el ejercicio de la abogacía.

Del caso en concreto, tenemos que la doctora C.I.O.C., procedió a encaminar sus actos a obtener un provecho significativo por labores que en definitiva no realizó, edificando con conocimiento y voluntad una estructura de engaños que generaron en los denunciantes un conjunto de expectativas y esperanzas, que a la final se convirtieron en un sentimiento de desazón, toda vez que no se procedió nunca a solicitarse ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la apertura del XXX, y como consecuente obtener el permiso para detentar el cuidado del menor S.L., dirigiendo sus propósitos con el ardid de enriquecerse a costas de la actuación de un curador que jamás contrató, siendo palpable la directrices con las que pretendía actuar esta abogada, esto es el de actuar con mala fe.

En síntesis, esta Sala comparte el planteamiento del a quo, ya que se denotó con plena claridad que se configuró un comportamiento desleal por parte de la doctora C.I.O.C., quien no solo faltó a la verdad respecto a su gestión profesional, sino que además montó un escenario falso, usando terceros, para mantener engañados a sus clientes, faltando al deber de todo ciudadano de actuar de manera veraz; por lo que para esta corporación se encuentra demostrada la mala fe en su conducta, vulnerando así el deber establecido en el numeral 5º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, en la medida en que omitió comportarse con el decoro y la dignidad exigida, que implica actuar de buena fe, manifestando a sus clientes lo que realmente acaece en las gestiones encomendadas.

Por tales razones, esta Sala se adhiere a la postura del órgano colegiado de primera instancia, puesto que las circunstancias fácticas y probatorias, indican con grado de certeza que la togada no informó con veracidad el desenvolvimiento y desarrollo del proceso, actuación que no solo cumplió, sino que tergiversó y mantuvo bajo falsas expectativas a quien fuera su mandante.

3.2. Antijuricidad.

3.2.1. Inobservancia de los deberes consagrados en los numerales 8º y 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

“ART. 28.—DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del abogado:

5. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión.

(…).

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

(…).

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo”.

En materia disciplinaria el juicio de antijuridicidad hace relación a la infracción de deberes de tal manera que el incumplimiento de éstos le marca al sancionador la pauta para determinar la antijuridicidad de la conducta que se cuestiona vía disciplinaria; por tanto, no basta el simple desconocimiento formal de ese deber para que se origine la falta disciplinaria, así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Estatuto Ético del Abogado, el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados(8).

Ha manifestado la Corte Constitucional respecto a la función de los abogados lo siguiente:

“El cumplimiento de estas actividades debe contribuir “al buen desarrollo del orden jurídico y al afianzamiento del Estado social de derecho”, de donde se desprende que los abogados están llamados a cumplir una misión o función social inherente a la relevancia de su profesión “que se encuentra “íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica”, pues “el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia.

En las condiciones anotadas, resulta claro que el desarrollo legislativo del ejercicio profesional de la abogacía ha de atender, con especial énfasis, el interés general y la protección de los derechos de terceros, dado que la profesión “se orienta a concretar importantes fines constitucionales” y que su práctica inadecuada o irresponsable “pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe”.

Así pues, la actuación del abogado ha de ser adecuada a la atención debida al cliente, pero, conforme lo ha estimado la jurisprudencia constitucional, el alcance del ejercicio de su profesión “no se limita a resolver problemas de orden técnico, sino que se proyecta también en el ámbito ético” y de tal modo que la regulación de la conducta de los togados por normas de carácter ético no significa “una indebida intromisión en el fuero interno de las personas, con menoscabo de su moral personal”, justamente porque la conducta individual se halla vinculada a la protección del interés comunitario y porque los fines perseguidos mediante el ejercicio de la profesión del derecho, a diferencia de los objetivos buscados por otras profesiones, admiten incluso un mayor nivel de exigencia en cuanto hace al comportamiento de los profesionales del derecho, “como depositarios de la confianza de sus clientes y como defensores del derecho y la justicia”(9).

Establecido lo anterior, y entendido los aportes jurisprudenciales para la comprensión de la función de los abogados desde la óptica del ejercicio profesional, tenemos que respecto al deber consagrado en el numeral 5º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, el cual estipula el mandato de conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión, existió una violación a dicha estipulación normativa obligatoria de conducta, ya que como bien se expuso en el fallo de primera instancia, se apreció el despliegue de actuaciones tendientes a engañar a sus clientes, si se tiene en cuenta que la profesional del derecho hizo mención de un tercero, del que dijo que tenía la condición de funcionario del bienestar familiar y que realizara tramites respecto a la gestión encomendada, a sabiendas de la falsedad de dicha afirmación. o que no había adelantado ninguna actuación ante tal entidad y además de eso, se valió de esta persona para que llamara a sus clientes, con el propósito de mantenerlos en la mentira que les había dicho lo que permite inferir su deliberado animo de actuar de mala fe en contra de sus poderdantes.

