Sentencia 2014-01787 de mayo 11 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: Exp. 11001-03-15-000-2014-01787-01

Conjuez Ponente:

Dr. Jesús María Lemos Bustamante.

Acción de tutela

Actor: Alberto Rojas Ríos

Bogotá D.C., once de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «7. Consideraciones.

7.1. Competencia.

La acción de tutela es un instrumento jurídico de carácter subsidiario e inmediato que busca brindarle a toda persona la posibilidad de acudir a la justicia de una manera informal en procura de obtener protección directa de sus derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades y aún, en ciertos casos, de los particulares, siempre que no disponga de otros medios de defensa judicial, a menos que busque evitar un perjuicio irremediable y actual del derecho sujeto a violación o amenaza. (C.P., art. 86)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y el literal b) del artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra el fallo de tutela proferido el 3 de diciembre de 2014 por la Sala de Conjueces de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

7.2. Problema Jurídico.

En el presente asunto el problema jurídico radica en determinar si la acción de tutela resulta procedente para cuestionar la sentencia de única instancia proferida dentro de la acción de nulidad electoral 2013-00024, por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que declaró la nulidad del acto de elección del ciudadano Alberto Rojas Ríos como Magistrado de la Corte Constitucional.

De resultar procedente, se presenta un segundo problema jurídico, consistente en determinar si la mencionada autoridad judicial vulneró los derechos fundamentales del actor al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, al proferir la sentencia del 25 de junio de 2014, incurriendo en posibles defectos objeto de la acción de tutela.

Se advierte que la Sala solo abordará el estudio del problema así planteado pues la sentencia electoral cuestionada resolvió dos cargos de la petición de nulidad, el primero referido al procedimiento de elección del actor por aspectos de procedimiento, y el segundo por su conducta personal, aspecto éste que fue definido por la sentencia en su favor y que constituye cosa juzgada.

7.3. La acción de tutela contra decisiones judiciales.

7.3.1. Breve reseña histórica.

Inicialmente la Corte Constitucional no estuvo de acuerdo con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Así en la Sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11(10), 12(11), 25(12) y 40(13) del Decreto 2591 de 1991, sostuvo que, si bien los jueces son autoridad pública, atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía judicial, la tutela no procede para cuestionar sus providencias.

Sin embargo, muy pronto, amparada en la motivación de la referida decisión, en el análisis literal del artículo 86 de la Constitución Política y de normas que integran el bloque de constitucionalidad(14), aduciendo que ostenta autoridad sobre la interpretación que debe darse a sus propias providencias, consideró en varias decisiones posteriores que esta Sentencia no eliminó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales sino que, por el contrario, la viabilizó en tratándose de situaciones constitutivas de vía de hecho(15) que lesionen derechos fundamentales.

Posteriormente, luego de un largo desarrollo jurisprudencial(16), en la Sentencia C-590 de 2005(17) sintetizó su línea en relación con el asunto afirmando la procedencia excepcional y restringida de la acción de tutela contra providencias judiciales en los casos en los que se acrediten requisitos de forma(18) y de procedencia material(19)(20), superando en relación con este último aspecto la noción clásica de vía de hecho(21).

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por su parte, en un principio, mediante decisión de 29 de enero de 1992 [AC-009], C.P. Dra. Dolly Pedraza de Arenas, consideró improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala mediante Sentencia de 29 de junio de 2004, radicado AC-10203, con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda.

Empero, a partir de la primera de las decisiones citadas e incluso con posterioridad a la segunda, algunas Secciones de la corporación admitieron el cuestionamiento de una decisión judicial a través de la acción de tutela en casos en los cuales se evidenciara la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia(22).

Finalmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en Sentencia de 31 de julio de 2012, Exp: 110010315000200901328 01, actor: Nery Germania Álvarez Bello, M.P. Dra. María Elizabeth García González, expuso:

“[…] se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

[…]

DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.

[…]” (negrillas del texto).

De lo expuesto se concluye que la postura mayoritaria, aun dentro del Consejo de Estado, es admitir la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, en razón a la vigencia de los derechos fundamentales dentro del marco de un Estado Social de Derecho.

7.3.2. Requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela.

La Sala abordará el estudio de la procedibilidad de la acción de tutela instaurada por el señor Alberto Rojas Ríos contra la sentencia proferida el 25 de junio de 2014 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado teniendo en cuenta los parámetros anteriormente expuestos, fundamentalmente en la Sentencia C-590 de 2005 que, como ya se dijo, unificó criterios y sistematizó las tesis de las hasta entonces denominadas vías de hecho, estableciendo unos requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, tanto genéricos como específicos, así:

7.3.2.1. Requisitos generales.

“24. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

 d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

 e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

 f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”(23).

