Sentencia 2014-03268 de enero 23 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 11001-03-15-000-2014-03268-00

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Rafael Aníbal Guerrero Camaño.

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro.

Acción de tutela

Bogotá, D.C., veintitrés de enero del año dos mil quince.

Decide la Sala acción de tutela interpuesta por Rafael Aníbal Guerrero Camaño, contra el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Antecedentes

Rafael Aníbal Guerrero Camaño, interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, administración de justicia y vivienda digna, presuntamente vulnerados por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Pretensiones

Las concreta así:

“— (…) solicito al señor juez disponer y ordenar a las partes accionadas en el fallo de segunda instancia emitido por el juzgado (sic) quince (sic) administrativo (sic) del circuito (sic) de Medellín cuya sentencia es#108-2011 y radicado: 05001 33 31 015 2009 001 25 00, Ordenar (sic) a favor de este accionante lo siguiente:

— Que me sean tutelados los derechos invocados y en consecuencia ordenar a la empresa de vivienda de Antioquia “viva”, Al municipio de Caucasia, la empresa constructora Fomento urbano S.A. con nit: 21-303861-04, y a la junta de vivienda comunitaria primero mi pueblo que se me construya la vivienda junto con el resto de las 96 personas que aún faltan por reparar y que hacen parte del fallo, y que dicha vivienda cumpla con todas las condiciones técnicas y de salubridad del marco de construcción jurídico legal.

— Que no se les conceda más plazo del que en la actualidad se le ha sido otorgado por cuanto el tiempo de la sentencia ya se cumplió y no han sido responsable en su cumplimiento, y más bien han sido ociosos porque en la actualidad construyen proyecto para otros véase pruebas documentales, y en todo caso que se me obre justicia al igual que a mis 96 compañeros, Ya que en concepto: él principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias (…)”.

Hechos

En el año 2006, fueron aprobadas 488 viviendas de interés social para el municipio de Caucasia - Antioquia, distribuidas en dos proyectos, así: 398 para el denominado “La Trampa” y 100 para el designado “El Camello”, con un costo de $ 9´009.853.640. Para la ejecución de los mismos, se hicieron parte la Empresa de Vivienda de Antioquia, VIVA, la Constructora Fomento Urbano S.A. y la Junta de Vivienda Comunitaria “Primero mi Pueblo”.

Una vez seleccionados los beneficiarios, se les exigió un aporte por el valor de $ 2´000.000, el cual debieron consignar en los meses de octubre a diciembre de 2006, a las cuentas de ahorros 37133281763 y 371301666445 Banco Bancolombia a nombre de la Unión Fomento Urbano.

Manifiesta el demandante, que como no les fueron entregadas las viviendas de intereses social en la fecha establecida, 96 de los beneficiarios del proyecto “Juan Bautista Garcés” interpusieron acción popular contra el municipio de Caucasia, la Empresa de Vivienda de Antioquia, VIVA, Fomento Urbano S.A. y la Junta de Vivienda Comunitaria “Mi Pueblo”, por la presunta vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, patrimonio público y equilibrio ecológico.

El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, amparó los derechos colectivos invocados mediante fallo de 21 de noviembre de 2011 (fl. 674, exp. en préstamo).

La Empresa de Vivienda de Medellín, VIVA, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, quien confirmó el fallo impugnado, a través de sentencia de 26 de octubre de 2012.

Sostiene el actor que el municipio de Caucasia a la fecha de presentación de la acción de tutela, aún no les ha solucionado el problema de vivienda a las personas que no fueron beneficiarias del fallo de la acción popular, y por el contrario ha venido entregado de forma gratuita casas de interés social a otras personas.

Finalmente, señala que la sentencia proferida en la acción popular es excluyente, pues solo administra justicia para 96 personas de manera parcial y no extiende sus efectos a todas aquellas personas que hubieran sufrido la misma vulneración, circunstancia que desconoce el principio de igualdad de justicia administrativa.

Contestación

El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín, al rendir el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, manifestó que son parcialmente ciertos los supuestos fácticos expuestos por el actor, y que no le consta a este despacho judicial que se hayan otorgado 488 soluciones de viviendas de interés social en el año 2006 en el municipio de Caucasia, ni que los beneficiarios hayan tenido que aportar $ 2´000.000.

