SENTENCIA 2014-01457 DE ENERO 18 DE 2017

 

Sentencia 2014-01457 de enero 18 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado: 050011102000201401457 01

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Aprobado según acta de Sala Nº 03 de la fecha.

Bogotá, D.C., dieciocho de enero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la honorable Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Asunto a resolver. En este caso, corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 27 de julio de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó con CENSURA a la abogada DUNIA MARÍA RESTREPO RÍOS, tras hallarla responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, por considerar que estaba demostrado que la disciplinada no dio cumplimiento al deber de diligencia que le atañe al momento de ejercer su profesión, pues se evidenciaba que los señores Luis Alfonso y Jesús Alfredo López Osorio otorgaron poder a la togada para que adelantara proceso de pertenencia agraria y que esta presentó la demanda en tres oportunidades, y las dos primeras —radicados 2012-00232 y 2013-00024— fueron inadmitidas y posteriormente rechazadas porque no subsanó los requisitos exigidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de la Unión.

Entonces determinada la condición de abogada de la disciplinada y dado que no se observaron irregularidades que afecten la legalidad de lo actuado ni de la sentencia, ya que el trámite se adelantó con asistencia de los sujetos procesales según lo previsto en la ley procedimental, se cumplieron los principios de publicidad y contradicción, se corrieron los traslados, se notificaron las providencias correspondientes, se practicaron las pruebas solicitadas en la forma prevista, se garantizó el derecho de defensa y la oportunidad de interponer recursos para acceder a la doble instancia, procede esta Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponda, con base en los argumentos expuestos en el recurso de alzada, pues está limitada la actuación del juez de segundo grado a los aspectos controvertidos de la decisión del a quo, entendiéndose que los no discutidos han sido aceptados por el apelante.

En el caso bajo examen, la abogada DUNIA MARÍA RESTREPO RÍOS fue sancionada por la comisión de la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, que al tenor literal reza:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional.

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Considera necesario la Sala, reiterar que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran, en términos generales, el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el Legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la imposición de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que se recauden en el respectivo proceso disciplinario.

Lo que impone como necesario, para emitir una sentencia sancionatoria, que exista certeza sobre la materialización de una conducta constitutiva de una falta disciplinaria prevista en el ordenamiento jurídico vigente, al igual que se cumpla el presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

Por eso, ahora los verbos rectores de esta falta están representados en las conductas de demorar la iniciación o prosecución de las gestiones, es decir, retardar, diferir, dilatar lo que se debe hacer, como en el presente caso; así las cosas, incurre en esta falta quien se toma más tiempo del necesario para presentar una demanda o para realizar una petición que resulta procedente dentro de un proceso determinado. También incurre en falta quien deja de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, es decir y por contraposición al verbo anterior en el cual se hace pero tomando más tiempo del requerido, aunque sin que ese transcurso comporte el rechazo de la solicitud o la pérdida de la oportunidad, de acuerdo con esta conducta se sanciona a quien no hizo lo que tenía que hacer, dentro de la oportunidad para ello, verbi gratia interpuso el recurso pero no lo sustentó, impidiendo con ello que la causa fuera estudiada y decidida en los términos de ley por la segunda instancia.

En la misma falta disciplinaria incurre el profesional del derecho que descuida la gestión, esto es, que no asume el encargo con la diligencia debida, no ejerce la vigilancia que exige la gestión encomendada, no hace todo lo que está a su alcance en desarrollo de la misma, por ejemplo, descuida la gestión el abogado que no visita periódicamente el despacho judicial donde se tramita el asunto encomendado, para ejercer la vigilancia idónea que le permita estar al tanto de la evolución procesal, del surgimiento y preclusión de las oportunidades procesales, etcétera y finalmente, incurre en esta falta quien abandona la gestión, es decir quien la desampara, quien deja de atender el asunto o se desentiende por completo del mismo.

Estas conductas, han sido consideradas por la doctrina y la jurisprudencia disciplinaria como de ejecución permanente, por cuanto se proyectan hasta cuando al abogado le es legalmente exigible adelantar la gestión, retomarla o enderezar el camino perdido como consecuencia de su falta de diligencia.

Lo anterior, refrenda que cuando el abogado se compromete con una representación judicial, se obliga a realizar en su oportunidad actividades procesales dirigidas a favorecer la causa confiada a su gestión; cobrando vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto; luego si cuando el abogado injustificadamente se aparta de la obligación de atender con rigor este deber frente a una representación judicial, incumpliendo cualquiera de estas exigencias, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional.

Caso concreto. En aras de desatar el recurso de apelación elevado por el defensor contractual de la disciplinada, procede la Sala a pronunciarse frente a los argumentos expuestos por el censor:

Alegó el defensor contractual que su defendida no demoró las actuaciones surtidas en el proceso de pertenencia para el cual fue contratada, ya que la consecución de los documentos y la firma de los poderes no implicaba un acto que estuviera a discrecionalidad de la apoderada, además que se debían adelantar trámites en municipios distintos.

