Sentencia 2014-03415 de noviembre 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 25000-23-42-000-2014-03415-01

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Acción de tutela

Actor: Ramiro Bejarano Guzmán

Bogotá D.C., seis de noviembre de dos mil catorce

C/. Contraloría General de la República

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría General de la Corporación de 15 de agosto de 2014 para resolver la impugnación presentada por el señor Ramiro Bejarano Guzmán contra la Sentencia de 8 de septiembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda— Subsección B, que negó la acción de tutela interpuesta en contra de la Contraloría General de la República.

I. El escrito de tutela

Ramiro Bejarano Guzmán, actuando en nombre propio, interpuso la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política contra la Contraloría General de la República por la vulneración de su derecho fundamental de petición.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó:

• Ordenar a la Contraloría General de la República, que a través de su representante legal, de respuesta completa al derecho de petición radicado el 5 de junio de 2014, en lo que respecta al objeto de las reuniones que se le cuestionó, quién más estuvo presente, si como consecuencia de esos encuentros se adoptaron decisiones en la Contraloría, y el suministro de copias de los documentos que los visitantes hubiesen aportado.

Fundó el amparo invocado en los siguientes supuestos fácticos y argumentos (fls. 1 a 4):

1. Como ciudadano y columnista de opinión, el 5 de junio de 2014 radicó derecho de petición ante la entonces Contralora General de la República, solicitando:

“(…) 1. Informarme si ha sostenido usted en su despacho en lo que va corrido de este año reuniones en las que hubieren estado presentes los doctores José Obdulio Gaviria, Hernán Andrade, José Félix Lafaurie y Juan Ricardo Ortega, la totalidad o algunos de ellos; en caso positivo, cuándo, cuál el objeto, quiénes más estuvieron presentes, y si como consecuencia de tales encuentros se tomaron algunas decisiones en la Contraloría.

2. Suministrarme copia de los documentos que hubieren sido entregado por los doctores José Obdulio Gaviria, Hernán Andrade, José Félix Lafaurie y Juan Ricardo Ortega, con ocasión de estas visitas a su Despacho, o de los documentos correspondientes enviada a esto o alguno de ellos (…)”.

2. A través de Oficio de 24 de junio de 2014, la entonces Contralora General de la República pidió aclaración respecto de la petición, el cual atendió el día siguiente.

3. El 2 de julio de 2014 la accionada dio respuesta a la petición, refiriendo que en efecto en varias oportunidades se había reunido con las personas señaladas en el escrito petitorio, sin embargo, no se pronunció sobre el objeto de las reuniones, las decisiones adoptadas y negó las copias requeridas. Aunado a ello, presuntamente, señaló que el actor estaba involucrado con las amenazas hechas al doctor Juan Ricardo Ortega.

4. Mediante escrito de 4 de julio de 2014 el accionante rechazó los términos de la referida comunicación, frente al cual guardó silencio la entonces Contralora General de la República.

5. Por lo anterior, el 10 del mismo mes y año, presentó un memorial insistiendo en que se diera una respuesta completa a su derecho de petición, el cual fue negado el mismo día por la accionada al considerar que los términos en que se había radicado eran irrespetuosos. No obstante, la Representante Legal de la Contraloría General de la República remitió los documentos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Primera— Subsección A, que mediante providencia de 5 de agosto de 2014, se inhibió para pronunciarse al respecto, argumentando que en el presente caso lo procedente era la acción de tutela y no el recurso de insistencia.

6. A la fecha de interposición de la acción de tutela la Contraloría General de la República no había dado respuesta completa a su derecho de petición radicado el 5 de junio de 2014.

II. Informe rendido en el proceso

Acorde con el informe de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, visible a Folio 45 del expediente, la accionada guardó silencio.

III. La Sentencia de Tutela Impugnada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda— Subsección D, mediante la Sentencia de 8 de septiembre de 2014, negó las pretensiones de la acción de tutela incoada por el señor Ramiro Bejarano Guzmán contra la Contraloría General de la República, con base en los siguientes argumentos (fls. 46 a 58)(1):

Luego de hacer un análisis de los elementos probatorios allegados al proceso, consideró que en el presente caso no se vulneró el derecho de petición del actor toda vez en la respuesta emitida por la accionada cumplió con los requisitos que exige la protección del bien ius fundamental por parte de las autoridades públicas.

