Sentencia 2014-02261 de enero 21 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 110010102000201402261 00

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Referencia: Funcionarios única instancia

Denunciado: Christian Eduardo Pinzón Ortiz, Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta

Denunciante: Héctor Saúl Blanco Romero

Decisión: Inhibitorio

Bogotá, D.C., veintiuno de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia. Esta Sala tiene competencia para evaluar la presente queja, de conformidad con el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política y del numeral 3º del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en concordancia con el artículo 194 del Código Disciplinario Único.

Del asunto a tratar. Se evalúa la queja disciplinaria formulada por el señor Héctor Saúl Blanco Romero en contra del doctor Christian Eduardo Pinzón Ortiz, en su condición de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, por las presuntas irregularidades en que pudo haber incurrido al momento de proferir las decisiones por medio de las cuales resolvió terminar y consecuencialmente archivar las diligencias disciplinarias incoadas contra los doctores Ángela Mayerly Arcila Castillo y José Agustín Labrador Cante, en calidad de fiscales 32 y 22 local de Acacías - Meta (respectivamente).

Así las cosas, atendiéndose tanto la queja presentada por el señor Héctor Saúl Blanco Romero, como el material probatorio adosado, se tiene como primera medida que la providencia fechada 26 de noviembre de 2010, proferida por el doctor Christian Eduardo Pinzón Ortiz, en su condición de Magistrado Ponente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, dentro de las averiguaciones radicadas bajo el número 2009-00145, adelantadas en conocimiento de la denuncia presentada igualmente por el aquí quejoso contra los doctores José Agustín Labrador Cante (fiscal 28 local de Acacías - Meta), y Luz Mary Tiuso Rojas (fiscal 22 local de Acacías - Meta), fue dictada bajo las siguientes consideraciones:

“Remontándonos al origen del diligenciamiento, encontramos que a esta instancia, fue allegada por medio de la queja formulada por el señor Héctor Raúl Blanco Romero contra de los doctores Luz Mary Tiuso Rojas en calidad de fiscal 22 local de Acacías - Meta y el doctor José Agustín Labrador Cante en calidad de fiscal 28 delegado ante los jueces municipales y promiscuos de Acacías, en la que refirió los malos tratos desplegados por parte de la funcionaria, al indicarle que no tenía ningún derecho sobre lo que pretendía. Ello en relación a la denuncia instaurada por el quejoso en contra del señor Moisés Baquero Correal por la presunta comisión del punible de daño en bien ajeno.

Ahora bien, el objeto del presente análisis, es verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaría, partiendo de circunstancias fácticas, y el eventual perjuicio causado a la administración de justicia, en consecuencia y a efectos de adoptar la determinación a que hubiere lugar, procede la Sala a efectuar el análisis respectivo de la presente investigación disciplinaria:

La denuncia impetrada por el señor Héctor Raúl Blanco Romero, nace de su inconformidad con el señor Moisés Baquero Correal quien al parecer se encontraba causándole un perjuicio, ya que de su finca estaba siendo extraído un material, y con ello se desviaba el cauce del rio que vierte de agua su predio, por estas razones el señor Blanco Romero, acudió ante la fiscalía para poner en conocimiento los hechos expuestos.

A partir de la denuncia instaurada el 14 de septiembre del 2006, en la que avocó conocimiento la fiscalía veintidós local de Acacías - Meta, ordenando mediante auto adiado el 9 de octubre del 2006 la práctica de las siguientes pruebas: 1. Librar misión de trabajo al CTI, con el fin de adelantar las diligencias necesarias a fin de determinar las circunstancia de tiempo y modo de los hechos denunciados, a efectos de individualizar un eventual responsable. Así mismo la realización de una inspección al lugar verificando los títulos de propiedad del predio, disponiendo la notificación de las partes. 2. Se fijó fecha para la realización de conciliación, considerando las demás que surgieran.

En marzo del 2007, se practicó diligencia de ampliación de denuncia, y en mayo fue fijada la audiencia de conciliación, llegado el día; el señor Héctor Raúl Blanco Romero, aportó escrito de desistimiento en el que indica expresamente “De manera libre y voluntaria me permito presentar desistimiento a la denuncia, que instaure en contra del doctor Moisés Baquero Miguel, por cuanto llegamos a un acuerdo y deseo que esta investigación se termine y sea archivada”.

