Sentencia 2014-04216 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Rad.: 110011102000201404216 01

Aprobado según Acta Nº 100 de la misma fecha

ASUNTO A TRATAR

Procede ésta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a resolver la petición de nulidad y apelación interpuestas por el disciplinado contra la sentencia proferida el 10 de mayo de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Bogotá(1), mediante la cual se resolvió sancionar al abogado MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA, con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de CUATRO (4) MESES y MULTA DE DIEZ (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en favor del Consejo Superior de la Judicatura, luego de hallarlo responsable de incurrir en las faltas descritas en el artículo 30 numeral 4º y artículo 34 literal C, de la Ley 1123 de 2007.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

De la queja

Originó el inicio de las presentes diligencias la queja presentada el 4 de agosto de 2014 por la señora ROSALBA HERRERA TORRES, contra el doctor MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA, de quien dice lo contrató en el año 2006 para que la defendiera dentro de un proceso penal iniciado en su contra, pactando que para iniciar le cobraría $ 3.000.000,oo de honorarios como en efecto le canceló y la suma de $ 200.000,oo que debería entregarle mensualmente hasta que se dictara la sentencia definitiva, lo cual cumplió desde mayo de 2006 hasta febrero de 2014.

Señaló el abogado la engañó desde el año 2009 en que le fue archivado el proceso, lo cual nunca le informó, conoció de dicha situación porque autorizó a una abogada para que le averiguara, confirmándole que en ese año se había precluido la investigación a su favor; en cambio sí le siguió cobrando la suma mensual de $ 200.000,oo durante cinco años más de lo debido.

En audiencia celebrada el 23 de junio de 2015, la quejosa se ratificó de la queja y del comportamiento amenazante del profesional del derecho cuando le reclamó por no haberle informado se había emitido decisión a su favor y por seguirle cobrando honorarios durante varios años después.

Acreditación calidad de abogado.

Mediante certificado Nº 11867-2014 del 01 de septiembre de 2014(2) expedido por la Unidad del Registro Nacional de Abogado, se estableció que el doctor MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA, se identifica con cédula de ciudadanía Nº 79.297.801, se encuentra inscrito como abogado y es portador de la tarjeta profesional Nº 69.215, a la fecha vigente.

El 24 de febrero de 2016 y 27 de abril de 2016, la Secretaria Judicial de esta corporación expidió los certificados Nº 93.718(3) y 253476(4), en el que consta que el abogado MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA, no registra antecedentes disciplinarios.

Apertura investigación.

Debidamente acreditada la calidad de abogado del doctor MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA, mediante auto del 11 de septiembre de 2014(5), se dispuso la apertura de proceso disciplinario y se convocó para audiencia de pruebas y calificación provisional y se convocó a los intervinientes a audiencia de pruebas y calificación provisional el 24 de noviembre de 2014, data para la cual no compareció disciplinado y si lo hizo la quejosa, fijándose como nueva fecha para el 23 de febrero de 2015

Declaratoria persona ausente. Ante la incomparecencia del disciplinado citado en varias oportunidades, previa aplicación del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, con auto del 28 de abril de 2015, se le declaró persona ausente y designó defensor de oficio y citó para audiencia de pruebas y calificación provisional.

Audiencia de pruebas y calificación provisional.

Se dio inicio a la audiencia de pruebas y calificación provisional el 23 de junio de 2015(6), a la cual comparecieron la doctora SARAH SOFÍA CÁRDENAS CHOETATO, defensora de oficio del investigado, quien no compareció, la quejosa y el doctor JAIRO HERNANDO GODOY FORERO, delegado del Ministerio Público, el magistrado sustanciador presentó la queja, la quejosa ratificó y amplió la misma, intervino la defensora de oficio y el delegado del Ministerio Público, se decretaron pruebas y suspendió la diligencia para continuarla en próxima fecha.

Ratificación y ampliación de la queja. Se ratificó de la queja inicial, manifestando que le recomendaron el abogado en los años 2003 o 2004, no está segura, firmaron un contrato para prestarle los servicios, porque su esposo falleció y le iniciaron un proceso penal porque supuestamente ella no tenía derecho a recibir la pensión, él había dejado un hijo y había que compartirle bienes, se le dio el 50% de la pensión y entregó una casa, contrató al abogado para que la defendiera en el proceso en su contra.

Precisó que le entregó $ 3.000.000 de pesos y le seguí entregando cuotas de $ 200.000 mensuales, hasta el año 2013, el último año le dejaba la cuota en portería porque ya no lo encontraba, a veces le entregaba recibos y otras no, se comprometió a sacarle el proceso, que iba a salir a favor suyo.

Informó el abogado nunca la enteró del asunto, por lo que contrató a la abogada Gloria Aldana para que le averiguara del proceso, le reclamó porque ya había fallo, él se sorprendió, le faltó al respeto, y la sacó de la oficina.

