Sentencia 2014-03956 de noviembre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-42-000-2014-03956-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Barcenas

Actor: Yenner Alexander Reyes Pareja

Demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional-Dirección Reclutamiento y Control de Reservas

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil catorce.

La Sala decide la impugnación formulada por el señor Yenner Alexander Reyes Pareja contra la sentencia del 23 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que resolvió:

“1. AMPARAR el derecho al debido proceso del señor Yenner Alexander Reyes Pareja, identificado con C.C. 1.012.365.156 de Bogotá.

2. ORDÉNESE al Comandante de la Décimo Tercera Zona de Reclutamiento que comunique la decisión manifestada ante este despacho al actor, y le autorice a presentarse dentro de los cincos (5) días siguientes a la comunicación efectiva a la misma, ante el distrito militar 55 del Municipio de Fusagasugá para culminar el proceso.

3. ORDÉNESE al Comandante de la Décimo Tercera Zona de Reclutamiento del distrito militar 55 del Municipio de Fusagasugá, culminar el proceso de expedición de la libreta militar del actor e informar de lo anterior ante este tribunal.

(…)”.

Antecedentes

1. Pretensiones.

El señor Yenner Alexander Reyes Pareja presentó acción de tutela contra la Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional–Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, por cuanto estimó vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, y a la educación. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Solito(sic) al señor Juez, se le protejan los derechos fundamentales indicados como vulnerados y se ordene a la entidad accionada las siguientes medidas:

1. se ampare el derecho de petición, debido proceso administrativo, derecho a la educación y derecho al trabajo y se ordene al Ejército Nacional de Colombia que cese(sic) toda vulneración de mis derechos fundamentales constitucionales invocados en la presente demanda de tutela.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene dado el transcurso del tiempo de manera inmediata la expedición de la libreta militar”.

2. Hechos.

De los hechos narrados por el actor, se advierten como relevantes los siguientes:

Que el señor Yenner Alexander Reyes Pareja es desplazado por la violencia y está inscrito en el Registro Único de Víctimas, RUV.

Que, el 16 de julio de 2008, la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional le expidió una libreta militar provisional que expiró el 16 de julio de 2010.

Que, por esa razón, se acercó en el año 2010 al distrito militar 55 de Fusagasugá a definir su situación militar de manera definitiva y que le informaron que aparecía en el sistema del Ejército Nacional como remiso y debía prestar el servicio militar.

Que el actor fue reclutado y conducido a las instalaciones del Batallón de Infantería Nº 1 General Simón Bolívar de la ciudad de Tunja. Que prestó servicio militar por el término de 2 meses y fue desincorporado porque se comprobó que pertenecía a la población en situación de desplazamiento.

Que el Comandante del Batallón de Infantería Nº 1 General Simón Bolívar le expidió la boleta de buen trato y le informó que la situación militar debía ser definida en el distrito militar 55 de Fusagasugá.

Que, a través de la Defensoría del Pueblo, presentó una petición ante la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas y solicitó la expedición de la libreta militar.

Que, mediante Oficio MD-CGFM-CE-JEM-JEREC-DDHH del 1º de septiembre de 2012, la Jefatura de Reclutamiento le comunicó que debía acercarse al distrito militar 51 para que, una vez verificada la condición de desplazado, iniciara el proceso de liquidación y expedición de la libreta militar de segunda clase.

Que el distrito militar 51 no le expidió la libreta militar porque en el sistema de reclutamiento del Ejército Nacional aparecía como remiso.

Que, ante la falta de respuesta efectiva de las dependencias militares, el actor decidió incorporarse nuevamente al Ejército Nacional a prestar al servicio militar obligatorio. Que, sin embargo, al mes y medio fue desincorporado porque estaba registrado en el sistema como desplazado.

Que el distrito militar 51 le entregó al actor el listado con los documentos que debía presentar para que fuera expedida la libreta militar. Empero, se negaron a recibirlos con el argumento de que debía primero presentarse a la junta de remisos.

