Sentencia 2014-02162 de mayo 7 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2014-02162-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Actora: Empresa Colombiana de Petróleos —Ecopetrol—.

Acción de tutela.

Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil quince.

Procede la Sala a decidir la impugnación, oportunamente interpuesta por la actora, contra el fallo de 6 de noviembre de 2014, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados como vulnerados por aquella.

I. Antecedentes.

1.1. La Solicitud.

La Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por intermedio de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, para buscar la protección de su derecho fundamental al debido proceso.

1.2. Hechos.

Afirmó que los señores José Lindarte Silva y otros, presentaron demanda de reparación directa en su contra, para obtener el reconocimiento de los perjuicios causados con motivo de la explosión del Poliducto Pozos Ayachucho, ocurrida el 24 de abril de 1991 en la Comunidad de la Gran Vía, hoy zona bananera, en la que falleció la menor XXXX y resultaron lesionados los señores Alida Lindarte Silva, Álvaro Peña Lindarte, Luz Dary Peña Lindarte y Blanca Mireya Fuentes Lindarte.

Mencionó que la demanda le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, quien en sentencia de 18 de mayo de 2012, declaró probada la excepción de caducidad de la acción, por considerar que el hecho dañoso ocurrió el 25 de abril de 1991, de suerte que la parte actora tenía hasta el 25 de abril de 1993 para presentar la acción de reparación directa, no obstante, esta se presentó hasta el 25 de marzo de 2007.

Adujo que contra la anterior decisión, la parte allí accionante interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Magdalena en sentencia de 21 de mayo de 2014, en el sentido de revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, consideró que por el momento en que ocurrió el hecho dañoso, esto es el 24 de abril de 1991, la jurisdicción competente para conocer la acción era la ordinaria por tratarse de una demanda de responsabilidad civil extracontractual, por lo que resultaba aplicable el artículo 2536 del Código Civil, que consagra la prescripción de 20 años para el ejercicio de las acciones ordinarias. Sin embargo, cuando la parte actora presentó la demanda, esto es el 25 de marzo de 2007, ya estaba rigiendo la Ley 1107 de 2006 y el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo que establecieron que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo era la competente para conocer conflictos con sociedades de economía mixta, como es su caso, y que el término de caducidad de la acción de reparación directa es de 2 años.

El Tribunal Administrativo accionado consideró que en el presente caso existía un tránsito legislativo, por lo que el juez de primer grado no debió aplicarle de plano el término de caducidad a partir del hecho dañoso, sino que, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales sentados por la Sección Tercera del Consejo de Estado(1), el término de 2 años debió contarse a partir de que fue promulgada la Ley 1107 de 2006, es decir, que los actores tenían desde el 27 de diciembre de 2006 hasta el 27 de diciembre de 2008 para presentar la demanda, y comoquiera que la misma se presentó el 27 de marzo de 2007, no era procedente declarar su caducidad.

A su juicio, el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en una vía de hecho, pues en un caso similar al aquí estudiado, la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 3 de marzo de 2010 (exp. 2008-00233. C.P. Mauricio Fajardo Gómez), consideró, que el término de caducidad se cuenta a partir del momento en que se tuvo conocimiento del hecho dañoso, que en ese caso, se produjo en el año 1994, pero se tuvo conocimiento del mismo hasta el 7 de mayo de 2001.

Señaló que la norma aplicable al caso concreto es el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que establece el término de caducidad de 2 años para la acción de reparación directa, el cual debe contarse en el caso concreto, a partir del día en que ocurrió el hecho dañoso, esto es el 24 de abril de 1991, por lo que la acción caducó el 25 de abril de 1993, sin que el mismo fuese interrumpido por la solicitud de conciliación prejudicial, que se presentó hasta el año 2007.

Puso de presente que el apoderado de la parte actora en el proceso de reparación directa, señaló que los dos años deben contarse a partir de la reforma que sufrió Ecopetrol en el año 2006, pero olvidó que el término de caducidad ya estaba en nuestro ordenamiento jurídico desde la Ley 446 de 1998.

Consideró que lo anterior configura un defecto fáctico, sustantivo y vulnera su derecho fundamental al debido proceso.

1.3. Pretensiones.

La parte actora solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, que se deje sin efecto la sentencia de 21 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, para que, en su lugar, emita un nuevo fallo en el sentido de confirmar la providencia de 18 de mayo de 2012, proferida por el Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Santa Marta, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

1.4. Defensa.

Los señores José Antonio, Edeues, Ángel, Diosenith, Encarnación, Ana Ilce, Adinael y Francia Lindarte Silva, Virgenis del Carmen Lindarte Pedraza, Yuris Johana Pérez Lindarte y Edith Jácome Lindarte, vinculados al proceso como terceros con interés directo en las resultas del proceso, a través de apoderado, manifestaron que la actora no es objetiva al analizar la manera en que nació a la vida jurídica la Ley 1107 de 2006, que hace referencia a la forma en que deben ser dirimidos los conflictos que surjan contra las entidades de economía mixta en las que el Estado tenga participación del 50%. Dicha normativa no tiene efectos retroactivos, por lo que debe ser aplicada a partir de su promulgación.

Expresó que de conformidad con los artículos 30, 40 y 41 de la Ley 153 de 1887, a quien le sucedieron unos hechos en imperio de una ley anterior y no se ha terminado el tiempo para presentar la demanda según esta, e inicia una nueva ley, el interesado puede hacer uso de cualquiera de las dos normativas, en todo caso, el imperio de la nueva disposición comenzará a partir del día siguiente de su promulgación. Así lo dispuso el artículo 41, que es del siguiente tenor:

“ART. 41—La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir”.

Puso de presente que la demanda de responsabilidad civil extracontractual regulada por el artículo 2341 del Código Civil, tenía un término de prescripción de 20 años, y en el caso concreto, su conocimiento le correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga Magdalena, quien la admitió en proveído de 18 de diciembre de 2007, el cual, posteriormente, se dejó sin efecto en auto de 29 de enero de 2008, previa solicitud de la allí demandada, quien consideró que el juez de conocimiento carecía de jurisdicción y competencia, por lo que el expediente fue remitido al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta, quien trabó un conflicto negativo de competencia que fue dirimido por el Consejo Superior de la Judicatura, en el sentido de que la competencia recaía en los jueces administrativos.

Dispuso que el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, es claro, por lo que no merece ninguna aclaración al respecto, en consecuencia, la presente solicitud de amparo no tiene asidero jurídico.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, expuso que ha sido garante del derecho al debido proceso de las partes. De igual forma, que la actora pretende hacer uso de la acción de tutela como una tercera instancia, pues no acepta la negativa que se le impartió, de conformidad con las reglas del procedimiento administrativo.

Señaló que en la providencia cuestionada se observó la normativa y jurisprudencia aplicable al tránsito legislativo de la Ley 153 de 1887 a la 1107 de 2006.

Explicó que los hechos que dieron origen a la acción de reparación directa ocurrieron el 24 de abril de 1991, cuando la jurisdicción competente para conocer del proceso era la ordinaria en virtud de una acción de responsabilidad civil extracontractual, por lo que la prescripción de la misma era de 20 años, conforme lo ordena el artículo 2536 del Código Civil.

