Sentencia 2014-01431 de enero 27 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil dieciséis (2016).

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Rad.: 050011102000201401431 01 / A

Aprobado según acta Nº 05 de la misma fecha.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de la apelación impetrada contra la decisión del 31 de agosto de 2015 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual se resolvió sancionar al abogado Alfredo Alzate Ramírez, con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el termino de seis (6) meses, al haber incurrido en la falta consagrada en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 y por el contrario lo absolvió de las endilgadas y descritas en los numerales 4º del artículo 30 y 10 del artículo 33 ibídem, así como la del literal e) del artículo 34 de la mencionada ley; dejando en claro que la anterior competencia deviene de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, así como también en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, todo esto en armonía con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “...los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a revisar cada uno de los argumentos expuestos por la togada, no sin antes resaltar que los mismos ya habían sido expuestos en primera instancia por su defensor de oficio.

3. El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Así las cosas, se observa que se llamó a responder en juicio disciplinario al abogado en cuestión, por su incursión en la falta prevista en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, precepto cuto tenor literal es el siguiente:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado: 

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”.

Sea lo primero señalar que efectivamente se encontró probada la relación cliente abogado que existió entre el señor Hernando de Jesús Álvarez González y el doctor Alfredo Alzate Ramírez, quien en favor del primero incoó el 12 de agosto de 2011, y en contra de los hermanos de éste, señores Francisco Alberto Álvarez Gómez y Leónidas de Jesús Álvarez González una demanda divisoria, la cual cursó ante el Juzgado 25 Civil Municipal de Medellín bajo el radicado Nº 2011- 00948-00.

De lo anterior, en la instancia a quo se consideró como reprochable que el togado hizo ello, a sabiendas que ese señor no tenía derechos reales sobre el bien objeto del litigio pues el inmueble había sido adjudicado el 5 de julio de 2009 a la señora Martha Cecilia Restrepo Sierra, quien había demandado ejecutivamente a los señores Francisco Alberto Álvarez Gómez y Hernando de Jesús Álvarez González el cual cursó ante el Juzgado 26 Civil Municipal de Medellín, bajo el radicado Nº 2006-01322-00, hubiere decidido incoar ese divisorio, sin ponerle de presente tal circunstancia al juez, con lo que no sólo se causó un desgaste a la justicia, sino que eventualmente se pudo haber generado un detrimento a los intereses tanto a la señora Martha Cecilia Restrepo como al señor Leonardo Antonio Zapata Torres, tercero que de buena fe compró el 30 de septiembre de 2011 al señor Francisco Alberto Álvarez Gómez sus derechos que en 33.33% tenía del bien (los cuales también había perdido en el ejecutivo) pues si la señora Marcha Restrepo era legalmente la dueña del derecho que supuestamente le dijo poseer el vendedor pudo haber perdido su dinero.

Y si bien es cierto, en efecto, no se causó detrimento alguno a los intereses de la señora Martha Cecilia Restrepo Sierra a quien se le había adjudicado el 5 de julio de 2009 el 66.66% de la propiedad del bien inmueble en litigio, identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nº 01N-5106247 (equivalente a la de los demandados), así como tampoco se causó detrimento a los intereses de los señores Francisco Alberto Álvarez Gómez y Hernando de Jesús Álvarez González, como tampoco al hermano de éstos, señor Leónidas de Jesús Álvarez González, pues evidentemente en el folio de matrícula inmobiliaria allegado al dossier, expedido el 1º de diciembre de 2014 (fl. 42 del c.o. de 1ª Inst.), éste último conservó su cuota de propiedad sobre le bien y la señora Martha Cecilia Restrepo Sierra vendió esos derechos en debida forma el 3 de octubre de 2014 a los señores Leonardo Antonio Zapata Torres y Héctor Fabio Isaza Gaviria que era en últimas lo que deseaba; no era menos cierto que el togado debió poner de presente esa situación al juez del proceso divisorio y aún más, hacer que desde el inicio se hubiere registrado la adjudicación, pues con el divisorio eventualmente se hubiere podido defraudar a su cliente (en el ejecutivo) o al tercero que de buena fe compró los derechos del señor Francisco Alberto Álvarez Gómez.

En atención de lo anterior, el disciplinable expuso centralmente en su alzada que no pudo haber existido otra vía del derecho que hubiere podido dar un final como en efecto se culminó el asunto debatido, denotando que a su juicio lo que se hizo fue efectivamente lo más efectivo para dirimir el asunto que a él se le presentó, adverando además que si el señor ya le había pagado la deuda a su cliente, señora Martha Cecilia Restrepo Sierra mal se hubiera hecho si se hubiere registrado la adjudicación que en el proceso ejecutivo se le había asignado a la mentada señora, pues ya ella no tenía interés en el asunto; al cual deberá ésta Sala restarle validez y por ende negarlo, ya que no es cierto que esa hubiere sido la única manera de solucionar el asunto que al togado se le presentó, pues si como lo bien lo expuso, su cliente no tenía la intención de quedarse con la titularidad del bien objeto del litigio, entonces debió poner en conocimiento del juzgado tal acontecer, para que no se le hubiera adjudicado, pero por demás, ello resulta contradictorio, ya que la adjudicación obedeció a una solitud que el mismo abogado presentó el 13 de febrero de 2009 al despacho y por ende así procedió le juzgado.

