SENTENCIA 2014-02975 DE NOVIEMBRE 9 DE 2017

 

Sentencia 2014-02975 de noviembre 9 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201402975 01

Magistrado Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Aprobado Según Acta Nº 97 de la misma fecha

Bogotá, D. C., nueve de noviembre dos mil diecisiete.

Asunto a decidir

Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a resolver el grado jurisdiccional de CONSULTA de la sentencia proferida el 27 de marzo de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Bogotá(1), mediante la cual sancionó con CENSURA a la abogada María Nora Alba (Noralba) Camacho Piñeros, por hallarla responsable de incumplir el deber profesional consagrado en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y en consecuencia de ello, de la comisión de la falta descrita en el artículo 33 numeral 13 ibídem, a título de culpa.

Hechos y actuación procesal

La actuación disciplinaria se originó en virtud de la queja formulada, por el señor José Libardo Jiménez Amézquita, contra la abogada María Nora Alba (Noralba) Camacho Piñeros, por cuanto no tiene actualizados los datos ante el Registro Nacional de Abogados, por lo que no ha sido posible notificarle que es requerida para se haga parte en una denuncia por abuso de confianza y demanda de rendición espontánea de cuentas, desconociendo su actual dirección.

Mediante certificado Nº 08798-2014 del 25 de junio de 2014, se acreditó la calidad de abogada de la doctora María Nora Alba (Noralba) Camacho Piñeros, expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, donde consta se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 41.737.037 y Tarjeta Profesional Nº 144.043 vigente a la fecha.

Y mediante Certificado Nº 186650 del 13 de marzo de 2017(2) expedido por la Secretaria de esta corporación, se estableció que la togada no registra antecedentes disciplinarios.

Después de la fijación de varias fechas para la realización de audiencia de pruebas y calificación, se inició la misma el 31 de agosto de 2016(3), con la asistencia de la defensora de oficio de la investigada, abogada Luz Yaneth García Rojas, se decretaron pruebas, suspendió la diligencia para continuarla el 20 de octubre de 2016.

Audiencia de pruebas y calificación provisional.

El 1º de julio de 2014, el magistrado sustanciador, ordenó la apertura del proceso disciplinario en contra de la abogada María Nora Alba (Noralba) Camacho Piñeros, fijando fecha y hora para celebrar Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional el 28 de julio de 2014, fecha para la cual no compareció la disciplinada, por lo que se dispuso dar aplicación al artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, siendo declarada persona ausente y se le designó defensor de oficio, citando para la audiencia el 6 de octubre de 2014, reprogramada para el 12 de noviembre siguiente, la cual tampoco se pudo realizar por el paro judicial, fijando como nueva fecha el 4 de diciembre de igual año, a la que no comparecieron los intervinientes.

En sesión del 20 de octubre de 2016(4), el magistrado sustanciador luego de analizar el acervo probatorio acopiado, calificó la conducta de la abogada, formulándole pliego de cargos, atribuyéndole la falta tipificada en el artículo 33 numeral 13 de la Ley 1123 de 2007, por inobservar el deber previsto en el artículo 28 numeral 15 ibídem, a título de culpa, por cuanto omitió el deber de informar a la Unidad del Registro Nacional de Abogados una dirección actualizada que permita no solo a la administración de justicia, sino a los usuarios, conocer su domicilio principal, para así lograr una efectiva comunicación con quienes fungen como sus mandantes, situación que se corroboró al verificarse que desde el 5 de diciembre de 2005, la letrada no ha actualizado la base de datos y por el contrario ha reportado a entidades diferentes direcciones disímiles a las que otrora fueron aportadas ante el Registro Nacional de Abogados.

Audiencia de juzgamiento

Tuvo desarrollo el 27 de febrero de 2017, con la comparecencia únicamente de la defensora de oficio de la investigada, quien presentó alegatos de conclusión.

Alegatos de conclusión defensora de oficio de la disciplinada

Manifestó la defensora en sus alegaciones, que a pesar de sus indagaciones no pudo contactarse con su defendida para conocer las razones por las cuales no actualizó su domicilio profesional, solicitó dar aplicación al artículo 21 de la ley 1123 de 2007 en su favor, para que se le dosifique la sanción por culpa y no dolo.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 27 de marzo de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con CENSURA a la abogada María Nora Alba (Noralba) Camacho Piñeros, por hallarla responsable de incumplir el deber profesional consagrado en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y en consecuencia de ello, de la comisión de la falta descrita en el artículo 33 numeral 13 ibídem, a título de culpa.

