Sentencia 2014-03536 de febrero 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001031500020140353600

Consejero Ponente (E):

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Accionante: Juan Manuel Camacho Rodríguez

Accionados: Juzgado 63 Civil Municipal de Bogotá y otro

Acción de tutela - Fallo de primera instancia

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil quince.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Juan Manuel Camacho Rodríguez contra los Juzgados 63 Municipal y 20 del Circuito de Bogotá.

I. Antecedentes

1.1. Solicitud.

El 19 de noviembre de 2014 el señor Juan Manuel Camacho Rodríguez, en nombre propio, ejerció acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la libertad personal, de acceso a la administración de justicia y “hábeas corpus”.

Tales derechos los consideró vulnerados con ocasión de las providencias de 30 y 31 de octubre de 2014, dictadas por los Juzgados 63 Municipal y 20 del Circuito de Bogotá, respectivamente; la primera por cuanto negó la solicitud de libertad inmediata formulada por el accionante, y la segunda porque la confirmó, dentro del proceso de hábeas corpus tramitado con el radicado 2014-0661.

1.2. Hechos.

Los hechos que fundamentan la tutela se resumen de la siguiente manera:

• El señor Juan Manuel Camacho Rodríguez se encuentra privado de la libertad desde el pasado 5 de abril de 2013, fecha en la cual se le imputaron cargos por el delito de “administración desleal” y se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención en establecimiento carcelario; el conocimiento del caso correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá con el radicado 2013-01064-00.

• El 9 de septiembre de 2014 presentó ante el Juzgado 74 Penal Municipal de Bogotá con Función de Control de Garantías petición de libertad amparado en el numeral 5 del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, es decir, haber transcurrido 120 días desde la acusación sin haberse iniciado el juicio oral, autoridad judicial que negó la libertad con fundamento en que la solicitud se presentó extemporáneamente, pues no se hizo antes de iniciada la etapa de juicio oral y “por lo tanto se había dejado pasar el elemento habilitante para acceder al beneficio”.

• Tal decisión fue apelada, y su conocimiento le correspondió al Juzgado 8º Penal del Circuito de Bogotá quien al momento de ejercer la acción había fijado fecha para audiencia en dos ocasiones, pero debido al paro judicial que a la fecha se adelantaba en el país, no se habían realizado, por lo que su petición de libertad no había sido resuelta.

• Con ocasión de lo anterior, el 29 de octubre de 2014, por conducto de su apoderado, ejerció acción de hábeas corpus para solicitar su libertad en uso de la facultad concedida por el numeral 2 del artículo 3º de la Ley 1095 de 2006.

• El conocimiento de esa acción le correspondió al Juzgado 63 Civil Municipal de Bogotá, el cual, mediante providencia de 30 de octubre de 2014 la negó, en consideración a que esta no procedía por cuanto estaba pendiente la resolución del recurso de apelación que estaba en trámite ante el Juzgado 8° Penal del Circuito de Bogotá, juez natural del asunto, y cuya competencia no podía reemplazar el juez constitucional.

• El Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la anterior decisión al día siguiente, esto es, en fallo de 31 de octubre de 2014, con los mismos argumentos.

1.3. Fundamentos de la solicitud.

A juicio del actor, las providencias cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales por desconocer el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en Sentencia C-187 de 2006, en el sentido de que la prolongación ilegal de la libertad por mora u omisión de resolver dentro de los términos legales hace procedente el hábeas corpus “aun cuando exista mecanismo ordinario y/o se hallen recursos pendientes por resolver” (fls. 1 al 5).

1.4. Petición de amparo.

El accionante solicitó:

“Ordenar a los jueces de hábeas corpus, 63 Civil Municipal de Bogotá y 20 Civil del Circuito de Bogotá, dejar sin valor ni efecto sus decisiones de 30 y 31 de octubre de 2014 respectivamente, y en su lugar, adoptar las decisiones que en derecho correspondan observando rigurosamente el precedente jurisprudencial en materia de hábeas corpus, absteniéndose de emplear en sus decisiones argumentos sofísticos que los lleven a conclusiones y decisiones violatorias de los derechos fundamentales del aquí accionante” (fl. 5).