Continuó señala que el objeto de estudio de la acción popular giraba en torno al proyecto de vivienda Juan Bautista Garcés, compuesto por dos sectores denominados “El Camello” y “La Trampa”, del cual no hizo parte el demandante, quien era beneficiario del proyecto Ramiro Campuzano - sector “Las Malvinas”, así las cosas, el fallo cuestionado no es excluyente como equívocamente lo advierte el actor, además contiene un análisis detallado del acervo probatorio y las normas aplicables al asunto.

Advierte que el presente mecanismo constitucional es improcedente por no cumplir con el requisito de inmediatez, pues la providencia objeto de inconformidad fue notificada mediante edicto desfijado el 16 de noviembre de 2012, y la acción de tutela se interpuso el 15 de octubre de 2014, es decir, 22 meses después de haber quedado en firme el fallo, sin que exista justificación para la inactividad del demandante.

El municipio de Caucasia - Antioquia, contestó la acción de tutela de la referencia (fls. 65 y ss.), en los siguientes términos:

A partir de la notificación del fallo de la acción popular, la administración municipal ha desplegado las actuaciones pertinentes para resarcir a los afectados, tanto a los que hicieron parte del proceso del mecanismo constitucional como a aquellos que no lo fueron pero que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios del subsidio de vivienda, asimismo, se verificó en las bases de datos, que algunas de las personas afectadas ya fueron asignadas a para proyectos de vivienda como el de los desplazados y de la ola invernal, o a las adjudicaciones de lotes de terreno.

No se han vulnerado los derechos fundamentales invocados, pues las personas que no se vieron beneficiadas por la sentencia de la acción popular y que creían tener los mismos derechos, de conformidad con la Ley 472 de 1998, hubiera podido hacerse hecho parte del proceso.

Allega copia del convenio interadministrativo suscrito por la empresa VIVA y el municipio de Caucasia, del acta de recibo de 41 apartamentos y del oficio dirigido por el municipio a VIVA presentando el proyecto de vivienda para algunos de los afectados de la Urbanización San Juan Bautista (La Trampa), para demostrar que ha venido cumpliendo con la orden impartida por el juez constitucional.

A folios 59 y siguientes del expediente, obran telegramas de notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, al director de la Empresa de Vivienda de Antioquia, VIVA, Fomento Urbano S.A. y al representante legal de la Junta de Vivienda Comunitaria “Primero Mi Pueblo”, quienes guardaron silencio y no rindieron el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Consideraciones

Rafael Aníbal Guerrero Camaño, estima vulnerados sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, administración de justicia y vivienda digna, por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con ocasión de los fallos de 21 de noviembre de 2011 y 26 de octubre de 2012, respectivamente, proferidos dentro de la acción popular que amparó los derechos colectivos al patrimonio público, a la moralidad administrativa, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes.

Para resolver, se tiene lo siguiente:

El artículo 86 de la Constitución Política es claro al expresar que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en determinadas situaciones, asimismo es un mecanismo residual que solo procede cuando no existan otros mecanismos ordinarios de defensa judicial para la protección de los derechos vulnerados, en caso contrario la acción de tutela resulta improcedente.

Por su parte, el artículo 51 ibídem señala:

“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.

En principio, el derecho a la vivienda no es susceptible de protección constitucional, pues su acceso gira en torno a conflictos contractuales, de posesión o de dominio, los cuales pueden dirimirse en la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, la ausencia de reconocimiento oportuno de este derecho de rango legal puede transgredir o amenazar de manera ostensible un derecho fundamental, circunstancia que permite reclamar su protección inmediata a través de la acción de tutela.

La Corte Constitucional(1) ha considerado: (…) Puede solicitarse el amparo constitucional del derecho a la vivienda cuando: “(i) por vía normativa se defina su contenido, de modo que pueda traducirse en un derecho subjetivo; (ii) cuando su no satisfacción ponga en riesgo otros derechos de naturaleza fundamental, como el derecho a la vida, al mínimo vital, a la integridad física, etc., y (iii) cuando se reclame la protección del derecho en cuestión frente a injerencias arbitrarias de las autoridades estatales y de los particulares”(2).

De lo expuesto, se concluye que a partir del estudio de los supuestos fácticos de cada asunto en particular y de las condiciones de vulnerabilidad, el juez constitucional determinará si el derecho a la vivienda digna es susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela.