La Sala de primera instancia luego de un análisis del acervo probatorio, concluyó que en el presente asunto se cumplen los parámetros exigidos en el artículo 97 de la Ley 1123 e 2007, para proferir sentencia sancionatoria en contra de la togada investigada, al considerar que acorde con la evidencia probatoria recopilada, no hay duda incurrió en la falta prevista en el artículo 33 numeral 13 del Estatuto Deontológico de la profesión, pues en criterio del Seccional, omitió informar a la Unidad del registro Nacional de Abogados una dirección actualizada, por lo que según el quejoso no ha sido posible notificarle que es requerida para que se haga parte en una denuncia por abuso de confianza y demanda de rendición espontánea de cuentas. Al respecto dijo:

“Es la prueba documental reseñada para la demostración objetiva de la conducta, entre otras, la que compromete la responsabilidad de la abogada Camacho Piñeros María Nora Alba (Noralba), en la comisión de la falta que se le endilga, pues, ciertamente, para cuando fue expedido el certificado 08798-2014-8 (el 25/06/14), la Unidad del Registro Nacional de Abogados dio cuenta que la última actualización de datos que se aparecía a ésta, era del 5 de diciembre de 2005 y como dirección aportó –carrera 5 P Nº 49B-25 Sur Bogotá–.

Se encuentra probado además, con el certificado 1667 del 3 de diciembre de 2015, de la Unidad del Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, que a la disciplinada le aparece la dirección reseñada en precedencia y como última actualización el correo electrónico noralbag120101 yahoo.com, dejado el 2 de junio de 2015.

También está evidenciado que, debió oficiarse a las empresas de telefonía móvil, Avantel, Tigo, Movistar, Uff, claro, Virgin Mobile, y ETB, para que informaran si la abogada Camacho Piñeros María Nora Alba (Noralba), tenía servicios contratados con las mismas y las direcciones que registro: cuyas respuestas de algunas de ellas, permitió verificar que, en los últimos años, y con posterioridad a la obtención del título profesional de abogada, la citada disciplinada, había registrado las siguientes direcciones ante las entidades de orden privado: –calle 21 Nº 7-45 Chía - Cundinamarca–; –carrera 7 Nº 2-39 Bogotá–; –carrera 7 Nº 1-69 Calatrava Chía Cundinamarca–; –carrera 12 Nº 9-77 oficina 302 Bogotá–; –calle 21 Nº 7-41 Chilacos, Chía Cundinamarca–; carrera 72 Nº 9-77 Bogotá–; –calle 21 Nº 7-41 Chilacos, Chía Cundinamarca– y –carrera 7 Nº 2-39 Manzana 6 casa 8 Chía Cundinamarca–. Direcciones, todas, totalmente disímiles a las que registró la disciplinada en la Unidad del Registro Nacional de Abogados.

Significa entonces que, el acervo probatorio documental esbozado en precedencia, permite determinar con certeza que la disciplinada, si bien actualizó los datos, inicialmente, el 5 de diciembre de 2005, dejando reportada la única dirección conocida por el Registro Nacional de Abogados, pues de allí en adelante, sólo aparece como última fecha de actualización, el 2 de junio de 2015, cuando aporta un correo electrónico al Registro Nacional de Abogados, lo cierto es que, ninguna de las otras direcciones reseñadas en precedencia que reportó a empresas de telefonía, durante esos años, fue informada al citado Registro Nacional de Abogados; incumpliendo con ello, el deber que le exige a un abogado, el tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante la Unidad del Registro Nacional de Abogados, so pena de incurrir en falta disciplinaria contra la recta y cumplida administración de la justicia, referida a infringir el deber relacionado con el domicilio profesional, pues aquella dirección no correspondía a la de su domicilio profesional.