Por tal razón, se considerar pertinente mencionar, que el propósito de la abogada era el de mantener engañados a sus clientes, faltando al deber de todo ciudadano de actuar de manera veraz; por lo que para esta corporación se encuentra demostrada la mala fe en su conducta.

Ahora bien, estudiando el segundo deber, esta Sala puede determinar, que el abogado vulneró el deber consagrado en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, ya que se torna indiscutible, que no informó de forma suficiente sobre la evolución del asunto encomendado a su cliente, ocultando la realidad del proceso con pleno conocimiento y voluntad de sus actos, puesto que no se había realizado ninguna gestión para lograr la concreción del fin de recuperar la calidad de hogar y amigo.

Además, se pudo determinar su falta de honradez en dicho negocio, el cual se evidenció en el cambio de la realidad a su conveniencia para favorecerse a expensas de gastos irreales, desconociendo los deberes implícitos consagrados en el mandato otorgado, que le estipulaba la orden expresa, clara y exigible de mantener informada verazmente a su cliente del desenvolvimiento de las diligencias surtidas dentro del proceso ordinario, debiéndole informar lo que había ocurrido frente al proceso adelantado ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Lo anterior, fue comprobado al acudir a dicha entidad, ya que se le comunicó que no reposaba en sus bases de datos actuación alguna que permitiera inferir alguna solicitud de apertura de XXX, dando cuenta, que se solicitó sumas considerables de dinero a personas las cuales se le había suspendido su fuente de modus vivendi, manteniéndolos en engaño, generando falsas expectativas y abusando de la falta de conocimientos en los procedimientos que se adelantan ante esa entidad del Estado.

Sobre la inobservancia del deber consagrado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, esta se torna más que evidente, ya que la conducta de la disciplinada es lesiva del deber de obrar con diligencia, pues dejo de hacer las gestiones propias del mandato otorgado que le imponían promover actuación administrativa ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de solicitud de XXX sobre el menor S.A.L.M., conducta que no emprendió.

Por tanto, el deber en mención, exige que cuando el abogado se compromete con una representación judicial, se obliga a realizar en su oportunidad actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gestión; cobrando vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo confiado, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto; luego si cuando injustificadamente se aparta de la obligación de atender con rigor este deber frente a una representación judicial, incumpliendo cualquiera de estas exigencias, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional, como ha ocurrido en el asunto en examen(10).

Por lo anterior, esta Sala comparte la postura del a quo al señalar que la responsabilidad del togado, era la de actuar conforme a los postulados de atender con celosa diligencia los encargos profesionales y de actuar conforme a los principios de honradez y la lealtad con su poderdante, y este no cumplió con dichos deberes, constituyendo, per se, una violación sustancial de los deberes profesionales consagrados en el artículo 28, numerales 5º, 8º y 10 de la Ley 1123 de 2007, vulneración que se presentó sin justificación alguna.

Culpabilidad

Debe decirse que la actuación del disciplinado, según las pruebas que obran en el plenario, llevan a concluir que el togado actuó con dolo. Su comportamiento se cataloga conforme a dicha modalidad de la conducta sancionable, toda vez, que su proceder estuvo investido de engaño, fraude o simulación, llevados a cabo maliciosamente con la intención de dañar o perjudicar a alguien.

Esta Sala, comparte plenamente lo expuesto por el a quo, ya que como bien mencionó en la audiencia de formulación de cargos, se encontró demostrado que cuya culpabilidad emerge de la solicitud y obtención de dineros en las cuantías ya indicadas para atender gastos procesales, las cuales no solo no se surtieron en ese deber de vigilancia Y control que le deben los abogados a sus clientes frente a los procesos que cursan ante determinadas entidades o estrados judiciales, sino que ellos eran imposibles toda vez que no se adelantó ninguna gestión para dar prevalencia a los intereses de los denunciantes, cobrando expensas impensadas para la contratación de un profesional inexistente en la base de datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Por tanto, como bien expuso el a quo, se puede inferir que no hay duda que se trata de una conducta dolosa en tanto que se concurren los dos aspectos: conocimiento de los hechos constitutivos de la ilicitud y voluntad de realizarlos, pues las condiciones personales del abogado y su experiencia profesional, así como las actuaciones desarrolladas en representación del querellante, le permiten inferir que sabía de la contrariedad ética que su acción comportaba, y aun decidió realizarla, después de habérsele solicitado la devolución de dichas foliaturas; más si se tiene en cuenta que no cumplió con el objetivo primordial del cumplimiento efectivo de su principal misión de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Respecto a la comisión de la falta consagrada en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, se tiene que la misma es por naturaleza culposa, por cuanto se entiende que por un descuido el abogado omite el adelantamiento de una gestión, y al no tener pruebas de que esa abstención en el obrar fuera de manera intencionada o para causar un perjuicio a su cliente, le es imputable la falta a título de culpa.