Frente a ese argumento es necesario aclarar que a la abogada no se le reprochó la demora en presentar la demanda sino el haber dejado de hacer oportunamente las diligencias propias de su gestión, puesto que ante dos consecutivas inadmisiones dejó de subsanar la demanda y permitió que se diera su rechazo.

Revisado el material probatorio obrante en el plenario, se constató que el 23 de noviembre de 2015 el Juzgado Promiscuo Municipal de la Unión certificó que la doctora DUNIA MARÍA RESTREPO RÍOS actuando como apoderada de los señores Luis Alfonso y Jesús Alfredo López Osorio presentó demanda de pertenencia agraria contra Juan Bautista y otros el 8 de noviembre de 2012, que fue asignada a ese despacho el 14 de diciembre siguiente bajo el radicado 2012-00232.

En auto de 23 de enero de 2013 el libelo fue inadmitido y se concedieron 5 días hábiles a la parte actora para que aclarara el poder y los apartes de la demanda que se referían a los demandados, ya que el proceso se debía dirigir contra personas indeterminadas; además, contra los propietarios reales inscritos en el inmueble, decisión que fue notificada por estados el 25 de enero de 2013; sin embargo, la abogada no subsanó los requisitos y a través de auto del 6 de febrero de ese año se rechazó la demanda.

Así mismo, el juez certificó que la abogada disciplinada presentó por segunda vez la demanda el 18 de febrero de 2013 bajo radicado 2013-00024 y el 26 de ese mes y año se inadmitió y se requirió a la profesional del derecho para que allegara los documentos aportados en original o copia autentica, copia de los certificados de libertad y tradición del inmueble con expedición no superior a 30 días, adecuar los hechos de la demanda e integrar al litisconsorcio por pasiva, decisión notificada el 28 de febrero de 2013, no obstante, la togada no subsanó los requisitos y en auto del 13 de marzo de 2013 se rechazó la demanda.

Lo que se requirió de la disciplinada para admitir las acciones impetradas no era de difícil consecución, sin embargo, la abogada no subsanó los requisitos por lo cual en dos oportunidades consecutivas fue rechazada la demanda, con lo que retrasó la consecución de las pretensiones de sus clientes.

Ahora, no obstante, que se trataba de requisitos propios de una demanda de pertenencia que debió tener en cuenta antes de presentar la primera demanda, en lugar de proceder a su legal adecuación, la abogada presentó por segunda vez la acción y ante la nueva admisión tampoco subsanó los requisitos y permitió que se diera otra vez su rechazo.

Señaló el apoderado de la disciplinada que la vacancia judicial, aunado a que se trataba de un juzgado promiscuo generó la demora en el trámite del asunto.

Respecto a este argumento defensivo debe decirse que a la abogada se le concedieron cinco días hábiles para subsanar la demanda sin que lo hiciera, en lo cual no tuvo incidencia la vacancia judicial pues el primer auto inadmisorio fue proferido el 23 de enero de 2013 y el segundo el 26 de febrero de 2013, es decir, que ese lapso no fue interrumpido por la vacancia judicial, tampoco se evidencia como el hecho que se tratara de un juzgado promiscuo pudo injerir en el término concedido para dar cumplimiento a lo ordenado por el despacho judicial de la causa para admitir la acción.

En cuanto a que no se tuvo en cuenta que fue la desinformación que le brindaron los funcionarios del Juzgado a los querellantes, quienes les dijeron que la abogada no había ido por allá, lo que generó el proceso disciplinario contra esta; se le recuerda al censor que el quejoso actúa como un simple informante de un posible hecho irregular y son las pruebas las que llevan a la certeza o no de una falta, no el dicho del querellante quien ni siquiera tiene la calidad de interviniente.

Sostuvo el censor que la existencia de tres procesos no solo denotaba que su prohijada realizó la gestión encomendada, sino que fue persistente y empleó el debido cuidado para garantizar los derechos de los querellantes.

Se reitera que el reproche disciplinario tuvo como fundamento fáctico la no subsanación de la demanda en dos oportunidades consecutivas, en consecuencia el hecho que la profesional haya insistido en impetrar la acción no enerva el cargo endilgado, ya que este no consistió en no haber llevado a cabo el mandato.

Indicó el defensor contractual de la disciplinada que no se demostró la culpabilidad de su defendida ni se desvirtuó la presunción de inocencia, argumento que tampoco tiene vocación de prosperidad pues si demostró que la litigante dejó vencer el término concedido para subsanar la demanda en dos oportunidades negligencia que llevó a su rechazo a pesar que no era difícil cumplir con lo requerido por el juzgado para proceder a la admisión del libelo.

