Sentencia 2014-01591 de febrero 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-15-000-2014-01591-01(AC)

Actor: RCN Televisión S.A.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca en descongestión

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Bogotá D.C., diecinueve de febrero de dos mil quince.

Procede la Sala a resolver la impugnación que interpuso el apoderado judicial de la tutelante contra el fallo del 23 de octubre de 2014 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo deprecado.

I. Antecedentes

1. La petición de amparo.

RCN Televisión S.A. (a quien en adelante se le denominará como RCN), actuando por conducto de apoderado judicial, instauró acción de tutela para que se le amparen sus derechos fundamentales a la información y al debido proceso, que consideró transgredidos con la providencia del 9 de abril de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en descongestión, en la acción contractual (Rad. 2010-00287-01) que adelantó contra la CNTV.

La aludida sentencia revocó la decisión del juzgado 22 administrativo de descongestión de Bogotá del 12 de marzo de 2013 que declaró la nulidad de las resoluciones 1147 del 19 de octubre de 2009 y 769 del 3 de agosto de 2010 y, condenó a la Comisión Nacional de Televisión hoy en liquidación (a quien en adelante se le denominará como CNTV) a pagar la suma de $ 130.702.647 “por concepto de restitución del valor pagado por RCN Televisión por la multa impuesta por la Comisión Nacional de Televisión”.

En consecuencia, solicitó “(…) se revoque la sentencia del 9 de abril de 2014, proferida por la Sección Tercera Subsección “C” de descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Magistrada Ponente doctora Laura Halima Liévano Jiménez, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia proferida el 12 de marzo de 2013 por el juzgado 22 administrativo de descongestión del circuito judicial de Bogotá”.(1)

2. Hechos.

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos, que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta instancia:

• Que la CNTV y RCN(2) celebraron contrato de concesión 140 de 1997.

• RCN en desarrollo se su actividad, emitió el 12 de junio de 2007, en el programa Noticias RCN de las 7:00 pm, un reportaje relacionado con la agresión física que le propinó un menor de edad a otro, el que fue entrevistado, según el tutelante, bajo el consentimiento de la madre, en todo caso, sin que se hubiera mencionado su nombre o imagen que permitiera reconocerlo. También se entrevistó a la madre.

• La oficina de regulación de la competencia de la CNTV, inició actuación administrativa contra RCN, por las imágenes que fueron mostradas, para determinar sí se vulneró la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Código de Infancia y Adolescencia.

• Evacuado el trámite investigativo, la CNTV profirió la Resolución 1147 del 19 de octubre de 2009, en la que se impuso una multa de $ 121.188.562, correspondiente al 0.5% del valor actualizado del referido contrato de concesión.

• RCN interpuso recurso de reposición contra esa decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución 769 del 3 de agosto de 2010 que confirmó la sanción. El 16 de septiembre siguiente RCN pagó la multa impuesta.

• Por esos hechos, inició acción contractual contra la CNTV para que se declarara la nulidad de las resoluciones 1147 de 2009 y 769 de 2010 y, la devolución del dinero pagado con ocasión de la multa.

• El proceso le correspondió al juzgado 31 administrativo de Bogotá y, en aplicación de las medidas de descongestión fue remitido al juzgado 22 administrativo de descongestión de Bogotá que, en sentencia del 12 de marzo de 2013, accedió a las pretensiones de la demanda(3).

• La CNTV interpuso recurso de apelación que le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” que, en providencia del 9 de abril de 2014 revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones.

3. Fundamentos de la solicitud de amparo.

Consideró RCN, que el tribunal incurrió en los siguientes defectos:

Fáctico, por cuanto hizo una valoración indebida de las pruebas y determinó erradamente que en la noticia se podía identificar al menor que fue presentado como víctima.

Sustantivo, porque se inobservó lo dispuesto en la sentencia C-442 de 2009, que estudió la constitucionalidad del régimen de responsabilidad de los medios de comunicación, numerales 6º y 8º del artículo 47 de la Ley 1098 de 2006, que señaló que no es posible sancionar a los medios de comunicación hasta que el Congreso legisle sobre el procedimiento, la autoridad competente y el sistema de sanciones correspondiente.