1.5. Trámite de la acción de tutela.

Mediante auto de 21 de noviembre de 2014 el magistrado ponente admitió la tutela y ordenó la notificación a los Juzgados 63 Civil Municipal y 20 Civil del Circuito de Bogotá y la vinculación, como terceros interesados, de los Juzgados 64 Penal Municipal con Función de Control de Garantías y 8º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá (fl. 38).

1.6. Contestación de la solicitud de tutela.

El Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá solicitó negar el amparo, en virtud de que en el trámite de la acción de hábeas corpus incoada por el actor de tutela, se garantizaron plenamente sus derechos fundamentales, “desatando la consulta en debido tiempo y analizando todos y cada uno de los elementos axiológicos de la reclamación constitucional, conforme a las pruebas obrantes en el proceso, además de que a la fecha en que se profirió la decisión no se desacató precedente alguno para el caso específico que suscitó la reclamación por presunta vulneración al derecho a la libertad del aquí tutelante” (fl. 44).

El Juzgado 63 Civil Municipal de Bogotá no se pronunció a pesar de haber sido notificado en debida forma.

1.7. Contestación de los terceros vinculados.

Guardaron silencio.

II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Debe precisar esta Sala, como se hizo en el auto admisorio, que en atención a la regla establecida en el numeral 1 del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, la competencia para conocer de la acción de tutela de la referencia en primera instancia no le corresponde a esta corporación, por cuanto lo accionado contra las autoridades judiciales le corresponde a su superior funcional, y toda vez que la petición de amparo se dirigió contra un juzgado de la categoría del circuito, la competencia está asignada a los tribunales.

Sin embargo, y de manera excepcional esta Sala se abstuvo de remitir el expediente a la oficina de reparto, en consideración a: i) la naturaleza del derecho que se pide proteger, esto es, la libertad; y, ii) el paro judicial que a la fecha de ejercer la acción se adelantaba en algunos juzgados y tribunales del país y que podría retrasar la resolución de esta acción en perjuicio del actor.

2.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si las providencias dictadas en el trámite de la acción de hábeas corpus ejercida por el actor, que negaron la solicitud de libertad por no superar el requisito de subsidiariedad, incurrieron en desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional y, en consecuencia, lesionaron los derechos fundamentales alegados por el actor.

Previo a resolver este problema, se analizará si la acción de tutela es procedente contra decisiones de hábeas corpus.

2.2.1. Procedencia de la acción de tutela contra hábeas corpus.

La Constitución 1991 consagró como derecho fundamental de aplicación inmediata, el de la libertad, en los siguientes términos:

“ART. 28.—Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

En efecto, la libertad es un valor y un derecho fundamental que permite al individuo y a la sociedad misma, la realización de otros derechos.

En cuanto a la libertad de locomoción, el Constituyente dispuso como regla general su no perturbación. Sin embargo, para armonizar su ejercicio con los derechos ajenos y en observancia del principio de legalidad, también dispuso que su limitación solamente puede provenir de las autoridades judiciales(1), quienes pueden impartir órdenes de arresto o de privación de la libertad sujetos a parámetros previamente definidos por el legislador que, en desarrollo del debido proceso, debe fijar la autoridad competente, así como los motivos o las razones en que se puede apoyar la medida restrictiva.

De igual forma, y para controlar los excesos o desafueros que las autoridades puedan cometer frente a este derecho, el Constituyente consagró en el artículo 30 el mecanismo del hábeas corpus, así:

“Quien estuviere privado de la libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas”.

En ese orden de ideas, el hábeas corpus tiene la doble connotación: i) de acción constitucional; y, ii) de derecho fundamental, que tiene por objeto salvaguardar la libertad personal.

Entonces, se trata de una acción constitucional, tan es así que resulta ser aún más idónea y eficaz para la protección de este especial derecho, que la acción de tutela; idoneidad y eficacia que se demuestra por la perentoriedad que se tiene para su resolución, 36 horas, así como en su informalidad.