Tema de capital importancia, pues recuérdese como dice la Corte Constitucional “… ha considerado que el abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (19 por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de las personas naturales o jurídicas que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias”. Y, en este caso, es claro que la disciplinada en representación el hoy quejoso, se comprometió a suscribir en su nombre y representación “una escritura pública de constitución de una hipoteca”, lo que la obligaba a mantener un domicilio profesional actualizado ante el Registro Nacional de Abogados, pues allí es donde podrá ser contactada para fines profesionales; lo que no ocurrió hasta el punto que así quedó consignado en su escrito de queja.

Conducta frente a la cual, no se aprecia ninguna causa justificativa que legitime el proceder, de la abogada Camacho Piñeros María Nora Alba (Noralba), pues omitió su deber de informar a la Unidad del Registro Nacional de Abogados, una dirección actualizada, impidiendo que hoy el quejoso, pudiera lograr una comunicación efectiva con ella, cuando está obligada a ello, para permitir no sólo a la administración de justicia sino aquello usuarios a los que les preste asesorías o consultas o los represente judicialmente, su ubicación.

Dicha situación impone un fallo sancionatorio en contra de la disciplinada, como autora responsable de la falta descrita en el artículo 33 numeral 13 de la Ley 1123 de 2007 y el quebramiento del deber profesional de la abogacía, descrito en el artículo 28 numeral 15 ibídem. Falta que como se dijo en los cargos, se imputó a título de culpa de cuya sanción se hablara en acápite separado”.

La sanción impuesta obedeció a la trascendencia social de la conducta, la modalidad culposa, la carencia de antecedentes disciplinarios de la investigada y a los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, se impone la sanción de CENSURA.

De la consulta

Notificada por edicto la decisión adoptada por el Seccional de Instancia a los intervinientes, no presentaron recurso de alzada en contra de la misma, quedando ejecutoriada la sentencia el 27 de abril de 2017, razón por la cual, al tenor de lo preceptuado en el parágrafo 1º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 el expediente fue remitido en consulta ante esta superioridad.

Consideraciones de la Sala

De la competencia

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de Administración de Justicia–, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”, en concordancia con el parágrafo 1º del referido artículo y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 –Código Disciplinario del Abogado–.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que ha sido avalada por la Corte Constitucional mediante diferentes providencias, entre ellas, el Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la h. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Del caso en concreto

Procede la Sala a decidir en grado jurisdiccional de consulta si se confirma, revoca o modifica la sentencia sancionatoria proferida el 27 de marzo de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con CENSURA a la abogada María Nora Alba (Noralba) Camacho Piñeros, por hallarla responsable de incumplir el deber profesional consagrado en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y en consecuencia de ello, de la comisión de la falta descrita en el artículo 33 numeral 13 ibídem, a título de culpa.

Considera esta Colegiatura que el derecho disciplinario es un conjunto de normas que permiten que el Estado ejerza una función de control disciplinario, administrando justicia, que tiene como finalidad que los abogados mantengan un comportamiento ético ejemplar en la realización de sus labores como profesionales del derecho, determinado por un catálogo de deberes de carácter deontológico funcional, cuyo desconocimiento lleva a la estructuración de la falta disciplinaria, es por ello que esta corporación tiene como objetivo primordial propender porque se cumpla estrictamente con este catálogo de deberes profesionales plasmados en la Ley 1123 de 2007, a través de un control ético.

De la tipicidad. La conducta por la que se le imputó y sancionó a la abogada María Nora Alba (Noralba) Camacho Piñeros con CENSURA, por inobservar el deber previsto en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y con ello incurrir en la falta tipificada en el artículo 33 numeral 13 ibídem que textualmente consagran:

“Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

“(…)”

“13. Infringir el deber relacionado con el domicilio profesional”.

Se dice que una falta es típica cuando la acción corresponde perfectamente con el tipo disciplinario plasmado en la norma, describiendo esta una conducta que de realizarse u omitirse en algunos casos, infringiría o amenazaría un deber plasmado dentro del catálogo considerado como estatuto del abogado, siendo consecuentemente coherente la imposición de una sanción determinada por el legislador.

Cuando un abogado en desarrollo de un compromiso profesional, o actuando motu propio accede a la administración de justicia o a la administración pública, entre las reglas mínimas de conducta exigibles al mismo, se han previsto que debe conservar la dignidad y el decoro de la profesión, observar y exigir mesura, seriedad, respeto debido en sus relaciones con los funcionarios, los colaboradores y auxiliares de la justicia, con la contraparte y sus abogados y desde luego dada la especial función social que le fue atribuida por el Estado social y democrático de derecho, debe colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia, al igual que en cumplimiento de su principal misión como abogado, defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.