Adujo que como el término prescriptivo estaba corriendo y los afectados presentaron la demanda ante esa Jurisdicción en vigencia de la Ley 1107 de 2006 y del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el a quo no debió aplicar de plano el término de caducidad de 2 años a partir del hecho dañoso, sino a partir de la promulgación de la Ley 1107 de 2006, en atención al artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

Indicó que como no se encontraba vencido el término ordinario de 20 años para presentar la demanda a través de la acción ordinaria correspondiente, los actores podían presentar la misma ante la Jurisdicción Administrativa desde el 27 de diciembre de 2006, fecha en la que se promulgó la Ley 1107, hasta el 27 de diciembre de 2008, y como la demanda fue presentada el 25 de marzo de 2007, no era procedente declarar la caducidad de la acción.

Afirmó que no existe fundamento para alegar que el fallo cuestionado incurrió en los defectos a que alude la actora, ni violó directamente la Constitución.

Señaló que la interpretación realizada a la normativa aplicable, se efectuó en atención al principio de independencia y autonomía funcional de los Jueces, de tal manera que si esta dista de la realizada por la actora, ello no implica per se la vulneración de derecho fundamental alguno o la configuración de vías de hecho.

II. Fundamentos del fallo impugnado

Mediante sentencia de 6 de noviembre de 2014, la Sección Quinta del Consejo de Estado, denegó el amparo del derecho fundamental al debido proceso.

Para el efecto, consideró que los hechos puestos de presente por la actora no ameritan la intervención del juez constitucional, por cuanto del análisis de la providencia cuestionada se advierte que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión en las normas que consagran el término de prescripción de las acciones ordinarias y en las que reglamentan el tránsito de legislación.

Explicó que los allí accionantes presentaron la demanda en ejercicio de la acción de responsabilidad civil extracontractual, en relación con la cual el artículo 2536 del Código Civil, contemplaba un término de prescripción de 20 años, debido a la naturaleza jurídica de la demandada. No obstante, en el año 2006 se presentó un cambio de legislación en torno a la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1107 de 2006, razón por la que el proceso pasó al conocimiento de esta última.

Señaló que debido a lo anterior los demandantes, en principio, contaban con el término de 20 años para instaurar la demanda, por cuanto los hechos generadores del daño se cumplieron con anterioridad a la nueva reglamentación, pero que una vez entró en vigencia la Ley 1107 de 2006 ese término pasó a ser de 2 años, los cuales debían contabilizarse desde su entrada en vigencia.

Trajo a colación la sentencia de 8 de agosto de 2012 (exp. 1999-00913-01. C.P. Olga Valle de De la Hoz), en la que la Sección Tercera de esta corporación estudió un caso de tránsito de legislación en relación con la caducidad de la acción de reparación directa.

Concluyó que el tribunal accionado aplicó en debida forma las normas que consagran el término de caducidad de la acción, teniendo en cuenta que este es de 2 años, según lo establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, pero el mismo se contabiliza a partir de la fecha de entrada en vigencia de la norma que modificó la competencia para conocer de la acción, que es la Ley 1107 de 2006.

A su juicio, la interpretación dada a la norma es respetuosa de los derechos fundamentales de los intervinientes, pues garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia.

En relación con el precedente, que según la actora, trasgrede el tribunal, manifestó que en esa ocasión el Consejo de Estado no analizó el tema que es objeto de debate en esta oportunidad.

III. Fundamentos de la impugnación

La actora se aparta de la interpretación realizada por el juez de primer grado, para lo cual argumentó que ello indicaría que si un hecho que al 27 de diciembre de 2006 hubiese ocurrido hace 19 años, ya no tendría 20 años de prescripción, sino 21 años, es decir, que cuenta con 2 años más para acudir a la jurisdicción, ya que el plazo de prescripción no aplica por el cambio de régimen procesal.

Puso de presente que el tribunal accionado citó la sentencia de 3 de marzo de 2010 (exp. 2007-00001-01. C.P. Mauricio Fajardo Gómez), en la que la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró lo siguiente:

“…C.- En el caso de procesos no iniciados o futuros se regulan por la ley procesal nueva, inclusive cuando el litigio se refiere a hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia”.

En virtud de lo anterior, expresó que para la entrada en vigencia de la Ley 1107 de 2006, no existía el proceso judicial, es decir, el actor no había acudido a la justicia ordinaria, por lo tanto, aplicando las reglas de transición legislativa citadas en precedencia, es claro que en los procesos no iniciados, como fue el presente caso, se aplica la ley nueva, la cual señalaba que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, razón por la que insistió en la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

En relación con el precedente citado en su escrito de tutela, puso de presente que los hechos que allí se discutían ocurrieron en el año 2001 y la demanda se presentó el 17 de junio de 2005. Entonces, sí se aplica la teoría expuesta por la Sección Quinta del Consejo de Estado, como los hechos son anteriores al 2006, el término de caducidad empezaría a correr desde la entrada en vigencia de la ley, sin embargo, la Sección Tercera consideró que la caducidad se cuenta a partir del momento en que la actora tuvo conocimiento del hecho dañoso.

IV. Consideraciones de la Sala.

La acción de tutela contra providencias judiciales.

En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (exp. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, C.P. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en esta corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas secciones que la componen antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (exp. AC-10203) han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que la misma o esta corporación elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en Sentencia de Unificación de la Sala Plena de 5 de agosto de 2014, (exp. 2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

En la mencionada sentencia, la Corte señaló los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la Jurisdicción Constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución” (resaltado fuera del texto).

Caso concreto.

En el presente caso, la providencia que se cuestiona es la sentencia de 21 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro de la acción de reparación directa radicada bajo el núm. 2008-00051, mediante la cual declaró responsable a Ecopetrol de los daños causados a los allí accionantes y, en consecuencia, la condenó al pago de los perjuicios causados.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho constitucional fundamental al debido proceso, habida cuenta de que, a juicio de la actora, el Tribunal Administrativo del Magdalena, incurrió en defecto sustantivo, fáctico y violó directamente la Constitución Política, al considerar que el término de caducidad de la acción de reparación directa en el caso concreto debía contarse a partir de la promulgación de la Ley 1107 de 2006, que modificó la cláusula de competencia del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo para incluir a las sociedades de economía mixta con participación del 50% del Estado, y no desde la ocurrencia del hecho dañoso, como lo ordena la disposición en comento.

La Sala advierte que el amparo solicitado reúne las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, razón por la que entrará a consultar la providencia cuestionada.

En virtud de lo anterior, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en los defectos a que alude la actora, al proferir la sentencia de 21 de mayo de 2014.

Sea lo primero advertir que la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación 949 de 2014, precisó el alcance de los defectos sustantivo, fáctico y la violación directa de la Constitución, para lo cual consideró lo siguiente:

“5.1. Defecto sustantivo por interpretación errónea.

5.1.1. Esta corporación ha caracterizado el defecto sustantivo como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las normas jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez(2). Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales…

(…)

5.1.2. Por lo tanto, la acción de tutela es procedente para controvertir la interpretación de las normas efectuada por el juez natural del conflicto, si la opción hermenéutica escogida por el juez natural resulta insostenible desde el punto de vista constitucional por (i) entrar en conflicto con normas constitucionales; (ii) ser irrazonable, pues la arbitrariedad es incompatible con el respeto por el debido proceso; (iii) devenir desproporcionada, al lesionar excesivamente los intereses de una de las partes, siempre que esa afectación ostente relevancia constitucional, o (iv) ser incompatible con la interpretación autorizada, y decantada por las altas cortes.