7.3.2.2. Requisitos específicos.

Afirma la Corte Constitucional que el cumplimiento de los anteriores requisitos no es suficiente para que se tutelen los derechos fundamentales vulnerados por decisiones judiciales sino que además se requiere que la providencia judicial adolezca de algún vicio o defecto, denominados por la jurisprudencia constitucional “causales específicas de procedibilidad”, así:

“Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

 a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

 c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

 d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

 f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

 g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

 h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

 i. Violación directa de la Constitución”(24).

Los defectos o vicios señalados en la sentencia transcrita han sido desarrollados ampliamente desde el año 2005 hasta la fecha tutelando derechos fundamentales violados por providencias judiciales solo en casos excepcionales, con el fin de evitar que la tutela se convierta o se pretenda utilizar como una instancia adicional, en detrimento de las jurisdicciones ordinarias y del derecho a la seguridad jurídica.

Con base en lo expuesto y transcrito debe precisarse si en este caso estamos ante una situación que haga posible la aplicación excepcional de la acción de tutela.

7.4. Cumplimiento de los requisitos genéricos.

Se reitera que las causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, según la Sentencia C - 590 de 2005, son: a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Que cuando se trate de una irregularidad procesal la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y f) Que no se trate de sentencias de tutela.

En criterio de la Sala estos requisitos se cumplen en el presente caso por las siguientes razones:

7.4.1. Relevancia constitucional.

El primer requisito de procedencia de la tutela contra providencia judicial es que exista relevancia constitucional, es decir, que la providencia que vulnera o amenaza el derecho fundamental tenga una repercusión que trascienda la esfera individual y repercuta en los derechos fundamentales del accionante, con trascendencia social.

La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Además está de por medio la forma del ejercicio del procedimiento electoral en la cúpula de la jurisdicción Contencioso Administrativo, con repercusiones en el proceso de elección que corresponde al Congreso del órgano límite de la jurisdicción constitucional de Colombia, hecho que por sí solo explica la trascendencia constitucional del tema pues no se trata simplemente de la presunta vulneración de derechos subjetivos del actor sino del ejercicio mismo del poder electoral en el máximo órgano contencioso administrativo de Colombia. Desde esta perspectiva no cabe duda de la importancia del tema no solo para el ordenamiento jurídico sino para la sociedad en general, con lo que se cumple la primera causal genérica de procedibilidad.

7.4.2. Agotamiento de todos los medios de defensa judicial.

En principio, como la decisión controvertida es de única instancia, de conformidad con lo previsto en los artículos 149.1 del CPACA y 13 del Acuerdo 58 de 1999 reglamento interno del Consejo de Estado (citados por la sentencia controvertida al fijar la competencia) y en el artículo 149.4 del CPACA, podríamos afirmar que se han agotado todos los medios ordinarios de defensa judicial.

Sin embargo, como la legislación contencioso administrativa consagra el recurso extraordinario de revisión es necesario analizar el procedimiento electoral para determinar si puede aún el accionante hacer uso de este recurso extraordinario, caso en el cual no sería procedente la acción de tutela impetrada.

El recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos 248 a 255 del CPACA. Como el artículo 248 dispone que procede, entre otras, contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, puede entenderse que procede aun contra las sentencias de única instancia.

Ahora bien, las causales de revisión están previstas en el artículo 250 Ibídem:

“ART. 250.—Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

PAR.—Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”.

Revisado el expediente se advierte que de las causales de revisión transcritas solo sería aplicable la 5 “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”. Ahora bien, la configuración de la nulidad originada en la sentencia está regulada en el artículo 294 del CPACA que señala de manera taxativa las causales así:

“ART. 294.—Nulidades originadas en la sentencia. La nulidad procesal originada en la sentencia únicamente procederá por incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al previsto por la ley.

Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o Magistrado Ponente rechazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en causal distinta de las mencionadas”.

Estas causales son taxativas, prueba de ello es que la norma dispone que cualquier otra causal diferente deberá ser rechazada de plano por improcedente.