El 30 de mayo de 2006, la fiscalía 32 delegada en cabeza de la doctora Erika Aleyzandra Guarín Peralta emite resolución inhibitoria, en la que refiere que según lo dispone el artículo 41 de la Ley 600 de 2000 “la conciliación procede en aquellos delitos que admitan desistimiento o indemnización integral”, postulado que sirve de sustento en el caso de marras dando lugar a pronunciamiento inhibitorio en favor del señor Moisés Baquero Miguel.

Dentro de tal entendido, se tiene que según lo dispone el artículo 37 de la norma en cita “El desistimiento podrá presentarse por escrito en cualquier estado de la actuación, antes de que se profiera sentencia de primera o única instancia, se hará extensivo a todos los copartícipes y no admitirán retractación. El funcionario judicial verificará que las manifestaciones del mismo se produzcan libremente”. Lo que efectivamente sucedió en el caso en concreto ya que según lo expuso el denunciante el desistimiento fue prestando de forma libre y voluntaria, atendiendo al acuerdo logrado entre las partes, siendo procedente la aplicación de la norma ejusdem.

De tal manera que, la decisión adoptada por la funcionaria en primera mediada no fue emitida por la doctora Luz Mary Tiuso Rojas, y en segundo lugar se produjo dentro del rango de la autonomía funcional, tomando como base los preceptos señalados por la norma procesal penal. Resultado inane proseguir con la presente investigación, según lo expuesto en procedencia. Advierte además la Sala que el doctor José Agustín Labrador Cante en calidad de fiscal 28 delegado ante los jueces municipales y promiscuos de Acacías, no tuvo intervención dentro de la investigación penal aludida, luego entonces, tampoco le puede ser atribuida responsabilidad de orden disciplinario.

De otra parte, para la dual resulta claro, que la funcionaria judicial encargada del asunto de marras, de manera acertada, dio aplicación a la norma adjetiva penal, sin que con ello hubiera vulnerado derecho fundamental o incurrido en comportamiento disciplinable, que deba ser investigado por esta colegiatura, no quedando a la Sala otra decisión distinta que la de terminar el procedimiento al tenor de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 734 del 2002”(sic).

Ahora, se tiene igualmente que la decisión dictada el día 9 de mayo de 2014 por el doctor Christian Eduardo Pinzón Ortiz, en su condición de Magistrado Ponente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, dentro de las averiguaciones radicadas bajo el número 2013-00354, seguidas contra los doctores Ángela Mayerly Arcila Castillo y José Agustín Labrador Cante, en calidad de fiscales 32 y 22 local de Acacías - Meta (respectivamente), y de la doctora Martha Esperanza Sánchez Vargas (Juez Promiscua Municipal de Acacías -Meta), se sustentó de la siguiente manera:

“Adentrándonos en el presente diligenciamiento, se tiene que tuvo origen en la queja presentada por el señor Héctor Saúl Blanco Romero en contra de los doctores Ángela Mayerly Arcila Castillo en su condición de fiscal 32 local de Acacias - Meta, José Agustín Labrador Cante en su condición de fiscal 22 local de Acacías y Martha Esperanza Sánchez Vargas en su condición de Jueza Promiscua Municipal de Acacías - Meta, ante las presuntas irregularidades ocurridas dentro de los procesos penales 2013-80145 por el tipo penal de violación de habitación ajena donde funge como denunciante el señor Héctor Saúl Blanco Romero y denunciado Jorge Alfonso Blanco Romero; 2012-80146 por el punible de lesiones personales, seguido en contra del señor Hernando Blanco Romero denunciante Héctor Saúl Blanco Romero y dentro de las acciones de tutela 2009-388 promovida por el inconforme, contra Viviana Roció Gómez Solano y otros; tutela 2011-00185, accionante Héctor Saúl Blanco Romero, accionados Alcaldía de Acacías - Meta, presidente del consejo y contra la empresa de vivienda de dicha localidad.