5.1.3. En relación con el defecto sustantivo por interpretación errónea de las disposiciones jurídicas(3), debe advertirse que es un supuesto particularmente restringido de procedencia de la tutela. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan con especial intensidad los principios de independencia y autonomía judicial. En efecto, en la tarea de aplicación de las normas, el juez se enfrenta a diversas posibilidades hermenéuticas que derivan de la interpretación de las disposiciones normativas, y no corresponde al juez constitucional señalar cuál es la “correcta”, o la más conveniente para la resolución de un caso específico, porque con fundamento en el artículo 230 de la Constitución Política, el funcionario judicial al administrar justicia goza de una libertad interpretativa, producto del respeto de la independencia y la autonomía judicial, que lo ponen a salvo de injerencias indebidas que afecten su imparcialidad y la sujeción al orden jurídico, y que únicamente encuentran límite en la desviación caprichosa y arbitraria de la ley(4).

5.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra interpretaciones judiciales.

5.2.1. La jurisprudencia constitucional y la doctrina especializada han sostenido en forma pacífica que el ejercicio de la función judicial no solo implica la aplicación silogística de reglas normativas para casos concretos que restringen claramente la libertad de apreciación del juez, sino también la interpretación de disposiciones de obligatorio cumplimiento que, por la complejidad propia del lenguaje, su ambigüedad o simplemente por su textura abierta, exigen que el aplicador jurídico amplíe el texto normativo y señale el alcance o sentido concreto del mismo. Es por eso que, al momento de atribuir el significado a la disposición normativa, puede verse que la función judicial se desarrolla en varios momentos, algunos de los cuales en los que la valoración del juez es determinante para la decisión y su entendimiento, resultan indispensables para concretar el carácter democrático y pluralista del Estado social de derecho, en que él se enmarca.

Precisamente porque se reconoce la especialidad de la función judicial y la importancia que ella tiene para concretar los valores y principios que la Constitución proclama, los artículos 228 y 230 consagraron la autonomía e independencia judicial —que se resumen en que únicamente está sometido al imperio de la ley— como garantías institucionales que se deben preservar para efectos de articular correctamente el principio de separación de poderes, además, como medios para lograr los fines superiores de “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (C.P., art. 2º). De este modo, es claro que a pesar de que el ejercicio judicial es reglado y está sometido al imperio de la ley y la Constitución, también es evidente que la norma superior reconoció que existen situaciones en las que el juez debe gozar de un margen de discrecionalidad importante para apreciar el derecho aplicable al caso, para lo cual debe ser independiente y autónomo(5).

Pero, incluso, también como una forma de garantizar la efectiva concreción del Estado social de derecho, el constituyente consideró importante preservar y promover el principio de separación de jurisdicciones en aras de garantizar la especialidad y la solvencia en los distintos temas que se someten al análisis judicial. Por esta razón, el título VIII de la Constitución organizó a la Rama Judicial en jurisdicciones y, como órganos de cierre, ubicó a la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria, al Consejo de Estado en la Jurisdicción Contencioso Administrativa y a la Corte Constitucional en la Jurisdicción Constitucional.

Puede concluirse, entonces, que un juez competente para resolver una controversia sometida a su decisión es libre y autónomo para aplicar la Constitución y la ley, pero bajo ningún punto lo será para apartarse de ellas ni para aplicar reglas que no se deriven de las mismas. De hecho, no hay más riesgo de socavar un Estado social de derecho que un juez arbitrario, por lo que también deberá existir un instrumento judicial idóneo para combatir el capricho judicial y la arbitrariedad, imponer la aplicación de la Constitución y restablecer los derechos afectados(6).

5.2.2. De este modo, para efectos de armonizar las garantías constitucionales de independencia y autonomía judicial, eficacia de los derechos fundamentales y supremacía constitucional, que resultan tan importantes para la estructura del Estado social de derecho, sin que se sacrifiquen unas a costa de las otras, la jurisprudencia constitucional ha señalado algunas premisas con base en las cuales debe analizarse la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias cuando se reprochan interpretaciones judiciales, a saber: (i) el juez constitucional no puede suplantar al juez ordinario; (ii) el juez de conocimiento tiene amplia libertad interpretativa en materia de valoración probatoria conforme al artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 176 del Código General del Proceso(7), y en el análisis y determinación de los efectos de las disposiciones normativas aplicables al caso concreto(8); (iii) la discrecionalidad judicial nunca puede confundirse con la arbitrariedad judicial y, (iv) las interpretaciones razonables y proporcionadas del juez de conocimiento deben primar sobre las que consideraría viables el juez de tutela(9).

En este orden de ideas, en la Sentencia SU-120 de 2003(10) la Corte Constitucional señaló que una decisión judicial constituye un defecto sustantivo por interpretación judicial, cuando: “el juez elige la norma aplicable o determina su manera de aplicación (i) contraviniendo o haciendo caso omiso de los postulados, principios y valores constitucionales(11), (ii) imponiendo criterios irracionales o desproporcionados(12), (iii) sin respetar el principio de igualdad(13), y (iv) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio(14).

Ahora bien, a partir de una descripción en sentido negativo, también la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que no constituye un defecto sustantivo por interpretación judicial(15), cuando se trata de (i) la simple divergencia sobre la apreciación normativa(16); (ii) la contradicción de opiniones respecto de una decisión judicial(17); (iii) una interpretación que no resulta irrazonable, no pugna con la lógica jurídica, ni es abiertamente contraria a la disposición analizada(18), y (iv) discutir una lectura normativa que no comparte(19), porque para ese efecto debe acudirse a los mecanismos de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y no a la acción de tutela, pues no se trata de una tercera instancia.

5.2.3. En síntesis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la protección de los derechos fundamentales por vía de tutela cuando estos resultan afectados por la interpretación judicial de pruebas o de normas jurídicas debe ser excepcionalísima, y únicamente procede cuando el juez se aparta de la ley y la Constitución en forma irrazonable, por lo que en caso de que existan distintas interpretaciones razonables debe prevalecer la del juez de conocimiento en aras de preservar los principios de independencia, autonomía y especialidad de la labor judicial.

5.3. Defecto fáctico.

5.3.1. La Corte Constitucional ha entendido que el funcionario judicial que deja de decretar, practicar o valorar una prueba absolutamente imprescindible para la defensa de los derechos sustantivos de alguno de los sujetos procesales, incurre en una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela. Asimismo, cuando “el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”(20). Es decir, la corporación ha considerado que se configura un defecto fáctico cuando no existe el sustento probatorio necesario para adoptar la decisión, que puede darse por la falta de producción o de apreciación del material probatorio, o por un error grave en su valoración(21).

