Sentencia 2014-03354 de enero 22 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 11001-03-15-000-2014-03354-00(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Luis Orlando Duarte Azuero

Demandado: Flexo Spring SAS

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil quince.

Decide la Sala la solicitud de tutela presentada por el señor Luis Orlando Duarte Azuero, en contra de la Sociedad Comercial Flexo Spring SAS.

Antecedentes

La solicitud y las pretensiones

El señor Luis Orlando Duarte Azuero, en ejercicio de la acción de tutela solicitó que se protegieran sus derechos fundamentales a la igualdad, vida digna, trabajo y salud que estimó lesionados por la empresa Flexo Spring SAS.

Solicita la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, vida digna, trabajo y salud y en consecuencia, que se ordene a la sociedad Flexo Spring SAS, a reintegrarlo al cargo que venía desempeñando o a otro de superior categoría sin solución de continuidad desde el 22 de abril de 2014, fecha en que se constituyó el despido.

Los hechos y consideraciones del actor.

La parte actora expuso como hechos relevantes en su solicitud de tutela, los siguientes (fls. 1-5):

Indica que se vinculó a la empresa Flexo Spring SAS, mediante contrato a término indefinido desde el 28 de agosto de 2001 como ayudante de planta.

Relata que en razón a su actividad laboral ha tenido que soportar intensos y repetitivos dolores en las articulaciones superiores y en la columna vertebral, al punto que acudió a los médicos de la EPS Famisanar, quienes le diagnosticaron una enfermedad de origen común denominada “SINOVITIS Y TENSONOVITIS”, (inflamación del revestimiento del tendón que une el musculo con el hueso), por lo cual se ha sometido a un tratamiento de terapia física integral a nivel de antebrazos y puño bilateral.

En virtud de lo anterior, el área de salud ocupacional de la EPS Famisanar emitió unas recomendaciones dirigidas a la empresa Flexo Spring SAS con el fin de mejorar su ambiente laboral para la prestación adecuada del servicio.

Señala que la empresa Flexo Spring SAS, pese a conocer de su condición física, mediante comunicación de 22 de abril de 2014 dio por terminada la relación laboral alegando justa causa.

Manifiesta que la referida empresa decidió despedirlo de forma arbitraria, sin tener en cuenta las explicaciones que presentó a las faltas imputadas, ni solicitó la respectiva autorización al Ministerio de Trabajo para proceder a su desvinculación.

Aduce que la empresa demandada no podía desvincularlo laboralmente, porque es una persona que se encuentra en estado de indefensión por su estado de salud y que merece de especial protección por parte de su empleador y del estado en razón al derecho que le asiste a gozar de una estabilidad laboral de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 48 de la Constitución Política.

Intervenciones.

Mediante el auto de 18 de noviembre de 2014 (fls. 53-54) se admitió la demanda de tutela y se ordenó la notificación a la accionada, y una vez surtidas las comunicaciones de rigor, la empresa Flexo Spring SAS, y la EPS, Famisanar guardaron silencio al respecto.

Consideraciones de la Sala

Generalidades de la acción de tutela

Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Esta acción tiene dos particularidades esenciales a saber: la subsidiariedad y la inmediatez; la primera, por cuanto sólo resulta procedente cuando el perjudicado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable y; la segunda, porque se trata de un instrumento jurídico de protección inmediata que es viable cuando se hace preciso administrar la guarda efectiva, concreta y actual del derecho fundamental sujeto a vulneración o amenaza.

De la interposición de la acción de tutela contra particulares.

De acuerdo con el inciso final del artículo 86 de la Constitución Política y artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser interpuesta contra las acciones u omisiones de los particulares en la medida en que el respeto a los derechos fundamentales no sólo le es exigible al Estado, sino, también, a todos los ciudadanos(1). Particularmente, el numeral 9º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 señala que procede la acción de tutela contra un particular cuando el solicitante se encuentra en una situación de subordinación respecto a este.

Según la jurisprudencia Constitucional, en materia laboral, tal subordinación alude a la relación de dependencia jurídica que existe entre el trabajador y el empleador y, que se manifiesta en la sujeción del primero a las órdenes y a la dirección del segundo en el desarrollo de su actividad(2).

Se entiende que hay subordinación entre el tutelante y el empleador demandado incluso cuando, con ocasión de la terminación del contrato de trabajo, la relación no existía para la fecha en que se interpuso la acción de tutela. Tal interpretación extiende en el tiempo los efectos de la subordinación para amparar al trabajador frente a un despido injusto(3).

De la acción de tutela como mecanismo subsidiario para solicitar el reintegro laboral y evitar un perjuicio irremediable.

