Sentencia 2014-01380 de octubre 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Expediente 25000-23-41-000-2014-01380-01

Referencia 2014-01380-01

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Martha Daza de Cuestas

Acción de tutela

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil catorce.

Decide la Sala la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 5 de septiembre de 2014, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, negó la acción de tutela instaurada.

ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Martha Daza de Cuestas, en nombre propio, acudió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de lograr la protección de los derechos a la libertad de culto, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana, presuntamente vulnerados por el Museo Santa Clara y el Ministerio de Cultura.

Solicita en amparo de los derechos invocados, que se le ordene a las entidades accionadas cancelar la exposición titulada “Mujeres Ocultas” de la artista María Eugenia Trujillo.

Como hechos y consideraciones en los que sustenta sus pretensiones, expone los siguientes (fls. 1-3):

Señala que en el Museo Santa Clara, un lugar de exposición de arte religioso de la ciudad de Bogotá, que en el pasado fue la capilla de las monjas Clarisas, el Ministerio de Cultura invitó a la artista María Eugenia Trujillo, para la exposición temporal de la obra “Mujeres Ocultas”, en la que se emplean “elementos del culto católico, combinándolos con sugestivas representaciones de partes del cuerpo femenino”.

En palabras de la accionante, la referida exposición vulnera los derechos invocados por las siguientes razones:

— “La artista no solo irrespeta y atropella profundamente con los argumentos que la curaduría de su obra señala determinando la catolicidad como escenario de maltrato, subyugación y sometimiento de la mujer sino que al mismo tiempo ha querido reducir la concepción de divinidad amparada y mantenida por la tradición cristiana a mera metáfora, entrando en abierta contradicción, irrespeto y abuso, ya no solo con el elemento cultural sino con la dimensión espiritual que forma parte de la personalidad del gran número de los ciudadanos colombianos”.

— Afirma que la tradición y el magisterio eclesiástico ha prestado especial atención a la figura de la mujer, por lo que “es irresponsable y ofensivo que aun ante una realidad como la expresada por la Iglesia Católica se busque mostrar a la iglesia y la espiritualidad de sus fieles como maquinaria de sometimiento, subyugación e indignidad para la mujer. Nada más lejos de la realidad y menos fiel a la verdad. Con estas afirmaciones no solo se falta al respeto a las mujeres de Colombia, sino que además se injuria a la Iglesia, su tradición y a sus fieles”.

— Argumenta que “ha sido de manera rigurosa el grueso de las mujeres católicas quienes rechazan la exposición “mujeres ocultas” y de manera reiterada se han manifestado en su deseo de que la exposición sea cancelada por considerar que no hay una verdadera reivindicación de la mujer y más bien esta exposición contribuye a la cosificación de la mujer y de lo femenino, impulsada de manera irónica por una artista”.

En cuanto a los derechos invocados, precisa que “el ejercicio de la espiritualidad de los ciudadanos no puede ser señalado ni ridiculizado, toda vez que la dimensión espiritual de la persona humana crea identidad y forma parte de libre desarrollo de su personalidad amparado por el artículo 16 superior”.

TRÁMITE PROCESAL

Después de admitida la acción de tutela por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, a través de auto del 26 de agosto de 2014 (fls. 7-8), la misma fue coadyuvada por Blanca Teresita Leal Sánchez (apoderada de la Conferencia Episcopal de Colombia), María Esther Verano Chacón (Presidenta Federal de la Orden de Santa Clara en Colombia), Lina Marcela Romero Pardo (Secretaria Federal de la Orden de Santa Clara en Colombia), Elicenia Ávila Chapetón (Abadesa del Monasterio Santa Clara Bogotá), Luz Marina de San Francisco (Abadesa del Monasterio de Clarisas Chiquinquirá), Mary de Jesús Poveda Poveda (quien no firmó el escrito correspondiente) Tarsila Emilce Restrepo Zapata (Abadesa del Monasterio Santa Clara de Nuestra Señora de la Paz) y Mario Manuel León Pulido (fls. 34,43-45,92-94,95-100,101-105,106-108,110-112,114-117).

Quienes coadyuvan la acción de tutela presentada, en síntesis argumentan que la referida exposición atenta contra la libertad de culto y la dignidad de los creyentes católicos y especial de las mujeres religiosas, teniendo en cuenta que se utilizan símbolos de significativa importancia para la religión católica, a fin exhibir partes del cual cuerpo femenino, los cuales están siendo expuestos en el antiguo convento de Santa Clara, que actualmente es un museo de arte religioso.

Mediante auto del 4 de septiembre de 2014 (fls. 131-132), el referido Tribunal reconoció como coadyuvantes a Elicenia Ávila Chapetón, Luz Marina de San Francisco, Mary de Jesús Poveda, Tarsila Emilce Restrepo Zapata, Mario Manuel León Pulido y Blanca Teresita Leal Sánchez. Frente a las ciudadanas María Esther Verano Chacón y Lina Marcela Romero Pardo, en la mencionada providencia no se realizó pronunciamiento alguno.

Al presente trámite acudieron el Ministerio de Cultura (fls. 19-33) y la señora María Eugenia Trujillo Palacio (fls. 119-129), exponiendo las razones por las cuales consideran que con la exposición “Mujeres Ocultas” en el Museo Santa Clara, que en la actualidad no es un templo religioso sino un museo de arte, no se vulneran los derechos invocados, y por el contrario que de prohibirse dicha exposición se desconocería el derecho a la libre expresión artística y el carácter pluralista y laico del Estado Colombiano.

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia del 5 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, negó la acción de tutela instaurada por las razones que a continuación se sintetizan (fls. 133-147):

Estima que en el caso de autos existe una colisión de derechos, concretamente entre la libertad de culto de la parte accionante y la libertad de expresión artística de María Eugenia Trujillo.

Luego de realizar algunas consideraciones sobre los elementos más representativos de los derechos antes señalados de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, destaca que “respecto a la libertad religiosa y de cultos, se puede interpretar de la Ley 133 de 1994 artículo 19 de la Constitución Política, que no es un derecho absoluto, y por el contrario tiene límites para el ejercicio del mismo, que para el presente caso sería la libertad de expresión”.

Seguidamente afirma que la exposición “Mujeres Ocultas” no está vulnerando el derecho a la libertad de culto, en tanto “en ningún momento la artista está constriñendo a la ciudadanía para que cambie su ideología religiosa, pese a que las obras se estén exponiendo en un recinto el cual en tiempos pasados fue un templo religioso”.

Añade que la “artista tiene pleno derecho a exponer sus obras de arte en cualquier recinto cultural, ya que, es el ciudadano o la persona que asiste a la exposición de la obra, la que le da el significado según su perspectiva e interpretación ideológica”.

Reprocha que la accionante afirme sin sustento ni legitimidad alguna que “el grueso de las mujeres católicas rechazan la presentación de la obra Mujeres Ocultas”.