Debe advertirse que con anterioridad el apoderado del actor, mediante escrito del 21 de julio de 2014, solicitó la nulidad de la sentencia electoral de 25 de junio de 2014 invocando varias causales de nulidad, entre ellas la indebida conformación de la Sala de decisión; falta de jurisdicción, lo cual se traduce en falta de competencia; indebida interpretación de la norma; e imposibilidad de que el Consejo de Estado juzgue su propio acto. Su solicitud fue rechazada por improcedente mediante providencia del 28 de julio de 2014, que se notificó mediante estado del 29 de julio de 2014(25), por considerar que la causal de indebida conformación de la designación de Conjueces se alegó de manera extemporánea a la luz del artículo 284 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que las aducidas no son causales de nulidad originadas en la sentencia y por ello no pueden ser objeto del recurso extraordinario de revisión, razón por la cual, de alegarse, deberían ser rechazadas de plano.

En estas condiciones encuentra la Sala que el accionante carece tanto de medios ordinarios como de recursos extraordinarios para defender sus intereses lo que lleva a concluir que se cumple también con este requisito general de procedibilidad de la acción de tutela.

7.4.3. El requisito de inmediatez.

Este requisito debe considerarse satisfecho porque la Sentencia cuestionada de la Sección Quinta se notificó por edicto el 3 de julio de 2014 y la tutela se instauró el 16 de los mismos mes y año, por lo que cumple con el requisito de inmediatez, de conformidad con los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, que han acogido términos que varían entre los seis meses y un año para presentar la petición de amparo.

7.4.4. Alegación de los hechos en la instancia judicial.

Dentro del escrito de tutela la parte accionante expresó de manera clara los hechos y argumentos que la llevaron a atacar por esta vía la providencia judicial; y la decisión cuestionada no se profirió en el marco de una acción de tutela sino dentro de una acción de nulidad electoral, por lo que se cumplieron estos dos requisitos exigidos.

7.5. Cumplimiento de los requisitos específicos.

Como ya se dijo, el cumplimiento de las causales genéricas de procedibilidad no es suficiente para que por vía de acción de tutela se pueda atacar un providencia judicial sino que, además, se hace necesario que la providencia acusada contenga algún vicio o defecto que constituya una de las causales específicas de procedibilidad, que pueden resumirse como:

A) Defecto orgánico; B) Defecto procedimental absoluto; C) Defecto fáctico; D) Defecto material o sustantivo; E) Error inducido; F) Decisión sin motivación; G) Desconocimiento del precedente; H) Violación directa de la Constitución.

En el caso que nos ocupa, la decisión cuestionada incurrió, según el actor, en los siguientes defectos: i) indebida interpretación del Reglamento Interno del Consejo de Estado, ii) exceso ritual manifiesto en la interpretación del mismo, iii) falta de notificación al Consejo de Estado del auto admisorio de la demanda, iv) falta de jurisdicción de la Sección Quinta de la corporación para conocer de la demanda de nulidad electoral y v) desconocimiento del trámite legalmente establecido para designación de Conjueces.

A pesar de que algunos de estos supuestos defectos no pueden ser considerados como requisitos o causales especiales de procedibilidad porque no encuadran en ninguno de los defectos o circunstancias que la Corte señala como causales especiales de la procedibilidad de la tutela, la Sala se pronunciará acerca de todos pero agrupándolos, teniendo en cuenta que algunos de ellos se habrían producido desde que se inició el trámite de la acción de nulidad electoral y otros habrían acaecido con ocasión de la sentencia proferida, dado que si se constata su ocurrencia anterior a la sentencia, es decir, durante el trámite del proceso electoral no pueden ser objeto de cuestionamiento a través de la acción de la tutela.

7.5.1. De los defectos supuestamente configurados durante el trámite de la acción de nulidad electoral 2013-00024.

Bajo esta modalidad, se incluyen los supuestos defectos de falta de jurisdicción de la Sección Quinta de la corporación para conocer de la demanda de nulidad electoral, el desconocimiento del trámite legalmente establecido para la designación de Conjueces y la falta de notificación al Consejo de Estado del auto admisorio de la demanda.

Ahora bien, como se advierte, se trata de cuestiones de procedimiento que, en el evento de haberse dado, la parte afectada debió alegarlas dentro del proceso. Se reitera que las causales de nulidad en el trámite de un proceso judicial deben estar previamente establecidas en la ley y en el caso de los procesos contencioso administrativos, las causales están previstas en el artículo 208 del CPACA, que remite al artículo 133 del Código General del Proceso. Estas normas prescriben:

“ART. 208.—Nulidades. Serán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil y se tramitarán como incidente”.

Y,

“ART. 133.—Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

PAR..—Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”.