La acción de tutela es procedente si se emplea (i) como mecanismo principal cuando el actor no dispone de otro medio judicial de defensa; (ii) cuando se interpone como mecanismo subsidiario ante la existencia de otros medios que resultan inidóneos o ineficaces, o (iii) como mecanismo subsidiario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En el primer y segundo caso, la protección constitucional tiene un carácter definitivo, en el tercero, uno transitorio. En ésta última situación, el accionante adquiere la obligación de acudir posteriormente a las instancias ordinarias para que allí se desarrolle el debate jurídico de fondo sobre los hechos planteados en su demanda(4).

Cabe precisar que es regla general que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el reintegro laboral puesto que estas controversias pueden ventilarse ante la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, según la naturaleza de la vinculación. Sin embargo, la jurisprudencia Constitucional ha sostenido que dicha acción es procedente cuando se trata de (i) personas en circunstancias de debilidad manifiesta por causa de su condición económica, física o mental; o (ii) sujetos de especial protección constitucional que, a raíz de tal condición, pueden ser acreedores de una estabilidad laboral reforzada.(5) En ambos eventos, la ineficacia o falta de idoneidad de los otros medios judiciales de defensa radica en las cargas procesales y los tiempos que les imponen a personas que no están en capacidad de soportarlas.

Ahora bien, independientemente de que la acción de tutela sea propuesta por una persona en situación de debilidad manifiesta o un sujeto de especial protección constitucional, sólo será procedente si, como resultado de un perjuicio irremediable, los medios ordinarios de defensa resultan ineficaces o no son idóneos a la luz del caso concreto.

Su análisis y la evaluación del perjuicio irremediable deben realizarse con el ánimo de preservar la naturaleza de la acción de tutela. Esto es, (i) evitar que desplace a los mecanismos ordinarios al ser estos los espacios preferentes para invocar la protección de los derechos constitucionales(6); y (ii) garantizar que opere únicamente como el último recurso cuando, en una circunstancia específica, se requiere suplir los vacíos de defensa que presenta el orden jurídico para la protección de los derechos fundamentales(7).

La determinación de la eficacia e idoneidad de los recursos ordinarios no debe obedecer a un análisis abstracto y general(8). Es competencia del juez constitucional analizar la funcionalidad y eficacia de tales mecanismos a la luz del caso concreto y de la situación del accionante para determinar si ellos, realmente, permiten asegurar la protección efectiva de los derechos constitucionales fundamentales cuyo amparo se pretende(9).

En relación con la situación del actor, entiéndase, por ejemplo, su edad, su estado de salud o el de su familia, sus condiciones económicas y la posibilidad de que para el momento del fallo definitivo por la vía ordinaria, la decisión del juez sea inoportuna o inocua(10).

De la improcedencia de la acción de tutela por la existencia de otro medio judicial de defensa.

En principio no puede ser empleada como mecanismo principal y definitivo para resolver controversias sobre las cuales el legislador ha previsto mecanismos especializados y definitivos para su resolución, dentro de los cuales también se garantiza la protección y garantía de los derechos fundamentales.

Una de las principales razones de lo expuesto, es que el legislador teniendo en cuenta determinadas situaciones de hecho y de derecho, y por consiguiente, la naturaleza, ejercicio, garantía y protección de los derechos de las partes, intervinientes y/o de la comunidad en general, ha elaborado acciones y procedimientos judiciales especializados para el mejor proveer de cierto tipo de situaciones, de acuerdo a las directrices de la Constitución Política.

Por lo anterior, la misma Carta Constitucional ha preceptuado que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario respecto de los medios ordinarios de defensa, porque de lo contrario, desaparecerían todas las acciones y procedimientos especialmente instituidos por el legislador para controvertir cualquier diferencia.

En este sentido, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, ha establecido como causales de improcedencia de la acción de tutela, cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales; cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus; cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 8812 de la Constitución Política (ante la existencia de las acciones popular y de grupo); y cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto (en tanto los mismos son objeto de control mediante los mecanismos contencioso administrativas y de control constitucionalidad especialmente previstas para verificar la validez del referido acto).

De esta manera es preciso resaltar que la Corte Constitucional en varios pronunciamientos, señaló que la procedencia de esta acción constitucional se encuentra condicionada a la inexistencia o ineficacia de los medios ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, esta acción, como mecanismo residual y subsidiario, no puede remplazar las figuras procesales destinadas a obtener la satisfacción de sus derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia de las partes en hacer uso de ellas de la manera y dentro de los términos previstos legalmente para ello. En efecto, al respecto se estableció:

“La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue instaurada para remediar los errores en que incurren los ciudadanos en lo relacionado con la defensa de sus derechos. Si se llegara a admitir la posición contraria, pasaría la tutela a sustituir todos los demás medios judiciales y la jurisdicción constitucional entraría a asumir responsabilidades que no le corresponden, todo ello en detrimento de los demás órganos judiciales.