Concluye argumentando que “para la Sala los argumentos de la accionante si bien muestran su rechazo por la obra, no permite evidenciar la vulneración del derecho a libertad de culto y ni siquiera sugiere la necesidad de limitar el derecho de expresión artística de María Eugenia Trujillo en aras de salvaguardar el derecho impetrado, por cuanto la obra más allá de la percepción individual del observador no refleja un mensaje claro e ineludible que limite, restrinja o desvíe las creencias religiosas del accionante o de alguna comunidad religiosa específica, que por el contrario a través de la censura pretendida se afectaría la libertad de expresión de la artista”.

RAZONES DE LA IMPUGNACIÓN

Los ciudadanos María Esther Verano Chacón, Blanca Ofelia Muñoz Pulgarín y Mario Manuel León Pulido impugnan la sentencia antes descrita por las siguientes razones (fls. 163-168):

Después de realizar algunas consideraciones sobre la importancia de ser oídos en el trámite de la acción de tutela, indican que “la sentencia impugnada niega el amparo de los derechos constitucionales, por la autorización realizada por el Museo Santa Clara y el Ministerio de Cultura de la exposición “Mujeres en Custodia” luego llamada “Mujeres Ocultas”, lo cual constituye un agravio injustificado a varias personas contrario a la Constitución y la ley por la violación de los derechos fundamentales señalados en la demanda de tutela, por cuanto no se consideraron las pruebas y con el contenido de la exposición y en el lugar que se realiza, las autoridades culturales autorizan exhibir elementos que vulneran los símbolos religiosos de la fe cristiana católica de la Custodia y sustituye el contenido del símbolo religioso y con ello se ataca la libertad de culto y libre desarrollo de la personalidad, en la vida en la clausura y el estilo de vida de los creyentes católicos, incluidos los de quienes nos dedicamos a la vida conventual. Las autoridades de la República omiten su deber de proteger a los ciudadanos en sus creencias, y porque cualquier fiel católico por el derecho de iglesia puede intervenir en la defensa de sus derechos”.

COADYUVANCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN SEGUNDA INSTANCIA

Después de concedida la impugnación contra la sentencia del 5 de septiembre de 2014 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, mediante escrito del 12 de septiembre de 2014, Julie Dalia Renatt Von Waldorf, manifiesta su intención de coadyuvar la demanda objeto de estudio, exponiendo las razones por las cuales a su juicio la exposición “Mujeres Ocultas” vulnera los derechos invocados (fls. 171-175).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

I. Aspectos preliminares. Sobre la coadyuvancia y la legitimidad en la causa para impugnar el fallo de primera instancia en el caso de autos.

La demanda objeto de estudio fue presentada por la señora Martha Daza de Cuestas, pero aquella fue coadyuvada antes de que se profiriera sentencia de primera instancia, por Blanca Teresita Leal Sánchez (apoderada de la Conferencia Episcopal de Colombia), María Esther Verano Chacón (Presidenta Federal de la Orden de Santa Clara en Colombia), Lina Marcela Romero Pardo (Secretaria Federal de la Orden de Santa Clara en Colombia), Elicenia Ávila Chapetón (Abadesa del Monasterio Santa Clara Bogotá), Luz Marina de San Francisco (Abadesa del Monasterio de Clarisas Chiquinquirá), Mary de Jesús Poveda Poveda (quien no firmó el escrito correspondiente) Tarsila Emilce Restrepo Zapata (Abadesa del Monasterio Santa Clara de Nuestra Señora de la Paz) y Mario Manuel León Pulido (fls. 34,43-45,92-94,95-100,101-105,106-108,110-112,114-117).

Después de proferida la sentencia de primera instancia, Julie Dalia Renatt Von Waldorf, manifiestó coadyuvar la demanda.

Sobre la coadyuvancia en la acción de tutela, se resalta que está expresamente prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, y que frente a la misma la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:

“El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que “... Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud” (Subraya fuera de texto).

Para actuar como coadyuvante, la jurisprudencia ha interpretado que la disposición antes transcrita contiene solo una exigencia: demostrar un interés legítimo en el resultado del proceso(1). Luego, si el juez de tutela haya acreditado el interés del tercero o terceros intervinientes para actuar dentro del proceso, se les debe permitir su vinculación sin que para el efecto se señale una forma específica para hacerlo. En este respecto, en la Sentencia T- 435 de 2006, se expuso lo siguiente:

“En sus pronunciamientos sobre la coadyuvancia, la Corte Constitucional, interpretando el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, ha entendido que terceros ajenos a la conculcación de los derechos fundamentales con interés en el resultado de un proceso de tutela pueden intervenir de diferentes formas, buscando defender sus intereses”.

6.2.1. Además, esta Corporación ha considerado que permitir la participación de la persona o personas dentro del proceso de tutela cuando la decisión que se adopte dentro del mismo pueden afectarlos, realiza el contenido del artículo 2 Superior que establece como fin esencial del Estado: “... facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan...”, como también la efectividad del artículo 29 de la Constitución, en lo atinente a la garantía del derecho al debido proceso”(2).

Ahora bien, el juez de primera instancia mediante auto del 4 de septiembre de 2014 (fls. 131-132), reconoció como coadyuvantes a Elicenia Ávila Chapetón, Luz Marina de San Francisco, Mary de Jesús Poveda, Tarsila Emilce Restrepo Zapata, Mario Manuel León Pulido y Blanca Teresita Leal Sánchez, sin embargo no realizó pronunciamiento alguno frente a las ciudadanas María Esther Verano Chacón y Lina Marcela Romero Pardo, que mediante escrito radicado el 2 de septiembre de 2014 (fls. 43-45) exponen las razones por las cuales se debe acceder a la súplicas de la demanda, y el interés que les asiste en el presente asunto, en atención a sus creencias religiosas y al hecho de que pertenecen a las Hermanas Clarisas, que en el pasado residieron en el actual Museo Santa Clara, donde se lleva a cabo la exposición “Mujeres Ocultas”.

A juicio de la Sala, aunque el juez de tutela no realizó pronunciamiento alguno sobre la solicitud de coadyuvancia de María Esther Verano Chacón y Lina Marcela Romero Pardo, no se evidencia situación alguna que impida considerarlas como coadyuvantes en el presente trámite, en la forma como se procedió frente a los ciudadanos que fueron reconocidos como tales en el auto del 4 de septiembre de 2014 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, al advertirse que por sus creencias religiosas le asisten interés en la resolución del presente asunto, y que apoyan las pretensiones de la demanda.

En ese orden de ideas, en la parte resolutiva de la presente decisión, se aceptará la coadyuvancia a la parte accionante, de las ciudadanas María Esther Verano Chacón y Lina Marcela Romero Pardo.

Asimismo, se aceptará la solicitud de coadyuvancia que realiza Julie Dalia Renatt Von Waldorf, que expone iguales o similares argumentos a los desarrollados por la demandante y los demás coadyuvantes, con el fin de que se cancele la exposición “Mujeres Ocultas”.

Lo anterior teniendo en cuenta que de conformidad con el 71 del Código General del Proceso, la solicitud de coadyuvancia puede realizarse mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia, y en el caso de autos dicha petición se realizó después del fallo de primera instancia, esto es, en un momento procesal en el que no se ha proferido una decisión definitiva.

Hechas las anteriores precisiones, se observa que la impugnación de la sentencia de primera instancia fue realizada por Mario Manuel León Pulido, María Esther Verano Chacón y Blanca Ofelia Muñoz Pulgarín.