En conclusión, no encuentra conveniente esta Sala, indicar aspectos diferentes a los expuestos por el operador judicial de primera instancia, ya que sus consideraciones fueron ajustadas a la realidad y abordadas de forma integral, acogiéndonos a su tesis final.

Sanción

Esta Sala considera que la imposición de EXCLUSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, a la abogada C.I.O.C. identificada la cedula de ciudadanía 65.779.996, portadora de la tarjeta profesional vigente XXX, al hallarla responsable de las faltas previstas en el artículo 37, numeral 1º en concordancia con el deber establecido en el artículo 28-10 a título de culpa; y las consignadas en el artículo 35-3 y 30-4 por vulneración a los deberes consagrados en los numerales 5º y 8º, bajo la modalidad dolosa de la Ley 1123 de 2007, debe dejarse incólume atendiendo a los criterios de graduación de la sanción establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

Ahora bien, respecto a la razonabilidad de la sanción, esta colegiatura encuentra que su imposición obedece al actuar doloso del abogado frente a la falta a la lealtad con el cliente, habida cuenta que su comportamiento trasciende la esfera social por desatender sus deberes, en el caso concreto, a la Administración de Justicia, por haber obrado en el sentido de dar prevalencia de su interés particular sobre el de su poderdante, logrando de forma indebida el pago de unos honorarios, enriqueciéndose de forma injustificada y afectando derechos fundamentales de su cliente, lesionando las expectativas de la quejosa, además de ello, se determina que el desdén con el que actuó, esto es un proceder adjetivado por la palabra negligencia, le ocasionaron a la denunciante un perjuicio mayúsculo de aspirar a reclamar lo que a su consideración dice corresponderle.

Circunstancias que para la Sala revisten extrema gravedad, al implicar, no solo el quebrantamiento de deberes como la honestidad, el decoro y la diligencia, sino además la buena fe y el respeto con que deben ser tratadas las personas que han acudido a un abogado, para que vele por sus intereses y a quienes han entregado su confianza, hablando muy mal del compromiso ético de la abogada C.I.O.C. con el ejercicio de la profesión, pues hizo uso de esta para obtener sumas de dinero a punta de engaños; lo que además trae implicaciones a nivel social, ya que perpetúa estereotipos aceptados ampliamente en la sociedad de que los abogados, mienten y sustraen patrimonio de sus clientes.

Apreciándose además que en el actuar de la disciplinada confluye una de las circunstancias establecidas en el artículo 45-C de la Ley 1123 de 2007, pues en su realización participó un tercero, que se hizo pasar por funcionario del Instituto Colombiano de bienestar Familiar.

Las consideraciones anteriores, respecto a las conductas emprendidas la abogada C.I.O.C., permiten concluir a sala el absoluto desconocimiento e irrespeto por los deberes medulares el ejercicio de la profesión, en perjuicio de quienes de buena fe n acudir a ella, para que en su condición de abogada defienda sus intereses, circunstancias que llevan a la Sala a fijar como EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión.

Por tales razones, se observa que el abogado infringió su deber con la sociedad y con su cliente, esto es, debe cumplir con una función social, la cual se enmarca en conductas intachables, un actuar basado en la veracidad, eficiencia y celeridad respetando siempre la legalidad.

Así mismo la consecuencia jurídica es necesaria, por cuanto cumple con prevenir que la conducta embaucadora y engañosa del abogado encartado se repita, influyendo como medio para disuadir a los demás profesionales del derecho en cometer las aludidas actuaciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de mayo de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de XXX, mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, a la abogada C.I.O.C. identificada la cedula de ciudadanía 65.779.996, portadora de la tarjeta profesional vigente 181.610, al hallarla responsable de las faltas previstas en el artículo 37, numeral 1º en concordancia con el deber establecido en el artículo 28-10 a título de culpa; y las consignadas en el artículo 35-3 y 30-4 por vulneración a los deberes consagrados en los numerales 5º y 8º, bajo la modalidad dolosa de la Ley 1123 de 2007, conforme a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de ejecutoria.

TERCERO: NOTIFÍQUESE personalmente lo decidido por esta Superioridad al disciplinado y de no ser posible a través de la notificación subsidiaria, para lo cual se comisiona a la Sala Seccional de primera instancia, en consecuencia, por la Secretaría, devuélvase el expediente al sitio de origen.

Notifíquese y cúmplase.»

2 “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

3 “ART. 59.—De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce:

1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código…”.

4 Magistrado sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.

5 Con ponencia del magistrado Carlos Fernando Cortés Reyes.

6 Aprobado según acta 069 del 3 de septiembre de 2014.

7 Radicado 15283 - B / 1058-A.

8 Radicado 050011102000201101666-02.

9 Corte Constitucional. Sentencia C-398 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

10 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M.P. Angelino Lizcano Rivera. Aprobado según acta 069 del 03 de septiembre de 2014.