Además, que conforme al tenor literal de la Ley 1098 de 2006, se “mal interpretó la conducta desarrollada por RCN”, toda vez que el tratamiento audiovisual que se dio al testimonio rendido por el menor se efectuó con autorización de la madre y porque, de la imagen no es posible la identificación del éste, tal como lo regula la referida norma.

4. Trámite de la solicitud de amparo.

Por auto del 3 de julio de 2014 la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar a las partes y a la Autoridad Nacional de Televisión como tercero interesado en las resultas del proceso, a quienes se les remitió copia de la solicitud de tutela.

5. Argumentos de defensa.

5.1. Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Pese a que se surtió la respectiva notificación guardó silencio.

5.2. De Fiduagraria S.A.

El apoderado general de la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.-Fiduagraria S.A., como vocera y administradora del patrimonio autónomo de remanentes de la CNTV, pidió que se desvinculara a esa entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no tuvo injerencia en el amparo solicitado.

6. La sentencia de primera instancia.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado con fallo del 3 de julio de 2014 negó el amparo solicitado.

Para fundamentar su decisión manifestó:

“(…) que los medios de comunicación deben abstenerse de realizar transmisiones y publicaciones que causen perjuicio a los menores de 18 años, de carácter moral psíquico o físico.

Que no pueden hacer publicaciones con connotación violenta, inductivas al delito o con contenido morboso o pornográfico.

En cuanto a las entrevistas, no pueden divulgar datos que permitan la identificación del menor que sea víctima, autor o testigo de un hecho delictivo, salvo dos excepciones: i) en los casos en que sea necesario identificar al menor o a su familia, por ejemplo cuando no se sabe su procedencia o haya que ubicar algún familiar y, ii) en cualquier otra circunstancia siempre y cuando exista autorización de los padres o del ICBF.

De las pruebas que obran en el expediente, se advierte en primer lugar, que la identidad del menor no fue protegida en su totalidad, pues el canal incurrió en las siguientes conductas que se enumeraran de menor a mayor grado de relevancia:

1. Se mostró una toma del centro educativo en el que ocurrieron los hechos.

2. Se publicó el nombre de Raúl sin indicar si era un nombre ficticio o no y, de la forma en que se relató la noticia podría inferirse que es el nombre verdadero.

3. Se hizo una toma de espaldas en la que se advierte su contextura física y estatura.

4. Se mostró un plano lateral del rostro, en el que se observa una venda cubriendo uno de los ojos y el otro ojo descubierto.

5. En el audio de la entrevista que se le hizo al menor se dejó su voz original.

6. Aparece la madre del menor con nombre y apellido haciendo unas declaraciones respecto de los hechos.

Advierte la Sala que esas evidencias, permitirían la identificación del menor con facilidad, pues cualquier persona que (sic) cercana al plantel educativo o él y su familia, podría haber llegado a la conclusión de quien fue la víctima de la noticia emitida el 12 de junio de 2007.

Sin embargo, teniendo en cuenta una de las excepciones del numeral 8º del artículo 47 de la Ley 1098 de 2006, específicamente la de la autorización de los padres, esa información podía publicarse sin ninguna consecuencia adversa.

En consecuencia, bastaba para el tribunal demandado, con demostrar que ni existió dicha autorización, para desestimar las pretensiones del canal RCN en la demanda de controversias contractuales.

Sobre el punto, se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no encontró una autorización expresa en la que los padres del menor aceptaran que la noticia fuera emitida en esas condiciones y que esa información pudiera hacerse pública pues, tratándose de la protección de los menores de 18 años, existe el régimen de protección de la información debe ser más estricto que el de cualquier otra persona, luego las interpretaciones laxas no son de aceptación”.

7. La impugnación.

El apoderado judicial de la sociedad tutelante impugnó el fallo de primera instancia con los siguientes argumentos:

Señaló que no se puede transmitir imágenes de menores de edad sin autorización previa, pero la imposición de “la obligatoriedad de la autorización de los padres del menor no exige ninguna formalidad al respecto”.

Que del “video que obra como prueba dentro del expediente, es claro que se contaba con la autorización, pues, la madre acompañó al menor en todo momento y ella misma rindió declaraciones sobre los hechos objeto de controversia”.