Lo anterior teniendo en cuenta que la accionada, mediante el Oficio de 2 de julio de 2014, le comunicó al actor que en efecto los señores José Obdulio Gaviria, Hernán Andrade, José Félix Lafaurie y Juan Ricardo Ortega habían ido a la Contraloría General de la República, y le señaló las fechas en que ello ocurrió, aunado a ello, le indicó que no era posible informar a terceros sobre las personas que ingresaban a la entidad, pues está en contravía de los deberes propios de los funcionarios públicos.

Tal decisión, se encuentra acorde con el derecho a la intimidad personal previsto en el artículo 15 de la Constitución Política(2), ya que la petición del accionante desborda lo consagrado en el artículo 23 ibídem, pues no está encaminada a asuntos de índole público, ni están de por medio actos o actuaciones administrativas.

IV. De la impugnación

— El señor Ramiro Bejarano Guzmán impugnó el Fallo proferido por el A quo, reiterando lo expuesto en el escrito inicial y afirmando, en síntesis, que:

Su derecho de petición no ha sido resuelto de fondo, pues solo se atendió parte de su solicitud, omitiendo la autoridad pública pronunciarse respecto del objeto de las reuniones que sostuvo con las personas relacionadas en el escrito petitorio, quienes más se encontraban presentes, si como consecuencia de ello se adoptaron decisiones en la entidad y las copias de los documentos que hubiesen aportado(3).

En ninguna de las repuestas dadas por la Representante Legal de la Contraloría General de la República se indicó que no entregaba la información solicitada por razones de seguridad de los visitantes o porque se trataran de temas de reserva, más aún cuando para la fecha los señores José Obdulio Gaviria y José Félix Lafaurie no ostentaban la calidad de funcionarios públicos.

No obstante, el A quo erróneamente infirió que se había dado respuesta de fondo y acorde a lo pedido, porque la accionada en unas de las respuesta refirió que dar información sobre las personas que acuden a la entidad era incompatible con los deberes propios de los funcionarios públicos.

V. Consideraciones

5.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, en cuanto estipula que “Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda— Subsección D, el 8 de septiembre de 2014.

5.2. Problema Jurídico.

Consiste en determinar si la Contraloría General de la Nación, a través de su Representante Legal, vulneró o no el derecho fundamental de petición del señor Ramiro Bejarano Guzmán al no otorgarle respuesta completa a la solicitud que radicó ante esa entidad el 5 de junio de 2014, específicamente en lo referente a: i) cuál fue el objeto de las reuniones con los señores José Obdulio Gaviria, Hernán Andrade, José Félix Lafaurie y Juan Ricardo Ortega, quiénes más asistieron y si como consecuencia de ello se tomaron algunas decisiones en la Contraloría; y, ii) la expedición de copias de los documentos que las personas referidas hubieren entregado a la entidad, con ocasión de sus visitas.

5.3. De la procedencia de la acción de tutela.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial para la defensa de los derechos fundamentales, de carácter subsidiario. La subsidiariedad significa que la acción procede únicamente en alguna de las siguientes hipótesis: cuando no existen mecanismos judiciales de defensa para proteger un derecho constitucional; cuando existen esos medios de defensa pero, en el marco del caso concreto, no resultan idóneos o eficaces para conjurar la amenaza o violación del derecho; o, cuando la acción se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio ius fundamental irremediable.

La Corte Constitucional en Sentencia T-187 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, manifestó que la acción de tutela es subsidiaria y, por tanto, no sustituye los mecanismos procesales ofrecidos por el ordenamiento jurídico para defender los intereses de los particulares. Al respecto, precisó que:

“(…) La acción de amparo es un mecanismo preferente y sumario que busca dar protección privilegiada a los derechos fundamentales de las personas cuando los mismos se vean amenazados por una autoridad pública con su acción u omisión y excepcionalmente cuando se vean conculcados por un particular.

De igual manera la acción de tutela, por su naturaleza, opera de manera subsidiaria y residual, lo que implica que para su procedencia el accionante debe i) carecer de un mecanismo de defensa judicial o carezca de eficacia o ii) estar ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable y el amparo se promueva como mecanismo transitorio.(…)” (Resaltado fuera del texto).