(…)

Los casos excepcionales a los que hace referencia la sentencia citada son aquellos eventos en los cuales resulta manifiesto que el juez ha utilizado su poder de una manera arbitraria, esto es, completamente al margen de los principios de la sana crítica. Según la jurisprudencia de la Corte, el ejercicio del poder de valoración de la prueba resulta arbitrario (i) cuando el funcionario omite por completo la producción(22) o la valoración de pruebas que inciden de manera determinante en la decisión(23); (ii) valora pruebas determinantes que no fueron conocidas ni controvertidas por el sujeto procesal afectado(24) o que fueron obtenidas con violación del debido proceso(25), o excepcionalmente, (iii) en aquellos casos en los cuales existe un error ostensible, flagrante y manifiesto en el juicio valorativo de la prueba, siempre que el mismo tenga una incidencia directa en la decisión(26). Finalmente, (iv) en aquellos eventos en los cuales una falla contundente de la defensa técnica hubiera generado que el acervo probatorio en el que se basó el juez para proferir una determinada providencia judicial, no resultara “de un proceso en el que el imputado hubiese podido solicitar las pruebas necesarias para probar su eventual inocencia o controvertir las que condujeron a demostrar su responsabilidad”, la sentencia correspondiente adolecerá de un defecto fáctico(27).

En síntesis, se configurará un defecto fáctico cuando (i) las pruebas allegadas al proceso resultan insuficientes para adoptar la decisión correspondiente, bien porque no fueron decretadas o bien porque no fueron practicadas; (ii) cuando la valoración que de ellas se haga resulte contraevidente, y (iii) cuando las pruebas sean nulas, de pleno derecho, por haber sido obtenidas con violación del debido proceso.

(…)

5.5. Violación directa de la Constitución.

5.5.2. En conclusión, la corporación ha determinado que no importa qué tipo de actuación defectuosa haya producido el juez, pues lo relevante es que la misma sea de tal entidad que lleve a comprometer su legalidad y, además, conduce al desconocimiento de los derechos fundamentales que se encuentran en cabeza de las partes del proceso, circunstancia suficiente para que el juez constitucional revise dicha decisión judicial” (resaltado fuera del texto).

Al revisar el caso concreto, se advierte lo siguiente:

En el corregimiento de La Gloria, jurisdicción del Departamento del Cesar, el 24 de abril de 1991, explotó el Poliducto Pozos Ayacucho, que ocasionó la muerte de la menor XXXX y las lesiones a los señores Alida Lindarte Silva, Álvaro Peña Lindarte, Luz Dary Peña Lindarte y Blanca Mireya Fuentes Lindarte, razón por la que los señores José Antonio, Edeues, Ángel, Diosenith, Encarnación, Ana Ilce, Adinael y Francia Lindarte Silva; Virgenis del Carmen Lindarte Pedraza, Yuris Johana Pérez Lindarte y Edith Jácome Lindarte, instauraron demanda de responsabilidad civil extracontractual el 25 de marzo de 2007(28), la cual le correspondió por reparto al Juzgado Segundo civil del Circuito de Ciénaga, quien en auto de 27 de noviembre de ese año, la admitió(29).

Contra la anterior decisión, el apoderado de Ecopetrol interpuso recurso de reposición, por considerar que el juzgado carecía de jurisdicción y competencia, por cuanto la demandada era una entidad pública y por tanto, el conocimiento de la acción le correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo(30).

Debido a lo precedente, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga, en proveído de 29 de enero de 2008, revocó el auto recurrido y, en su lugar, rechazó la demanda por falta de jurisdicción y la remitió a los jueces administrativos de Santa Marta(31).

Una vez remitido el expediente, este le correspondió por reparto al Juez Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta. Estando el proceso en dicho juzgado, el apoderado de la parte allí accionante manifestó que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no era la competente para conocer del asunto. Puso de presente que con anterioridad a esa demanda, se habían instaurado otras dos acciones de responsabilidad civil extracontractual por los mismos hechos, las cuales fueron conocidas por los juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito de Ciénaga, y terminaron con conciliación de los perjuicios y con sentencia condenatoria en contra de Ecopetrol, respectivamente, razón por la que instauraron una tercera acción de responsabilidad civil extracontractual, que por la entrada en vigencia de la Ley 1107 de 27 de diciembre de 2006, fue remitida a los jueces administrativos; sin embargo, a su juicio, esta no le es aplicable, ya que los hechos que dieron origen a la acción ocurrieron con anterioridad a la misma, de suerte que no se le pueden atribuir efectos retroactivos a la norma, por lo que solicitó que se declarara el conflicto negativo de competencia y se remitiera el expediente al Consejo Superior de la Judicatura para dirimirlo(32).

En virtud de lo anterior, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta en auto de 8 de abril de 2008, consideró que no era el competente para conocer del asunto, habida cuenta de que lo que buscaban los accionantes era la acumulación de la demanda con otra que cursó en el Juzgado Segundo Civil del Circuito, razón por la que remitió el expediente a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que dirimiera el conflicto negativo de competencia(33).

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a través de providencia de 1º de octubre de 2008, decidió que la competente para conocer de la acción era la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Para el efecto, consideró que el factor determinante de la competencia en este caso, es la naturaleza de la entidad demandada, la cual, según su certificado de existencia y representación, es una entidad pública vinculada al Ministerio de Minas y Energía, por lo que en virtud de la Ley 1107 de 2006, que varió el criterio material con el que se venía manejando el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, por el criterio orgánico, ya no interesa la materia del asunto, sino la naturaleza de la entidad, que en el presente caso es de carácter público, por lo que la competencia para conocer del asunto, en virtud del artículo en mención, recae en el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta(34).

Una vez surtidos los trámites propios de la acción de reparación directa, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta profirió sentencia el 18 de mayo de 2012, en la que consideró que los hechos ocurrieron el 24 de abril de 1991, es decir, que la parte actora tenía hasta el 25 de abril de 1993 para presentar la demanda en virtud de lo dispuesto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que establece como término de caducidad 2 años para la acción de reparación directa. No obstante, la misma fue presentada el 25 de abril de 2007, es decir, que no fue presentada de manera oportuna.

La anterior decisión fue apelada por la parte actora, cuyo recurso fue conocido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, quien en sentencia de 21 de mayo de 2014 consideró lo que a continuación se transcribe:

“En efecto, al momento de los hechos (24 de abril de 1991) que dieron origen al accidente, la jurisdicción competente para conocer de dicho proceso era la ordinaria, esto es, por ser una demanda de responsabilidad civil extracontractual, en virtud a que los mismos acontecimientos ocurrieron en vigencia de la norma que consagraba la prescripción de veinte (20) años para el ejercicio de la acción, conforme al artículo 2536 del Código Civil, pero los demandantes ejercieron la demanda en la Jurisdicción Contenciosa (sic) cuando ya estaba rigiendo una norma posterior, esto es la Ley 1107 de 2006, que dispuso juzgar los conflictos que se originen en la actividad de las entidades públicas, incluidas las sociedades de economía mixta cuando tengan un capital donde el aporte estatal sea superior al 50% y en las actividades de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado, y aún para la época en que se presentó la demanda, se encontraba vigente el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en la forma en que fue modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, y modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 (disposición que modificó el artículo 136 del CCA), la cual en su numeral 8º estableció la forma de contabilizar el término de caducidad en las acciones relativas a la reparación directa, y en consecuencia, esta norma, es aplicable al caso sub lite, en acatamiento de los mandatos del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual dispone que las normas procesales son de aplicación inmediata, con excepción de los términos que hubieren empezado a correr los cuales se regirán ‘por la ley vigente al tiempo de su iniciación’.

