Sentencia 2014-03890 de noviembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-42-000-2014-03890-01

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Alba Lucia Reyes Arenas

Demandado: Gimnasio Castillo Campestre, Secretaría de Educación de Cundinamarca, Fiscalía General de la Nación, Comisaria Décima de Familia de Engativá II e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Acción de Tutela – Impugnación

Bogotá D.C., doce de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Considera

La acción de tutela fue concebida en el artículo 86 de la Constitución Política, como mecanismo de defensa y protección inmediata de los derechos fundamentales, únicamente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que existiendo, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El interesado podrá ejercerla por sí mismo o por quien actúe a su nombre.

En el presente asunto, la señora Alba Lucía Reyes Arenas en su condición de madre del menor Sergio David Urrego Reyes (QEPD), acude a este mecanismo preferente y sumario con la finalidad de obtener la protección de los derechos fundamentales al buen nombre, intimidad, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, igualdad, no discriminación, educación, debido proceso, verdad, justicia y reparación, que considera vulnerados por el colegio Gimnasio Castillo Campestre, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, Fiscalía General de la Nación, la Comisaría Décima de Familia de Engativá II y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF”.

Los derechos a la dignidad, educación, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad y debido proceso, según la demandante, fueron quebrantados por el colegio Gimnasio Castillo Campestre cuando su hijo Sergio David Urrego Reyes (QEPD), era estudiante de dicha institución, debido a las medidas exageradas que se adoptaron ante la manifestación afectiva que tuvo con un compañero del mismo grado, conducta que fue catalogada como falta grave según el manual de convivencia, situación que llevó al suicidio de su hijo.

Los derechos al buen nombre, verdad, justicia y memoria de Sergio David Urrego Reyes (QEPD), aduce la actora, siguen siendo vulnerados por el mencionado colegio aun después de su fallecimiento.

Por su parte, el colegio Gimnasio Castillo Campestre solicita se revoque la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar se niegue la acción de tutela por cuanto no ha quebrantado ningún derecho fundamental de los invocados por la parte actora.

Como bien se advierte del contexto de la demanda, la vulneración de los derechos fundamentales respecto de los cuales la señora Alba Lucía Reyes Arenas pretende el amparo, se circunscribe a dos momentos: antes y después del fallecimiento de su hijo Sergio David Urrego Reyes (QEPD).

El deceso de Sergio David Urrego Reyes acaeció el 5 de agosto de 2014 (fls. 155) y la acción de tutela se instauró el 11 de septiembre de 2014, lo que obliga a estudiar si en el presente asunto, se configura la carencia actual de objeto, en atención a que, de quien se pregona la vulneración de los derechos fundamentales constitucionales invocados en la acción de tutela, para la fecha de su formulación ya había fallecido.

En efecto, en sentir de la actora y que fueron los argumentos base de la sentencia de primera instancia proferida por el tribunal (fls. 290 a 313) a Sergio David Urrego Reyes (QEPD), cuando era estudiante del grado 11 colegio Gimnasio Castillo Campestre, le fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad, educación, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad y debido proceso, en razón a la expresión afectiva que tuvo con un compañero del colegio, un beso, situación que desencadenó en una serie de medidas desproporcionadas, entre las cuales menciona las reiteradas citaciones al departamento de psicorientación, la firma de una serie de compromisos que la actora afirma no poseer y el calificar el beso como una falta grave contenida en el manual de convivencia.

Se advierte que si bien se configura la carencia actual de objeto por el fallecimiento del joven Sergio David Urrego, por las razones que más adelante se precisarán, el comportamiento del colegio descrito en la demanda y aceptado por el tribunal en la sentencia objeto de impugnación, en el momento está siendo objeto de investigación por las autoridades judiciales y administrativas, situación que impide a esta corporación un pronunciamiento de fondo en relación con los hechos que rodearon el suicidio de Sergio David Urrego Reyes.

La Corte Constitucional ha reiterado que la muerte de quien es titular de los derechos presuntamente vulnerados, conduce a una carencia actual de objeto y por tanto la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto cualquier orden que se pudiera emitir sería inocua e ineficaz para la protección de los derechos.

En Sentencia T-397 de 2013, señaló que:

“se conoce conceptualmente como la carencia de objeto, la cual tiene como principal característica que la posible orden del juez constitucional, es inocua para el caso concreto respecto a lo solicitado por el tuteante, es decir, no tendría efecto alguno y caería en el vacío. Este fenómeno puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado”.

Igualmente, en Sentencia SU-540 de julio 17 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis, indicó que:

“(...) la jurisprudencia ha invocado la carencia actual de objeto en variadas circunstancias, no solo en el supuesto del fallecimiento del accionante de la tutela (...).