(...) Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional”(11).

Análisis del caso concreto

El señor Luis Orlando Duarte Azuero solicita que en amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, vida digna, trabajo y salud, se ordene a la sociedad Flexo Spring SAS, a reintegrarlo al cargo que venía desempeñando o a otro de superior categoría sin solución de continuidad desde el 22 de abril de 2014, fecha en que se dio por terminada la relación laboral.

Como sustento del anterior pedimento, argumenta el accionante, que su despido constituye un desconocimiento del derecho a la estabilidad laboral, pues es una persona que se encuentra en estado de indefensión por su condición de salud, teniendo en cuenta que en el ejercicio del cargo el área de salud ocupacional de la EPS Famisanar le diagnosticó una enfermedad de origen común denominada “SINOVITIS Y TENSONOVITIS”, (inflamación del revestimiento del tendón que une el musculo con el hueso), por lo cual se ha sometido a un tratamiento de terapia física integral a nivel de antebrazos y puño bilateral.

Adicionalmente advierte, que los motivos expuestos por la empresa Flexo Spring SAS, para dar por terminada la relación laboral en la carta de 22 de abril de 2014, no constituyen justa causa, toda vez que en ningún momento descuidó las labores para las que fue contratado.

Dicho esto, es preciso señalar que dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, este no es el mecanismo idóneo para obtener el reintegro laboral puesto que estas controversias pueden ventilarse ante la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, según la naturaleza de la vinculación.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia Constitucional ha sostenido que dicha acción es procedente cuando se trata de (i) personas en circunstancias de debilidad manifiesta por causa de su condición económica, física o mental; o (ii) sujetos de especial protección constitucional que, a raíz de tal condición, pueden ser acreedores de una estabilidad laboral reforzada.

Ahora bien, independientemente de que la acción de tutela sea propuesta por una persona en situación de debilidad manifiesta o un sujeto de especial protección constitucional, sólo será procedente si, como resultado de un perjuicio irremediable, los medios ordinarios de defensa resultan ineficaces o no son idóneos a la luz del caso concreto.

En el presente asunto, el señor Luis Orlando Duarte Azuero, aduce que es una persona que se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta por razón de su condición de salud y para el efecto acredita con su historia clínica allegada al expediente de tutela, que desde el mes de septiembre de 2013 septiembre de 2013 fue valorado por medicina general y posteriormente por especialidades como fisioterapia, fisiatría y medicina ocupacional quienes le determinaron unas afecciones a nivel de antebrazo y puño de las extremidades superiores, para lo cual se sometió a una terapia física integral (fls. 14-36).

De esta manera, verificado el material probatorio allegado al expediente de tutela, se tiene que las afecciones padecidas por el señor Duarte Azuero, no causaron incapacidades laborales al punto que le hayan impedido ejercer su actividad laboral, por lo que no se puede inferir que el demandante se encuentra en un estado debilidad bien sea por la gravedad de la enfermedad que padece o porque se trate de un padecimiento de perdida de la capacidad laboral que por sí mismo genere discriminación, y que haga imperiosa la intervención del juez de tutela, para verificar si la situación que dio por terminada su relación laboral vulneró sus derechos fundamentales.

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que no están dadas las condiciones para la prosperidad de la acción de tutela, porque a pesar de los padecimientos de salud del accionante, no se ha dictaminado que éstas tuvieran algún impacto en términos de pérdida de capacidad laboral o de debilidad manifiesta, situación que lo coloca por fuera de la protección laboral reforzada que ofrece la Ley 361 de 1997(12).

En tal sentido, estima la Sala que la condición de salud del actor si bien tiene una connotación considerable, no es de tal entidad que le impida ejercer los mecanismos judiciales de defesa idóneos, como lo es la acción ordinaria laboral ante la autoridad competente, para que se estudie y verifique la legalidad con la que ocurrió su despido.

Ahora bien, sobre la presunta situación de perjuicio irremediable en que afirma encontrarse el accionante en razón de su despido, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la pérdida del trabajo por sí mismo no puede considerarse como un perjuicio irremediable, sino que debe probarse que en el afectado recaen circunstancias especiales que posibilitan la interposición de la acción de amparo. En tal sentido pueden apreciarse las siguientes consideraciones:

““La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, de manera reiterada, que cuando la pretensión de quien ha sido retirado del servicio es lograr su reintegro, tal solicitud debe tramitarse, en principio, por el mecanismo establecido por el legislador para tal fin, es decir, a través de la acción contenciosa administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho. La posibilidad de acudir a la tutela como mecanismo transitorio es excepcional, para lo cual es necesario establecer la existencia de un perjuicio irremediable y acudir de manera oportuna ante el juez de lo contencioso administrativo(13).