Frente a la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho de petición ha señalado la Corte Constitucional:

“(…) Aun cuando es claro que el ordenamiento jurídico tiene establecidos otros mecanismos de defensa judicial para exigir el cumplimiento del derecho de petición, como lo es el acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, luego de agotada la vía gubernativa, la jurisprudencia constitucional ha considerado que resulta muy oneroso para el peticionario acceder al mecanismo judicial con el solo propósito de obtener la respuesta a una petición formulada, corriendo el riesgo que, para la época en que se adopte la decisión judicial, ningún interés represente ya para el accionante la solicitud formulada o no produzca en forma oportuna el efecto inicialmente pretendido por éste.

Por tanto, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, y con el fin de evitar un desgaste innecesario del aparato judicial, atendiendo a su carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata, ha considerado esta Corporación que el derecho de petición solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción de tutela cuya finalidad, como quedó expuesto, es satisfacer al particular con un pronunciamiento frente a la solicitud por él realizada. (…)”(4)

En el presente asunto es procedente la acción de tutela, en la medida en que el objeto de debate es la vulneración del núcleo esencial del derecho de petición del tutelante, al no obtener, presuntamente, una respuesta integral a las solicitudes formuladas en el escrito presentado el 5 de junio de 2014.

5.4. Del derecho de petición - aspectos generales.

De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, “(…) Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. (…)”.

La Carta Política en su artículo 23 faculta a toda persona para que pueda presentar peticiones respetuosas ante las autoridades o ante las organizaciones privadas, en los términos que señale la ley y, principalmente, el derecho a obtener pronta resolución a su petición; en tal sentido, este derecho comprende no sólo la prerrogativa de obtener una respuesta por parte de las autoridades, sino también, a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara, precisa y oportuna(5).

Jurisprudencialmente se han consagrado algunas reglas básicas que rigen el derecho de petición como factor determinante para la efectividad de los mecanismos de democracia participativa y de otros derechos fundamentales(6). En primer lugar, el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

Así las cosas, el derecho de petición se garantiza cuando la Administración responde (i) de fondo, de manera clara y precisa, (ii) dentro del plazo otorgado por la ley, esto es, dentro del término de quince (15) días cuando se trate de derecho de petición en interés general, y diez (10) días cuando sea derecho de petición de documentos (L. 1437/2011, arts. 14 y s.s.) y (iii) cuando la respuesta es puesta en conocimiento del peticionario.

Si no es posible dar respuesta antes de que se cumpla con el término legal dispuesto, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se dará la contestación y, en caso de petición de documentos, de excederse el término previsto por la ley, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada (silencio administrativo positivo) y se deberán entregar en el término de tres (3) días siguientes.

Es decir, no queda satisfecho el derecho de petición con respuestas evasivas o informes acerca del trámite de las peticiones de los particulares; la omisión o el silencio de la administración en relación con las solicitudes de los ciudadanos, no son más que actos de autoritarismo que van en contra del cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares, es decir, que la obligación debe entenderse cumplida con la manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la solución del caso y con la oportuna comunicación de ésta al interesado.

Por lo anterior, atendiendo al hecho de que lo que aquí se invoca es la protección del derecho de petición, considera la Sala procedente analizar, de fondo, la presunta vulneración del referido bien ius fundamentas del señor Ramiro Bejarano Guzmán.

VI. Del caso concreto.

Previo a pronunciarse respecto de la situación fáctica planteada, se encuentra necesario realizar un recuento de la misma, toda vez que luego de la radicación del derecho de petición cuyo amparo se invoca, se suscribieron varios escritos por parte del accionante y de la Contraloría General de la República relacionados con éste.

1. El 5 de junio de 2014 el señor Ramiro Bejarano Guzmán, actuando en calidad de columnista de opinión, elevó derecho de petición ante la Contraloría General de la República, en el cual solicitó:

“(…)

1. Informarme si ha sostenido usted en su despacho en lo que va corrido de este año reuniones en las que hubieren estado presentes los doctores José Obdulio Gaviria, Hernán Andrade, José Félix Lafaurie y Juan Ricardo Ortega, la totalidad o algunos de ellos; en caso positivo, cuándo, cuál el objeto, quiénes más estuvieron presentes, y si como consecuencia de tales encuentros se tomaron algunas decisiones en la Contraloría.