2. Argumentos de la tutela.

A juicio del señor Yenner Alexander Reyes Pareja el Ministerio de Defensa–Ejército Nacional–Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas vulneró, principalmente, el derecho al debido proceso porque, a pesar de que siempre acreditó la condición de desplazado, no le expidió la libreta militar.

Que la Corte Constitucional ha reiterado(1) que el Ejército Nacional también está obligado a garantizar el debido proceso administrativo en todas las actuaciones que adelante, incluso en las encaminadas a definir la situación militar.

3. Intervención de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas–Décimo Tercera Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional (autoridad demandada).

El Comandante de la Décimo Tercera Zona de Reclutamiento del Ejército solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda de tutela presentada por el señor Reyes Pareja. En concreto, dijo lo siguiente:

Que se revisó el Sistema Integrado de Información de Reclutamiento, SIIR y se encontró que el señor Reyes Pareja está registrado como remiso, toda vez que no se presentó a la jornada de concentración e incorporación, que se realizó el 16 de mayo de 2013, proceso al que se inscribió para definir la situación militar ante el distrito militar 55 de Fusagasugá.

Que, en atención a la condición de desplazado que ostenta el actor, mediante Oficio MDN-CGFM-CE-JEREC-DIRCR-Z13-ASJ-22 del 17 de septiembre de 2014, solicitó a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas que eliminara la anotación del SIIR y modificara la fecha de inscripción para que no se generaran multas. Que, adicionalmente, el actor debía presentarse en las instalaciones del distrito militar 55 de Fusagasugá el día 24 de septiembre de 2014, para realizar la liquidación de la libreta militar.

4. Sentencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor Reyes Pareja y, en consecuencia, le ordenó a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas que comunicara al actor la decisión de borrarlo del sistema de reclutamiento del Ejército y le informara la fecha, hora y lugar de la convocatoria para definir su situación militar de manera definitiva.

En concreto, el tribunal dijo que la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas había accedido a levantar la anotación que tiene el actor en el sistema y dispuso una fecha para iniciar el proceso de liquidación y expedición de la libreta militar. Que, siendo así, en principio se configuraría un hecho superado. Empero que, como la entidad demandada no había acreditado que hubiera puesto en conocimiento del actor esa decisión, lo procedente era amparar el derecho al debido proceso y ordenar a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas que la comunicara en debida forma.

5. La impugnación.

El demandante impugnó la sentencia y pidió que se revocara. Para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

Que, si bien el tribunal amparó el derecho fundamental al debido proceso y ordenó a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional que notificará la comunicación del 17 de septiembre de 2014, en la que esa entidad fijaba una fecha para que el demandante se presentara en el distrito militar 55 de Fusagasugá para realizar el proceso de verificación de su condición de desplazado y liquidar el valor de la libreta militar, a juicio del actor, esa orden resulta inadecuada, pues lo que necesita es que se ordene a las autoridades de reclutamiento del Ejército Nacional que expidan la libreta militar.

Que, en todo caso, no puede acudir al municipio de Fusagasugá a definir su situación militar porque reside en la cuidad de Bogotá donde está cursando un programa de formación en construcción de edificaciones en el SENA, regional distrito capital y, además, no cuenta con los recursos económicos para cubrir los gastos que se generarían.

Consideraciones

1. De la acción de tutela. Generalidades.

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales amenazados o violados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos en que así se autoriza.

Dada la naturaleza subsidiaria, la acción de tutela solo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial, o en su defecto, siempre que la protección sea necesaria para evitar un perjuicio irremediable, caso en el que procederá como mecanismo transitorio.

2. Del caso concreto.

En el caso concreto, el demandante reclamó la protección de los derechos de petición, al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital, que estimó vulnerados por la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, por cuanto no le han expedido la libreta militar, a pesar de que pertenece a la población de desplazados, lo que le ha impedido acceder a un empleo digno.

3. Problema jurídico.

El problema jurídico que la Sala deberá resolver es el siguiente:

Si la autoridad demandada vulneró los derechos al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital del señor Yenner Alexander Reyes Pareja porque no ha expedido la libreta militar, pese a que está demostrado que el actor es víctima del desplazamiento forzado.