(…).

Por otra parte, en la Sentencia SU-250 de 1998 la Corte afirmó que “la tutela no puede llegar hasta el extremo de ser el instrumento para garantizar el reintegro de todas las personas retiradas de un cargo”(14). Sólo sería procedente si se prueba la existencia de un perjuicio irremediable.

En relación a la prueba del perjuicio irremediable, ha señalado esta Corporación que la existencia de otros medios de defensa judicial hace más exigente la carga probatoria del actor. La Sentencia T-257 de 2006 dijo:

“La facultad de ejercer las acciones contencioso administrativas, acompañada de la posibilidad de solicitar que se decrete la suspensión provisional del acto impugnado, hace más cuidadoso y exigente el examen frente al evento de conceder la tutela como mecanismo transitorio, pues la persona interesada además de contar con un mecanismo de defensa judicial ordinario, tiene a su favor el derecho de formular una petición excepcional, eficaz y de pronta solución, como la de suspensión temporal del acto.

(…).

En estos términos, en la Sentencia T-467 de 2006(15) se estableció que en los casos de desvinculación laboral, la pérdida del trabajo por sí mismo no puede considerarse como un perjuicio irremediable, sino que debe probarse que en el afectado recaen circunstancias especiales que posibilitan la interposición de la acción de amparo, como su situación de padre cabeza de familia. En la providencia se dijo:

En el caso no se encuentra un perjuicio diferente al normal de todos los casos que se derivan del retiro del servicio. Así, no se encuentra que el mínimo vital del tutelante se encuentre comprometido ni tampoco que exista una situación en que por ejemplo el tutelante sea un padre cabeza de familia que goce de una especial protección constitucional. El demandante, para sustentar la existencia de un perjuicio irremediable dice que no recibe un sueldo desde hace más de diez meses, que es padre de dos menores de cinco y quince años quienes dependen de él y que el trámite en la jurisdicción contencioso administrativa es demasiado demorado. Sin embargo, no se establece que el tutelante sea padre cabeza de familia sin alternativa económica y que la madre de los menores no esté presente o no pueda aportar al núcleo familiar. Por lo tanto, si no existe un efecto adverso adicional al que se deriva del retiro mismo del servicio no se reúnen las condiciones de urgencia que ha exigido la jurisprudencia para que de manera excepcional proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio(16) (resaltado fuera del texto)”.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, aunque la Sala no desconoce que el hecho que el accionante pierda su empleo implica que el mismo deba afrontar mayores dificultades para procurar el sustento de su núcleo familiar, tampoco puede perderse de vista como lo ha destacado la Corte Constitucional, que “la pérdida del trabajo por sí mismo no puede considerarse como un perjuicio irremediable, sino que debe probarse que en el afectado recaen circunstancias especiales que posibilitan la interposición de la acción de amparo”, y que entratándose de la interposición de esta acción para pedir un reintegro laboral, la carga probatoria del actor es más exigente.

En efecto, si el sólo hecho de perder el empleo constituyese razón suficiente para predicar la configuración de un perjuicio irremediable, la acción de tutela sería por excelencia el medio principal de resolución de conflictos de carácter laboral, con la consecuencia que los procedimientos y mecanismos especialmente diseñados por el legislador para resolver ese tipo de controversias serían desplazados, y también desconocida la competencia de los jueces naturales en dichos asuntos.

Por las anteriores consideraciones comparte la Sala la posición antes expuesta de la Corte Constitucional, sobre la necesidad de acreditar que las personas que han perdido sus empleos y acuden a la acción de tutela en defensa de sus derechos, se encuentran en circunstancias realmente especiales que ameritan la intervención del juez de tutela, esto es, que hacen ineficaz y desproporcionado exigirles que acudan a los mecanismos ordinarios de protección en defensa de sus derechos.

Cabe resaltar en este punto, que la empresa Flexo Spring SAS al dar por terminada la relación laboral con el accionante no vulneró su derecho a la igualdad ni ejerció un acto discriminatorio en su contra, pues de forma clara y precisa en la comunicación de 22 de abril de 2014 le indicó al trabajador los motivos por los cuales daba por finalizada la relación de trabajo.