Por lo anterior, una vez realizada la inspección judicial a los procesos de marras, donde presuntamente tuvieron ocurrencia las irregularidades puestas de presente por el inconforme, la instancia evidencia que tales apreciaciones o anormalidades no se han presentado, toda vez que a los referidos procesos, se les imprimió el trámite correspondiente de forma expedita una vez los funcionarios avocaron el conocimiento de los mismos, concediendo la oportunidad al quejoso de recurrir e impugnar las decisiones que consideró contrarias a sus intereses, decisiones que fueron confirmadas por las instancias superiores, donde tampoco se advirtió irregularidad alguna, pues de haber ocurrido, dichos despachos se hubiesen pronunciado en tal sentido.

Así las cosas, para la instancia el trámite y decisiones adoptadas en los procesos de marras obedecen a la aplicación de la ley y no al capricho o voluntad de los funcionarios inculpados, como lo pretende hacer ver el quejoso, que ha intentado cuanta acción ha tenido a su disposición, para solucionar un problema personal con sus hermanos, no porque en sí se le esté causando algún perjuicio o mengua a sus derechos o bienes jurídicos, razón por la cual no existe responsabilidad de los implicados dentro del presente asunto.

En este orden de ideas, para la instancia están desvirtuadas las manifestaciones del inconforme, en el sentido de que no se le ha prestado la suficiente atención a sus denuncias o que no se hubiesen amparado sus derechos fundamentales presuntamente conculcados por los funcionarios implicados, pues está plenamente demostrado, que dentro de los procesos penales y acciones de tutela referidos por el accionante, se le han brindado todos los derechos y garantías legales y constitucionales para la protección de los mismos.

En conclusión, tanto en los procesos penales como en las acciones de tutela origen de la presente inconformidad, es evidente que lo planteado por el inconforme no existió, razón por la cual no es necesario continuar con el presente trámite que solo llevaría a congestionar a la instancia, toda vez que son suficientes las pruebas allegadas al presente instructivo, para demostrar la inexistencia de la conducta que se le pretendía atribuir a los funcionarios inculpados.

En consecuencia, al advertir que el hecho atribuido a los doctores Ángela Mayerly Arcila Castillo en su condición de fiscal 32 local de Acacías - Meta, José Agustín Labrador Cante en su condición de fiscal 22 local de Acacías y Martha Esperanza Sánchez Vargas en su condición de Jueza Promiscua Municipal de Acacias - Meta, no existieron, en la medida que al quejoso se le permitió actuar durante el curso de dichos procesos en defensa de sus intereses, sin que ello quiera decir que los implicados estuviesen obligados a fallar a favor del mismo, sino que lo hicieron con apego a la constitución y la ley; en tal sentido se hace necesario decretar la terminación del proceso, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 73 de la ley 734 de 2002”(sic).

Solución del caso. En el presente asunto procederá la Sala a inhibirse de iniciar actuación disciplinaria alguna contra el doctor Christian Eduardo Pinzón Ortiz, en calidad de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, como se pasará a sustentar.

La Ley 734 de 2002 en su artículo 150, prevé como primera etapa dentro de la actuación disciplinaria, la indagación preliminar, y para la cual una vez evaluado el escrito de queja, se pueda avizorar la posible comisión de un hecho reprochable disciplinariamente por parte del funcionario judicial denunciado; no obstante el mismo artículo señala los presupuestos por los cuales esta corporación puede inhibirse de iniciar las averiguaciones, esa sí que el precitado articulado señala que:

“Ley 734 de 2002, artículo 150. Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar.

La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

(...).

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.

PAR. 1º—Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna”.