Del asunto concreto

Rafael Aníbal Guerrero Camaño fue seleccionado como beneficiario de un subsidio de vivienda otorgado al municipio de Caucasia - Antioquia, asignado para el proyecto de vivienda denominado “Ramiro Campuzano” - Sector Las Malvinas de ese municipio, cuyo desarrollo y ejecución estaría a cargo de la Empresa de Vivienda de Antioquia, VIVA, la Constructora Fomento Urbano S.A. y la Junta de Vivienda Comunitaria “Primero mi Pueblo”.

El 4 de junio de 2007, el demandante consignó a la cuenta 3713328176-3 del Banco Bancolombia de la Junta de Vivienda Comunitaria “Primero mi Pueblo” la suma de $ 2´000.000 (fl.12), como aporte para la adquisición de una vivienda de interés social dentro del proyecto de urbanización “Ramiro Campuzano” - Sector las Malvinas del municipio de Caucasia.

A folio 10 del expediente, obra certificación expedida el 29 de septiembre de 2014, expedida por el secretario de planeación del municipio de Caucasia, en la que consta:

“Que el señor Rafael Anibal (sic) Guerrero Camaño, identificada (sic) con cedula (sic) de ciudadanía 15.309.958 de Caucasia, es damnificado del proyecto Ramiro Campuzano del sector las Malvinas del municipio de Caucasia, Antioquia. Cabe resaltar que dicha persona realizo (sic) una consignación de 2.000.000 pesos en el 2006 A (sic) la cuenta de la constructora en cargada (sic) del proyecto, con el fin de acceder a una Vivienda Nueva. El señor Guerrero se encuentra en lista de espera para ser reubicado como persona afectada de este proyecto”.

El accionante afirma que la ejecución de las obras ha sufrido retrasos y a la fecha aún no se ha efectuado la entrega del bien; añade que mediante sentencia de 26 de octubre de 2012 proferida dentro de una acción popular, se ordenó la protección de los derechos colectivos de 96 personas beneficiarias de los subsidios de vivienda; sin embargo, los efectos de dicha providencia no le fueron extendidos a pesar de encontrarse en las mimas condiciones de vulnerabilidad. Por lo anterior, solicita que se ordene a las entidades accionadas construir y entregar el inmueble en condiciones “técnicas y de salubridad”.

En la contestación de la demanda, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, afirmó que la decisión adoptada en la acción popular giraba en torno a un proyecto distinto del que hizo parte el demandante como beneficiario, por lo que sus efectos no pueden ser extendidos a su situación particular.

Además, señaló que no se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción de tutela se interpuso 22 meses después de quedar en firme el fallo cuestionado.

De conformidad con los supuestos fácticos y los documentos aportados por el actor, es claro para la Sala que el fallo de la acción popular cuyos efectos reclama se le hagan extensivos, hace referencia a una situación disímil a la del demandante, pues si bien en aquella oportunidad se discutió sobre la demora en la construcción y entrega de viviendas de interés social del municipio de Caucasia, del proyecto de vivienda denominado Juan Bautista Garcés, sectores “El Camello” y “La Trampa”, del cual no es beneficiario el señor Rafael Aníbal Guerrero, quien fue adscrito al proyecto Ramiro Campuzano - Sector “Las Malvinas”.

Asimismo, se debe precisar que el demandante tenía la posibilidad de hacerse parte dentro del proceso de la acción popular mediante la figura de la coadyuvancia, en los términos del artículo 24 de la Ley 472 de 1998(3), hasta antes de proferirse el fallo de primera instancia, sin embargo, no existe prueba de que así lo haya solicitado la parte actora. Así las cosas, encuentra la Sala que por este cargo no han vulnerado los derechos fundamentales constitucionales alegados, pues el señor Rafael Aníbal Guerrero Camaño tuvo la oportunidad de presentar su solicitud, si no lo hizo en los términos legalmente establecidos, no puede pretender a través de la presente acción de tutela, sustituir los mecanismos ordinarios de acceso a la administración de justicia.

Ahora bien, a partir de la certificación expedida por la secretaría de planeación del municipio de Caucasia (fl. 10), se confirmó que el actor es beneficiario del proyecto de vivienda Ramiro Campuzano - Sector las Malvinas, el cual no se ha llevado a cabo, y que actualmente se encuentra en “lista de espera para ser reubicado como persona afectada de este proyecto”.