En consecuencia, solicitó que el estudio de esta segunda instancia de tutela, se realice teniendo en cuenta que:

“RCN Televisión S.A., obró conforme a su responsabilidad como medio de comunicación y también conforme su responsabilidad social como concesionario del servicio de televisión, tanto era necesario poner en conocimiento del círculo académico los graves hechos que estaban ocurriendo en el colegio por la violencia que había sufrido el menor y que podría haberse repetido en contra de otros menores. Recordemos que el menor requería de un tratamiento de córnea y que era necesario despertar la solidaridad social, dado el costo del tratamiento y la necesidad de conseguir un donante, todo lo cual iba en beneficio de la protección de los derechos fundamentales de la niñez”.

II. Consideraciones de la Sala

La Constitución Política en el artículo 86 consagró una acción especial para facilitar la garantía inmediata de los derechos fundamentales dotada de un procedimiento breve y sumario que tiene como rasgos esenciales la subsidiariedad y la residualidad porque sólo procede si no existe otro mecanismo judicial ordinario de defensa de los derechos que se consideran amenazados o conculcados.

No obstante, esta causal de improcedencia se excepciona, a las voces del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, cuando el reclamo de protección se propone como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable, el que será valorado por el juez constitucional según las circunstancias en las que se encuentre el actor con el fin de establecer que el medio judicial ordinario no resulta idóneo para evitarlo o remediarlo.

1. De la evolución en el Consejo de Estado de la tesis sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En una primera época esta corporación judicial, incluso la Sección Quinta, consideró improcedente el empleo de la tutela como instrumento judicial idóneo para dejar sin efectos o para modificar providencias judiciales. Entre otros motivos, como esencial razón, porque se estimó que el trámite y definición del proceso judicial ordinario dentro del cual fueron proferidas las providencias censuradas era prueba fehaciente de que el conflicto o el reclamo, contó con el debate y la definición judicial idónea y eficaz por el juez natural competente, pues operó el “medio de defensa judicial” existente para el efecto, situación que según mandato del numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, hace que en estos eventos el mecanismo de la tutela no proceda.

También, frente a este tema, tomó en consideración que la Corte Constitucional pese a que en sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992 declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 que consagraban el ejercicio de este mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales contra decisiones judiciales, seguidamente abrió camino a la tutela contra providencias judiciales con la creación jurisprudencial de la teoría de la vía de hecho en sus diferentes modalidades(4), que con posterioridad perfeccionó con la elaboración de la teoría de las causales específicas de procedibilidad (defecto sustantivo, orgánico o procedimental, defecto fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución)(5).

Así, esta Sala en una apertura progresiva de admisión excepcional de este mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales, cuando la lesión se atribuye a una decisión judicial, ha venido sosteniendo que solo en situaciones muy especiales en las cuales se evidencie de manera superlativa que la providencia judicial padece un vicio procesal ostensiblemente grave y desproporcionado, que lesiona en grado sumo el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, individualmente considerado o en conexidad con el derecho de defensa y de contradicción, núcleo esencial del derecho al debido proceso, es admisible que la tutela constituya el remedio para garantizar estos especiales y concretos derechos amenazados o trasgredidos, imponiéndose en estos eventos ampararlos para garantizar la justicia material inherente a la dignidad humana.

Al paso del tiempo, el 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación proferida por importancia jurídica, adoptó la tesis de la admisibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se evidencie que contienen atropello a derechos fundamentales. Sostuvo que en tales casos el juez de tutela debe adentrarse en el examen de fondo de la situación. Al respecto, luego de realizar un detenido recuento histórico de las posiciones asumidas por las diferentes secciones sobre esta materia en los últimos años, precisó:

“(…)

De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Exp. AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente”(6) (subrayas de la Sala).

En el presente, en consonancia con esta tesis de unificación que debe acatarse, la Sala considera que a fin de determinar si acomete el estudio de fondo con el objeto de establecer si la providencia judicial quebranta derechos fundamentales, es necesario verificar, previamente, en cada caso, que se encuentren presentes parámetros básicos que conciernen a: i) inexistencia de otros medios de impugnación judiciales ordinarios; ii) que se haya ejercido la tutela dentro de un tiempo razonable a partir de cuando comenzó a padecerse la vulneración del derecho fundamental; iii) que no se trate de tutela contra decisión de tutela; iv) que la materia o el asunto en el que radica la alegada transgresión sea de relevancia constitucional; y v) que el solicitante haya alegado el quebrantamiento del derecho fundamental en el proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible.