De manera previa, la Sala estima pertinente referirse brevemente a la prestación del servicio militar obligatorio, la exoneración temporal de prestarlo de la población desplazada y la exención consagrada en la Ley 1448 de 2011.

4. Del servicio militar obligatorio y la exoneración temporal de prestarlo de la población desplazada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 216 de la Constitución Política, todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La competencia para ejercer tal defensa está radicada en la fuerza pública, que, como se sabe, la integran en forma exclusiva las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La anterior disposición debe armonizarse con el artículo 2º ejusdem, que establece como fines esenciales del Estado Social de Derecho mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Justamente, la razón de ser de la Fuerza Pública no es otra que la realización de los mencionados fines esenciales.

El carácter obligatorio de la prestación del servicio militar deriva, pues, del principio de reciprocidad consagrado en el artículo 95 superior, que prevé que el ejercicio de derechos y libertades implica responsabilidades, lo que, en últimas, se traduce en la necesidad de que las personas cuyos derechos y libertades están garantizados por el ordenamiento constitucional colombiano, participen en la defensa de la soberanía, en el mantenimiento de la integridad del territorio, la salvaguarda de la paz, y la vigencia de las instituciones.

En palabras de la Corte Constitucional, “la prestación del servicio militar hace parte del catálogo de deberes de rango superior, por medio del cual se garantiza el apoyo a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia e integridad del territorio nacional y la vida, honra, bienes de sus habitantes y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”(2).

Frente a la prestación del servicio militar obligatorio de las personas desplazadas, la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 8 de 2009, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional, respecto de las personas en condición de desplazamiento en Colombia. En esas decisiones, la Corte estipuló una excepción temporal para la prestación del servicio militar obligatorio de aquellas personas en condición de desplazamiento, a fin de salvaguardar el derecho a su personalidad jurídica. Adicionalmente, estableció que el Ministerio de Defensa Nacional tenía la obligación de crear una estrategia para la definición de la situación militar y la provisión de la libreta militar para esa población.

En cumplimiento de la orden proferida por la Corte Constitucional, el Ministerio de Defensa Nacional ordenó a la Dirección de Reclutamiento del Ejército, mediante las resoluciones 2341 de 2009, 1700 de 2006 y 181 de 2005, expedir en favor de las personas en condición de desplazamiento una tarjeta provisional militar con una vigencia de tres años, con un costo mínimo.

5. De la exención consagrada en la Ley 1448 de 2011.

El artículo 140(3) de la Ley 1448 de 2011, establece la exención de prestar servicio militar obligatorio para las personas víctimas del conflicto interno armado en Colombia.

En lo que aquí interesa, el Parágrafo 2º del artículo 60 de la Ley 1448, prevé que debe entenderse como víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3º de dicha norma.

Finalmente, vale la pena resaltar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-414 de 2014, concluyó que quien pruebe sumariamente que es víctima de la violencia podrá ser eximido de la incorporación a las filas del Ejército Nacional para la prestación del servicio militar obligatorio, en aplicación del artículo 140 de la Ley 1448 de 2011.

6. Solución del caso.

En primer lugar, conviene recordar que el a quo concluyó que en el caso concreto se podría hablar de la configuración de un hecho superado, toda vez que, en la contestación de la demanda, la autoridad judicial demandada había informado que la anotación de remiso que le aparecía al señor Reyes Pareja en el Sistema Integrado de Información de Reclutamiento, SIIR, iba a ser eliminada y que el actor debía presentarse ante el distrito militar 55 de Fusagasugá el día 24 de septiembre de 2014, para realizar la verificación de su condición de desplazado y proceder a liquidar el valor de la libreta militar. Empero, era procedente amparar el derecho fundamental al debido proceso del actor para que la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas comunicara el lugar, fecha y hora determinados por las autoridades de reclutamiento para definir la situación militar.