En dicho sentido, esta Sala ha manifestado que el conjunto de deberes que consagra el estatuto deontológico de los abogados previstos en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, suponen que los profesionales del derecho, deben conocer a cabalidad las normas y procedimientos aplicables a cada una de las gestiones a las que se comprometen; al igual que dentro del catálogo de deberes que les asiste, en aras de garantizar con su ejercicio profesional la recta realización de la justicia y los fines del Estado, está consagrado el deber de tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado, ante el Registro Nacional de Abogados, para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además de informar de manera inmediata ante las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional, toda variación del mismo.

Considera entonces esta colegiatura, para que el comportamiento encaje en el marco típico de la falta disciplinaria, debe revestir verdadero acto omisivo del abogado al no corresponder el domicilio reportado en el Registro Nacional de los Abogados, con su lugar de ubicación; al punto que no permita a sus clientes su localización o a las autoridades judiciales que los requieran dentro del ejercicio de su profesión, desconociendo el marco jurídico abiertamente establecido para garantizar los derechos de sus mandantes y con ello afectar la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado.

Con la tipificación de la conducta contenida en el artículo 33 numeral 13 de la Ley 1123 de 2007, el legislador buscó garantizar la efectiva prestación de los servicios ofertados por los profesionales del derecho, haciendo accequible y segura la prestación del servicio de la profesión para ejecutar los mandatos encomendados, al igual que el cumplimiento del deber de colaborar con la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, cuando se requieran sus servicios acorde con las diferentes designaciones de orden oficioso, amparo de pobreza y otras en que pueden ser nombrados por los operadores judiciales; más sin embargo optan por faltar a la ética profesional exigida de manera especial en esta profesión, incurriendo en la omisión de registrar y actualizar inmediatamente que tengan algún cambio, la dirección de su domicilio profesional, dispuesto para dicho fin.

Del estudio realizado al material probatorio obrante en el plenario, advierte la Sala se deprende con claridad la materialidad objetiva de la conducta y la responsabilidad de la investigada en la comisión de la misma, conforme se fundamenta seguidamente.

Ciertamente de la documental recaudada en el investigativo, conforme lo destacó el a quo, en efecto la abogada María Nora Alba (Noralba) Camacho Piñeros, pese a ejercer la profesión de abogada, según se acreditó en la actuación, desde el año 2005 registra una dirección que no corresponde a la su domicilio profesional, como quiera que en el mismo no se localiza, al igual que de las documentales allegadas por las diferentes empresas de telefonía móvil celular, reportaron varios direcciones sin que ninguna de ellas concuerde con la reportada en dicho registro, además de que libradas comunicaciones en este proceso a todas y cada una de dichas direcciones, no se logró ubicación y comparecencia de la togada, por lo que estuvo representada por defensor de oficio en todo el trámite procesal.

Por lo anterior, de los acontecimientos referidos y acorde a la evidencia probatoria acopiada, se colige con certeza que la abogada María Nora Alba (Noralba) Camacho Piñeros, con su actuar incurrió en la falta disciplinaria contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, al infringir el deber relacionado con el domicilio profesional, por omitir tener un domicilio conocido, registrado, y actualizado, ante el Registro Nacional de Abogados para la atención de asuntos que se le encomienden, e informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional, solo hasta el 2 de junio de 2015 reportó un correo electrónico al cual la defensora de oficio le escribió y no fue posible localizarla ni obtener respuesta, al igual que intento por Facebook, Linkedin y Google, sin ningún resultado, por lo que la falta imputada y sanción impuesta se confirmará.

Antijuridicidad. El artículo 4º de la Ley 1123 de 2007 establece la antijuridicidad como la conducta realizada por los abogados afectando injustificadamente algunos de sus deberes profesionales. Importa en ella entonces el valor del acto como valor del resultado, lo cual significa que no tiene cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, salvo que se asuma como un mero concepto formal que no permite que la conducta sea sancionada en tanto que para ello requiere que exista un resultado que trascienda a los intereses de la sociedad y en tal sentido que exista una viva lesión al bien jurídico tutelado, pero también exige el estudio de la procedencia o no de causales eximentes de responsabilidad en materia disciplinaria.

