Sentencia 2014-02291 de marzo 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Rad. 11001-03-15-000-2014-02291-01(AC)

Magistrado ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: Juan de Dios Castellanos Núñez

Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta

Bogotá, D.C., diecinueve de marzo de dos mil quince.

“Procede la Sala a decidir la impugnación, oportunamente interpuesta por el actor, contra el fallo de 23 de octubre de 2014, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado”.

I. Antecedentes

I.1. La Solicitud.

El señor Juan de Dios Castellanos, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para buscar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad.

I.2. Hechos.

Manifestó que el 13 de enero de 2014, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la cual fue admitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante auto de 28 de enero del mismo año, el cual le fue debidamente notificado.

Afirmó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de 27 de marzo de 2014, a través de la cual negó por improcedente la solicitud de amparo constitucional, sin que dicha decisión le fuera notificada como lo dispone la Ley.

Debido a lo anterior, adujo que acudió a la secretaría general de la corporación donde se le informó que el 6 de mayo de 2014 se envió el expediente a la Corte Constitucional, “(...) sin ser notificado el fallo, donde me dicen en la secretaría de la corporación, que hubo un error pero ya lamentablemente se envió”.

I.3. Pretensiones.

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que se deje sin efectos el envío a la Corte Constitucional de la acción de tutela radicada bajo el número 2014-00018-00, hasta tanto no le sea notificado personalmente el fallo de tutela.

Asimismo, solicitó que se le ordene a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que en un término de 48 horas, le notifique el mencionado fallo de tutela, con el fin de respetar sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, evitando así un perjuicio irremediable.

I.4. Defensa.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado y la secretaría general de la corporación, de manera conjunta, señalaron que revisado el software de gestión y el expediente físico, consta que las actuaciones realizadas por el despacho y la secretaría general fueron registradas dentro de los términos oportunos y además, resaltaron que entre el 3 de abril y el 6 de mayo de 2014, fecha en la cual fue remitido el expediente a la Corte Constitucional, las partes contaron con el tiempo suficiente para consultar el proceso y presentar los escritos que consideraran necesarios.

Indicaron que en el expediente no obra ninguna constancia de devolución de correspondencia por parte de la Empresa Red Postal 4-72, motivo por el cual se infiere que la comunicación fue entregada correctamente al destinatario, y destacaron que todas las comunicaciones fueron dirigidas a la dirección que informó el actor.

Así las cosas, precisaron que no existió negligencia por parte de los funcionarios de la Secretaría General, los cuales tienen instrucciones claras de indicarle a las partes que pueden consultar libremente el proceso, salvo las restricciones legales o judiciales que así lo impongan.

Señalaron que las afirmaciones realizadas por el actor no son precisas, toda vez que para obtener información del proceso no cuenta solamente con la secretaría general, cuyos funcionarios están dispuestos siempre a brindar colaboración diligente y oportuna, sino con el canal de información de la página web del Consejo de Estado, la cual puede ser consultada desde cualquier lugar donde haya internet e incluso desde los computadores que se encuentran ubicados a disposición de los usuarios en todas las secretarías de la corporación.

En virtud de lo anterior, solicitaron que se nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que ni el Despacho de la magistrada ponente ni la secretaría general, vulneraron los derechos fundamentales a la defensa, a la contradicción y al debido proceso, alegados por el actor.

II. Fundamentos del fallo impugnado

Mediante sentencia de 23 de octubre de 2014, la Sección Quinta del Consejo de Estado, negó el amparo solicitado.

Para el efecto, consideró que del análisis de las pruebas que obran dentro del proceso, como son: la consulta realizada en el Sistema de Gestión Siglo XXI y la certificación presentada por la magistrada ponente de la Sección Cuarta y el secretario general del Consejo de Estado, se puede verificar que efectivamente en la acción de tutela radicada bajo el número 2014-00018-00, se dictó sentencia el 27 de marzo de 2014, la cual fue notificada mediante telegrama 16998 de 3 de abril del mismo año, a la dirección indicada por el actor, esto es, “Altos de tamarindo, casa M 15 Villa del Rosario Cúcuta, Norte de Santander”.