Respecto al saneamiento de las nulidades, el artículo 136 ibídem, de manera expresa, prescribe que las mismas se podrán declarar saneadas en ciertos casos:

“ART. 136.—Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.

2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada.

3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa.

4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.

PAR.—Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son insaneables”.

En cuanto a la oportunidad para que una presunta nulidad o irregularidad deba ser alegada, el artículo 134 del Código General del Proceso dispone:

“ART. 134.—Oportunidad y trámite. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades.

(…)

La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, solo beneficiará a quien la haya invocado. Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará el contradictorio”.

De lo expuesto se concluye que las nulidades o irregularidades procesales “podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella” y deberán ser objeto de pronunciamiento o saneamiento, si es el caso, en los términos de los artículos 180, numeral 5º, y 207 del CPACA, que ordenan:

“ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

(…)

5. Saneamiento. El juez deberá decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias.

(…)”

“ART. 207.—Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes”.

En el caso concreto, en consecuencia, los defectos analizados, alegados por la parte actora, falta de jurisdicción de la Sección Quinta de la corporación para conocer de la demanda de nulidad electoral, desconocimiento del trámite legalmente establecido para la designación de Conjueces y falta de notificación del auto admisorio de la demanda al Consejo de Estado, de configurarse, ocurrieron durante el trámite del proceso, razón por la cual debieron ser invocados dentro del mismo.

Examinado el expediente se concluye que el actor no alegó los supuestos defectos, nulidades o irregularidades en la respectiva oportunidad procesal. En efecto:

El proceso de nulidad electoral 2013-00024, adelantado en contra del acto de elección del señor Alberto Rojas Ríos como magistrado de la Corte Constitucional, se inició por demanda interpuesta por el ciudadano Pablo Bustos Sánchez (fls. 1 a 19), radicada el 24 de mayo de 2013, que correspondió por reparto al consejero doctor Alberto Yépez Barreiro (fl. 37), quien se declaró impedido para conocer del asunto mediante escrito del 20 de junio de 2013, situación igualmente manifestada por la Doctora Susana Buitrago, en escrito del 27 de junio de 2013.

Por auto del 2 de junio de 2013 (fls. 49 a 58), la Doctora Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez declaró fundados los impedimentos manifestados por los Consejeros, los separó del conocimiento de la acción, ordenó el sorteo de conjueces y avocó el conocimiento de la misma.

Una vez adelantados los trámites pertinentes, fueron asignados como conjueces para integrar la Sala de conocimiento los doctores Eduardo Medellín Becerra, Jaime Córdoba Triviño y Gabriel de la Vega.

Por auto del 2 de septiembre de 2013 (fls. 117 a 127), se admitió la demanda electoral y se negó la solicitud de suspensión provisional del acto acusado. En su numeral 4º se dispuso la notificación personal de la demanda a la Rama Judicial – Consejo de Estado, por intermedio del Director Ejecutivo de la Administración Judicial, por haber intervenido dicha autoridad en la adopción del acto demandado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 277 del CPACA.

La dirección ejecutiva, el 17 de septiembre de 2013, contestó la demanda. De la misma manera el señor Alberto Rojas Ríos, a través de apoderado judicial, contestó la demanda sin formular cargo de nulidad alguno de los aducidos como defectos en el escrito de tutela. (fls. 140 a 144).

Por auto del 30 de octubre de 2013 se citó a Audiencia Inicial para el 8 de noviembre de 2013 a las 10:00 am. Según el acta de la misma, no se advirtió ningún vicio que invalidara la actuación surtida. La situación fue notificada a las partes por estrados y guardaron silencio, pese a que se les advirtió que contra la decisión procedía el recurso de reposición. Como consecuencia la Consejera Ponente declaró saneado el proceso y ordenó continuar con la audiencia.

De otra parte, la apoderada de la rama judicial solo propuso como excepción la de “falta de causa para demandar”, y como la misma ataca el fondo del asunto se determinó que sería decidida en la sentencia; la decisión fue notificada en estrados y las partes guardaron silencio.

Adelantadas las demás etapas previstas en el artículo 180 de CPACA, fijación del litigio, decreto de pruebas, traslado de pruebas, se determinó que no había lugar a práctica de pruebas por lo que se prescindió de esta etapa. La decisión fue notificada a las partes en estrados y no se manifestó oposición alguna.

