Sentencia 2014-03290 de noviembre 16 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 050011102000201403290 01/A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta 104, de la misma fecha.

Bogotá D. C., dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer la apelación interpuesto contra de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Antioquia(10), el 30 de octubre de 2014, mediante el cual sancionó con dieciocho (18) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de 15 SMLMV, al abogado Pedro Antonio Velásquez Salgado, y con doce (12) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de 10 SMLMV, a la abogada Diana Soraya Trujillo Padilla, como autores responsables de las faltas a la ética profesional prevista en el numeral 1º del artículo 35, y numeral 9º del artículo 33, de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “(…) los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a revisar cada uno de los argumentos expuestos por el togado.

3. El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo, por faltar al deber de honradez profesional, consagrado en el artículo 35, numeral 1º y numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, cuyo texto es el siguiente:

“(…) ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado: 1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos. (…). ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado: (…). 9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad (…)”.

En cuanto a la apelación presentada por el abogado Pedro Antonio Velásquez Salgado, se deduce del escrito de queja, como de su ampliación y las demás pruebas allegadas al proceso, que en efecto entre el abogado disciplinable, en representación del Helm Banco, promovió una demanda en contra de la señora María del Socorro Montoya Bermúdez, para un proceso de restitución de inmueble por incumplimiento de un contrato de Leasing, dentro del cual una vez pronunciada la sentencia, la señora consignó la suma de $ 295’044.360 de pesos, y adicionalmente $ 70 millones de pesos, que fue el cobro de honorarios que el doctor Velásquez Salgado, determinó cobrar a la demandada, valor que a todas luces resulta desproporcionado, no solo por no haber pactado con la demandada el mismo, sino porque dentro del contrato de Leasing, se determinaba de manera clara cuando debía cobrarse hasta el 10%, y solo era como producto de sentencia ejecutoriada, situación que en este caso no se presentó, ya que aunque hubo sentencia no fue producto de ella que la señora canceló; luego el valor que debía como máximo cobrar era lo estipulado en el contrato, pero del valor de lo recuperado, que para el caso fueron los $ 295’044.360 de pesos, sin embargo también debieron ser concertados con la demandada lo que nunca ocurrió, al no darse esas dos premisas, no son de recibo las exculpaciones ofrecidas por el disciplinable y por tal razón deberá confirmarse la falta endilgada al disciplinable y contemplada en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

De la misma forma el hecho de que se evadiera el cobro del impuesto, y que con posterioridad enmendó el disciplinable, sin embargo fue como resultado de la investigación que se adelantaba, aunque tardía para ser tenida en cuenta como atenuación de la misma, no resultan creíbles las argumentaciones esgrimidas por el disciplinable en el sentido que cuando se escribió el correo era para que no pagara el impuesto la quejosa, sino que era con el propósito de evadir el impuesto o no de otra manera se hubieran consignado en la cuenta personal de abogado, por lo que será objeto de confirmación la falta contemplada en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Las faltas endilgadas al disciplinable descritas en el los dos párrafos anteriores, se califican a título de dolo, como acertadamente lo atribuyó el a quo, pues era de conocimiento pleno del disciplinable por su profesión y aun así procedió en forma contraria a la norma ética de los abogados, de un lado violando la norma de la honradez al cobrar honorarios desproporcionados y de la otra actuando con la intensión de defraudar al estado, a tratar de evadir los impuestos a que estaba obligado y de la otra coaccionando al cobro de los honorarios indicándole que no pagaría los impuestos conductas reprochables y que son ratificadas como dolosas.

En lo atinente a la dosificación de la sanción, dieciocho (18) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de 15 SMLMV, atribuida al abogado Pedro Antonio Velásquez Salgado, será objeto de confirmación, ya que fue proporcionada a la magnitud de la falta, los antecedentes que reporta el disciplinado, el impacto negativo que estas conductas traen para la imagen de la profesión y la justicia, al cobra honorarios desproporcionados y pretender evadir el pago de los impuestos al Estado, tratando de defraudarlo, y la modalidad dolosa de la conducta, de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En cuanto al encartada Diana Soraya Trujillo Padilla, se hace eco a su clamor, en la medida que su actuar fue como empleada de la firma Pedro Velásquez Asociados de Bogotá, nunca como abogada, por esa potísima razón no le es atribuible falta alguna y en segundo lugar por cuanto quien daba las instrucciones y ordenaba lo que debía hacer era el abogado Pedro Antonio Velásquez Salgado, quien tuvo siempre a su cargo el proceso, determinó los honorarios y así como la evasión de impuestos, por tal razón funcionaria Trujillo Padilla no podía ser objeto de sanción alguna; así pues, la faltas atribuidas y la sanción serán objeto de revocatoria como en efecto esta Sala decretará.

Solicitud de nulidad.

En cuanto a la solicitud de nulidad deprecada por los dos disciplinables, por cuanto consideran que no era competente la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, dado que el objeto de la investigación era los honorarios y estos emanaban de la oficina de la ciudad de Bogotá, no tiene eco para el criterio de la Sala, ya que estos fueron causados por la atención de un proceso en la Ciudad de Envigado, cuyo inmueble era de esa ciudad, y con fundamento en ese proceso fue que se cometieron esas conductas, luego el competente es será el Seccional de Antioquia y no el de Bogotá.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve

1. Negar la nulidad solicitada por los disciplinables.

2. REVOCAR la sentencia en el sentido de terminar y archivar la investigación a la abogada Diana Soraya Trujillo Padilla, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Confirmar en los demás la sentencia mediante la cual se sanciona con dieciocho (18) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de 15 SMLMV, al abogado Pedro Antonio Velásquez Salgado, como responsable de las faltas a la ética profesional prevista en el numeral 1º del artículo 35, y numeral 9º del artículo 33, de la Ley 1123 de 2007 de conformidad con los argumentos descritos con anterioridad.

4. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de la Sala de instancia, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

5. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

6. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

10 Magistrados: Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez, Ponente y Martín Leonardo Suárez Varón.