Entonces, solo si estas exigencias se encuentran superadas, la Sala abordará el fondo del reclamo que la solicitud de tutela presente, examen que se circunscribirá al sustento jurídico en el que se soporte la amenaza y/o el quebrantamiento de los derechos fundamentales que se aleguen.

Si la causa, motivo o razón a la que se atribuye la transgresión es de tal entidad que incide directamente en el sentido de la decisión, y no representa reabrir el debate de instancia ni implica intervención del juez de tutela en aspectos propios de la autonomía del juez natural, y se llegaren a encontrar afectados los derechos fundamentales invocados por el actor, será del caso adoptar las medidas necesarias para corregir tal situación.

2. Examen de estos presupuestos en el caso concreto.

En el sub examine, RCN Televisión S.A., actuando por conducto de apoderado judicial, controvierte la providencia del 9 de abril de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” en descongestión, en la acción contractual (Rad. 2010-00287-01) que adelantó contra la CNTV.

La aludida sentencia revocó la decisión del juzgado 22 administrativo de descongestión de Bogotá del 12 de marzo de 2013 que declaró la nulidad de las resoluciones 1147 del 19 de octubre de 2009 y 769 del 3 de agosto de 2010 y, condenó a la Comisión Nacional de Televisión hoy en liquidación a pagar la suma de $ 130.702.647 “por concepto de restitución del valor pagado por RCN Televisión por la multa impuesta por la Comisión Nacional de Televisión”.

En la impugnación, planteó sus reproches en que i) la Ley 1098 de 2006 no señaló formalidad alguna respecto de la autorización que deben dar los padres para transmitir una noticia en la que intervengan sus hijos menores de edad; ii) que en ese sentido, el video es la prueba que determinó la autorización de la madre del menor para la transmisión; iii) que fue necesario tal transmisión para que la institución educativa tuviera conocimiento de los hechos graves que ocurren a su interior y porque lo pretendido por el canal fue “despertar la solidaridad social, dado el costo del tratamiento y la necesidad de conseguir un donante, todo lo cual iba en beneficio de la protección de los derechos fundamentales de la niñez”.

Para comenzar con el estudio de los parámetros esenciales para que sea viable abordar la impugnación del fallo y acometer su estudio por estar dirigida contra providencia judicial, se advierte que conforme lo consideró el a quo: i) por tratarse de una sentencia de segunda instancia, no existe medio de impugnación ordinario para controvertirla. Igualmente, la censura, tal y como fue presentada, tampoco encaja en las causales de admisibilidad del recurso extraordinario establecido en el artículo 250 del CPACA; ii) Que el amparo fue solicitado en un plazo razonable respecto de la decisión que se enjuicia, pues esta fue proferida el 9 de abril de 2014 y la tutela se presentó el 24 de junio de 2014 iii) Que la solicitud no se dirige contra una sentencia de tutela.

La Sala precisa que el objeto de estudio en segunda instancia estará circunscrito al objeto de impugnación que planteó el apoderado judicial de RCN.

En cuanto a los aspectos específicos de la impugnación frente a los cuales la entidad tutelante alega la vulneración a los derechos fundamentales “a la información y al debido proceso”, se señala que, en el asunto sub judice se confronta la transmisión audiovisual del 12 de junio de 2007, presuntamente sin autorización expresa de la madre del menor de edad víctima, información que fue conducente para determinar la identidad del niño, frente a los mandatos dispuestos en el artículo 47, numeral 8 del Código de la Infancia y la Adolescencia, referente a la responsabilidad especial de los medios de comunicación de “abstenerse de entrevistar dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de su familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia, será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.” (negrilla fuera del texto original).

Del escrito de impugnación puede entenderse que el Canal RCN pretende demostrar que para la situación de litis se cumplió con la excepción regulada en la Ley 1098 de 2006, consistente en tener autorización para publicar una noticia en la que un menor de edad fue víctima y que la prueba de ello reposa en el CD que se allegó al expediente.