Intervención defensora de oficio de investigado. Manifestó que ha tratado de ubicar al abogado, fue a las direcciones que registra en el expediente, en la dirección de la oficina en la carrera 8 Nº 16-51 oficina 309, le informó la portera que se fue de la oficina, hace más de un año no va por allá, nadie puede subir a la oficina si no está autorizado por los porteros, ha intentado comunicarse al celular varias veces, timbra, otras suena apagado.

Calificación provisional de la actuación. Retomando la continuación de audiencia de pruebas y calificación provisional el 11 de abril de 2016(7), comparecieron la defensora de oficio del investigado y el Delegado del Ministerio Público, doctor JOSÉ FERNANDO OSORIO FUENTES, se procedió por la Magistrada Sustanciadora previa valoración del acervo probatorio, a calificar la actuación, profiriendo pliego de cargos contra el togado investigado, a quien atribuyó la incursión en las faltas tipificadas en el artículo el articulo 30 numeral 4º y artículo 34 literal C, de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

1. Falta contra la dignidad de la profesión numeral 4° del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007. Por cuanto el abogado investigado obró de mala fe en el ejercicio del mandato conferido, porque pese a que el Fiscal del caso dispuso precluir la investigación en favor de su cliente, continuó cobrando honorarios sin tener derecho a ello, durante casi más de 4 años, como se puede corroborar con los recibos de pago aportados por la quejosa. Con su comportamiento el togado inobservó el deber contemplado en el numeral 5º del artículo 28 del CDA.

2. Falta al deber de lealtad con el cliente, descrita en el literal C del artículo 34 ibídem. Esta falta se atribuyó al togado porque faltó a la lealtad con su cliente, al ocultarle que mediante resolución del 19 de marzo de 2009 la Fiscalía 54 Seccional de Bogotá precluyó la investigación y continuó cobrando la suma de $ 200.000 mensuales justificándola por honorarios, casi más de 4 años después de la providencia que definió la situación jurídica de su cliente y puso fin al vínculo profesional existente entre la quejosa y el profesional del derecho investigado.

Audiencia de juzgamiento. Esta etapa procesal se surtió efectivamente el 28 de abril de 2016(8), comparecieron la defensora de oficio del investigado, la quejosa y la delegada del Ministerio Público, VIANEY ROLDÁN ROJAS, se incorporaron pruebas y se presentaron alegatos de conclusión por la defensora del procesado por la delegada del Ministerio Público.

Alegatos de conclusión defensora de oficio del disciplinado. Alegó que teniendo en cuenta por prohibición expresa de la ley no es dable señalar la responsabilidad objetiva, es necesario hacer un análisis frente a la responsabilidad subjetiva, la cual hace alusión a examinar si la persona realmente tenía intención de incumplir la ley, determinar la orientación de la voluntad, por lo cual si bien es cierto su representado recibió dineros de más, se puede deducir por las múltiples ocupaciones de cada día no lo tuvo en cuenta.

Destacó que su defendido sí actuó en defensa de la quejosa, así ella no lo considere, pues gracias a su defensor se decidió la situación a su favor, sobre las afirmaciones de que fue altanero y la amedrantaba, no hay certeza de ello, y de haber sido así tendría varías quejas al respecto.

Expuso que si se estudian las circunstancias que rodearon los hechos, la culpabilidad conlleva un examen de voluntad al momento de actuar u omitir, señaló que según el artículo 5º de la Ley 1123 de 2007, solo se podrá imponer sanción por faltas con culpabilidad, deben analizarse las situaciones que generaron daños y determinar la posibilidad de un eximente de responsabilidad.

Peticionó que al momento de emitirse fallo, se tenga en cuenta lo expuesto y declare que la conducta de su defendido está exenta de causales de responsabilidad, su conducta no constituye falta disciplinaria, si obró tal como lo hizo, no fue de mala fe, ya que no tiene sanciones en su contra y nunca ha tenido problemas con la justicia, solicita se tenga en cuenta que a cualquier persona se le puede pasar el no haber tenido en cuenta los abonos antes mencionados, por último que si le impusieren alguna sanción de tipo económico, no se le suspenda la tarjeta profesional, para no menoscabar su derecho al trabajo.

Alegatos de conclusión delegada Ministerio Público. Expuso que teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el proceso, se colige el investigado incurrió en la conducta anti ética de cobrar honorarios a la quejosa sin estar actuando en favor de ésta, no siendo de recibo que por las múltiples ocupaciones hubiese pasado por alto el seguir recibiendo honorarios. El hecho de que haya cumplido en parte su compromiso profesional, no es eximente de responsabilidad, por lo que solicitó se sancione disciplinariamente al procesado.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 10 de mayo de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Bogotá(9), mediante la cual se resolvió sancionar al abogado MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA, con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de CUATRO (4) MESES y MULTA DE DIEZ (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en favor del Consejo Superior de la Judicatura, luego de hallarlo responsable de incurrir en las faltas descritas en los artículos 30 numeral 4º y 34 literal C, de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

1. De la falta contra la dignidad de la profesión: artículo 30 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007:

Frente al primer cargo imputado determinó el a quo que se cumplen los presupuestos para emitir fallo de naturaleza sancionatoria contra el litigante MARIO ALFONSO CARREÑO VELALNDIA, en razón a que está demostrada no solo la existencia de la conducta acusada sino también la responsabilidad del disciplinado en ella.