Ahora bien, debe señalarse que Ecopetrol S.A. es una sociedad de economía mixta, de carácter comercial, organizada como sociedad anónima, del orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energía, conforme con lo previsto en la Ley 1118 de 2006, además ha de señalarse que Ecopetrol S.A. tiene una participación de la Nación del 89.89999950594% y de acuerdo con los estatutos sociales, los dividendos resultantes de las operaciones de la compañía en desarrollo de su objeto social, se distribuyen proporcionalmente en la participación que tiene la Nación y los demás accionistas minoritarios.

(…)

Ahora bien, con miras a establecer la oportunidad para la presentación de la demanda en situaciones como la del sub examine, o sea, en aquellas en las que el daño se ocasionó el día 24 de abril de 1991, la interposición de la misma se regulaba por el término prescriptivo de 20 años, que no caducidad, a través de la acción ordinaria de responsabilidad civil extracontractual, por lo que los demandantes podían presentar su demanda entre el 25 de abril de 1991 hasta el 25 de abril de 2011, y en concordancia con los precedentes judiciales esgrimidos en razón del tránsito de legislación, los casos en los cuales los hechos generadores del daño se hubieren cumplido con anterioridad a la nueva ley y su vigencia se hubiera instaurado la acción ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debían prevalecer las normas vigentes cuando el actor comenzó su accionar ante el juez administrativo, en otras palabras, si el hecho dañoso fue anterior al Decreto 1 de 1984, pero la demanda se formuló en vigencia de este, corresponde aplicarle el plazo de caducidad de reparación directa. Por consiguiente, como los hechos acaecidos en el caso examinado se produjeron el 24 de abril de 1991 y la demanda se presentó el 25 de marzo de 2007, el a quo, no debió aplicarle de plano el término de caducidad a partir del hecho dañoso, sino conforme a los precedentes judiciales vistos, aplicando el término de caducidad en la norma posterior, es decir a partir del 27 de diciembre en que fue promulgada la Ley 1107 de 2006, por la cual se modificó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, a su vez modificó el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que comportó un cambio radical de la cláusula general de asignación de competencias a esta jurisdicción, luego emerge de los expuesto que no se había vencido el término de caducidad de la acción de reparación directa, el cual es de dos (2) años, dado que solo habían pasado tres (3) meses de haberse interpuesto la demanda ante la Oficina Judicial de Santa Marta, para ser conocida en esta jurisdicción, en virtud de la Ley 1107 de 2006, y la aplicación de las normas que regulan la caducidad de la acción en los casos de tránsito legislativo, esto es, en coherencia con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en virtud a que la misma estableció que en el caso de procesos no iniciados o futuros, se regulan por la ley procesal nueva, inclusive cuando el litigio se refiere a hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia.

Vista así las cosas, en vigencia de la Ley 1107 de 2006, y teniendo en cuenta que no había vencido el término ordinario de los 20 años para presentar la demanda a través de la acción ordinaria correspondiente, los accionantes podían presentar la demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa desde el 27 de diciembre de 2006 y hasta el 27 de diciembre de 2008, y habiéndose presentado la demanda el 25 de marzo de 2007, no era procedente declarar la caducidad de la acción, pues la misma se encontraba dentro del término establecido (dos (2) años), para acudir ante la jurisdicción y por consiguiente, la posibilidad de acceder a la justicia para reclamar sus derechos” (resaltado fuera del texto).

De lo visto en precedencia, la Sala observa que para la época en que ocurrió el hecho dañoso (24 de abril de 1991), Ecopetrol, en virtud de los Decretos 62 de 1970 y 1209 de 1994, tenía la calidad de empresa industrial y comercial de Estado y se regía por el derecho privado por expresa disposición legal, de suerte que los conflictos de la naturaleza que aquí se discuten, podían ser conocidos por la jurisdicción ordinaria a través de la acción de responsabilidad civil extracontractual, la cual, para la época de los hechos, prescribía en 20 años, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2536 del Código Civil.

Sin embargo, en virtud de la Ley 1118 de 2006, se cambió la naturaleza jurídica de Ecopetrol a una sociedad de economía mixta, en la que el Estado tenía una participación superior al 50%.

De igual forma, fue expedida la Ley 1107 de 27 de diciembre de 2006, que modificó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, para efectos de incluir dentro de la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los litigios y controversias originadas en la actividad de las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50%.

En consecuencia, a partir del 27 de diciembre de 2006, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo era la competente para conocer la controversia originada en los hechos ocurridos el 24 de abril de 1991, a través de la acción de reparación directa, por cuanto la entidad demandada era Ecopetrol, la cual tenía la calidad de sociedad de economía mixta con participación mayoritaria del Estado.

Advierte la Sala que en atención al numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca en 2 años, “contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

De lo hasta aquí expuesto, la Sala precisa que en virtud de un cambio normativo, como lo fue la expedición de la Ley 1107 de 2006, que modificó la cláusula de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se alteraron las condiciones en las que los interesados podían acceder a la administración de justicia, es decir, que ya no podían acudir a la jurisdicción ordinaria a través de la acción de responsabilidad civil extracontractual con un término de prescripción de 20 años(35), sino que tenían que instaurar la acción de reparación directa cuyo término de caducidad es de 2 años.

No obstante, el 25 de marzo de 2007, es decir, en vigencia de la Ley 1107 de 2006, los interesados promovieron la acción de responsabilidad civil extracontractual ante la jurisdicción ordinaria, en la que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ciénaga, rechazó la demanda por falta de jurisdicción y la remitió a los juzgados administrativos de Santa Marta, la cual le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo, quien trabó el conflicto negativo de competencia, que fue definido por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien determinó que el competente era el juzgado administrativo.

Siendo ello así, el juez de conocimiento tenía que determinar la forma en que debía contar la caducidad de la acción de reparación directa, es decir, establecer si los dos años se cuentan a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho o a partir de la vigencia de la Ley 1107 de 2006, pues, pese a que la norma aplicable es el Código Contencioso Administrativo, lo cierto es que los accionantes en virtud del principio de confianza legítima, daban por sentado de que tenían 20 años para acudir a la justicia ordinaria, cuyas condiciones variaron por disposición del legislador, lo cual no les resulta atribuible, razón por la que no deben asumir las consecuencias de dichos cambios.

En efecto, la Sección Tercera de esta corporación conoció un caso idéntico al aquí estudiado, en el que los hechos que allí se ventilaron ocurrieron el 30 de junio de 2002, razón por la que los accionantes, bajo la creencia de que tenían 10 años para acudir a la jurisdicción ordinaria, presentaron la demanda de responsabilidad civil extracontractual el 13 de diciembre de 2007 contra Ecopetrol, la cual fue rechazada por falta de jurisdicción en proveído de 16 de Junio de 2009 emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pamplona, debido al cambio de naturaleza jurídica de la demandada y a la modificación de la cláusula de competencia contenida en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona en auto de 10 de diciembre de 2009, sin que se ordenara el envío del expediente a la jurisdicción competente, pese a la solicitud de los allí accionantes.