Así las cosas, está probado que el hecho constitutivo de la investigación disciplinaria existió, esto es, la indiligencia por parte de la disciplinada, pues se encuentra acreditado que la abogada DUNIA MARÍA RESTREPO RÍOS no dio cumplimiento al deber de diligencia, puesto que ante dos consecutivas inadmisiones dejó de subsanar la demanda y permitió que se diera su rechazo.

Los elementos estructurantes de la conducta disciplinaria, están presentes ya que la tipicidad está dada con la consagración de dicha falta en la Ley 1123 de 2007, donde de manera clara se definen los deberes del profesional del derecho y correlativamente, se especifican las faltas en que se incurre por el incumplimiento de aquellos.

Por eso el a quo, señaló que la tipicidad está dada con la consagración de dicha falta en la Ley 1123 de 2007, donde se delimitan los deberes de la profesional del derecho, y ordenadamente se especifican las faltas en que incurre por su incumplimiento, de donde la antijuridicidad sobreviene del incumplimiento acreditado.

Es claro, que la tipicidad responde al principio de legalidad, consagrado en la Constitución y requiere que la conducta endilgada, las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, sean clara y expresamente definidos de manera previa a la aplicación de estas medidas.

La Corte Constitucional ha establecido que en este principio se vislumbran garantías, siendo la “primera, de orden material y de alcance absoluto, conforme a la cual es necesario que existan preceptos jurídicos anteriores que permitan predecir con suficiente grado de certeza aquellas conductas infractoras del correcto funcionamiento de la función pública y las sanciones correspondientes por su realización. La segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de rango legal, que convalide el ejercicio de los poderes sancionatorios en manos de la administración”(2).

Precisó, además que “(i) otorga certidumbre normativa sobre la conducta y la sanción a imponer; (ii) exige que el texto predeterminado tenga fundamento directamente en la ley, sin que sea posible transferir tal facultad al gobierno o a las autoridades administrativas, por ser una competencia privativa del legislador; (iii) constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos; (iv) protege la libertad individual; (v) controla la arbitrariedad judicial y administrativa; y (vi) asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo y sancionador del Estado”.

Ahora, en esta perspectiva, deviene que en materia disciplinaria se exige que la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir de manera clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras. Por lo que la abogada DUNIA MARÍA RESTREPO RÍOS, consecuencia de su actuar mereció la reacción de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, que al encontrarla responsable de la falta prescrita en el numeral 1º del artículo 37 le sancionó con CENSURA, ya que este comportamiento fue previsto en la Ley 1123 de 2007, de modo que la realidad procesal que condujo a esta decisión, fue evaluada conforme a lo previsto en la norma ejusdem en materia de culpabilidad del agente, es decir, si actuó con dolo o culpa, si su conducta fue leve, grave o gravísima y por supuesto, la graduación de la intensidad del comportamiento.

Antijuridicidad. En este caso, deviene del incumplimiento acreditado y sin justificación alguna por parte de la disciplinada del deber previsto en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, pues actuando como apoderada del quejoso y el hermano de este, no dio cumplimiento al deber de diligencia, puesto que ante dos consecutivas inadmisiones dejó de subsanar la demanda y permitió que se diera su rechazo.

Culpabilidad y modalidad de la conducta. Es incontrovertible que la doctora DUNIA MARÍA RESTREPO RÍOS, faltó a la debida diligencia profesional, deshonrando el deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales e incurriendo en la falta a la debida diligencia profesional por la cual el a quo le formuló cargos. Es decir, que la disciplinable dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, con lo que se configura una conducta típica, plenamente estatuida en la Ley 1123 de 2007.

La conducta endilgada, se realizó bajo la modalidad culposa, toda vez que no se encuentran elementos que permitan concluir que por parte de la disciplinada hubiere existido algún ánimo de perjudicar a su cliente.

La sanción. En relación con la sanción impuesta por el a quo, observa esta superioridad, que la misma consultó los parámetros establecidos en los artículos 41 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes, su antijuridicidad, para imponerla, por lo que considera la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que debe mantenerse en su integridad la sanción de CENSURA, impuesta a la abogada DUNIA MARÍA RESTREPO RÍOS, por violación al deber contenido en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la incursión en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 ibídem.

Por lo tanto, esta superioridad considera legal y adecuada la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, de sancionar con CENSURA a la abogada DUNIA MARÍA RESTREPO RÍOS, por indiligencia y la confirmará de manera integral.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia apelada proferida el 27 de julio de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó con CENSURA a la abogada DUNIA MARÍA RESTREPO RÍOS, tras hallarla responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, conforme las consideraciones expuestas en este proveído.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen, para que notifique a las partes dentro del proceso y cumpla lo dispuesto por esta superioridad.

4. Por secretaría líbrense las comunicaciones de ley.

Notifíquese y cúmplase.

2 Sentencia C-030 de 2012.