Frente a los ciudadanos Mario Manuel León Pulido y María Esther Verano Chacón, se reitera en los términos antes expuestos, que los mismos en el presente trámite actúan como coadyuvantes, razón por la están facultados para efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayudan, entre ellos apelar la sentencia de primera instancia que es contraria a los intereses de esta. Sobre el particular pueden apreciarse las siguientes consideraciones de la Corte Constitucional:

“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

La Corte ha considerado que la intervención permite al tercero el derecho a impugnar siempre que se mantenga un interés legítimo en la decisión. Al respecto la Sentencia T043 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo advierte:

“Por otro lado, el interés en la decisión judicial viene a ser elemento relevante para configurar la legitimidad de quien impugna, ya que sería injusto y contrario a toda lógica que el tercero afectado con aquella, pese a no haber sido parte, tuviera que sufrir las consecuencias negativas de la misma sin poder acudir al superior jerárquico, en ejercicio de la impugnación, para obtener que en el caso se examinen sus circunstancias y su situación jurídica a la luz del Derecho que aplica el juez de tutela”.

“Negar la impugnación en tales circunstancias habría representado flagrante desfiguración del derecho a impugnar consagrado en el artículo 86 de la Carta, violación abierta de los artículos 29 y 31 ibídem e inconcebible obstrucción del acceso a la administración de justicia (artículo 229 de la Constitución).

Sobre el mismo tema el Auto de julio 24 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero señala:

“Observa la Sala que, si bien los impugnantes en este caso concreto, no forman parte de los sujetos llamados a impugnar las decisiones de tutela —artículo 31 del Decreto 2591 de 1991—, al existir en ellos un interés legítimo en el recurso solicitado, toda vez que los efectos del fallo pueden vulnerar derechos igualmente susceptibles de protección, en este caso en concreto y en general, la Sala concluye que los impugnantes sí están legitimados para controvertir la decisión”.

“A esta conclusión llega la Sala después de un análisis sistemático del Decreto 2591 de 1991, por cuanto el inciso 2 de su artículo 13, establece que todo aquel que tenga interés legítimo en el resultado del proceso, podrá intervenir como coadyuvante, bien del solicitante o de la autoridad contra la que se dirige la acción correspondiente.

“De esta manera no ve la Sala cómo, sin menoscabo del derecho de defensa y de la propia idea de justicia que figura en el preámbulo de la Constitución, nociones estas que deben prevalecer aún en el trámite de tutela, pueda negarse válidamente la impugnación solicitada por quien demuestra que el fallo le puede vulnerar derechos, en algunos casos fundamentales”(3) (Destacado fuera de texto).

No ocurre lo mismo respecto de la señora Blanca Ofelia Muñoz Pulgarín, que en el presente trámite no es parte, tampoco ha presentado solicitud alguna de coadyuvancia de la acción de tutela, pero que mediante escrito radicado el 11 de septiembre de 2014 (fls. 165-166), impugna el fallo de primera instancia.

Añádase a lo expuesto, que en el escrito antes señalado, se indica que es presentado por la señora Blanca Ofelia Muñoz Pulgarín, pero en el espacio correspondiente a la firma, de forma manuscrita se aprecia el nombre “Margarita María del Sdo. C.”, el cual tampoco corresponde al de las personas que han sido reconocidas como partes o terceros interesados en el presente trámite.

Por las anteriores circunstancias se estima, que la señora Blanca Ofelia Muñoz Pulgarín, carece de legitimidad en la causa para impugnar el fallo de primera instancia, lo que se declarará en la parte resolutiva de la presente decisión.

Finalmente se estima necesario analizar la situación de la señora Mary de Jesús Poveda Poveda, que fue reconocida como coadyuvante por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 4 de septiembre de 2014, en atención al escrito radicado el 3 de septiembre de 2014, visible a folios 101 a 105 del expediente, que se advierte carece de la firma correspondiente, y por ende, no se tiene certeza que la persona que se relaciona en el mismo es quien solicita que se acceda al amparo solicitado.

Sobre el particular se destaca, que uno de los requisitos mínimos para el ejercicio de la acción de tutela, a pesar del carácter informal de la misma, es que la demanda correspondiente sea firmada por el interesado, como recientemente lo reiteró la Corte Constitucional en los siguientes términos en la Sentencia T-860 de 2013(4):

“5.2.1. En el presente caso, se observa que el Juzgado Setenta y Tres Civil Municipal de Bogotá negó el amparo de los derechos invocados por la falta de certeza en la legitimación en la causa por activa, por el hecho de que el actor no suscribió la acción de tutela, a pesar de haber sido requerido mediante auto del 10 de mayo de 2013(5). Al respecto se comunicó:

“Atentamente le comunico que mediante providencia de fecha 7 de mayo de 203, se admitió la acción de tutela de la referencia y se dispuso dar trámite inmediato. Igualmente se le requiere para que en el término de 2 días realice la suscripción del escrito de tutela, so pena de entender que no se encuentra interesado en tramitar la acción. De otra parte mediante auto de fecha 9 de mayo de la misma data se le requiere para que en el mismo término aporte las documentales relacionadas a folio 11”.

5.2.2. Si bien, una de las características de la acción de tutela es la informalidad, la legitimación para presentar la solicitud de amparo debe encontrarse plenamente acreditada, por cuanto el juez constitucional debe tener certeza de quién y en qué forma interpuso el amparo(6). En varias oportunidades esta Corporación negó el amparo del derecho fundamental a la educación, por advertir que el escrito de tutela no se encontraba suscrito. Así en Sentencia T-647 de 2008 esta corporación se abstuvo de pronunciarse frente a dos personas que pretendían ser registradas dentro del Registro Único de Victimas por no haber suscrito el escrito de tutela.

En este contexto, resulta claro que el Juez de única instancia, al negar el amparo constitucional, por falta de certeza en la legitimación en la causa por activa, se encontraba plenamente respaldada por la jurisprudencia de esta Corporación, pues, tal como lo señala en el fallo, no se evidenció que el ciudadano Carlos Fabián Molina Vallejo hubiese tenido la iniciativa de accionar al Colegio Militar Simón Bolívar”.

Si las consideraciones antes expuestas hacen referencia a la persona que presenta la acción de tutela, las mismas con mayor razón, a juicio de la Sala, se aplican a quien pretende coadyuvar la demanda, en este caso, a la señora Mary de Jesús Poveda Poveda, que solicita ser tenida como tercer interesado en el presente trámite, mediante un escrito radicado el 3 de septiembre de 2014 que carece de firma.

Por las anteriores circunstancias, también se declarará en la parte resolutiva de la presente decisión, la falta de legitimidad en la causa de la señora Mary de Jesús Poveda Poveda, para actuar como coadyuvante de la parte accionante.

II. Análisis del caso en concreto

Al analizar la demanda presentada por la señora Martha Daza de Cuestas, y los escritos radicados por quienes actúan como coadyuvantes de la parte demandante, se observa que pretenden mediante la acción constitucional, la cancelación de la exposición “Mujeres Ocultas” que se realiza en el Museo Santa Clara, argumentando fundamentalmente, que dicha exposición al utilizar símbolos propios de la religión católica (en especial custodias) para exhibir partes del cuerpo femenino, en un lugar que en otrora fue un Monasterio de la Hermanas Clarisas de Colombia, agrede directamente a los creyentes católicos, especialmente a las mujeres que han optado por la vida religiosa.