Cabe recordar que la carencia actual de objeto se ha fundamentado en la existencia de un daño consumado, en un hecho superado, en la asimilación de ambas expresiones como sinónimas, en la mezcla de ellas como un hecho consumado y hasta en una sustracción de materia, aunque también se ha acogido esta última expresión como sinónimo de la carencia de objeto.

Ahora bien, la jurisprudencia en casi todos esos supuestos ha sostenido que la circunstancia de la muerte conduce, como se dijo, a una carencia actual de objeto y esta, a su vez, a la improcedencia de la tutela, por cuanto cualquier orden que se pudiera emitir sería ineficaz para la protección de los derechos fundamentales; sin embargo, en otros casos, esa consecuencia se ha calificado como la ausencia de interés legítimo o jurídico y así se ha declarado, o sencillamente, se ha entendido como sustracción de materia; terminación del asunto; cesación de la causa que generó el daño, de la actuación impugnada, o de la situación expuesta”.

Conforme lo anterior, no se trata de un hecho superado, ni de un daño consumado de los derechos ius-fundamentales, sino de la inexistencia del titular de los derechos fundamentales, pues el deceso del menor Sergio David Urrego Reyes (QEPD) acaeció antes de la formulación de la presente acción de tutela, en consecuencia un pronunciamiento de fondo sobre el amparo reclamado de los derechos a la educación, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, igualdad, dignidad, no discriminación e intimidad por carencia actual de objeto, resultaría inocuo pues ya no hay materia para resolver.

Enuncia la demandante, que el derecho fundamental al buen nombre de su hijo Sergio David Urrego (QEPD), sigue siendo quebrantado por parte de la rectora del colegio, quien aún después de su fallecimiento ha divulgado a través de los medios de comunicación, el noviazgo como acoso sexual por parte de Sergio, situación que ha trascendido y afectado la honra familiar.

Sin embargo, de las entrevistas entregadas por la rectora señora Amanda Azucena Castillo a los medios de comunicación, Blu Radio, la FM y Caracol no se infiere que la misma haya efectuado tales afirmaciones, por el contrario, se limitó a responder los diferentes interrogantes y a emitir un comunicado de prensa en nombre de la institución educativa (fls. 82).

Tampoco se evidencia de las pruebas allegadas que el colegio persista en dañar el buen nombre de Sergio David Urrego Reyes (QEPD), aun después de su fallecimiento, pues solo existe un correo electrónico, sin fecha, remitido según se lee por una estudiante del colegio Gimnasio Castillo Campestre a la Unión Libertaria Estudiantil, organización a la que perteneció Sergio David Urrego Reyes (QEPD), del que se desconoce su autoría y por ende la veracidad de tales afirmaciones (fl. 136), hecho que no puede atribuirse a los directivos de la citada institución educativa.

En fin, no obra prueba dentro del expediente que demuestre la afirmación de la demandante, en el sentido de que luego del fallecimiento de Sergio David, el colegio haya hecho aseveraciones tendientes a dañar el buen nombre de su hijo.

En consecuencia, y en relación con la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad, buen nombre, intimidad y honra familiar, todos referidos a Sergio David Urrego Reyes, se revocará la decisión del tribunal, en consideración a que las órdenes impartidas por este, no corresponden con las pretensiones de la actora, de un lado y de otro, porque con ellas no se están, en manera alguna, resarciendo dichos derechos como se solicitó en el escrito de tutela, sino emitiendo un mandato de manera abstracta y generalizada, situación que se encuentra en contravía del objeto para el cual fue instituida la acción de tutela, además de que constituiría una intromisión en las actuaciones de las autoridades competentes se encuentran adelantando.

Nótese que la actora sí solicita la protección de estos derechos, pero en referencia concreta a su hijo y con el fin de que el colegio se abstenga de difundir versiones de los hechos que lesionen la memoria de su hijo, lo que como se vio, según las pruebas que obran en el expediente, no ha ocurrido.

Así mismo, estima la demandante que debieron ampararse los derechos fundamentales al debido proceso, verdad, justicia y reparación, debido a que los mismos están siendo vulnerados por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la Fiscalía General de la Nación, la Comisaría de Familia de Engativá II y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF”.

En efecto, considera que la Secretaría de Educación de Cundinamarca no ha protegido con su gestión los derechos fundamentales enunciados, habida cuenta de que no la ha vinculado al proceso de manera formal, no ha generado espacios de diálogo respecto al problema denunciado y no ha impuesto ninguna sanción que indique la manera como deben ser reparados los derechos transgredidos con ocasión de los actos discriminatorios y arbitrarios de que fue víctima su hijo, por parte del colegio Gimnasio Castillo Campestre.