Por auto del 6 de mayo de 2014, (fl. 368) se convocó a audiencia de Alegaciones y Juzgamiento para el 16 de mayo de 2014, a las 10:00 a.m, en la Sala de Audiencias del Consejo de Estado. Según el acta de la misma, a solicitud de la apoderada del Congreso de la República, se accedió, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia y el derecho a la defensa, a aplazar la celebración de la audiencia hasta el 30 de mayo del mismo año.

Por auto del 28 de mayo de 2014 se fijó como nueva fecha de la Audiencia de Alegaciones y Juzgamiento el 9 de junio de 2014, a las 3:00 pm.

En el acta de la misma se dejó constancia de que las partes allegaron por escrito los alegatos de conclusión (fls. 449 a 454) y de que la ponente manifestó que haría uso del término previsto en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011, es decir, que la sentencia sería proferida dentro de los 30 días siguientes a la celebración de la audiencia.

En el escrito de alegatos de conclusión, el apoderado del señor Alberto Rojas Ríos (fls. 455 a 466) no alegó causal de nulidad, irregularidad o defecto alguno de los aducidos en el escrito de tutela.

Finalmente la sentencia se profirió el 25 de junio de 2014, (fls. 487 a 555).

Como se advierte, el actor nunca alegó dentro del proceso contencioso electoral las causales de nulidad o las irregularidades que presenta ahora en la acción de tutela como defectos encaminados a controvertir la sentencia de 25 de junio de 2014 y, por ende, no puede el juez de tutela, invadiendo competencias que no le corresponden, pronunciarse frente a aspectos que no fueron debidamente expuestos en su momento ante el juez natural.

Adicionalmente debe decirse que si, en gracia de discusión, estos defectos pudiesen configurar nulidades o irregularidades, como no fueron invocados durante el proceso contencioso antes de dictar la sentencia que le pusiera fin, a la luz de la normatividad reseñada, deben tenerse como saneados.

Es más, según consta en los cuadernos 1A y 1B del expediente original, la sentencia del 25 de junio de 2014 fue objeto de solicitud de aclaración por parte del apoderado del señor Alberto Rojas Ríos y de solicitud de adición, aclaración y nulidad por parte del apoderado del Senado de la República. La solicitud del apoderado del señor Rojas Ríos, accionante en tutela, no hace referencia a ninguno de los aspectos aducidos en el escrito de tutela, solo manifiesta su inconformidad respecto de la motivación de la sentencia. Ambas solicitudes fueron resueltas desfavorablemente mediante providencias del 16 de junio de 2014(26), notificadas por Estado el 14 de julio de 2014.

Finalmente, abundando en razones, en relación con la aducida falta de jurisdicción de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer de la acción de nulidad electoral contra el acto de elección del señor Alberto Rojas Ríos como Magistrado de la Corte Constitucional, conviene aclarar que, de folios 442 a 470 del expediente de tutela, obra providencia del 16 de octubre de 2014, suscrita por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dentro del expediente 2014-01634-00, que resuelve la solicitud elevada por el señor Alberto Rojas Ríos el 11 de julio de 2014 en el sentido de fijar jurisdicción constitucional para conocer “del proceso promovido contra el Acuerdo 43 de 6 de marzo de 2013, mediante el cual se acordó integrar una terna con los abogados Alberto Rojas Ríos, Alejandro Linares Catillo y Martha Lucía Zamora Ávila, de la cual el Senado de la República debía elegir Magistrado de la Corte Constitucional”, en los siguientes términos:

“1. DECLARAR la inexistencia de un conflicto de competencia entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria dentro de la presente actuación y, por consiguiente, INHIBIRSE de dirimir un conflicto de jurisdicción por carencia de objeto, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

2. RECHAZAR por improcedente la petición de asignación de jurisdicción formulada mediante apoderado por el abogado Alberto Rojas Ríos, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(…). ”

En conclusión, la acción de tutela en relación con los defectos analizados resulta improcedente.

7.5.2. De los supuestos defectos configurados con la sentencia del 25 de junio de 2014, proferida dentro de la acción de nulidad electoral 2013-00024.

En la demanda de tutela argumenta el accionante que al proferir la providencia judicial de 25 de junio de 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, vulneró tres de sus derechos fundamentales, debido a que incurrió en: i) defecto sustantivo, ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, iii) defecto procedimental absoluto, iv) falta de jurisdicción, v) defecto procedimental derivado y vi) violación directa de la Constitución.

En este grupo, se estudiarán los defectos alegados consistentes en indebida interpretación del Reglamento Interno del Consejo de Estado y exceso ritual manifiesto, toda vez que precisamente fue en la sentencia donde la Sala de conocimiento posiblemente pudo incurrir en los mismos, al tomar la decisión.