Ahora bien, denotando el argumento subsiguiente y quizás el que más ha hecho dudar a la Sala sobre la responsabilidad del togado en el cual se expuso que “Ya el señor Francisco Alberto Álvarez Gómez había transferido su derecho a Leonardo Antonio Zapata Torres por escritura pública #2012 del día 30 de septiembre de 2011 otorgada en la Notaria 9ª de Medellín, sin registrarla ante la oficina de registro y el mismo habiendo logrado un acuerdo con su hermano Hernando de Jesús Álvarez Gómez acordaron registrar la adjudicación de sus derechos a nombre de la adjudicataria Martha Cecilia Restrepo Sierra quien transfirió los mismos a Leonardo Antonio Zapata Torres y Héctor Fabio Isaza Gaviria por escritura pública #8869 del 1º de julio de 2014 otorgada en la Notaria 15 de Medellín, es decir, se llevó a efecto la voluntad de Francisco Alberto Álvarez Gómez y Leonardo Antonio Zapata Torres plasmada por escritura pública #2012 del día 30 de septiembre de 2011 otorgada en la Notaría 9ª de Medellín (celebrar la compraventa sobre el derecho proindiviso) como también la voluntad de Hernando de Jesús Álvarez Gómez en que le pagaran su derecho por haberlo transferido a Héctor Fabio Isaza Gaviria y además, la voluntad de Leónidas de Jesús Álvarez Gómez en conservar su propiedad sobre el derecho proindiviso, lo cual ocurrió con la terminación del proceso divisorio...”.

En cuanto a lo anterior, debe esta colegiatura exponer que lo aducido por el disciplinable es parcialmente válido, pues en efecto con ese acontecer no se causó detrimento a los directamente intervinientes, llámese, hermanos Francisco Alberto Álvarez Gómez, Hernando de Jesús Álvarez González y Leónidas de Jesús Álvarez González como tampoco a la señora Martha Cecilia Restrepo Sierra, y si bien es cierto pareciera ser que el señor Leonardo Antonio Zapata Torres eventualmente fue defraudado con el proceder el togado, ello no puede partir de la base de la presunción, pues no se logró probar el detrimento efectivo a sus intereses, ya que en últimas él y el señor Héctor Fabio Isaza Gaviria quedaron con la titularidad del bien, luego que le compraran el mismo (en cuota del 66.66%) a la mentada señora, así que en ese aspecto, las personas naturales intervienes no fueron defraudadas con un proceder que ellas mismas conocieron.

Contrario lo anterior, sí se causó un detrimento al Estado, pues como bien lo expuso el a quo, el togado debió poner de presente esa situación al juez del proceso divisorio, pues el desgaste que de la justicia se presentó con ese acontecer fue evidente, al punto que siempre se procedió con lo que inicialmente se debió hacer, y ello era el registro de la adjudicación, por lo que el divisorio quedó inocuo e inevitablemente se terminó por desistimiento de las partes el 10 de septiembre de 2014, así que dicho proceder del profesional del derecho sí resulta reprochable y por ende en ese concreto se confirmará la responsabilidad del disciplinable.

Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia parcial de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la falta consagrada en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, y al no existir justificación de dicho proceder por parte del abogado, y al haberse probado su responsabilidad, lo procedente en esta instancia es revocar parcialmente la providencia apelada, conforme lo expresado.

En lo atinente a la dosificación de la sanción la cual fue de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues esta obedece a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la modalidad dolosa de la conducta, igualmente el desprestigio que causa a la profesión de la abogacía y la generación del impacto negativo en la sociedad, además de la ausencia de antecedentes disciplinarios en cabeza de la disciplinable; lo anterior, de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR el fallo apelado, proferido el 31 de agosto de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante el cual resolvió sancionar al abogado Alfredo Alzate Ramírez con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión, al haberlo hallado responsable de incurrir en la conducta descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 y lo absolvió de la incursión de las referidas en los numerales 4º del artículo 30 y 10 del artículo 33 ibídem, así como la del literal e) del artículo 34 de la mencionada ley, para en su lugar.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Adolfo León Castillo Arbeláez—José Ovidio Claros Polanco—María Rocío Cortés Vargas—Rafael Alberto García Adarve—Julia Emma Garzón de Gómez—Martha Patricia Zea Ramos.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.