La acción de tutela tiene como finalidad, como se indicó precedentemente, la de garantizar la protección de los derechos fundamentales de quien acude a ella para su amparo y protección, mas no puede reemplazar los mecanismos dispuestos por la ley para determinar responsables e imponer las sanciones a que haya lugar, cuando se encuentre que las instituciones, en este caso, educativas y los funcionarios públicos con sus actuaciones y omisiones, incurrieron en incumplimiento en el ejercicio de sus funciones.

En efecto, las pruebas aportadas al expediente demuestran que la Secretaría de Educación de Cundinamarca no se ha sustraído de su obligación legal, sino en acatamiento a lo establecido en el Decreto 86, ha dado trámite a la queja que presentó la demandante el 1º de julio de 2014, en contra del colegio Gimnasio Castillo Campestre (fl. 197).

Obsérvese que ordenó a la Secretaría de Educación de Tenjo, realizar una visita al citado colegio e informarle sobre los resultados de la misma, la cual se llevó a cabo el 24 de julio de 2014 (fls. 204-206) así como también recibir a los padres de Sergio David Urrego Reyes y citar a la rectora del colegio a una reunión que se concretó el 20 de agosto de 2014 (fls. 210-214). Igualmente, practicó una visita a dicha institución educativa con el acompañamiento del grupo interdisciplinario de la Secretaría de Educación de Tenjo, el 1º de septiembre de 2014 (fls.226-227) y de acuerdo con dichas gestiones y en atención a los documentos que recopiló, expidió la Resolución 7500 de 8 de septiembre de 2014, en donde dispuso abrir un proceso sancionatorio en contra del colegio Gimnasio Castillo Campestre (fls. 228-230), acto administrativo que fue notificado a su rectora el 10 de septiembre del mismo año (fls. 231-232).

De manera que la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca, ha actuado conforme a los lineamientos ordenados por la ley y bajo ese entendimiento ha respetado el debido proceso que le asiste a las partes dentro del trámite de la queja formulada, por tanto, no puede el juez de tutela, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley, en relación con su competencia y atribuciones, inmiscuirse en actuaciones de carácter administrativo que corresponden de manera exclusiva a dicha autoridad.

Esta situación debe predicarse, así mismo, respecto de la Fiscalía Seccional 354 de la Unidad de Infancia y Adolescencia General y de la Fiscalía 112 Delegada ante jueces penales del circuito con función de conocimiento, unidad de delitos contra la vida e integridad personal, quienes tienen a su cargo el conocimiento de la denuncia de acoso sexual formulada por los padres del menor Danilo Esteban Pinzón Valdés y la investigación preliminar frente al deceso del menor Sergio David Urrego Reyes (QDEP), respectivamente.

En ese orden, no corresponde al juez de tutela extender su actuación para interferir en el trámite de los procesos judiciales en curso, pues ello representaría una invasión en la órbita autónoma del juez de la causa (art. 228, C.P.) y consecuentemente conllevaría a cambiar las formas propias de cada juicio, establecidas por la ley, situación que quebrantaría abierta y gravemente los principios constitucionales del debido proceso (art. 29, C.P.).

Además, conforme se infiere de los informes rendidos por dichas autoridades judiciales, se vienen surtiendo en el interior de cada proceso las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos puestos a su conocimiento (fls. 252-255 y 266-264).

Por tanto no resulta viable a través de este mecanismo, condicionar el actuar de las autoridades judiciales y administrativas, por cuanto es de su competencia efectuar las diligencias que consideren pertinentes y con fundamento en ello adoptar las decisiones a que haya lugar.

En cuanto a la Comisaría de Familia de Engativá II, debe decirse que respecto de este ente, no se probó vulneración de los derechos enunciados por la demandante, puesto que nada diferente realizó que remitir a la autoridad competente, la petición que presentaron los padres del menor Danilo Esteban Pinzón sobre el presunto delito de acoso sexual, conducta que se adecuó a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

Por las razones expuestas, se revocará la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual concedió el amparo de los derechos a la dignidad, buen nombre, intimidad y honra familiar, para en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela.

Respecto de la vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, verdad, justicia y reparación, se confirmará la decisión del tribunal, en consideración a que la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Comisaría de Familia, se encuentran adelantando las diligencias judiciales y administrativas tendientes a determinar la responsabilidad del colegio, en los hechos objeto de la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia de 23 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que concedió el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad, buen nombre, intimidad y honra familiar. En su lugar, se dispone:

DECLÁRASE improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Alba Lucía Reyes Arenas contra el colegio Gimnasio Castillo Campestre, respecto de los derechos fundamentales a la dignidad, buen nombre, intimidad y honra familiar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CONFÍRMASE la providencia impugnada, en cuanto negó el amparo de los derechos fundamentales al buen nombre, justicia, verdad y reparación, respecto del colegio Gimnasio Castillo Campestre, Secretaría de Educación de Cundinamarca, Fiscalía General de la Nación, Comisaría Décima de Familia Engativá II e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».