2. Suministrarme copias de los documentos que hubieren sido entregados por los doctores José Obdulio Gaviria, Hernán Andrade, José Félix Lafaurie y Juan Ricardo Ortega, con ocasión de esas visitas a su Despacho, o de los documentos correspondientes enviada a esto o alguno de ellos.

(…)

La petición tiene por objeto confirmar información que he recibido como columnista de opinión de El Espectador, con el propósito de elaborar o contribuir a un trabajo periodístico.

La petición tiene como razón de ser el hecho de que he sido informado como columnista de opinión de visitas a su despacho por parte de José Obdulio Gaviria, Hernán Andrade, José Félix Lafaurie y Rancisco Ortega, al parecer el 26 de marzo pasado. (fl. 5).

2. Al respecto, la entonces señora Contralora General de la República suscribe el Oficio Nº 2014EE0109481 de 24 de junio de 2014, en el cual solicitó aclaración del escrito de petición, así:

“(…)

Deberá usted precisar, si se refiere a una reunión en la que asistieron de manera conjunta o simultanea las personas que relaciona en su escrito de solicitud, o a distintas reuniones que se pudieron haber celebrado por separado con las personas que usted cita. La anterior precisión es indispensable, a fin de atender su solicitud, dada la carencia absoluta de datos que permitan precisar el alcance de la información que requiere.” (fl. 6)

3. Requerimiento que fue atendido mediante escrito del 25 de junio de 2014, en los siguientes términos:

“(…)

1. Claramente en mi petición le indagué no por una reunión, como usted parece haberlo entendido, sino las reuniones en las que usted hubiere participado y a las que hubiere asistido las personas a las que se refiere mi solicitud, bien conjunta o simultáneamente o inclusive individualmente. Si usted se reunió sólo con alguna o algunas de esas personas o con todas, conjunta, simultanea o individualmente, es precisamente lo que pretendo establecer.

2. En consecuencia, aunque mi petición es absolutamente clara, al amparo del derecho de insistencia le manifiesto lo que usted me pide para que me sea respondida prontamente la petición sin más dilaciones. (fl. 7)”

4. Finalmente, el derecho de petición elevado por el señor Ramiro Bejarano Guzmán, fue objeto de pronunciamiento mediante Oficio 2014EE0113663 del 2 de julio de 2014, informándole acerca de las fechas en que los señores José Obdulio Gaviria, José Félix Lafourie, Hernán Andrade y Juan Ricardo Ortega, visitaron el Despacho de la entonces Contralora General d República, y que:

“(…)

Cabe señalar que una de las personas sobre las cuales interroga, que ostenta la condición de funcionario público, lo mismo que su familia, como es de común conocimiento, han sido gravemente amenazadas en su vida e integridad personal por el crimen organizado. Es por ello extremadamente irresponsable andar preguntado y peor aún, informar los movimientos de este personaje, conociendo en detalle y con pormenores todos sus movimientos y además, pretenda averiguar, abusando para ello del derecho de petición, sobre el contenido de las gestiones que desarrolla en otra entidad pública. Con estos derechos de petición usted pone en evidencia que está haciendo seguimientos a las personas sobre las cuales interroga, o cuenta con la ayuda de funcionarios de la Contraloría que le suministran información sobre los ingresos a las instalaciones de la Contraloría General de la República, lo cual sería un comportamiento no sólo desleal, sino contrario a la ley, ya que informar a terceros sobre las actuaciones de personas que en su condición de funcionarios públicos o de ciudadanos informantes o en otra condición, es incompatible con los deberes propios de todo funcionario público. Habrá entonces que informar a las autoridades competentes del espionaje que usted realiza y a las personas que ha espiado, para que adopten las medidas de seguridad que les permita salvaguardar sus vidas.

De la misma manera viene sorprendiendo la obsesiva verificación que viene haciendo a todas mis reuniones, decisiones, viajes, etc. Así como la coincidencia de sus peticiones con las actuaciones de la Auditoria y la fiscalía. Todo ello contribuye a confundir aún más las razones de sus solicitudes.