En consecuencia, los interesados presentaron demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 31 de marzo de 2012, quien en auto de 12 de septiembre de ese año, la rechazó por caducidad de la acción, pues los hechos habían ocurrido el 30 de junio de 2002 y la demanda fue presentada hasta el 1º de junio de 2012, es decir que se superó ampliamente el término concedido por el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Advierte la Sala que el caso puesto de presente se identifica con el que aquí se estudia, en cuanto los hechos ocurrieron con anterioridad a las leyes 1107 y 1108 de 2006, que modificó la cláusula de competencia del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y cambió la naturaleza jurídica de Ecopetrol, respectivamente, es decir, que en ambos casos, al momento de la ocurrencia de los hechos podían demandarse ante la jurisdicción ordinaria en acción de responsabilidad civil extracontractual, pero con la expedición de las leyes en mención, la jurisdicción competente es la Contenciosa Administrativa, lo que implica que ya no se habla de prescripción, sino de caducidad, la cual es de 2 años contados a partir de la ocurrencia del hecho; no obstante, ambas demandas fueron presentadas con posterioridad a dicho término, contado a partir de que ocurriera el daño, pero dentro del término de prescripción establecido por el Código Civil.

En esa oportunidad la Sección Tercera de esta corporación, en auto de 31 de mayo de 2013 (exp. 2012-00236. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo), concluyó lo que a continuación se cita:

“Como lo revelan los antecedentes, en el sub exámine se depreca la responsabilidad de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol S.A., por los perjuicios causados en hechos sucedidos el 30 de junio de 2002, en razón de las obras que la demandada habría adelantado ‘en la Vereda La Piazzola o Segovia, Corregimiento de Samoré del Municipio de Toledo, en inmediaciones del km 149+300 m. Del Oleoducto Caño Limón-Coveñas, para la instalación de unas antenas de comunicaciones y una base del Ejército Nacional, para la vigilancia del oleoducto’ donde ‘removió grandes cantidades de terreno en dicho sector haciendo las obras civiles para estas y para vivienda de sus habitantes’. Asunto que la parte actora consideró inicialmente de competencia de jurisdicción ordinaria, en razón de que los hechos objeto de litigio sucedieron antes del cambio normativo —Ley 1118 de 2006— que modificó la naturaleza jurídica de Ecopetrol S.A., por lo que, a su parecer, además de que la controversia tendría que ser resuelta por la jurisdicción ordinaria, lo atinente a la oportunidad para acudir a la justicia se rige por el artículo 2536 del Código Civil. Siendo así, señala que la ‘acción de responsabilidad civil extracontractual vencería el 29 de junio de 2012’ y como la demanda se presentó el día 1º de junio de 2012 se actuó dentro del término legal.

Ahora, revisados los antecedentes, se advierte plena identidad en la litis que la parte actora sometió a consideración de la jurisdicción ordinaria el 13 de diciembre de 2007, según demanda presentada ante los juzgados civiles del Circuito de Pamplona, con la controversia que la misma pretende le sea resuelta por esta jurisdicción…

(…)

De lo anterior se puede concluir que, los señores Rosa Nelly, Jackeline Consuelo y Jesús Alexis Ramírez Rivera y Cupertino Jaimes Rincón presentaron el 13 de diciembre de 2007 demanda en orden a obtener se declare la responsabilidad de Ecopetrol por hechos ocurridos el 30 de junio de 2002, sin que para el efecto cuente que el expediente no fuera remitido a la jurisdicción competente, si se considera que, declarada la excepción de falta de jurisdicción, esto ha debido ocurrir, sin que la omisión le alcance a la actora, por tratarse de un asunto a cargo de la autoridad judicial que advirtió la falencia.

Aunado a lo anterior, se conoce que la parte actora abogó ante el ad quem, al tiempo que pretendía la revocatoria de la providencia que declaró probada la falta de jurisdicción, para que, de llegarse a confirmar ‘se remita al competente dentro de la jurisdicción administrativa siendo el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Pamplona o el Tribunal Administrativo de Norte de Santander’. Aspecto que el Tribunal del Distrito Judicial de Pamplona omitió, pese a lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia arriba trascrita, esto es la C-662 de 2004, a cuyo tenor, una vez declarada la excepción, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado y enviar la actuación a la jurisdicción que habrá de conocer el caso.

Establecido entonces que la demanda cuya admisión ocupa la atención de la Sala fue presentada el 13 de diciembre de 2007, por hechos ocurridos el 30 de junio de 2002, debe la Sala considerar sí, en todo caso, lo fue en tiempo, para lo cual resulta del caso definir sí, para entonces, la actora se encontraba en oportunidad de acudir a la justicia, en los términos del artículo 2536 del Código Civil —como la misma lo pretende— o del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo —como lo sostiene el a quo—. 

Cabe precisar que, ante un asunto similar, puesto que se trataba de una acción de reparación directa que de haberse resuelto por la jurisdicción ordinaria, no cabía sino concluir que se acudió a la justicia en oportunidad, la corporación señaló:

“(…) Sin duda entre esas fechas y la de presentación de la demanda, 24 de abril de 1996, habían transcurrido más de dos años. La parte actora aduce que, no hizo la presentación en tiempo, debido a la incertidumbre originada en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Para la última fecha citada se venía discutiendo, acerca de la jurisdicción competente en los casos del Instituto de Seguros Sociales, si era la ordinaria o la Contenciosa Administrativa, a ese tópico se contraía el debate.

La Sala, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que un demandante no tiene por qué asumir la carga de las diferencias generadas por tal situación, por lo que la razón alegada por la actora encuentra plena justificación; así se reiteró en sentencia del cuatro de diciembre de 2006:

“El epígrafe se refiere a la demanda presentada el 5 de febrero de 1997 y para resolver el cuestionamiento, la Sala entra a determinar si los motivos por los cuales se presentó la demanda en la jurisdicción civil ordinaria ameritan adaptar en esta jurisdicción el término de caducidad, sea en casos como este o en otros de idéntica naturaleza. La respuesta es sí.

Nótese que, cuando ha sido jurídicamente plausible…

‘La Sala ha señalado en otras oportunidades que si los demandantes han acudido en tiempo ante el juez, así se declare la nulidad del proceso, no se configura la caducidad de la acción.

Así, en la providencia del 27 de febrero de 1997 (exp. 12.356 ), la sala analizó la caducidad de la acción declarada por el tribunal de instancia por cuanto los demandantes habían instaurado la acción de reparación directa en contra del Instituto de Seguros Sociales, dos años después de haber acontecido el daño cuya indemnización reclamaban. Para el a quo la circunstancia alegada por los demandantes de que esa misma demanda ya había sido presentada en tiempo y que posteriormente se decretó la nulidad del proceso por falta de jurisdicción, al estimarse con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado que quien debía conocer era la jurisdicción ordinaria por haberse transformado el Instituto de Seguros Sociales de establecimiento público en empresa industrial del Estado y que después haya cambiado de criterio, según el auto de la misma sección del 20 de febrero de 1996, no revivía los términos o plazos de caducidad.

La sala consideró que en ese caso no se configuró la caducidad de la acción, así hubieren transcurrido más de dos años de ocurridos los hechos que habían dado lugar a la demanda cuando esta volvió a presentarse ante esta jurisdicción, como quiera que ‘los demandantes no tienen nada que ver con el cambio de jurisprudencia, ellos simplemente se rigen por las pautas señaladas por el juez, sin que ello obstruya la reclamación de sus derechos’. (subrayas fuera del texto) (sic).