La Sala no comparte esa conclusión, por las siguientes razones:

Si bien el Comandante de la Décimo Tercera Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional indicó que había solicitado a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional la corrección de la información que aparecía en el sistema de reclutamiento de la institución y que el actor debía presentarse en el distrito militar de Fusagasugá, entre las 7:00 am y las 4:00 pm del 24 de septiembre de 2014, para definir su situación militar, lo cierto es que no acreditó:

(i) que el procedimiento de expedición de la libreta militar del señor Reyes Pareja haya iniciado y (ii) que el error que se advirtió en la clasificación como remiso y que, a juicio de las autoridades de reclutamiento, es el que les ha impedido definir la situación militar del actor, se haya corregido.

Siendo así, hasta el momento en que se dictó la sentencia de primera instancia la situación del actor no había sido definida por la autoridad demandada. Como se ve, para la expedición de la libreta, por un lado, la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional debía borrar la anotación de “remiso” que le aparece en el Sistema Integrado de Información de Reclutamiento, SIIR y, además, el actor debía presentarse, nuevamente, ante las autoridades de reclutamiento del Ejército con los documentos necesarios para la verificación y posterior liquidación de la libreta militar.

Para la Sala, es claro que las autoridades de reclutamiento del Ejército Nacional han dilatado injustificadamente el proceso de expedición de la libreta militar del señor Yenner Alexander Reyes Pareja, toda vez que tiene a su disposición la información necesaria que da cuenta de las circunstancias especiales en las que se encuentra el actor, pero no han iniciado el proceso para definir la situación militar. De hecho, el actor ha sido reclutado en dos oportunidades y posteriormente retirado del servicio militar porque el Ejército Nacional ha comprobado que pertenece a la población desplazada.

En efecto, está probado en el expediente que el actor es víctima del desplazamiento forzado y, por ende, sería beneficiario de la exención consagrada en el artículo 140 de la Ley 1448 de 2011. Así mismo, también está acreditado que el señor Reyes Pareja ha acudido en varias oportunidades a diferentes distritos militares, con el fin de definir su situación militar. Sin embargo, las autoridades de reclutamiento no han iniciado el proceso de expedición de la libreta militar, pese a que presenta los documentos que demuestran su condición de víctima.

La Sala concluye que la autoridad demandada vulneró el derecho fundamental al debido proceso del actor, al tiempo que está amenazando los derechos al trabajo y al mínimo vital, por cuanto no atendió la condición especial de víctima del desplazamiento y no adelantó el procedimiento pertinente para expedir sin dilaciones la libreta militar de segunda clase, circunstancia que le ha impedido acceder a un empleo en condiciones dignas.

En esos términos, la Sala modificará el numeral segundo de la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, ordenará que, en el término de 5 días, contados a partir la notificación de la presente sentencia, la Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional–Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas levante la condición de remiso del actor y defina su situación militar en la ciudad de Bogotá, conforme con las normas vigentes y aplicables al caso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar la sentencia del 23 de septiembre de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el siguiente sentido:

2. Confirmar el numeral primero de la sentencia impugnada.

3. Ordenar a la Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional–Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, que, en el término de 5 días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, levante la condición de remiso que ostenta el señor Yenner Alexander Reyes y proceda a definir su situación militar en la ciudad de Bogotá, conforme con las normas vigentes y aplicables al caso.

4. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Martha Teresa Briceño de Valencia— Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

Presidente de la sección: Jorge Octavio Ramírez Ramírez

(1) El actor aludió a la Sentencia T-388 de 2010.

(2) Sentencia T-737 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.

(3) “ART. 140.—Exención en la prestación del servicio militar. Salvo en caso de guerra exterior, las víctimas a que se refiere la presente ley y que estén obligadas a prestar el servicio militar, quedan exentas de prestarlo, sin perjuicio de la obligación de inscribirse y adelantar los demás trámites correspondientes para resolver su situación militar por un lapso de cinco (5) años contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley o de la ocurrencia del hecho victimizante, los cuales estarán exentos de cualquier pago de la cuota de compensación militar”.