Sentencia 2014-01999 de Septiembre 4 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Rad.:1100102030002014-01999-00

Discutido y aprobado en Sala de la fecha

Bogotá D.C., cuatro de septiembre de dos mil catorce.

Se emite el pronunciamiento correspondiente sobre la demanda de tutela presentada por Ernesto Barrios Pérez, Nelson de Jesús Reyes Pérez y Ernesto barrios Pérez contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Antecedentes.

1. Los accionantes reclaman el resguardo de sus derechos al debido proceso, dignidad de las víctimas y controversia probatoria.

2. Señalan que el desconocimiento de sus garantías superiores se produjo con la providencia de 9 de mayo de 2014, por medio de la cual la Corporación convocada dispuso el cambio de radicación del proceso penal seguido en relación con Mónica Patricia Grillo Martínez, por el delito de estafa.

3. Apoyan la petición en que el aludido proveído les causa un impacto negativo, pues, en su condición de víctimas no podrán acudir en forma activa y directa al juicio penal, y llevar los testigos que son “determinantes”.

Consideraciones.

1. Esta decisión se adopta por todos los integrantes de la Sala de Decisión, para establecer, a partir de la fecha, un nuevo precedente judicial, que será el aplicable, en lo sucesivo, a los casos o materias análogas, en desarrollo de los derechos a la igualdad y seguridad jurídica.

2. Los antecedentes que se acaban de relatar, permiten establecer que los demandantes pretenden en este escenario constitucional, se deje sin efecto una providencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como máxima autoridad de la justicia ordinaria.

3. La jurisprudencia, hasta hoy vigente, venía sosteniendo que las acciones de tutela dirigidas contra las decisiones dictadas por su homóloga Penal, como órgano de cierre, no eran siquiera susceptibles de admitirse a trámite, por cuanto: (i) “no es concebible la colisión que representaría que una resolución final, según la propia Constitución, pudiera ser variada bajo el supuesto de su oposición a un derecho fundamental”; (ii) “no puede el juez constitucional habilitar una competencia por fuera de la Constitución” y (iii) “mal podría el juez constitucional ampliar antojadizamente su competencia, so pretexto de que los límites de su poder es asunto que él mismo debe definir en el camino y que no le fueron fijados ex ante por el constituyente” (CSJ ATC de 29 de junio de 2004, Rad. 00659-00, CSJ ATC de 25 de enero de 2005, Rad. 01495-00 y CSJ ATC de 21 de febrero de 2005, Rad. 00159-00).

En consonancia con esa misma línea argumentativa, se precisó en su momento que por los altos fines que se han depositado en la Corte, serían una simple ilusión, si cualquier autoridad judicial pudiese imponerle directrices para cumplir con las funciones de su propia competencia, emergiendo así la intangibilidad de las decisiones de carácter judicial emitidas por las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ ATC de 12 de julio de 2011, Rad 01422-00, entre otros).

4. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia desde esta fecha recoge el anterior criterio, por las razones jurídicas, que enseguida se indican puntualmente:

a) En el auto 100 de 2008 de la Corte Constitucional, se dijo que

“Debido a la efectiva conculcación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva de los accionantes que puede tener lugar en casos similares al estudiado en la presente decisión, en el cual a pesar que el peticionario hizo uso de la regla fijada en el Auto 04 de 2004 y ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia a admitir la acción instaurada acudió ante otras autoridades judiciales las cuales tampoco abocaron el conocimiento de la petición presentada, en adelante, cuando se presente una situación semejante en la cual la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela contra una de sus providencias, el tutelante tendrá la opción de (i) acudir a la regla fijada en el Auto 04 del 3 de febrero de 2004, es decir, presentar la acción de tutela ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de Justicia; o (ii) solicitar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia objeto de la acción de tutela”.

b) Dicha providencia ha supuesto, en la práctica, que jueces constitucionales diferentes a las Salas de Casación de la Corte, han asumido un control de fondo de providencias que han agotado no solo las instancias legales, sino incluso el muy riguroso análisis del recurso extraordinario de casación.

Es decir, que por esa vía, la tesis del órgano límite ha propiciado, de contragolpe, el efecto contrario que la animó, cual era evitar que se “habilitar[a] una competencia por fuera de la Constitución”.

c) En ese orden de ideas, y partiendo de la inobjetable premisa de que el Decreto 1382 de 2000 es disposición vigente en el ordenamiento colombiano, de acuerdo con el propio examen que hizo el Consejo de Estado como juez de la materia (C.E. Sec. 1ª, sentencia de 18 de julio de 2002), la Corte en lo sucesivo admitirá a trámite y resolverá en sentencia las demandas de tutelas que se interpongan contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ocasión de las providencias que dicte como máxima autoridad de la justicia ordinaria, así como también de las impugnaciones de tutela que involucren la Sala de Casación Laboral.

d) Los criterios o reglas de competencia que fija el anterior Decreto, preciso es señalarlo, resultan armónicos con la estructura que constitucional y legalmente se presenta dentro de la Rama Judicial, dado que en aplicación de la jerarquía o superioridad funcional se asigna la competencia de las acciones de tutela, lo que en últimas garantiza, que el examen que se haga de una decisión no resulte efectuado por un juzgador de especialidad diferente, o que una determinación adoptada por un juez colegiado se analice por una autoridad unipersonal.

El Consejo de Estado, sobre la materia indicó en sentencia del 6 de agosto de 2009, que

“[E]l Decreto 1382 de 2000, tiene en cuenta además de los criterios de competencia señalados, la naturaleza de las personas accionadas, su ubicación dentro de la estructura del Estado, y la relación jerárquica existente entre diferentes entidades, verbigracia, cuando indica que la acción de tutela que se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, cuando señala que se si promueve contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado, si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional del juez al que esté adscrito el fiscal, e incluso, cuando establece el trámite a seguir al interponerse contra los órganos judiciales de cierre en sus respectivas jurisdicciones. Estas reglas de competencias, permiten que el ejercicio y conocimiento de la acción de tutela no entre en colisión con principios de relevancia constitucional, como la jerarquía y especialidad de los órganos judiciales, y contribuyen a que exista un reparto sistematizado y equilibrado entre todos los jueces de la República de las distintas controversias planteadas mediante este medio de defensa judicial”.

5. En mérito de lo expuesto, la Corte recoge su precedente sobre el órgano límite, y, de contera, admitirá la presente acción de tutela, en aplicación de las reglas consagradas en el Decreto 1382 de 2000, y el reglamento interno al que remite, el cual prevé:

“Art. 44. La acción de tutela dirigida contra uno o varios magistrados de la misma Sala de Casación Especializada, o contra la respectiva Sala, se repartirá a la Sala de Casación que siga en orden alfabético”.

Decisión.

Con apoyo en lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

Resuelve:

1. Avocar el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Ernesto Barrios Pérez, Nelson de Jesús Reyes Pérez y Ernesto barrios Pérez contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

2. Notificar a la parte actora este proveído. Asimismo, anexando copia de la petición, entérese a la accionada a fin de que ejerzan sus derechos.

3. Enterar en forma inmediata este auto a quienes son partes e intervinientes en el trámite cuestionado para que puedan hacer valer sus garantías.

4. Tener como pruebas las aportadas junto con el libelo introductor.

Notifíquese.

(Presidente de la Sala), Jesús Vall de Rutén RuizMargarita Cabello BlancoÁlvaro Fernando García RestrepoFernando Giraldo GutiérrezAriel Salazar RamírezLuis Armando Tolosa Villabona.