Así pues, de acuerdo a las providencias antes transcritas en su parte considerativa, claramente se puede observar, que el Magistrado cuestionado, en calidad de ponente de dichas providencias, desplegó el respectivo análisis tanto probatorio como jurídico sobre la procedibilidad de abrir la etapa de investigación disciplinaria subsiguiente dentro de cada una de los procesos disciplinarios antes referidos, llegando a la conclusión de que las actuaciones desplegadas por los funcionarios allí implicados, dentro de los cuales se encontraban los doctores Ángela Mayerly Arcila Castillo y José Agustín Labrador Cante, en calidad de fiscales 32 y 22 local de Acacías - Meta (respectivamente), se encontraban conforme a derecho, alejadas de cualquier reproche disciplinario, lo que llevó a esa Sala, a adoptar la decisión que ahora es materia de descontento por parte del señor Héctor Saúl Blanco Romero, la que evidentemente se tomó bajo un debido análisis de las probanzas arrimadas a cada uno de los trámites disciplinarios antes referidos y en acatamiento a la normatividad regente para cada uno de los casos en cuestión.

Así entonces, se puede indicar esta colegiatura, que las providencias con las cuales se muestra inconforme el quejoso, es el producto de un serio análisis del tema de fondo propuesto, llegando a la conclusión tanto el Magistrado ponente como su compañero de Sala, que los allí inculpados no eran merecedores de reproche disciplinario alguno, resolviendo consecuencialmente la terminación y archivo de los trámites ahora materia de estudio.

Debe entonces resaltar esta Sala, que los operadores judiciales en la expedición de sus providencias están amparados en el principio constitucional de la autonomía funcional y en desarrollo del mismo están autorizados para interpretar las leyes en las que fundamentan sus decisiones, lo cual hace parte de la independencia que constitucionalmente les fue garantizada, de manera que no es posible iniciar un proceso disciplinario, cuando a pesar de no compartirse los motivos en que se sustentaron las decisiones de los asuntos sometidos a su estudio, estos se encuentran resueltos conforme al análisis de los hechos, la valoración de la prueba recaudada dentro del trámite, las normas de derecho y jurisprudencia aplicables a los mismos.

Es por eso, que la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios judiciales no puede abarcar el ámbito funcional, es decir, el que corresponde a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según la competencia asignada legalmente.

En efecto, la Corte Constitucional en la Sentencia T-249 de 1995, señaló:

“(...) La autonomía funcional en la interpretación de normas jurídicas en cumplimiento de la función de administrar justicia, no da lugar a proceso disciplinario con carácter sancionatorio, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional, con efectos de cosa juzgada constitucional.

Es necesario advertir, por otra parte, que la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno.

Es que si en la adopción de ese juicio el fallador yerra, no por ello puede darse por establecido de manera automática que su actuar fue doloso, cuando para resolver como lo hizo, cual así sucedió en este evento, se fundamentó en argumentos que en su momento estimó valederos”.

De esta forma, esta jurisdicción disciplinaria, no puede cuestionar la conducta de los funcionarios judiciales, si las decisiones proferidas en el trámite de los procesos, se encuentran debidamente fundamentadas y legítimamente dictadas, esto es, con competencia y en ejercicio de las funciones asignadas, dentro de los límites propios del procedimiento y sin un desconocimiento de las normas constitucionales o legales aplicables a cada caso en particular, ceñido a la circunstancias fácticas objeto de la litis y con el análisis correspondiente de las pruebas.

Así pues, no se puede siquiera hablar de la existencia de responsabilidad disciplinaria alguna por parte de los funcionarios aquí implicados, por cuenta que la decisión adoptada no coincida con lo pretendido por el ahora quejoso y denunciante igualmente dentro de los procesos disciplinarios de marras, más aún, cuando la respectiva valoración probatoria y aplicación normativa y jurisprudencial en el caso en concreto es una función que no compete a este juez disciplinario sino a aquel que como director del proceso está avocado a realizar, tomando las decisiones que de acuerdo con su libertad interpretativa correspondan en un contexto de discrecionalidad legítima y legal, alejado de arbitrariedad, capricho o imparcialidad alguna, hasta el punto que ni siquiera una posible revocación de su decisión acarrea falta disciplinaria, siempre que la decisión revocada cuente con un razonamiento plausible de parte del funcionario judicial que la pronunció, tal y como de manera clara se encuentra en el presente caso.

Entonces, ninguna posibilidad hay de cuestionar por vía disciplinaria la conducta desplegada por los funcionarios encartados, pues su proceder en este caso se encuentra amparado por los principios de la autonomía e independencia consagrados en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, los cuales impiden a esta jurisdicción formular reproche de esta naturaleza cuando simplemente aplicaron el derecho como producto de la interpretación probatoria y de la ley.