Se recuerda que, según la Corte Constitucional, se presenta el defecto fáctico cuando el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que sustenta la decisión o cuando efectúa la valoración probatoria de manera defectuosa(27).

En este evento los defectos alegados por el actor, indebida interpretación del Reglamento Interno del Consejo de Estado y exceso ritual manifiesto, de encontrarse probados, podrían configurar un defecto fáctico, por cuanto dejarían la decisión atacada sin apoyo probatorio que permitiera fundar legalmente la decisión, más que el defecto material o sustantivo que plantea el actor.

Por esta razón, la Sala centrará su atención en los denominados por el actor “defecto sustantivo” y “defecto procedimental por excesivo ritual manifiesto”, que sustentó en la petición de tutela aduciendo que la providencia electoral impugnada interpretó y aplicó de manera errada el reglamento de la corporación y valoró equivocadamente el acta y el audio de la sesión de 6 de marzo de 2013 en la que la Sala Plena del Consejo de Estado integró la referida terna.

Analizará la Sala la argumentación expuesta tanto en la demanda de tutela como en el recurso de impugnación, contrastándola con el material probatorio obrante en el expediente electoral y con la normatividad constitucional, legal y reglamentaria aplicable al caso concreto, para concluir si en el sub lite se acredita el cumplimiento de alguno de los requisitos específicos de procedibilidad excepcional de la tutela contra providencias judiciales en que hubiere podido incurrir la autoridad judicial demandada al dictar la sentencia de 25 de junio de 2014.

Hechas las anteriores precisiones, se hará un recuento de la manera como la providencia judicial atacada interpretó y aplicó el reglamento interno del Consejo de Estado y de la valoración probatoria realizada sobre lo ocurrido en la sesión de Sala Plena del Consejo de Estado en la que se conformó la terna para la elección de magistrado de la Corte Constitucional.

La providencia impugnada adujo que en la sesión de Sala Plena del Consejo de Estado del 6 de marzo de 2013, en la que se conformó la terna remitida al Senado de la República y de la cual fue elegido el actor como magistrado de la Corte Constitucional, se desconoció el reglamento interno del Consejo de Estado, contenido en el Acuerdo de Sala Plena 58 de 15 de septiembre de 1999, particularmente en sus artículos 37 y 45, cuyos textos son los siguientes:

“ART. 37.—Forma de votación. Las votaciones serán nominales, salvo cuando se trate de hacer elecciones, en cuyo caso siempre serán secretas.

(...)

ART. 45.—Votación. Toda elección se hará por voto secreto. Si la Constitución o la ley no señalan el mínimo de votos necesarios para elegir, este será el de las dos terceras partes de los miembros que componen el Consejo, la Sala, Sección o Subsección a la que corresponda la elección.

PAR.—En caso de reiteradas votaciones sin poder elegir, la corporación podrá, para ese caso específico, optar por otro procedimiento”.

La argumentación que la llevó a tal conclusión puede resumirse así: contrariando la normatividad transcrita, la Sala Plena del Consejo de Estado efectuó de manera nominal y pública, no secreta, la votación que seleccionó a dos de los miembros de la terna que posteriormente fue enviada al órgano legislativo, pues se hizo poniéndose de pie los magistrados, según consta en el acta y en el audio de la sesión.

Afirmó que, si bien no aparece en dicha acta: “la determinación individual de los Magistrados de expresar el nombre de su escogido para integrar la citada terna, ni existe manera de asociar los votos expresados en las papeletas con la voluntad de cada uno de los consejeros”,… “de lo recogido en el audio se evidencia que, la mayoría de magistrados manifiestan públicamente su intención de voto poniéndose de pie...(28)”.

Luego de trascribir la parte pertinente del audio de la sesión, expone que ese día los Consejeros de Estado realizaron 13 rondas de votaciones, de las cuales las doce primeras fueron secretas mientras que la décimo tercera se realizó de manera pública, visible y plenamente identificable, en franco desconocimiento de los artículos 37 y 45 del Acuerdo 58 de 1999, reglamento interno de la corporación, y solo después tal manifestación fue consignada en las correspondientes papeletas, corroborando la expresión pública de voluntad anterior. Esta votación abierta, prosigue, permitió determinar con precisión cuáles consejeros estaban de acuerdo con la opción de candidatos planteada, amén de que el mismo presidente de la corporación dispuso que la ratificación por escrito depositando la papeleta se hiciera mientras los consejeros electores permanecían de pie, en evidente posición de respaldo, lo que avala la violación del Reglamento Interno de la corporación.