Entonces, el reproche de RCN se circunscribe al desacuerdo con la valoración probatoria que efectuó la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la primera instancia, de este amparo constitucional. Providencia en la que se señaló que no se “encontró una autorización expresa en la que los padres del menor aceptaran que la noticia fuera emitida en esas condiciones y que esa información pudiera hacerse pública pues, tratándose de la protección de los menores de 18 años, existe el régimen de protección de la información debe ser más estricto que el de cualquier otra persona, luego las interpretaciones laxas no son de aceptación”.

De la negativa del a quo, se aprecia que, para concluir que, la transmisión se produjo sin la autorización de los padres del menor, el juez constitucional hizo un estudio pormenorizado del material probatorio (CD), que es el mismo del cual RCN pretende un nuevo análisis.

Para la Sala, en efecto, no se observa arbitrariedad en la decisión de primera instancia de esta acción de tutela, pues en la misma se explicó por qué RCN trasgredió la Ley 1098 de 2006, lo que se consumó con la falta de autorización de los padres del menor para publicar imágenes que permitieron determinar la identidad del niño, argumentos que llevaron al juez constitucional a considerar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en descongestión no vulneró derecho alguno de la sociedad tutelante.

Ahora bien, respecto a la afirmación de RCN relativa a que la “Ley 1098 de 2006 no señaló formalidad alguna respecto de la autorización que deben dar los padres para transmitir una noticia en la que intervengan sus hijos menores de edad”, lo cierto es que, aunque en tal ley no hay una puntualidad respecto de cómo debe presentarse la autorización, tal norma sí señala que al menos deba existir tal permiso, aspecto que RCN no logró probar.

Entonces, lo que reprocha RCN obedece a no estar conforme con la valoración del material probatorio allegado para declarar su falta de pericia y cuidado en la transmisión audiovisual del 12 de junio de 2007, más no que la censura que alude, correspondiera a una actuación grosera en contravía del ordenamiento y en particular del derecho al debido proceso.

Por otra parte, la Sala resalta que el límite de acción para resolver una impugnación está supeditada en los reparos que se presenten contra la entidad accionada y para este caso en concreto, la sociedad no se presentó cargos respecto a la decisión del tribunal.

Ha reiterado la Sala que la petición de amparo dirigida a obtener que el juez constitucional otorgue la apreciación pretendida por el tutelante, al cuestionar sobre la fuerza y valor de las pruebas que el juez natural consideró, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, razonables y proporcionales, no puede ser admitida como motivo de transgresión al derecho fundamental invocado —ni de ningún otro— so pena de desconocer la autonomía e independencia, atributos de los que está revestida la función judicial dentro de los límites constitucionales y legales (artículos 228 y 230 constitucional), pues convertiría a la tutela en una tercera instancia, lo cual le está vedado al juez de amparo.

Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia de 23 de octubre de 2014 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó el amparo deprecado, para en su lugar, declarar la improcedencia de la solicitud de tutela que interpuso la sociedad RCN Televisión S.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia de 23 de octubre de 2014 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó el amparo deprecado, para en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela que interpuso la sociedad RCN Televisión S.A.

2. NOTIFICAR esta providencia en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

4. Por Secretaría, devuélvase al juzgado 22 administrativo de descongestión de Bogotá el expediente radicado bajo el Nº 2010-00287-01 presentado en ejercicio de la acción contractual, que fue enviado en calidad de préstamo en cumplimiento del oficio JP/9358 (fl. 1116 del C1).

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Alberto Yepes Barreiro—Susana Buitrago Valencia. 

1 Ver folio 21.

2 En condición de concesionaria de un canal de televisión de operación privada.

3 El Juzgado declaró la nulidad de la resoluciones 1147 del 19 de octubre de 2009 y 769 del 3 de agosto de 2010 y condenó a la Comisión Nacional de Televisión a restituir los dineros pagados por RCN con fundamento en que: “en el material probatorio obrante en el proceso no reposa la autorización a que debió acudirse en el momento de desarrollo de la noticia, no obstante, el despacho encuentra que la norma no especifica el alcance de la autorización requerida ni los requisitos formales para considerar que hubo cumplimiento de esa formalidad”.

4 En relación con la vía de hecho de las providencias judiciales puede consultarse, entre muchas otras la sentencia T-162 de 1999 de la Corte Constitucional.

5 Al respecto véase la sentencia T 949 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

6 Consejo de Estado-Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, radicado: 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.