Asimismo, aseguró que al revisar el expediente contentivo de la acción de tutela, verificó que la notificación del auto admisorio de la demanda se había remitido a la dirección señalada, siendo efectiva dicha comunicación, por cuanto concluyó que el trámite dado a la acción de tutela y en especial, a la notificación del fallo de primera instancia, fue realizado de conformidad con el ordenamiento jurídico, de tal manera que no existió vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor.

III. Fundamentos de la impugnación

El actor, actuando en nombre propio, presentó escrito de impugnación contra la sentencia de 23 de octubre de 2014, en el que solicitó que se revoque el contenido del fallo y se acceda a las pretensiones de la acción de tutela.

Manifestó que está en desacuerdo con la decisión del a quo, toda vez que en el presente caso es evidente que la notificación de la sentencia de primera instancia carece de acuse de recibo de la entrega de la comunicación, y además, aclaró que no está poniendo en duda que se haya establecido el procedimiento adecuado para la notificación, como se quiere hacer ver, sino que efectivamente no se realizó su entrega, como realmente ocurrió, lo cual vulneró su derecho de defensa.

De otra parte, indicó que el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la notificación del fallo de tutela se hará por telegrama o “por otro medio expedito que asegure su cumplimiento”, lo cual implica que es deber de la autoridad judicial garantizar el conocimiento de sus decisiones, con el fin de que las partes puedan ejercer su derecho de defensa.

Por último, precisó que no se puede declarar la improcedencia de la acción de tutela sin antes verificar la efectiva notificación del fallo, toda vez que de ser así, los sujetos procesales se encontrarían en un estado de indefensión dependiendo del arbitrio de los funcionaros como, a su juicio, ocurrió en el presente caso, cuando al dirigirse a la secretaría general del Consejo de Estado a preguntar por su proceso, la funcionaria le contestó que la sentencia de primera instancia: “efectivamente no se había notificado”.

IV. Consideraciones de la sala

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto-Ley 2591 de 1991. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso, el actor pretende dejar sin efectos la actuación por medio de la cual la secretaría general de esta corporación envió a la Corte Constitucional la acción de tutela radicada bajo el número 2014-00018-00, por cuanto aseguró que no fue notificado del fallo de primera instancia, razón por la cual no pudo ejercer su derecho de defensa.

En este orden de ideas, verificado que el actor no cuenta con otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales, procede la Sala a analizar el asunto de fondo.

Ahora bien, respecto a la falta de notificación alegada por el actor, del expediente contentivo de la acción de tutela radicada bajo el número 2014-00018-00, se observa lo siguiente:

- Mediante sentencia de 27 de marzo de 2014, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se negó por improcedente la solicitud de tutela instaurada por el actor.

- Para efectos de llevar a cabo la notificación de la decisión, la secretaría general del Consejo de Estado entregó el telegrama 6998 de 3 de abril de 2014 a la oficina de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72.

- En firme la sentencia, mediante oficio 6086 de 6 de mayo de 2014, la secretaría general del Consejo de Estado remite el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

- La Corte Constitucional, en proveído de 29 de mayo de 2014, decide no seleccionar la acción de tutela y devuelve el expediente en oficio de 1º de agosto de 2014 (fl. 7, cdno. C. Const.).

Contra la actuación procesal narrada, el actor promueve la presente tutela y alega que no recibió la notificación de la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Por esta razón, el despacho sustanciador, mediante proveído de 5 de febrero de 2015, solicitó: “Estando el proceso al despacho para redactar el proyecto de fallo, por secretaría general ofíciese de manera urgente a la jefe nacional de telegrafía de la oficina de Servicios Postales Nacionales S.A., para que en el término de la distancia, con destino al proceso de la referencia, remita copia de la planilla en la cual conste la fecha y el nombre de la persona que recibió el telegrama 16998 3 de abril de 2014, dirigido al actor en Altos de tamarindo, casa M15, Villa del Rosario, Cúcuta - Norte de Santander, mediante el cual se notificó la sentencia de 27 de marzo de 2014, dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 2014-00018-00”.