Considera la parte demandante que la referida exposición, que fue permitida por el Ministerio de Cultura, vulnera directamente la libertad de culto, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de los fieles católicos, en especial de las mujeres.

Por su parte, el Ministerio de Cultura, el juez de primera instancia y la ciudadana María Eugenia Trujillo Palacio (la artista de la obra “Mujeres Ocultas”), afirman que con la mencionada exposición en manera alguna se afectan los derechos invocados, y que la misma constituye la materialización del ejercicio del derecho a la libertad expresión, particularmente a la libre expresión artística, respecto de los cuales destacan que la Constitución Política indica que no habrá censura.

A juicio de la Sala, la pretensión de la parte accionante, consistente en la cancelación de la exposición “Mujeres Ocultas” que se desarrolla en el Museo Santa Clara de la ciudad de Bogotá, implica directamente la restricción de los derechos fundamentales a libertad de expresión y a la libre expresión artística de la ciudadana María Eugenia Trujillo Palacio, en tanto es la exposición de su autoría la que se busca cancelar por vía de la acción de tutela, porque supuestamente la misma atenta contra otros derechos fundamentales, concretamente la libertad de culto, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de los fieles católicos, en especial de las mujeres.

Planteada la presente controversia en los términos antes señalados, estima la Sala que el problema jurídico en el caso de autos consiste en determinar, si válidamente pueden restringirse los derechos fundamentales a libertad de expresión y a la libre expresión artística de la ciudadana María Eugenia Trujillo Palacio, ordenando por vía de la acción de tutela la cancelación de la exposición de su autoría.

Para resolver el problema planteado, en primer lugar se estima pertinente traer a colación algunas de las consideraciones de la Sentencia T-391 de 2007 de la Corte Constitucional(7), a través de las cuales se destacaron las condiciones constitucionales para la limitación de la libertad de expresión, en cualquiera de sus manifestaciones, entre ellas la artística, en atención a que lo pretendido por la parte accionante implica la restricción del referido derecho.

“4.5. Condiciones constitucionales para la limitación de la libertad de expresión, en cualquiera de sus manifestaciones, por parte de las autoridades.

4.5.1. La libertad de expresión, a semejanza de los demás derechos, no es un derecho absoluto, en ninguna de sus manifestaciones específicas (libertad de expresión stricto sensu, libertad de información o libertad de prensa); puede eventualmente estar sujeta a limitaciones, adoptadas legalmente para preservar otros derechos, valores e intereses constitucionalmente protegidos con los cuales puede llegar a entrar en conflicto. Sin embargo, como se ha enfatizado en los apartes precedentes, el carácter privilegiado de la libertad de expresión tiene como efecto directo la generación de una serie de presunciones constitucionales – la presunción de cobertura de toda expresión por el ámbito de protección constitucional, la sospecha de inconstitucionalidad de toda limitación de la libertad de expresión, la presunción de primacía de la libertad de expresión sobre otros derechos, valores o intereses constitucionales con los cuales pueda llegar a entrar en conflicto y la presunción de que los controles al contenido de las expresiones constituyen censura.

4.5.2. Se tiene, pues, que toda limitación —a través de actos jurídicos de alcance particular o general, proferidos en ejercicio de la función legislativa, administrativa, jurisdiccional, de policía u otra cualquiera desempeñada por el Estado— de la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones (libertad de expresión en sentido estricto, libertad de información o libertad de prensa) ha de presumirse, en principio, constitucionalmente sospechosa, como una invasión del derecho protegido. Esta presunción es de hecho, y admite prueba en contrario; sin embargo, compete a la autoridad que establece la limitación la carga de demostrar que están dados los exigentes requisitos constitucionales para poder fijar una limitación en este ámbito. Dada la trascendencia de la libertad de expresión en el ordenamiento constitucional, las limitaciones de las que es susceptible, según están plasmadas en los tratados internacionales aplicables, deben interpretarse de manera restrictiva, en forma tal que se preserve el máximo campo posible de expresión libre de interferencias estatales. Por su parte, el juez constitucional al considerar toda limitación de la libertad de expresión como una actuación sospechosa, debe someterla en consecuencia a un juicio estricto de revisión constitucional, verificando que estén rigurosamente satisfechos los requisitos que la Corte pasará a explicar a continuación.

La Corte considera necesario enfatizar que cualquier acto jurídico o actuación de hecho, de carácter general o particular, que de manera directa o indirecta limite el ejercicio de la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones, realizado por cualquier autoridad estatal colombiana independientemente de su jerarquía o su posición dentro de la estructura del Estado, ha de considerarse como una invasión sospechosa del ejercicio de este derecho y, por ende, someterse a revisión constitucional estricta para efectos de determinar si están dados los requisitos que hacen admisible una limitación estatal al ejercicio de esta importante libertad.

4.5.3. El marco general de las limitaciones admisibles a la libertad de expresión, lo proveen los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que orientan la interpretación del artículo 20 de la Carta y demás normas concordantes. Una lectura detenida de estas disposiciones revela que las limitaciones a las libertades de expresión (en sentido estricto), información y prensa, para ser constitucionales, deben cumplir con los siguientes requisitos básicos: (1) estar previstas de manera precisa y taxativa por la ley, (2) perseguir el logro de ciertas finalidades imperiosas, (3) ser necesarias para el logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no previas a la expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita, y (6) no incidir de manera excesiva en el ejercicio de este derecho fundamental”.

Como puede apreciarse, las condiciones normativas y jurisprudencialmente previstas para restringir el derecho a la libertad de expresión son bastantes exigentes, al punto que toda limitación a dicho derecho se presume sospechosa constitucionalmente, de manera tal que quien pretende restringir el mismo tiene la carga argumentativa de desvirtuar dicha presunción.

Entre los requisitos para la limitación de la libertad de expresión, para el caso de autos se resalta el de guardar neutralidad, en virtud del cual la autoridad que debe analizar la posibilidad de restringir dicho derecho, no le está permitido evaluar, modificar o recortar el contenido de lo expresado, so pena de incurrir en la prohibición de censura. Sobre el particular, en la Sentencia T-391 de 2007 la Corte Constitucional indicó:

“4.6.6. Neutralidad frente al contenido de lo expresado y admisibilidad de las regulaciones de modo, tiempo y lugar. Un componente integral de la prohibición de la censura es la regla según la cual toda regulación estatal en el ámbito de la libertad de expresión debe ser estrictamente neutral frente al contenido de lo expresado. Esta regla cobija no solo las limitaciones que privilegian un determinado punto de vista, sino también aquellas que restringen la expresión sobre determinados temas o determinadas formas de tratar un tema en particular; elsupuestosubyacenteesqueenunasociedaddemocrática,abiertaypluralista,nopuedenexistirinstanciasencargadasdedeterminarcuálescontenidosson“correctos”o“legítimos”. En aplicación de esta regla, ha establecido la jurisprudencia constitucional que se configura una censura proscrita cuando las autoridades estatales, invocando el ejercicio de sus funciones, supervisan el contenido de lo que los medios de comunicación quieren informar, publicar, transmitir o expresar, para efectos de supeditar la divulgación del contenido a su permiso, autorización, examen previo, o al recorte, adaptación o modificación del contenido – la Corte ha resaltado que las autoridades no pueden entrar a evaluar ni mucho menos recortar o modificar los contenidos de la programación de los medios de comunicación, las publicaciones impresas o cualquier modalidad de comunicación o de expresión para decidir si se difunden o no, y que se configura censura cuando se prohíbe, recoge, suspende, interrumpe o suprime la emisión o publicación de un determinado contenido expresivo, así como cuando se exige una inspección oficial previa, visto bueno o supervisión por parte de la autoridad de los contenidos que se emiten, o una modificación, alteración, adaptación o recorte de los mismos. A la luz de la regla sobre neutralidad frente al contenido de la expresión, entonces, tanto las prohibiciones de comunicar determinados contenidos como las exigencias positivas de modificarlos o adaptarlos quedan cobijadas, en tanto interferencias inadmisibles de las autoridades, por la prohibición constitucional de la censura.

Por otra parte, se ha distinguido entre regulaciones que versan sobre el contenido de lo expresado, de un lado, y regulaciones relativas al tiempo, modo y lugar en que el emisor ejerce libremente sus derechos, de otro lado. La regla de neutralidad frente al contenido de las expresiones no impide que las autoridades establezcan limitaciones razonables que se refieran, no al contenido de la expresión, sino al modo, tiempo y lugar en que esta se realiza, siempre y cuando estas limitaciones cumplan con los demás requisitos constitucionalmente exigibles, que se señalaron en la sección 4.5 de esta sentencia; algunos ejemplos de este tipo de limitaciones neutrales frente al contenido serían las normas que limitan los decibeles de sonido amplificado permitido en barrios residenciales (independientemente del contenido o los mensajes de tal sonido), o las órdenes que mantienen a quienes protestan públicamente a cierta distancia de un edificio especialmente protegido, en forma independiente del sentido o impacto comunicativo de la expresión” (Destacado y subrayado fuera de texto).

Asimismo, como en el caso de autos la parte accionante solicita la intervención del Estado, mediante la cancelación de la exposición “Mujeres Ocultas”, a fin de proteger su experiencia religiosa, o por lo menos la de los fieles católicos que se sienten agredidos con la referida manifestación artística, estima la Sala necesario resaltar que la neutralidad a la que se ha hecho referencia frente a la libertad de expresión, también se predica del Estado respecto a libertad religiosa y de cultos, por lo que este en manera alguna le está permitido favorecer determinada confesión religiosa, y por el contrario debe asegurar el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones.

En tal sentido pueden consultarse entre otras, las sentencias T-332 de 2004 y C-766 de 2010 de la Corte Constitucional.

— Sentencia T-332 de 2004(8):

“2.3. En relación con el derecho a la libertad de cultos (C.P., art. 19), se tiene que los Constituyentes no consagraron un Estado confesional(9); la Carta Política no establece prevalencia de ningún credo religioso, ni siquiera de tipo monoteísta; en esta materia se trata entonces de una invocación a un Dios compatible con la pluralidad de creencias religiosas, tal como lo destacó el constituyente indígena Lorenzo Muelas Hurtado, cuando dijo: “Lentamente, humanamente, nos están reconociendo esa diversidad del pueblo colombiano y ante esa diversidad (...) que cada uno podemos tener nuestros dioses. En eso nos compaginamos, creo que Dios no es solamente para unos, sino de cada uno de acuerdo a nuestras creencias”(10).

En esas providencias se registró además que la Constitución del 91, como consecuencia de la definición pluralista del Estado, ordena a los poderes públicos amparar no solo a la religión católica sino a todas las confesiones religiosas en igualdad de condiciones, de conformidad con el principio según el cual es deber del Estado proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (art. 7º) y admite que puede haber cultos religiosos que no sean conformes a la moral cristiana y no por ello estimárseles inconstitucionales. Así mismo, la Carta Política establece expresamente una plena igualdad entre todas las religiones, sin que se contemple la preeminencia de una especial confesión religiosa sobre las otras(11).

La Corte ha resaltado también que la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más importantes. Así mismo, que la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular. En efecto, lo “religioso no es un valor accesorio, sino esencial de la persona y por consiguiente se encuentra garantizado por la Constitución”(12). En el ordenamiento constitucional colombiano se prescribe que el Estado es laico y que hay separación entre el Estado y las iglesias. EsaestrictaneutralidaddelEstadoenmateriareligiosaeslaúnicaformaquelospoderespúblicosasegurenelpluralismoylacoexistenciaigualitariaylaautonomíadelasdistintasconfesionesreligiosas(13)” (Destacado y subrayado fuera de texto).

— Sentencia C-766 de 2010(14):

“El siguiente requerimiento argumentativo obliga al intérprete a establecer el significado de la laicidad estatal, es decir, de la separación entre las funciones del Estado y la iglesia. En este sentido la jurisprudencia constitucional colombiana ha acompañado la línea de otros tribunales, como la Corte Europea de los Derechos Humanos, que han deducido de la libertad religiosa que sustenta la laicidad del Estado no simplemente garantías para los particulares, sino los correlativos límites y obligaciones para el Estado, estableciendo principios como la neutralidad estatal ante las confesiones religiosas(15), la obligación de generar un contexto de garantía a la libertad religiosa(16) y el mantenimiento de la igualdad y consiguiente prohibición de discriminación por motivos religiosos(17).

Sobre el punto que ahora mayor interés representa, que es el carácter de las actuaciones de un Estado laico respecto de las distintas confesiones, debe destacarse que de forma reiterada y unánime en la jurisprudencia colombiana se ha establecido la necesidad de procurar de manera sustancial el principio neutralidad estatal.

En este sentido, ha sostenido la Corte Constitucional que la neutralidad estatal en materia religiosa es contraria a la actividad de patrocinio o promoción estatal de alguna religión(18), pues en un Estado laico el papel que debe esperarse de las instituciones públicas, de acuerdo con las competencias asignadas a cada una, consiste en proporcionar todas las garantías para que las distintas confesiones religiosas cuenten con el marco jurídico y el contexto fáctico adecuado para la difusión de sus ideas y el ejercicio de su culto, sin que en dicha difusión y práctica tenga intervención directa el Estado, sentido que ha compartido la Corte europea de los Derechos Humanos(19).

La neutralidad, derivada de la laicidad, no consistirá en la búsqueda por parte del Estado de un tratamiento igual a las religiones a partir de las actividades que este realice en relación con ellas. La neutralidad estatal comporta que las actividades públicas no tengan fundamento, sentido u orientación determinada por religión alguna –en cuanto confesión o institución-, de manera que las funciones del Estado sean ajenas a fundamentos de naturaleza confesional. En este sentido, la igualdad no se logra motivando las funciones estatales con base en intereses de todas las religiones por igual –algo, por demás, de imposible realización en la práctica-, pues esta pretendida igualdad, en cuanto vincula motivos religiosos en las actividades estatales, sería diametralmente contraria al principio de secularidad que resulta ser el núcleo del concepto de laicidad estatal y, de su concreción, el principio de neutralidad.