Adicionalmente debo informarle que la señora Agudelo a quien conocí hoy, a la que usted acuso de esconder en mi contabilidad $12.000.000.000 de pesos, a los que me hice con ocasión del arriendo del edificio, ha sido relevada del caso del Alto Baudo y Cerro Matoso. Así que usted dirá si sigue intentando injuriarla por su imaginaria complicidad con mi supuesto enriquecimiento ilícito. (fls. 8-9)”

5. Ante la respuesta recibida, el accionante suscribió memorial de fecha 4 de julio de 2014, señalando a la señora Contralora que:

“Sus afirmaciones calumniosas contenidas en su comunicación dirigida al suscrito del 2 de julio de 2014 por medio de la cual dio respuesta parcial a un derecho de petición, en la que me sindica de estar incurso en el delito de espionaje no quedarán en la impunidad. Seré yo quien de aviso a las autoridades de este nuevo abuso en el que usted incurre, otra vez para obstaculizar la labor de un columnista independiente que no se ha arrodillado ante su poder. No faltaba más que un ciudadano y periodista no pudiera dirigirse a su despacho a constatar información ralacionada con curiosos visitantes de su despacho, todos en la misma fecha. Eso solo puede ser espionaje en un alma torva como la suya.

(…)

Y lea bien o que he dicho tanto públicamente como en mis derechos de petición ciudadanos, porque su afirmación de que recibió $ 12.000.000.000 millones del contrato de edificio no es mía, seguramente la oyó en las voces de su pervertida conciencia.

Finalmente, basta leer mi petición y su respuesta para advertir que no me ha respondido todo lo pedido, así que le insisto en que me responda la indagado. (fl. 10)

6. Con escrito del 10 de julio de 2014 (fls. 11 - 12), el actor insiste ante la señora Contralora General de la República en obtener una respuesta completa a su escrito de fecha 5 de junio de 2014, aclarada el 25 del mismo mes y año, y de no ser ello posible, solicita se envié su solicitud ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que ésta Corporación se pronuncie al respecto en lo que derecho corresponda.

7. El 10 de julio de 2014 la señora Contralora General suscribe el Oficio Nº 2014EE0117001 (fl. 13), en relación con el escrito elevado por el actor el 4 de julio del mismo año, considerando que el éste no será objeto de pronunciamiento ya que fue formulado de manera irrespetuosa; ante lo cual, el actor allega memorial de fecha 11 de julio de 2014 (fl. 14), cuestionando el contenido del mismo y exhortar nuevamente para que se dé tramite a su solicitud de insistencia, con el fin de obtener una respuesta completa frente al derecho de petición de fecha 5 de junio de 2014.

8. Finalmente una vez adelantado el trámite del recurso de insistencia(7), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, mediante providencia del 5 de agosto de 2014 (fls. 26 a 33), se declara inhibida para pronunciarse al respecto, teniendo en cuenta que frente al derecho de petición objeto de controversia no existe respuesta negativa, sino que se presenta ausencia de una respuesta completa.

Expuesto lo anterior, la Sala observa que consecuencia de la petición inicialmente formulada el 5 de junio de 2014, por el señor Ramiro Bejarano Guzmán ante la entonces Contralora General de la República, Doctora Sandra Morelli Rico, se suscribieron por ambas partes una serie de oficios cuyo contenido más que tener relación con el objeto del derecho de petición, se convirtieron en apreciaciones personales mutuas en términos no muy correctos, que contrarían el respeto que exige el artículo 23 de la Constitución Política, según el cual “(…) Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (…)”, lo cual resulta ser un comportamiento reprochable y respecto del cual no es dable emitir ningún pronunciamiento.

Así, la Corte Constitucional ha previsto respecto a la formulación de solicitudes irrespetuosas que:

“(…) La determinación acerca de cuándo un escrito es inadmisible, por considerarse irrespetuoso, corresponde al discrecional, pero ponderado, objetivo, juicioso, imparcial y no arbitrario juicio del juez, pues las facultades omnímodas e ilimitadas de éste para rechazar escritos que pueden significar muchas veces la desestimación in límine del recurso afecta el derecho de defensa, el debido proceso y el acceso a la justicia.