Manifiesta:

“La propuesta de que se votara de manera nominal generó que i) la mayoría de Consejeros se pusieran de pie y fueran contados, ii) la Consejera Stella Conto Díaz del Castillo, de forma oportuna y ceñida al artículo del Reglamento Interno del Consejo de Estado, dejara constancia de que no participaba en esa votación pública porque violaba el reglamento interno, como ya también lo había hecho el magistrado William Zambrano Cetina, y iii) se dispusiera por el Presidente de la corporación "ratificar" de forma escrita la decisión tomada (minuto 02:01:52). Esta votación abierta permitió determinar con precisión los consejeros que estaban de acuerdo con la opción de candidatos planteada, perdiendo el sentido y filosofía del sufragio secreto, como es no permitir direccionar o sesgar la voluntad de los electores a medida que se hace pública la manifestación de cada uno de ellos. Pero además el mismo presidente de la corporación dispuso que la ratificación por escrito depositando la papeleta se hiciera mientras los consejeros electores permanecían de pie.

(...)”.

7.6. Análisis de la Sala.

Esta Sala de tutela no comparte la valoración probatoria realizada por la Sección Quinta en la sentencia cuestionada pues, contrariamente a lo concluido en dicho fallo, de la lectura del acta y de la audición del audio de la mencionada sesión, lo que se aprecia es que la ronda de votación que concluyó con la elección del actor fue secreta y no pública ni nominal.

En efecto, revisados en su integridad el acta y el audio de la sesión de Sala Plena del Consejo de Estado de 6 de marzo de 2013, se advierte que en la ronda número 13 de votación, realizada a las 02-02-21, el binomio Zamora- Rojas obtuvo un total de 21 votos, mediante el mecanismo de ponerse de pie. Empero, como se presentó controversia sobre la validez de tal votación según el tenor del reglamento del Consejo, se optó por ratificarla mediante una nueva ronda de votación, la 14, efectuada a las 02-04-21, esta vez escrita y secreta para ajustarse al procedimiento literal del reglamento. Escrutada esta nueva ronda, los votados Zamora-Rojas obtuvieron no ya 21 votos sino 23, sin que se supiera la identidad de los Consejeros que estuvieron de acuerdo en votar por ellos.

Es de máxima importancia resaltar que a la votación número 13 la Sala Plena no le atribuyó ningún efecto jurídico, no la tuvo como soporte para declarar integrada la terna, pues solo después de realizada la votación número 14, mediante voto escrito y secreto, a las 02-04-21, el Presidente pregunta a la Sala si declara elegidos esos dos nombres y constituida la terna para la Corte Constitucional. A las 02-05-32 pregunta si autoriza convocar una rueda de prensa para dar a conocer los nombres.

En estas condiciones la sentencia electoral controvertida incurrió en error de interpretación y apreciación al considerar que las dos rondas de votación integraron una sola y al atribuirle a la número 14 los defectos acaso predicables de la número 13, que no produjo efectos jurídicos, desconociendo la realidad de los hechos tal como aparecen consignados en el audio de la respectiva sesión, transcrito en el mismo fallo.

En este orden de ideas, es evidente el error constitutivo de defecto fáctico en que incurrió la Sección Quinta al valorar el acta y el audio de la sesión de Sala Plena del Consejo de Estado del 6 de marzo de 2013, error grave de valoración que afectó de manera directa los derechos fundamentales invocados por el actor y que originó el defecto imputado de indebida interpretación del Reglamento Interno del Consejo de Estado y exceso de ritual manifiesto, que afecta la sentencia de 25 de junio de 2014, con la consecuente configuración de la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra tal providencia judicial.

Al encontrar vulnerados, según lo expuesto, los derechos fundamentales invocados por el señor Alberto Rojas Ríos, la Sala revocará la sentencia de tutela de primera instancia de 3 de diciembre de 2014, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela impetrada.

Como consecuencia, concederá el amparo impetrado y dejará sin efectos la providencia judicial de 25 de junio de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en el proceso ordinario de Nulidad Electoral 11001-03-15-000-2014-01787-00, por medio de la cual se declaró nula la elección del ciudadano Rojas Ríos como magistrado de la Corte Constitucional, y ordenará a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial y a la Presidenta de la Corte Constitucional que, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, dispongan lo necesario para que el actor sea reintegrado como magistrado de la Corte Constitucional por el resto del período para el cual resultó elegido.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia impugnada del 3 de diciembre de 2014, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que negó la acción de Tutela impetrada por el señor Alberto Rojas Ríos en contra de la Sección Quinta de la misma corporación.