En síntesis, el hábeas corpus tiene por objeto la salvaguarda especialmente de la libertad personal, razón por la cual el numeral 2 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 consagra la improcedibilidad de esa acción constitucional, en aquellos eventos en los que para perseguir el amparo, se puede invocar el mecanismo de hábeas corpus, precisamente porque su trámite permite garantizar de una manera más efectiva, dicho derecho.

En efecto, no resulta lógico que la acción de tutela, por un lado, sea improcedente cuando se promueve a fin de amparar derechos cuya protección puede lograrse invocando el hábeas corpus; pero, por otro, sí lo sea contra aquellas decisiones proferidas como resultado del mismo, convirtiéndose en una instancia adicional pero no por ello más idónea.

Es importante agregar que desequilibraría el ordenamiento jurídico el permitir la acción de tutela contra las decisiones proferidas en el trámite del mecanismo de hábeas corpus, sobre todo si se tiene en cuenta que los argumentos que fueron planteados y discutidos en tal acción, se pretenden nuevamente poner en discusión, ahora en sede de tutela.

De tal manera que al existir un mecanismo rango constitucional, dirigido a la protección de derechos fundamentales específicos como la libertad, debe ser a través de aquel únicamente, que se atiendan y resuelvan las solicitudes direccionadas a la protección de los mismos y no a través de la garantía general que ofrece la tutela misma, pues aceptar la tutela contra estas decisiones significaría desconocer que el hábeas corpus busca igualmente la salvaguarda del mismo con un trámite especialísimo.

En el mismo sentido, la Sección Segunda de esta corporación en sentencia de 4 de febrero de 2010, señaló:

“En ese orden de ideas, y de conformidad con las consideraciones hechas en el numeral III de la parte considerativa de esta providencia, la Sala estima que la acción de tutela no es el mecanismo judicial constitucionalmente previsto para establecer si el actor se hace merecedor del beneficio de la libertad condicional, toda vez que dicha discusión fue objeto de análisis mediante el recurso de hábeas corpus que constituye la acción constitucional idónea, especial y prevalente para este tipo de asuntos, por lo que la decisión adoptada no puede ser revisada mediante la presente acción.

En efecto, aceptar que mediante la acción de tutela pueden revisarse la decisiones proferidas en virtud del hábeas corpus, desvirtúa el carácter excepcional y subsidiario del primero de los mecanismos de protección señalados, así como la naturaleza especial y prevalente del segundo, lo cual atenta contra la seguridad jurídica y puede generar un marco de incertidumbre frente a la protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados” (negrillas fuera de texto).

En conclusión, si bien la acción de tutela constituye un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, la misma se torna improcedente para reemplazar o revisar las decisiones de los jueces constitucionales cuando analizaron la presunta privación irregular de la libertad a través del hábeas corpus, so pena de desvirtuar su carácter especialísimo y prevalente frente al recurso de amparo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, cuando se trata de los derechos de las personas injustamente privadas de la libertad.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por dirigirse contra una decisión de hábeas corpus.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Juan Manuel Camacho Rodríguez contra los Juzgados 63 Municipal y 20 del Circuito de Bogotá para la protección de su derecho fundamental a la libertad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, presidente—Susana Buitrago ValenciaAlberto Yepes Barreiro, con aclaración de voto.

(1) Esta circunstancia ha llevado a la Corte Constitucional a sostener que: “(…) la Constitución establece una reserva judicial que beneficia al derecho fundamental a la libertad personal, debido a la exigencia de los requisitos ya señalados. Así las cosas, solo las autoridades judiciales cuentan con la competencia para privar de la libertad. En consecuencia, las autoridades administrativas no poseen la facultad, motu propio, de privar de la libertad sea directa o indirectamente, al menos que esta decisión provenga de la autoridad judicial competente. Por ende, dicha reserva judicial, no es sino el resultado de la tridivisión del poder al interior de un Estado democrático, en el cual se excluye la posibilidad que una autoridad administrativa límite el ejercicio de la libertad personal sin el lleno de los parámetros exigidos por la Constitución. Lo anterior, por cuanto la libertad personal es un derecho fundamental esencial al Estado Social de Derecho como principio fundante del Estado Colombiano”. Sentencia C-237 de 2005. M.P. doctor Jaime Araújo Rentería.