(...).

Sin embargo, el análisis constitucional no conduce a entender que la neutralidad estatal implica un total aislacionismo de la religión respecto de los intereses del Estado. Empero, las actividades que desarrolle el Estado en relación con la religión deben tener como único fin el establecer los elementos jurídicos y fácticos que garanticen la libertad de conciencia, religión y culto de las personas, sin que se encuentre fundamento legítimo para que las funciones públicas se mezclen con las que son propias de las instituciones religiosas, siendo ejemplo de estas últimas las que atienden a la definición de su ideología, su promoción y difusión. Contrario sensu, no puede ser el papel del Estado promocionar, patrocinar, impulsar, favorecer o realizar cualquier actividad de incentivo respecto de cualquier confesión religiosa que se practique en su territorio(20).

(...).

En conclusión, la igualdad de trato en materia religiosa está íntimamente relacionada con el carácter laico y, por consiguiente, con la naturaleza secular de las actividades que puede desarrollar el Estado. Razón por la cual la valoración de las funciones que el Estado realice respecto de la religión deberá tener en cuenta el entendimiento de la laicidad secular y su relación con la adecuada garantía de la libertad de conciencia, religión y culto”.

Finalmente, entre los pronunciamientos constitucionales que la Sala estima pertinentes para la resolución del problema jurídico planteado, se destaca la Sentencia T-104 de 1996 de la Corte Constitucional(21), en la que se analizó la situación de un artista cuya creación se exhibían en una de las salas de exposición de la Dirección del Instituto de Cultura y Turismo de Valledupar, entidad que posteriormente decidió descolgar varias de las obras porque las consideró pornográficas, contrarias a la moral predominante en la región y carentes de valor artístico, actitud frente a la cual el Tribunal Constitucional por las siguientes razones, que son aplicables al caso de autos, decidió que era contraria a la libre expresión artística:

“La libertad de expresión, consagrada genéricamente en el artículo 20 constitucional, y la libertad de expresión artística -implícita en la primera como especie de aquel género-, comprenden el derecho de toda persona a “expresar y difundir su pensamiento y opiniones...”. Así mismo, el Constituyente de 1991 dispuso, con claridad meridiana, que “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres” (art. 71 de la C.P.)

La Corte Constitucional en pleno, en la Sentencia SU 056/95, reconoció este doble carácter del derecho fundamental a la libre expresión. Dijo entonces:

“La libertad de expresión tiene una concreción y manifestación efectivas en el derecho que tiene toda persona de plasmar ... la narración de sus experiencias, concepciones intelectuales y creaciones espirituales que pueden asumir la forma de obras literarias, artísticas, científicas y técnicas, y difundirlos o darlos a la publicidad”.

En consecuencia, y al tenor del artículo 85 de la Constitución, la libertad de expresión artística es un derecho fundamental de aplicación inmediata, susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela. Y es razonable que así sea, pues la expresión artística constituye el medio por excelencia para la realización del potencial creador de todo ser humano, resultando así corolario obligado del libre desarrollo de la personalidad, amparado en el artículo 16 Superior. Por esta vía se hace efectivo el deber impuesto al Estado, de promover y fomentar la creación de la identidad nacional a través de la cultura (art. 70 supra).

La libertad de expresión artística comporta, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia citadas, dos aspectos claramente diferenciables: el derecho de las personas a crear o proyectar artísticamente su pensamiento, y el derecho a difundir y dar a conocer sus obras al público.

El primero de ellos, dado su alcance netamente íntimo, no admite restricción alguna, aparte de las limitaciones naturales que la técnica escogida le imponga al artista, y las fronteras de su propia capacidad para convertir en realidad material (pintura, escultura, cuento, canción, etc.) lo que previamente existe solo en su imaginación. Cualquier acto, particular o de autoridad, que pretendiese poner freno al desarrollo del impulso vital del hombre creador, constituiría una afrenta a su dignidad humana. Así, la libertad para proyectar en objetos materiales una idea, en tanto pertenece a la esfera privada del individuo, es absoluta; dicha libertad se predica respecto del contenido, significado o mensaje de la obra, así como del medio para su manifestación plástica, es decir, de la técnica.

Las autoridades de la República, entonces, no están llamadas a imponer restricciones en la elección que el artista haga de la técnica a través de la cual pretende expresar su arte, ni pueden legítimamente determinar el contenido de una obra, pues cualquier limitación en estas materias vulneraría la esencia misma del derecho.

En el caso presente, no se vio conculcado el derecho del petente a la creación artística, pues este pudo llevar a cabo su trabajo sin injerencia alguna, y el conflicto que originó la tutela surgió realmente al momento de exhibir su obra. Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto el error en que incurrió el funcionario demandado, así como los falladores de instancia, según los cuales, cuando se trata de fotografías (una técnica en particular) y no de pinturas, se hace más difícil que las obras sean calificadas como artísticas. De acuerdo con lo ya expuesto, tales apreciaciones carecen de sustento jurídico y distorsionan el verdadero sentido y alcance de la libertad de expresión artística.

Ahora bien; la segunda libertad ínsita en el derecho a la libre expresión del arte -la de dar a conocer las obras creadas- surge de la aplicación del artículo 20 de la Carta, arriba citado. Es consecuencia necesaria de este precepto, que toda persona tiene derecho a competir en igualdad de condiciones por un acceso a los medios públicos de difusión, para dar a conocer sus obras, así como tiene derecho la comunidad a apreciarlas y a escoger libremente aquellas que considere dignas de su aprobación o rechazo, sin que dicha elección esté viciada por la previa imposición o censura que haga el Estado de determinada concepción estética.

En un Estado como el que define la Constitución de 1991, en el que las personas son moralmente autónomas, a nadie puede impedírsele difundir o tener acceso a las obras que quiera, so pretexto de su contenido inmoral o antiestético. El hacerlo, entrañaría un acto de censura, proscrito de nuestro ordenamiento constitucional y violatorio del derecho a la difusión de la expresión artística, contenido en los artículos 20 y 71 de la Carta Política. La censura consiste, precisamente, en prohibir o recortar la difusión de cualquier idea por la sola razón de ser contraria a una ideología determinada, incluso si dicha ideología es la acogida por la mayoría de habitantes de una región o de todo el territorio colombiano. Ello se deriva del carácter pluralista de la Constitución (manifiesto en los artículos 1º, 7º, 10, 13, 16, 18 y 19, entre otros) que no oficializa ningún credo religioso ni otorga privilegio a ninguna concepción de la moral o a convicción ideológica alguna.

Según el inciso segundo del artículo 70, “la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad...” ¿Cómo hacer efectivo tal reconocimiento y respeto por la diversidad si las autoridades, en lugar de acatar y hacer cumplir el texto constitucional, se arrogan ilegítimamente la potestad de elegir, de entre esa pluralidad de manifestaciones que la Constitución legitima, únicamente las que a su juicio satisfacen los cánones morales y estéticos que estiman ortodoxos?