En su lugar:

1. AMPÁRANSE los derechos fundamentales invocados por el demandante al debido proceso; al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.

2. DÉJASE sin efectos la providencia judicial de 25 de junio de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en el proceso ordinario de Nulidad Electoral 11001-03-15-000-2014-01787-00.

3. ORDÉNASE a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial y a la Presidenta de la Corte Constitucional que, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, dispongan lo necesario para que el ciudadano ALBERTO ROJAS RÍOS sea reintegrado como magistrado de la Corte Constitucional por el resto del período para el cual resultó elegido.

4. NOTIFÍQUESE esta providencia por el medio más expedito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí previstos.

5. En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Magistrados: Jesús María Lemos Bustamante, Conjuez—Ernesto Forero Vargas, Conjuez—Ílvar Nelson Arévalo Perico, Conjuez—Álvaro Escobar Henríquez, Conjuez—Sandra Lisset Ibarra Vélez, consejera con salvamento de voto.

(10) Que regulaba un término de caducidad para la interposición de acciones de tutela contra providencias judiciales. Norma declarada inexequible en la referida decisión.

(11) El cual establecía: “La caducidad de la acción de tutela no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación mediante otra acción, si fuere posible hacerlo de conformidad con la Ley.”. Norma declarada inexequible en la Sentencia C-543 de 1992.

(12) Que regula el tema de “indemnizaciones y costas”. Disposición que se encontró ajustada al ordenamiento constitucional en la Sentencia citada.

(13) Por el cual se establecían reglas de reparto cuando el objeto de la acción constitucional recayera en una providencia judicial. Artículo que se declaró inconstitucional en la decisión anotada.

(14) Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

(15) En la providencia SU-159 de 2002 se consideró en relación con la “vía de hecho” que: “[…] Este es un concepto elaborado por la jurisprudencia para referir aquellas actuaciones judiciales en las que el juez que decide un conflicto jurídico asume una conducta que contraría de manera evidente el ordenamiento vigente violando derechos fundamentales […]”.

(16) Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004.

(17) Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004.

(18) Que el asunto tenga relevancia constitucional; que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; que se cumpla con el requisito de inmediatez; que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, que no se trate de sentencias de tutela.

(19) La configuración de uno o varios de los siguientes defectos: sustantivo o material, fáctico, orgánico, procedimental, desconocimiento del precedente, error inducido, ausencia de motivación o violación directa de la Constitución.

(20) Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013.

(21) Al respecto ver lo sostenido en las sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de 2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido [Sentencia T-462 de 2003].

(22) Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp. 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp. 2010-00559.

(23) Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño

(24) Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño

(25) Ver folios 837-841.

(26) Ver folios 780 – 797 Cuaderno 1B Expediente 2013-00024.

(27) Sentencia T-267 de 2013. “Tal situación se presenta cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando existiendo pruebas ilícitas no las excluye y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.

También se configura en hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, como sucedió por ejemplo en el caso de la sentencia T-450 de 2001, en el que un juez de familia, en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió aumentar la cuota alimentaria al demandado.

Igualmente tienen cabida en el supuesto bajo estudio los eventos en los cuales el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte dentro del proceso. Un caso de esta naturaleza fue examinado por la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-1065 de 2006, en la cual se cuestionaba, por vía de tutela, la providencia proferida por un Tribunal de Distrito mediante la cual se denegaba el reconocimiento de una pensión de invalidez al actor, debido a que se había dado por acreditado sin estarlo, el pago de la indemnización sustitutiva.

En la Sentencia T-458 de 2007 la Sala Octava de Revisión examinó la acción interpuesta contra una decisión proferida por una jueza de menores, mediante la cual decidía la cesación del procedimiento en una investigación que se adelantaba por un supuesto delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, cuya presunta víctima era una menor de edad. Estimó la Sala de Revisión que la providencia atacada en sede de tutela se configuraba un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, porque desconocía el alcance de un dictamen pericial rendido dentro del proceso.

En conclusión, es procedente una acción de tutela por defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente equivocada o arbitraria, ya sea porque se omite solicitar una prueba fundamental en el juicio, porque estando la prueba dentro del proceso no se valora, o porque pese a que es examinada dicha prueba se hace de manera defectuosa.”.

(28) Página 29 del citado fallo.