En efecto, aduce el empleador que el tutelante incurrió en un incumplimiento de las obligaciones laborales, como la falta de compromiso, ausencias injustificadas, ejercer actividades distintas a las contratadas en horarios de trabajo, entre otras.

De esta manera, y como tampoco se evidencia la existencia de impedimento alguno para dar por terminada la relación laboral, no puede el juez de tutela invadir la órbita del juez ordinario, quien sería el que previa interposición de la respectiva demanda, establezca si existió o no justa causa para el despido, y si existían razones para solicitar la autorización al Ministerio de Trabajo, tal y como lo afirma el tutelante.

Adicionalmente se observa que la pretensión principal del actor en la tutela, es su reintegro al cargo, petición que no es propia de esta acción constitucional, toda vez que es un asunto que le corresponde estudiar al juez del proceso ordinario laboral.

Por otro lado, es importante resaltar que las recomendaciones para para mejorar el ambiente y desempeño laboral del actor en tutela (fl. 7), diseñadas por el área de salud ocupacional de la EPS Famisanar, y dirigidas a la empresa Flexo Spring SAS, fueron expedidas el 5 de mayo de 2014 fecha para la cual ya se había dado por terminada la relación laboral.

En vista de lo anterior, considera la Sala, que el accionante dispone de otro mecanismo más eficaz e idóneo como la acción judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral, para estudiar la causa que originó el despido y la procedencia del reintegro.

De otra parte, se precisa que en el caso de autos no se aprecia que el accionante esté en un estado de indefensión o que no pueda demostrar de manera clara y concreta la presunta situación de perjuicio irremediable en que se encuentra, por lo que no hay lugar a conceder el amparo como mecanismo transitorio y que haga impostergable la intervención del juez de tutela.

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas se rechazara por improcedente el amparo de tutela solicitado, toda vez que se advierte que el accionante dispone de otros mecanismos ordinarios de defensa para estudiar y verificar si la terminación de su relación laboral ocurrió en legal forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el Luis Orlando Azuero, contra la Sociedad Comercial Flexo Spring SAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.

Si no fuere recurrida, envíese a la CORTE CONSTITUCIONAL para su eventual revisión.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Gerardo Arenas Monsalve—Sandra Lisset Ibarra Vélez—Alfonso Vargas Rincón (E).

1 Sentencias T-160 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-171 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).

2 Sentencias T-593 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-161 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-230 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-083 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-160 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-582 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).

3 Sentencias T-516 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-271 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).

4 Ver Sentencia T-417 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa).

5 Sentencias T-576 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-700 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-953 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-417 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-633 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).

6 Sentencias T-229 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-225 de 2012 (M.P. Humberto Sierra Porto).

7 Sentencias T-262 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-229 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

8 Sentencia T-303 de 2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería).

9 Sentencias T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-228 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-338 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), SU-086 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-875 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-999 de 2001(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-179 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-267 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), SU-484 de 2008 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-225 de 2012 (M.P. Humberto Sierra Porto) y T-269 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).

10 Sentencia T-225 de 2012 (M.P. Humberto Sierra Porto).

11 Sentencia SU-111 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

12 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones”.

13 Ver entre otras las siguiente sentencias: SU-544 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en esta sentencia se decidió el caso del Ex-Registrador Nacional Iván Duque Escobar quien alegaba que la designación de una nueva persona en su reemplazo era contrario a la Constitución. La Corte denegó el amparo pues existían otros medios de defensa judicial idóneos y existía un hecho consumado. T-343 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en esta sentencia se decidió una acción de tutela en la cual se estudiaba la posible violación de los derechos al debido proceso y defensa, por existir al parecer vía de hecho en un proceso policivo por restitución del espacio público promovido por la administración. La Corte Constitucional confirmó los fallos de instancia que negaron el amparo de los derechos fundamentales, por existir otro medio de defensa judicial (acción de nulidad y restablecimiento del derecho) y no evidenciarse perjuicio irremediable; T-951 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en esta sentencia se concedió la tutela de forma transitoria a empleada en provisionalidad del Departamento de Risaralda que fue desvinculada mediante un acto administrativo sin motivación; T-132 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, en esta sentencia se decidió el caso de ex empleada de Empresa Social del Estado que se encontraba desempeñando el cargo de auxiliar de enfermería en provisionalidad y fue desvinculada mediante acto administrativo no motivado. La Corte amparó su derecho al debido proceso y ordenó a la entidad motivar el acto de desvinculación, si no lo hiciere o no existiesen motivos ordena, en subsidio su reintegro.

14 Sentencia SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

15 M.P. Manuel José Cepeda.

16 Corte Constitucional, Sentencia T-1060 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.