En respuesta, a folio 47 del expediente, obra memorial suscrito por el coordinador de peticiones, quejas y recursos de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, en el que explica lo siguiente:

“En razón a lo anterior esta oficina procede a realizar el rastreo de la pieza postal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 3095 de 2011, ‘Por medio de la cual se definen los parámetros y metas de calidad para los servicios postales diferentes a los comprendidos dentro del servicio postal universal y se establece el modelo único para las pruebas de entrega’, rastreo que se realizó en todos nuestros aplicativos donde se evidencia que el envío fue devuelto el 14 de abril de 2014, con causal de devolución cerrado 1ª vez, con segundo intento de entrega el día 15 de abril de 2014, con causal de devolución cerrado 2ª vez y entregado a CD Murillo Toro el día 23 de abril de 2014”.

Lo anterior, permite a la Sala corroborar que la notificación de la sentencia de 27 de marzo de 2014, proferida por la Sección Cuarta, no se surtió, tal y como lo establece el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, al preceptuar que:

“ART. 30.—Notificación del fallo. El fallo se notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido”.

Cabe recordar que uno de los pilares fundamentales del debido proceso, lo constituye el derecho de defensa y, en tal sentido, esta corporación ha sostenido que la notificación, como acto de comunicación de las decisiones judiciales, es el medio que garantiza al interesado la oportunidad de ejercer los recursos y presentar sus alegaciones frente a dicha decisión.

Al respecto, la Sala, en un caso en el que se discutía la notificación de la admisión de la demanda y la fijación en lista efectuada por un Juzgado, señaló:

“Para la Sala, es evidente el error en que incurrió el juzgado al señalar que la parte demandante del proceso 2010-00099 era “ESE Redehospital” y no Yadira de la Hoz Gutiérrez, contrariando la disposición transcrita e impidiendo que se surtiera en debida forma la notificación pretendida.

(…)

Sobre el deber de notificación, como garantía del debido proceso, la Corte Constitucional ha señalado que(1):

El debido proceso como derecho fundamental de aplicación inmediata (C.P., art. 85), en concordancia con los artículos 228 y 229 de la Constitución Política y de acuerdo con las disposiciones de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, se expresa a través de principios que regulan el acceso a dicha función pública, entre otros, se destacan los siguientes: la celeridad, publicidad, autonomía, independencia, gratuidad y eficiencia. Precisamente, la Corte sobre esta materia ha sostenido que:

‘(...) del contenido del artículo 29 de la Carta y de otras disposiciones conexas, se infiere que el derecho al debido proceso se desagrega en una serie de principios particularmente dirigidos a tutelar la intervención plena y eficaz del sujeto procesal y a protegerlo de la eventual conducta abusiva que pueda asumir la autoridad que conoce y resuelve sobre la situación jurídica sometida a su decisión. En tal virtud, y como garantía de respeto a dichos principios, el proceso se institucionaliza y normatiza, mediante estatutos escritos que contienen mandatos reguladores de la conducta de las autoridades administrativas o judiciales, encaminados a asegurar el ejercicio regular de sus competencias (...)’(2).

De contera que, el derecho al debido proceso en las actuaciones judiciales, exige que todo procedimiento previsto en la ley, se adecue a las reglas básicas derivadas del artículo 29 de la Constitución, tales como la existencia de un proceso público sin dilaciones injustificadas, con la oportunidad de refutar e impugnar las decisiones, en donde se garantice el derecho defensa y se puedan presentar y controvertir pruebas, so pena de vulnerar los derechos fundamentales de los sujetos procesales y de alterar las reglas mínimas de convivencia social fundadas en los postulados del Estado social de derecho (C.P., arts. 1º, 4º y 6º)(3).