También se dijo que ‘bajo estas circunstancias, mal podría decirse que la acción instaurada en el presente caso está caducada, pues además de ser una aberrante denegación de justicia, no tendría ninguna presentación que después de haberse presentado el libelo en tiempo y haberse admitido, ahora se le diga que ya no tiene derecho a reclamar’’”.

(...)

En cualquier caso, lo cierto —según las pruebas que obran en el expediente—, es que los hechos que constituyen la causa petendi de la demanda que ahora se estudia ocurrieron entre los días 11 y 25 de agosto de 1993; que el actor acudió ante la rama jurisdiccional del Estado para promover su acción indemnizatoria el día 1º de agosto de 1994 según consta a folio 15 del cuaderno principal del proceso que cursó inicialmente ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. A partir de esta fecha y hasta el día 30 de agosto de 1996, se tramitó la litis primera referida en precedencia, cuyo desenlace fue el también ya aludido declaratoria de nulidad de todo lo actuado y consecuente rechazo de la demanda, más de dos años después de haber sido admitida, cuestión que obedeció a las oscilaciones jurisprudenciales en punto a la jurisdicción competente para conocer de este tipo de litigios, cuestiones que, como se ha dicho, igualmente, no dependen de la voluntad, ni son imputables a la responsabilidad de los demandantes.

(…)

La Sala insiste, no obstante lo recién explicado, en que con la solución adoptada en este caso no se está introduciendo un tratamiento exceptivo o excepcional frente a la regla general que, en materia de caducidad de la acción de reparación directa, prevé el numeral 8º del artículo 136 Código Contencioso Administrativo. De hecho, lo que aquí se efectúa es una aplicación rigurosa de dicha previsión legal, simplemente descontando al momento de computar si en el presente caso transcurrieron, o no, los 2 años que el precepto legal establece, antes de ser incoada la acción, el lapso durante el cual se prolongó un proceso judicial que resultó inane dadas las mutaciones en la jurisprudencia que más atrás se puntualizaron, oscilaciones cuyos efectos desfavorables no pueden ser, de ningún modo, atribuidos a los particulares, como quiera que obedecen, exclusivamente, al proceder de diversos órganos de la Rama Jurisdiccional del Poder Público.

Lo dicho confirma lo alegado por el apoderado de la demandante, en cuanto a la incertidumbre creada por la jurisprudencia del Consejo de Estado acerca de la jurisdicción competente para conocer de casos relacionados con el Instituto de Seguros Sociales, situación que fue resuelta mediante auto del 20 de febrero de 1996, razón por la cual la presentación de la demanda, el 24 de abril siguiente, se realizó en el término previsto en la ley.

Es de advertir que, aunado a que en este caso a tiempo del daño no se tenía incertidumbre sobre la jurisdicción encargada de definir la responsabilidad de la administración, por los hechos referidos en la demanda, pues la acción debía promoverse ante la ordinaria, en cuanto, para entonces, Ecopetrol ostentaba la naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, ello mismo permitía a los actores aguardar para interponer la demanda un tiempo mayor incluso a su propia espera, pues presentaron la demanda en algo más de 4 años, contados a partir del acaecimiento del hecho siendo que, en los términos del artículo 2536 del Código Civil, la acción prescribiría en 10 años.

De donde, no fue por inactividad de los demandantes que se habría acudido a la justicia tardíamente, sino en virtud del cambio normativo generado por la expedición de la Ley 1107 de 2006.

Siendo así y como lo señala las decisiones de esta corporación y de la Corte Constitucional antes trascritas, no quedaría sino concluir que la acción instaurada por los señores Cupertino Jaimes Rincón, Rosa Nelly, Jackeline Consuelo y Jesús Alexis Ramírez Rivera fue instaurada en tiempo, pues la normatividad aplicable a sus pretensiones de reparación, esto es el artículo 2536 del Código Civil, así lo disponía.

Empero ello no es todo. De llegarse a considerar que, asignado a esta jurisdicción el conocimiento de la controversia, no podría sino aplicarse la regla prevista en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, deberá tenerse presente que la Ley 1107 de 2006 entró a regir el 27 de diciembre de 2006 y la demanda cuya oportunidad se define fue presentada el 13 de diciembre de 2007, es decir antes del vencimiento de los dos años que rigen la caducidad de la acción de reparación directa. 

En este punto la Sala debe recordar que las leyes rigen para el futuro, excepto por razones de favorabilidad previamente establecidas, de donde, como lo dispone el artículo 41 de la Ley 153 de 1887: ‘la prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir’.

En armonía con lo expuesto, corresponde admitir la demanda, aunado a que, en virtud de la prevalencia del derecho fundamental del acceso a la administración de justicia y de los principios pro actione y pro homine, previstos en los artículos 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos , respectivamente, así como del principio pro damato habrán de aliviarse ‘los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las acciones y [abogar] por la cautela y el criterio restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse dichas normas’” (resaltado y subrayas fuera del texto).

De lo anterior, advierte la Sala que la Sección Tercera previó que el término que se debía tener en cuenta para efecto de determinar si la demanda de reparación directa fue presentada de manera oportuna, era el contemplado en el Código Civil Sin embargo, también expresó que si se consideraba que el término aplicable era el contemplado en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el mismo debía contarse a partir de la expedición de la Ley 1107 de 2006, que fue, precisamente, la interpretación que adoptó el tribunal accionado, la cual, sin lugar a dudas, se realizó en atención al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y los principios pro actione, pro homine y pro damato, pues, admitir la posición de Ecopetrol, sería trasgredir notoriamente los postulados en mención.

En virtud de lo precedente, la Sala considera que, en los términos de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional citada previamente, la interpretación normativa adoptada por el Tribunal Administrativo accionado no fue insostenible, irrazonable, arbitraria ni desproporcionada, razón por la que la acción de tutela no es el mecanismo para cuestionar su libertad interpretativa en este caso, máxime si se tiene en cuenta que la posición asumida fue avalada por la Sección Tercera de esta corporación, conforme quedó expuesto en precedencia.

De igual forma, tampoco se advierte la configuración del defecto fáctico, pues todas las pruebas recaudadas en el proceso fueron analizadas y tenidas en cuenta por el Tribunal Administrativo del Magdalena. Así como tampoco existió violación directa de la Constitución Política, lo que descarta la vulneración del derecho del debido proceso de Ecopetrol.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 6 de noviembre de 2014, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

2. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

3. REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y devuélvase el expediente solicitado en calidad de préstamo al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 7 de mayo de 2015.

Magistrados: María Claudia Rojas Lasso, presidente—María Elizabeth García GonzálezGuillermo Vargas AyalaMarco Antonio Velilla Moreno.

(1) Sentencias de 4 de diciembre de 2006 (exp. 1996-00251-01. C.P. Mauricio Fajardo Gómez) y de 3 de marzo de 2010 (exp. 2007-00001-01. C.P. Mauricio Fajardo Gómez).