En este orden de ideas, vale la pena resaltar sin dubitación alguna, que los presuntos hechos puestos ahora a consideración de esta colegiatura, se comportan irrelevantes en el entendido que el funcionario sobre los cuales esta superioridad tiene competencia para investigar en única instancia, no desplegó conducta alguna que permitiera la ocurrencia reproche disciplinario en su contra, pudiéndose advertir ello del material probatorio allegado junto a la queja formulada por el señor Héctor Saúl Blanco Romero, no encontrándose entonces razones que permitan a esta Sala, adelantar siquiera una indagación preliminar conforme a la competencia de esta jurisdicción.

Es importante resaltar que el fundamento exigido a la queja tiene que ver con el motivo sobre el cual se estructura el fin último de la acción disciplinaria, esto es, garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado, por lo que el examen de tal exigencia gira en torno al supuesto que el funcionario es responsable por infringir la Constitución y las leyes, por la omisión y extralimitación de sus funciones, siendo únicamente por dichos motivos procedente el cuestionamiento disciplinario, consideraciones efectuadas en anteriores pronunciamientos de esta colegiatura.

Sobre este aspecto, también ha señalado la Corte Constitucional, en la Sentencia C-430 del año 1997, lo siguiente:

“La queja no es una prueba, porque de serlo no necesitaría demostrarse, a menos que sea ratificada con las formalidades propias de la prueba testimonial. Ella puede dar origen a la acción disciplinaria, según el artículo 47 del Código Disciplinario Único, es decir, eventualmente puede poner en movimiento la actividad disciplinaria y en tal situación determinar la posibilidad de que se surta la indagación preliminar y que se cite al funcionario denunciado para que exponga su versión sobre los hechos constitutivos de aquella, o bien que se abra la investigación si del contenido de la queja se deduce que hay mérito para ello.

Pero no toda queja necesariamente origina una actuación disciplinaria, indagación preliminar o investigación, porque desde el principio puede descartarse por descabellada o intranscendente, con lo cual al no admitírsela como presupuesto de la acción disciplinaria, no necesariamente desencadena la obligación del funcionario titular del poder disciplinario de ponerla en conocimiento del presunto inculpado. Sin embargo, de todas maneras según los términos del artículo 80 en referencia, el denunciado tiene el derecho de conocer la queja ya sea en la indagación preliminar o en la investigación, más aún, cuando ella se perfecciona como una prueba testimonial”.

Conviene anotar que de conformidad con el artículo 69 de la Ley 734 de 2002, la acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente del servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, empero en el ejercicio diario de la función disciplinaria se reciben denuncias de sucesos relatados en forma vaga y genérica, de los cuales pareciera derivarse la obligación de mover el aparato judicial a fin de investigar la ocurrencia de faltas disciplinarias y determinar las responsabilidades de los autores, sin embargo al ponderar la fuerza y contundencia probatoria se arriba a la conclusión primaria y anticipada de la inutilidad de ejercitar tal función, no solo por no contar con elementos de juicio serios y específicos, sino también por el desgaste que sufre el Estado en auscultar sobre quejas indeterminadas y vagas, con altísimos costos financieros y ocupación de los recursos humanos y físicos que podrían dedicarse a otros asuntos de mayor relevancia.

Por lo anterior y encontrándose demostrada la irrelevancia de los hechos frente a los funcionarios antes referidos, no siendo susceptibles de ser investigados por esta jurisdicción por lo cual, lo procedente es desestimarlos, por lo tanto lo procedente en esta oportunidad es dar aplicación a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, y en consecuencia, la Sala se inhibirá de iniciar actuación disciplinaria alguna.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. INHIBIRSE de iniciar actuación disciplinaria alguna contra el doctor Christian Eduardo Pinzón Ortiz, en calidad de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, con fundamento en la queja formulada por el señor Héctor Saúl Blanco Romero, acorde con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. Por secretaría líbrense las comunicaciones de ley.

Notifíquese y cúmplase».