(…)

De ahí que pueda concluirse que la indebida elaboración, por parte del juzgado, del estado por medio del cual se fijó en lista el proceso iniciado por Yadira de la Hoz Gutiérrez contra el distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla, se tradujo en la imposibilidad de este de contradecir los hechos alegados en la demanda y enervar las pretensiones, a través de la solicitud de pruebas en la etapa procesal pertinente.

En esa medida, era deber de los jueces de instancia dar a conocer las decisiones del proceso, mediante las comunicaciones o notificaciones consagradas en el ordenamiento jurídico o, en su defecto, corregir los errores en las oportunidades impulsadas por el afectado, pero en todo caso, garantizarle al demandado, aquí actor, la oportunidad de defenderse, pues claramente lo que se consideró como un ‘simple error’, realmente fue la causa eficiente de la imposibilidad de aquél de arribar al proceso sus argumentos defensivos, lo que, sin lugar a dudas, es determinante en la decisión final que haya de adoptarse en dicha controversia”.

(...)

En consecuencia, la Sala dispondrá que se deje sin efecto toda la actuación surtida en el proceso de la acción de controversias contractuales 2010-00099, actora: Yadira de la Hoz Gutiérrez, demandados: ESE Redehospital de Barranquilla y distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla, desde la publicación del estado de 1º de junio de 2010, inclusive. En su lugar, el juzgado a cargo deberá proceder a la notificación por estado de la fijación en lista del proceso, en los precisos términos del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, con indicación correcta de los sujetos procesales(4). (Resaltado fuera del texto).

Ahora bien, según quedó demostrado en este proceso, la falta de notificación a la parte actora fue un evento que no pudo ser conocido por la secretaría general de esta corporación, amén de que tampoco le fue certificado por parte de la Empresa de Servicio Postales que no se había podido surtir la notificación, y solo fue hasta el momento en que el actor interpuso la presente acción de tutela que se pudo advertir el error que trajo como consecuencia la imposibilidad de que este impugnara y así ejerciera su derecho a la defensa.

Lo anterior, sin duda, representa una carga que no debe asumir el usuario, teniendo en cuenta que no se le puede endilgar al actor la responsabilidad de no poder ejercer su derecho de defensa, cuando el hecho que imposibilitó la notificación fue totalmente ajeno a su voluntad.

Asimismo, dicha responsabilidad no puede ser atribuible a la secretaría general de esta corporación, toda vez que en el presente caso la Sala pudo constatar que la falla o yerro se presentó durante el trámite concerniente en la Empresa de Servicios Postales Nacionales.

Por las anteriores razones, la Sala revocará el fallo impugnado y, en su lugar, concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso del actor. En consecuencia, ordenará a la secretaría general de la corporación que proceda a efectuar la notificación personal al señor Juan de Dios Castellanos Núñez de la providencia de 27 de marzo de 2014, proferida dentro del Expediente 2014-00018-00, haciéndole saber que dispone de tres (3) días para su impugnación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 23 de octubre de 2014, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, AMPÁRANSE los derechos fundamentales del actor.

2. ORDÉNASE a la secretaría general de la corporación que proceda a efectuar la notificación personal al señor Juan de Dios Castellanos Núñez, de la providencia de 27 de marzo de 2014 proferida dentro del Expediente 2014-00018-00, haciéndole saber que dispone de tres (3) días para su impugnación.

3. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

4. REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 19 de marzo de 2015.

Magistrados: María Claudia Rojas Lasso, presidente—María Elizabeth García González—Guillermo Vargas Ayala—Marco Antonio Velilla Moreno.

(1) Sentencia C-641 de 2002. Magistrado ponente doctor Rodrigo Escobar Gil.

(2) Sentencia C-214 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(3) Esta corporación, en Sentencia C-037 de 1996 manifestó que: “Uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados (...)”.

(4) Sentencia de 22 de noviembre de 2012, Expediente 2012-00117-01, C.P., María Elizabeth García González.