(2) El defecto sustantivo, como causal genérica de procedencia de la acción de tutela ha sido ampliamente estudiado por la Corte. Para una exposición completa del tema, ver las sentencias C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño. Unánime), T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-018 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-757 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

(3) En este aparte, la Sala seguirá el esquema expositivo de la Sentencia T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). En este caso, un miembro de un grupo armado al margen de la ley que se hallaba fuera del país, ofreció colaboración a la Fiscalía General de la Nación a cambio de los beneficios previstos por la ley para este tipo de asuntos. La Fiscalía consideró que no podrían otorgarse tales beneficios sino una vez se entregara a la justicia. La interpretación fue considerada irrazonable, pues no existía norma que prohibiera otorgar los beneficios en las condiciones descritas. La Sala de Revisión recalcó que los jueces son independientes, pero que su independencia no es absoluta. La falta de una razón jurídica para negar una interpretación penal más favorable, fue considerada suficiente para otorgar el amparo.

(4) Así lo expresó la Sala Séptima de Revisión en la Sentencia T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett): “Para la realización de este ejercicio hermenéutico, el juez ha de estar rodeado de algunas garantías, que corresponden a su independencia (pretensión de neutralidad y ausencia de inherencias horizontales —frente a las otras ramas del poder—) y autonomía (ausencia de inherencias verticales —libertad frente al superior—), que han tenido consagración constitucional apropiada”.

(5) Ver la Sentencia T-1263 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV Mauricio González Cuervo; AV Nilson Pinilla Pinilla).

(6) Ibídem. En este sentido, la Sala Séptima de Revisión en la Sentencia T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), señaló: “La ‘efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución’, constituyen el parámetro de la actuación legítima de los poderes públicos.|| Así las cosas, resulta evidente que la labor de los jueces al interpretar el derecho para aplicarlo al caso concreto, si bien supone que sea realizada de manera autónoma, no puede convertirse en patente de corso para aplicar cualquier interpretación posible. El sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones posibles, de suerte que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho requerimiento”.

(7) El artículo 176 del Código General del Proceso, establece: “Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.|| El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

(8) La Sentencia T-588 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), explicó al respecto: “(…) no es posible cuestionar, por vía de tutela, una sentencia, únicamente porque el actor o el juez constitucional consideran que la valoración probatoria o la interpretación de las disposiciones legales por el juez ordinario fueron discutibles. Es necesario que las interpretaciones y valoraciones probatorias del juez ordinario sean equivocadas en forma evidente y burda para que pueda proceder el amparo constitucional. Cualquier tesis distinta implicaría no solo desconocer la autonomía funcional que tienen los jueces para interpretar el derecho y valorar las pruebas (C.P., art. 230) sino que además desconocería la separación funcional entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria”.

(9) En este sentido, pueden verse las sentencias T-066 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-345 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-588 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-070 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-028 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1263 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV Mauricio González Cuervo; AV Nilson Pinilla Pinilla), T-661 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. AV Nilson Pinilla Pinilla), entre otras.

(10) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(11) Sobre la posibilidad de controvertir interpretaciones judiciales que resulten contrarias a la Constitución, y en relación con la procedencia de la acción de tutela en los casos en que la interpretación que el juez hace de una norma contraría un criterio hermenéutico establecido por esta corporación, ver las sentencias T-001 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-842 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.

(12) La Corte se ha referido a los casos en que la interpretación judicial resulta contra evidente o irracional, entre otras, en las sentencias T-1017 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-1072 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

(13) Sobre las decisiones proferidas en contravención del principio de igualdad se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-123 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-321 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), SU-1300 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-068 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-1306 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

(14) La jurisprudencia constitucional tiene definido que el derecho procesal no puede ser un obstáculo para la efectiva realización del derecho sustantivo, entre otras, en las sentencias C-596 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y T-1306 de 2001(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

(15) Ver la SentenciaT-1263 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV Mauricio González Cuervo; AV Nilson Pinilla Pinilla), entre otras.

(16) La Sentencia T-565 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), señaló: “(…) siempre que la interpretación normativa que los operadores jurídicos hagan de un texto legal permanezca dentro de los límites de lo objetivo y lo razonable, la mera divergencia interpretativa con el criterio del fallador no constituye una irregularidad que haga procedente la acción de tutela contra providencias judiciales”.

(17) Al respecto, la Sentencia T-1001 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), reiterada en la Sentencia T-565 de 2006 del mismo ponente, explicó: “En materia de interpretación judicial, los criterios para definir la existencia de una vía de hecho son especialmente restrictivos, circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales no coincidan con la interpretación acogida por el operador jurídico a quien la ley asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de una vía de derecho distinta que, en consecuencia, no es posible acomodar dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el principio democrático de la autonomía funcional del juez que reserva para este, tanto la adecuada valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho”.

(18) Es clara la Sentencia T-1036 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), al afirmar: “(…) las divergencias en la interpretación de las normas legales, en principio, no son materia que pueda ser objeto de acción de tutela, sobre todo en presencia de recursos ordinarios, diseñados precisamente para lograr ‘la superación de las diferencias de interpretación de las normas y promover, a su vez, la unificación de criterios entre los funcionarios judiciales, con vista a una aplicación uniforme de la ley’. Por lo tanto, cuando la labor interpretativa realizada por el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser ‘cuestionada, ni menos de ser calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la interpretación por él efectuada a través del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, esta será improcedente’ (…). En suma, el juez de tutela no puede controvertir la interpretación que de las situaciones de hecho o de derecho realice el juez de la causa en el respectivo proceso, salvo que esta hermenéutica sea arbitraria e irrazonable y, por ende, vulnere los derechos fundamentales de la persona que acude a la acción de tutela”.

(19) En la Sentencia T-955 de 2006 (M.P. Jaime Araujo Rentaría), la Sala Primera de Revisión concluyó lo siguiente: “(…) la labor adelantada por el tribunal hace parte de su función interpretativa de las normas, y que la decisión que profirió en el presente caso no surge subjetiva o irrazonable, por el simple hecho de que el accionante no comparta la forma en que dicho tribunal aplicó las normas pertinentes en su caso. || Ciertamente en materia de interpretación judicial, es claro que los criterios para definir la existencia de una vía de hecho se circunscriben a la actuación arbitraria que adelante el juez, y que por ello sea abiertamente contraria al derecho, lo cual no se aprecia en el presente caso”.

(20) Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-932 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-902 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-162 de 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería).

(21) Sentencia T-554 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). También puede consultarse la Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(22) Por ejemplo, en la Sentencia T-589 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) la corporación encontró configurado un defecto fáctico en un caso en el cual el fiscal había dejado de practicar la totalidad de las pruebas oportunamente solicitadas por el sindicado y que tenían la función de desvirtuar la cadena indiciaria que, según el funcionario judicial, permitía demostrar la participación del sujeto en el hecho delictivo investigado. En el mismo sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-005 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía); T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-324 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-329 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-654 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(23) Al respecto pueden verse las sentencias T-576 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía), T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y T-329 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). En esta última providencia, la Sala Quinta de Revisión sostuvo que “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.

(24) Ver la Sentencia C-609 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz. SV José Gregorio Hernández Galindo, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).

(25) Ver las sentencias T-538 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(26) Ver la Sentencia T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

(27) Ver la Sentencia T-654 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(28) Folio 27 del cuaderno principal de la acción radicada bajo el núm. 2007-00064.

(29) Folio 309.

(30) Folio 314.

(31) Folio 331.

(32) Folio 348.

(33) Folio 389.

(34) Folios 8 a 17 del cuaderno contentivo del conflicto de competencia.

(35) En virtud del artículo 8º de la Ley 791 de 2002, se modificó el término de prescripción de las acciones ordinarias a 10 años.