Bajo esas condiciones no es posible el respeto de la autonomía moral de las personas y el reconocimiento de la diversidad. Y fue precisamente eso lo que aconteció en el caso que se examina. El Director de la Casa de la Cultura de Valledupar, al imponer su concepción del arte -sustentada con argumentos netamente ideológicos- desconoce abiertamente el carácter pluralista del Estado colombiano, viola el derecho fundamental del demandante a la libre expresión e impide al público decidir autónomamente si acoge la propuesta del artista.

Difícilmente podría pensarse una actitud más ajena a los presupuestos del Estado de derecho, que aquella en la que una autoridad pública se erige en fiscal de la correspondencia entre una obra de arte y su personal axiología moral o estética. La acción de tutela está llamada, en estos casos, a restablecer el imperio de los derechos fundamentales de las personas afectadas por dicha discriminación.

Lo anterior no implica que un servidor público encargado de la administración de una institución oficial destinada a la difusión del arte, deba acceder a todas las solicitudes que le presenten los particulares con miras a exponer sus obras, aunque los recursos disponibles se lo impidan. Sin embargo, resulta inescapable para la autoridad el cumplimiento del deber de garantizar a todos los solicitantes igualdad de oportunidades y criterios de selección objetivos y acordes con la Constitución Nacional, tales como la calidad técnica y artística de las obras, o las finalidades específicas de la sala de exhibición (v. gr. la promoción exclusiva de los artistas de una determinada región; la destinación de una galería a la difusión del arte escultórico y no pictórico, fotográfico o de otra clase; la creación de una sala de conciertos para música de cámara y no sinfónica, para música de vanguardia y no tradicional, etc.).

4. Límites posibles a la difusión de una obra de arte.

A diferencia de la libertad del artista para crear cualquier obra posible, el derecho a difundirla no es absoluto. Este encuentra sus límites en el deber genérico que tiene toda persona de no abusar de sus derechos en detrimento de los derechos de otros (art. 95 num. 1º de la C.N.). El artista que desea exhibir su obra, puede eventualmente encontrar que esta violenta los sentimientos de algunas personas, quienes tienen un interés legítimo en que no se les obligue a presenciar lo que ellas -y no una autoridad- consideran emocional, estética o moralmente contrario a sus convicciones. Es evidente, verbi gratia, que ningún pintor puede, en aras de ejercer su derecho a la libre expresión, exigirle al propietario de una galería privada que exponga sus obras sin el consentimiento de este.

Ahora bien; en tratándose del uso de medios oficiales de difusión, o de medios particulares encargados de la prestación de un servicio público, la difusión artística debe someterse a la previa autorización que, con base en criterios acordes con la Constitución como los ya enunciados, otorguen las autoridades competentes. No es otro el límite posible a la difusión de la expresión artística.

En el caso sometido a revisión, la Sala encuentra que, en aras de una particular axiología moral y estética -que no compete constitucionalmente a las autoridades privilegiar- el servidor público demandado hizo nugatorio el derecho del artista a difundir su obra.

En cuanto a lo argüido en algún momento por el demandado, en el sentido de que las características físicas del recinto donde se realizan las exposiciones del Instituto de Cultura y Turismo de Valledupar son tales, que los visitantes no pueden evitar mirar las obras a pesar de no tener interés en ellas, es deber de la Corte reiterar que son esas personas quienes han de decidir, libremente y sin imposición de las autoridades, si se detienen o no en la contemplación de lo expuesto. Por ende, no puede válidamente el Director (ni ninguna otra autoridad del Instituto) prohibir o recortar la exposición de Celso Castro, con el pretexto de proteger un supuesto interés de terceros a no ser ofendidos por el contenido de las obras.

Por otra parte, el pluralismo existente en nuestra sociedad, además reconocido y amparado por la Constitución, comporta un deber de tolerancia que les es exigible a quienes, ejerciendo su derecho a elegir libremente, rechazan una determinada exhibición. Ellos son libres de manifestar su inconformidad, pero sin impedir que el artista ejerza su derecho a la libre expresión y que el resto del público aprecie la obra” (Destacado fuera de texto).

De conformidad con las consideraciones antes expuestas, en primer lugar se tiene que la solicitud de cancelación de la obra “Mujeres Ocultas”, que constituye una manifestación de la libertad de expresión de la artista María Eugenia Trujillo Palacio, de suyo implica la restricción del derecho fundamental antes señalado, que en virtud de la jurisprudencia descrita se presume sospechosa, razón por la cual quienes pretenden que dicha limitación se materialice deben cumplir con las condiciones constitucionales previstas para tal efecto.

Entre las mencionadas condiciones, se encuentra la existencia de una prescripción normativa que de manera clara y precisa consagre la posibilidad de limitar la libertad de expresión frente a determinada situación. En el caso de autos, la parte accionante no invoca alguna disposición en virtud de la cual pueda concluirse que no son permitidas las manifestaciones artísticas que puedan ser ofensivas para determinado sector de la población en cuanto a sus creencias religiosas, y por el contrario se tiene, que la Constitución Política en su artículo 20 establece de manera diáfana que no habrá censura, razón por la cual no puede prohibírsele a la referida artista que mediante la mencionada obra exprese su opinión, ni tampoco solicitarle al Estado, como lo hace la accionante y los coadyuvantes en esta oportunidad, que acoja la posición de aquellos que no comparten la mencionada obra porque es contraria a su fe, desconociendo a juicio de la Sala el carácter laico del Estado Colombiano, en virtud del cual hay separación de este y las iglesias, a fin de garantizar entre otros derechos, el pluralismo, la libertad de cultos, la libertad de conciencia, de expresión y el libre desarrollo de la personalidad.

En efecto, ni de las normas invocadas por la parte demandante sobre la dignidad humana, la libertad de cultos y el libre desarrollo de la personalidad, ni de la jurisprudencia constitucional sobre el contenido y alcance de dichos derechos, se desprende la posibilidad de reclamarle al Estado que prohíba las manifestaciones artísticas que se consideren contrarias a determinada confesión religiosa, o incluso, a la ideología predominante en una región o en el territorio colombiano, y por el contrario se tiene, que en garantía de los mencionados derechos entre otros, la Constitución Política ha destacado el carácter laico y pluralista del Estado, en virtud del cual este debe mantener una estricta neutralidad en materia religiosa y frente al contenido de lo manifestado por los ciudadanos en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, so pena de desconocer la prohibición de censura.

En ese orden de ideas, no es válido restringir el derecho a la libertad de expresión de la artista María Eugenia Trujillo Palacio, por el hecho de que lo expresado por esta no sea compartido o resulte ofensivo para algunos ciudadanos, de manera similar a como ocurrió en el asunto que fue decidido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-104 de 1996 antes descrita.

Añádase a lo expuesto, que en estricto sentido la referida exposición a juicio de la Sala, y como lo destacó el a quo, no vulnera los derechos fundamentales de la accionante y de quienes coadyuvan la acción de tutela, en tanto con la misma en manera alguna se les está constriñendo para que cambien su ideología religiosa, impidiendo que profesen la misma, o prohibiendo que expongan las razones por las cuales no comparten la referida exposición.