Así las cosas, se concluye que los retrasos en la ejecución y entrega del proyecto configuran el desconocimiento del derecho a la vivienda digna, pues a pesar de que las soluciones de vivienda de interés social a personas de escasos recursos se aprobó para el municipio de Caucasia y se adjudicó a los beneficiarios en el año 2006, dicha obligación a cargo de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, la Constructora Fomento Urbano S.A. y la Junta de Vivienda Comunitaria “Primero mi Pueblo” no ha sido cumplida, situación frente a la cual las entidades demandadas no han informado claramente al demandante las causas de los retrasos en el proyecto.

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela en relación con la vulneración del derecho a la vivienda digna frente a la asignación y entrega de subsidios de vivienda de interés social, siempre y cuando, a partir de las condiciones del asunto en particular, se logre establecer que la protección constitucional resulta forzosa de cara a las circunstancias de vulnerabilidad del actor. En ese orden de ideas, advierte la Sala, es claro que el señor Rafael Aníbal Guerrero Camaño ha soportado las consecuencias de un incumplimiento por más de ocho años, en la entrega del bien inmueble para el cual fue asignado el subsidio, situación que le ha impedido acceder a una vivienda propia, y por el contrario, ha tenido que esperar durante un término desproporcionado el cumplimiento de las obligaciones en cabeza de las entidades encargadas del desarrollo y la ejecución del proyecto denominado Ramiro Campuzano - Sector Las Malvinas, circunstancia que hace procedente la intervención del juez constitucional por vía de la acción de tutela.

En efecto, si bien la responsabilidad frente a los retrasos de la ejecución del proyecto le corresponde al juez natural, esto no obsta para que el juez de tutela intervenga cuando advierta la vulneración de derechos fundamentales y tome las medidas pertinentes para la protección de los mismos.

Demostrado como esta que Rafael Aníbal Guerrero Camaño cumplió con la carga de cancelar los $ 2´000.000 para ser beneficiario del programa de vivienda de interés social, sin que hasta la fecha haya obtenido información alguna sobre la razón por la cual no ha recibido el inmueble prometido, es necesario que por lo menos le sean puestos en conocimiento los motivos de la mora, con el fin de que tome las decisiones y adopte las medidas que estime pertinentes.

Por las razones que anteceden, se decretará el amparo del derecho fundamental a la vivienda digna del señor Rafael Aníbal Guerrero Camaño, y se le ordenará a la Alcaldía Municipal de Caucasia - Antioquia para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe las razones del retraso en el desarrollo, ejecución y entrega del proyecto de vivienda de intereses social Ramiro Campuzano - Sector Las Malvinas (Antioquia), se le advierte que de no tener dicha información en su poder dé traslado de este requerimiento a la entidad que corresponda, realice las gestiones a que haya lugar con el fin de remediar de forma pronta y oportuna los actos que han generado la vulneración, y remita copia de lo anterior al accionante.

Finalmente, se debe precisar que si bien en asuntos similares al sub examine esta Sala rechazó por improcedente el mecanismo constitucional, se advierte que para este asunto en concreto y de conformidad con las pruebas aportadas al expediente, se determinó que existe vulneración del derecho fundamental constitucional a la vivienda digna, de conformidad con lo anteriormente expuesto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECRÉTASE el amparo del derecho fundamental constitucional a la vivienda digna invocado por el señor Rafael Aníbal Guerrero Camaño.

En consecuencia,

ORDÉNASE a la Alcaldía Municipal de Caucasia - Antioquia para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, informe las razones del retraso en el desarrollo, ejecución y entrega del proyecto de vivienda de intereses social Ramiro Campuzano - Sector Las Malvinas (Antioquia), se le advierte que de no tener dicha información en su poder dé traslado de este requerimiento a la entidad que corresponda, realice las gestiones a que haya lugar con el fin de remediar de forma pronta y oportuna los actos que han generado la vulneración, y remita copia de lo anterior al señor Rafael Aníbal Guerrero Camaño.

De no ser impugnada, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

Magistrados: Gustavo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero.

(1) Sentencia de 15 de febrero de 2011, expediente 2.508.518 y 2.508.519, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(2) Sentencia T-585 de 2006.

(3) Ley 472 de 1998, artículo 24: “Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones, antes de que se profiera el fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar igualmente estas acciones las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor del Pueblo o sus delegados, los personero distritales o municipales y demás autoridades que por razón de sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses colectivos”.