En tal virtud, estima la Sala que los escritos irrespetuosos son aquéllos que resultan descomedidos e injuriosos para con los mencionados sujetos, de manera ostensible e incuestionable y que superan el rango normal del comportamiento que se debe asumir en el curso de un proceso judicial, aún en los eventos de que quienes los suscriben aprecien situaciones eventualmente irregulares o injustas, generadas en desarrollo de la actividad judicial (…)”.(8)

Para la Sala, si bien los términos en que se realizaron las comunicaciones entre el señor Ramiro Bejarano Guzmán y la entonces Contralora General de la República no fueron en los mejores términos, contrario a ello, el derecho de petición de 5 de junio de 2014, se ajusta a los parámetros establecidos para que proceda el mismo y sea objeto de un pronunciamiento de fondo, claro concreto y coherente.

Retomando el contenido de la petición cuyo amparo se invoca, esto es la radicada ante la Contraloría General de la República el 5 de junio de 2014, aclarada mediante escrito del 25 del mismo mes y año, la Sala evidencia que frente a la misma si bien se profirió el Oficio 2014EE0113683 del 2 de julio de 2014, del contenido del mismo se observa que solamente se refirió al primer interrogante planteado en la solicitud relacionado con establecer si los señores allí nombrados se hicieron presentes en el Despacho de la entidad y en que fechas, pero se guardó silencio respecto de los demás puntos planteados acerca de quienes más estuvieron presentes, el objeto de las reuniones, si como consecuencia de ello se habían adoptado decisiones en la entidad y sí se habían allegado documentos, situación que contraría el deber que le asiste a la administración de materializar íntegramente la protección de derecho fundamental de petición, tal y como la Corte Constitucional lo ha señalado:

“(…) el derecho de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada (…)”(9)

Lo anterior, no quiere decir que toda petición deba ser resuelta siempre favorablemente a los intereses del peticionario, sino que quien tiene el deber de emitir un pronunciamiento lo haga de fondo en forma concreta, clara y coherente frente a lo peticionado, situación que el caso concreto no se presenta pues como ya se expuso, la entidad accionada guardó silencio frente algunos puntos del derecho de petición, configurándose la vulneración del derecho de petición del señor Ramiro Bejarano Guzmán y la necesidad de su protección.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala a revocará la Sentencia de 8 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda— Subsección D, que negó la acción de tutela interpuesta por el señor Ramiro Bejarano Guzmán y, en su lugar se ordenará al Contralor General de la República que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta providencia, emita una respuesta integral de fondo, de manera clara concreta y coherente al derecho de petición radicado ante ese Despacho el 5 de junio de 2014.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

VII. Falla

Revocar la Sentencia de 8 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda— Subsección D, que negó la acción de tutela interpuesta por el señor Ramiro Bejarano Guzmán contra la Contraloría General de la República. En consecuencia:

1. Tutelar el derecho fundamental de petición del señor Ramiro Bejarano Guzmán, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2. Ordenar al Contralor General de la República o quien haga sus veces, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contado a partir de la notificación de esta providencia, emita una respuesta integral de fondo, de manera clara, concreta y coherente al derecho de petición radicado ante ese Despacho por el señor Ramiro Bejarano Guzmán el 5 de junio de 2014.

3. Librar las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 para los fines allí contemplados.

4. En acatamiento a las disposiciones del artículo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Alfonso Vargas Rincón—Gerardo Arenas Monsalve—Sandra Lisset Ibarra Vélez.

(1) El Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra integrante de la Sección Segunda - Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca salvó voto, por considerar que la respuesta emitida por la accionada no cumple a cabalidad con el núcleo esencial del derecho fundamental de petición, a la luz de los postulados constitucionales y legales.

(2) Sustenta su análisis en la Sentencia de la Corte Constitucional T-696 de 1996.

(3) Se sustenta en los argumentos esbozados en el Salvamento de Voto manifestado por el Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.

(4) Corte Constitucional, Sentencia 1103 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería.

(5) Ver, entre otras, la Sentencia de la Corte Constitucional T-481 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

(6) Estos criterios fueron determinados en la Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(7) Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada.

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.

(8) Sentencia T-554 de 1999, reiterada en Sentencia T-017 de 2007.

(9) Corte Constitucional, Sentencia T-692 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.