Es más, se observa que las manifestaciones de inconformidad que han realizado la demandante y los coadyuvantes, como otros ciudadanos que comparten su posición, y que consideran que la mencionada exposición es contraria a la fe católica y constituye una ofensa a las mujeres que han optado por una vida religiosa, son ejemplo del ejercicio de la libertad de cultos y la libertad de expresión, sin embargo, en virtud de tales derechos no puede solicitársele válidamente al Estado que censure aquellos que tienen una opinión distinta y/o realizan una crítica de determinada confesión religiosa, se reitera, porque una petición en tal sentido es contraria al carácter pluralista del Estado Colombiano.

En consecuencia, el Ministerio de Cultura al permitirle a la ciudadana María Eugenia Trujillo llevar a cabo la exposición “Mujeres Ocultas” en el Museo Santa Clara, simplemente está garantizando el derecho a libertad de expresión artística de aquella, sin que pueda considerase que con el permiso otorgado está vulnerando el derecho a libertad de culto o a la dignidad humana de quienes estiman que la referida obra es contraria a sus creencias religiosas, pues se reitera, no se está imponiendo que deban compartir el contenido de la exposición, ni alguna limitación al ejercicio de sus derechos fundamentales, en virtud de los cuales se insiste, pueden manifestar su inconformidad con aquella, pero no exigir que el Estado censure a una persona que frente a determinado asunto tiene una perspectiva distinta.

Añádase a lo expuesto, que el lugar en el que se lleva a cabo la mencionada exposición, según indica el Ministerio de Cultura, desde el año 1969 fue desacralizado, “no es un templo confesional de la Iglesia Católica”, actualmente es un museo en el que “se realizan actividades culturales y pedagógica y no se practican ritos sacramentales desde aquellas épocas” (fl. 19), razón por la cual sin perjuicio del valor sentimental e histórico que el mismo tenga para algunas personas que profesan la fe católica, el mismo en la actualidad brinda un espacio cultural, en el que tienen lugar distintas expresiones artísticas, que se reitera no pueden censurarse por parte del Estado, por el hecho de que un sector de la población considere que son contrarias a sus creencias personales y/o estilo de vida.

Es más, se estima que en el evento que el Ministerio accionado cancelara o modificara el contenido de la mencionada exposición, estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión artística, conducta en la que han incurrido otras autoridades estatales, que han sido apremiadas por la Corte Constitucional a cesar los actos de censura, tal y como ocurrió en el caso analizado por la Corporación antes señalada en la Sentencia T-104 de 1996(22).

Por lo tanto, teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional sobre los derechos a libertad de expresión y libre expresión artística, no se advierten razones suficientes para ordenar la cancelación de la exposición “Mujeres Ocultas” de la ciudadana María Eugenia Trujillo, y por el contrario se evidencia que las autoridades accionadas al permitir la referida obra, procedieron conforme a los antecedentes en la materia, de manera tal que se confirmará la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

FALLA:

1. ACÉPTASE la coadyuvancia a la parte accionante, de María Esther Verano Chacón, Lina Marcela Romero Pardo y Julie Dalia Renatt Von Waldorf.

2. DECLÁRASE la falta de legitimidad en la causa de Blanca Ofelia Muñoz Pulgarín para impugnar el fallo de primera instancia dentro del presente trámite, y de Mary de Jesús Poveda Poveda para actuar como coadyuvante de la parte accionante.

3. CONFÍRMASE la sentencia del 5 de septiembre de 2014, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, negó la acción de tutela instaurada, por las razones expuestas en esta providencia.

Notifíquese en legal forma a las partes.

Cópiese y notifíquese.

Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Gerardo Arenas Monsalve—Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E)—Bertha Lucía Ramírez de Páez.

1 Corte Constitucional, Sentencia T-533 del 30 de septiembre de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara.

2 Corte Constitucional, Sentencia T-349 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

3 Corte Constitucional, Auto 051 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

4 M.P. Alberto Rojas Ríos.

5 Ver folio 19 del cuaderno de instancia.

6 Corte Constitucional. Sentencias T-115 de 2004, T-647 de 2008.

7 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

8 M.P. Jaime Córdoba Triviño.

9 Ver: Corte Constitucional. Sentencias C-350-94, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-662-99, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

10 Cfr. Comisión Primera. Acta 12 del lunes 1 de abril de 1991. Gaceta Constitucional 119, p. 10.

11 En el respectivo informe –ponencia para la Comisión Primera de la Asamblea Nacional Constituyente, el Constituyente Diego Uribe Vargas expresó: “Dentro del nuevo ordenamiento Constitucional, la consagración de la libertad de conciencia representa uno de los aspectos fundamentales. Ello se complementa con el derecho de cada persona de profesar libremente su religión en forma individual o colectiva. Las palabras “todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”, expresan la diferencia fundamental con el texto de la Constitución vigente, en el cual se hace referencia a la moral cristiana y a la restricción que de ella se derive. El haber desaparecido del preámbulo de la Carta, que fuera aprobado en el plebiscito de 1957, el carácter oficial de la religión católica, da paso a la plena igualdad entre religiones e iglesias. Lo cual se traduce en la libertad de cultos”. Gaceta Constitucional 82, pág. 10.

12 Daniel Basterra. “El derecho a la Libertad religiosa y su Tutela jurídica”. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Editorial Civitas. Madrid. 1989. En: Sentencia T-662-99, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

13 Corte Constitucional. Sentencia C-350-94, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

14 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

15 Configurado en la jurisprudencia de la Corte Europea a partir de casos emblemáticos como Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca, con sentencia de 7 de diciembre de 1976; Cha’are Shalom ve Tsedek contra Francia, con sentencia de 27 de junio de 2000; y en el caso del Partido de la Prosperidad contra Turquía, con sentencia de 31 de julio de 2001, providencia que destaca especialmente el papel del estado como organizador imparcial de la práctica de la religiones en una sociedad democrática.

16 Caso especialmente enunciativo de los lineamientos de esta obligación por parte del Estado es el que se encuentra en la sentencia de Serif contra Grecia, de 14 de diciembre de 1999.

17 Aspecto que resulta extensamente enunciado en el caso Hoffmann contra Austria, con sentencia de 23 de junio de 1993; aunque también resulta referencia útil el caso del Partido de la Prosperidad y otros contra Turquía, de 31 de julio de 2001.

18 Sentencia C-152 de 2003.

19 Así, en un reciente pronunciamiento la Corte Europea de los Derechos Humanos estableció “The Court has frequently emphasised the State's role as the neutral and impartial organiser of the exercise of various religions, faiths and beliefs, and stated that this role is conducive to public order, religious harmony and tolerance in a democratic society (see Leyla Şahin v. Turkey [GC], no. 44774/98, § 107, ECHR 2005-XI)” en CASE OF GRZELAK v. POLAND (Application no. 7710/02), sentencia de 15 de junio de 2010.

20 Resulta referencia adecuada la reflexión hecha por la Corte europea de los derechos Humanos en el caso de la Iglesia Bersarabia y otros contra Moldavia, con sentencia de 13 de diciembre de 2001.

21 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

22 M.P. Carlos Gaviria Díaz.