Es así como en el caso sub examine, la falta atribuida a la abogada inculpada, implicó el desconocimiento del deber consagrado en el artículo 28 numeral 15 de la Ley 1123 de 2007, que establecen:

“Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

“(…)”

“15. Tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional”.

Del estudio anteriormente realizado, en lo que respecta a la antijuridicidad de la conducta, se tiene entonces que efectivamente, con la omisión el del domicilio profesional de la togada en el Registro Nacional de Abogado, se vulneró el deber de observar la efectiva prestación de servicios a sus clientes, así como el de colaborar con la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, optando por obrar contrario a lo establecido en el ordenamiento jurídico, pues a pesar de tener dicha obligación optó por hacer caso omiso de sus deberes profesionales, parámetros bajos los cuales no es aplicable ninguna de las causales establecidas en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, como eximentes de responsabilidad.

Culpabilidad. Se entiende por culpabilidad la actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente. Podemos decir que la culpabilidad se predica de aquella persona que siendo responsable jurídicamente decide actuar contra derecho con consciencia de la antijuridicidad.

La falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, al omitir registrar y actualizar el domicilio profesional ante el Registro Nacional de Abogados y las autoridades antes quienes adelante cualquier gestión profesional, fue atribuida en la modalidad culposa, pues es evidente su comportamiento descuidado y negligente en el acatamiento del deber que le asiste como profesional del derecho.

Así las cosas, la togada inculpada faltó a su deber profesional y sin mediar justificación alguna para su conducta, resulta en deber jurídico considerar integrado el trípode que constituye la falta disciplinaria: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, circunstancia que obliga a endilgar responsabilidad disciplinaria contra la abogada María Nora Alba (Noralba) Camacho Piñeros.

Dosimetría de la sanción. Frente a la sanción impuesta, encuentra la Sala que la misma está acorde y consulta los parámetros establecidos en los artículos 40 y 45 de la Ley 1123 de 2007, en cuanto a que se impuso de cara a los criterios de trascendencia social de la conducta, la modalidad de la falta, es decir culposa y la carencia de antecedentes disciplinarios; no obstante la impetró, desobedeciendo con su comportamiento el deber de propender por el logro de la protección de los intereses de quienes representa y de colaborar con la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado.

Respecto a los principios consagrados en el artículo 13 de la misma codificación, en cuanto al principio de necesidad, íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar la implicada con CENSURA, pues la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendiendo este, como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas disciplinarias, o incumplan sus deberes en el ejercicio de la profesión de la abogacía.

De igual manera, la sanción antes referida, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta sancionadora del Estado, con la gravedad de la misma, pues sin justificación alguna la letrada conculcó el Estatuto Deontológico, al haber trasgredido el deber suficientemente referido, atentatorio del cumplimiento de su función social y misión de defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la sanción, la cual justifica la sanción disciplinaria de CENSURA a la disciplinada, debiéndose atender lo expuesto por la Corte Constitucional, cuando dijo: “la razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Por los argumentos expuestos, esta corporación encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada y en consecuencia se CONFIRMARÁ la sentencia objeto de consulta proferida el 27 de marzo de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó sancionó con CENSURA a la abogada María Nora Alba (Noralba) Camacho Piñeros, por hallarla responsable de incumplir el deber profesional consagrado en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y en consecuencia de ello, de la comisión de la falta descrita en el artículo 33 numeral 13 ibídem, a título de culpa.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia objeto de consulta proferida el 27 de marzo de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó sancionó con CENSURA a la abogada María Nora Alba (Noralba) Camacho Piñeros, por hallarla responsable de incumplir el deber profesional consagrado en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y en consecuencia de ello, de la comisión de la falta descrita en el artículo 33 numeral 13 ibídem, a título de culpa, conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de abogados, enviándole copia de esta Sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Por Secretaría Judicial de esta corporación, líbrense las comunicaciones de ley.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Sala Dual, M. P. Alberto Vergara Molano. Folios 275 al 284 C. O.

2 Folio 274 C. O.

3 Folios 176 a 177 y 1 CD.

4 Leyes 192 a 193 y 1 CD.