Determinó el a quo que “...para esta magistratura es claro que los hechos acusados en el profesional del derecho disciplinario y que son materia de averiguación disciplinaria por esta corporación judicial, tuvieron real ocurrencia, porque sin lugar a dudas, ejecutó actuaciones contrarias a derecho y la verdad, porque está más que demostrado utilizó sus conocimientos jurídicos para defraudar a su cliente obteniendo el pago de honorarios que no se causaron ni tenían porque generarse porque desde abril de 2009, por cumplimiento del objeto contratado, el contrato que suscribieron en abril de 2006, había llegado a su fin. Con ese proceder, obró de mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión, por no respetar el acuerdo hecho con la quejosa y obtener un beneficio económico que no se ceñía a lo acordado varios años atrás y ello lo hace incurso en la conducta contra la dignidad de la profesión que se analiza por desconocimiento del deber contenido en el numeral 5º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que obliga a los profesionales de la abogacía a conservar y defender la dignidad de la profesión.

Y acudir en los negocios profesionales a engaños, constituye obrar contrario a la dignidad de la profesión que se prometió respetar y cumplir, máxime cuando la labor del abogado es la de promotor y gestor de la justicia, entendiendo por cierto que justicia es dar a cada uno lo sujo, lo que le corresponde”.

2. De la falta de lealtad con el cliente: artículo 34 literal C de la Ley 1123 de 2007:

Esta falta se atribuyó al abogado procesado, por cuanto además de obrar con desconocimiento del deber de dignidad con la profesión, además calló situaciones inherentes a la gestión encomendada y alteró la información correcta del mismo, pues de haber sido conocidas por la quejosa, habrían influido en su ánimo respecto al pago de honorarios por los servicios prestados, tales como que desde abril de 2009 el proceso penal instruido en su contra había terminación con decisión a su favor.

Refirió el a quo al respecto: “Reafirma la incursión del profesional en la falta de lealtad con el cliente que se analiza, lo dicho en ampliación de queja por la quejosa, quien sin reparo refirió que por mucho tiempo efectuó pagos por honorarios y solamente se enteró de la decisión de preclusión porque contrató los servicios de otra profesional del derecho para que indagara sobre el asunto; su defensor nunca le dijo nada de eso.

Lo anterior con resultado de que sin lugar a dudas, con ese comportamiento, el abogado encausado disciplinariamente faltó también al deber de lealtad con el cliente porque no la enteró de situaciones fundamentales como que el sumario que por el presunto delito de fraude procesal se instruía en su contra, había sido fallado en su favor desde el mes de marzo de 2009. En otras palabras, no ilustró a su cliente en punto a que de varios años atrás, había sido favorecida con decisión de preclusión de la investigación y contrario a ello le siguió recibiendo los abonos mensuales que por honorarios hacía conforme al contrato suscrito, por tener la errada creencia de que el proceso seguía vivo y que por tanto su abogado seguramente estaba ejecutando actos en su defensa. 

Fue el paso del tiempo y la falta de claridad lo que generó a la postre y por recomendación efectuada por algún funcionario de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, solicitara la colaboración de otra profesional de la abogacía para lograr conocer lo que pasaba. 

De esta manera, para esta magistratura ética, con miras a seguir captando los dineros pactados por honorarios, el letrado investigado dirigió su querer profesional a ocultarle que en resolución del 19 de marzo de 2009, se había precluido la investigación para ello no dudó en falsearle, amañarle e incluso ocultarle la realidad de lo que había pasado; pensamiento y querer que exteriorizó sin reparo cuando no entregó datos como que al calificar el sumario la FISCAL 54 SECCIONAL lo hizo con preclusión de la investigación y que desde el 19 de marzo de 2009, la decisión cobró ejecutoria, lo que desde luego puso fin al contrato de prestación de servicios. 

Así las cosas, la magistratura concluye que está demostrado el comportamiento antiético que se examina en el togado MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA por desconocimiento del deber previsto en el literal c del numeral 18 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y ello amerita la imposición de sanción ética profesional”. 

En cuanto a la culpabilidad de las conductas imputadas al profesional del derecho, la Sala de instancia dispuso que fueron cometidas a título de dolo: “Ello porque el disciplinado mejor que nadie sabía que con su proceder estaba incurriendo en un acto de mala fe en el ejercicio de la profesión, por lo tanto constitutivo de falta disciplinaria, porque con él estaba defraudando los intereses de quien fuera su cliente, que pese confiar en su palabra y confiarle la defensa de sus intereses, la sorprendió cuando se percató que por muchos meses efectuó el pago de honorarios que no se causaron y para ello no dudó en ocultar la verdad de lo ocurrido, esto que desde el 19 de marzo de 2009, había sido favorecida con decisión de preclusión de la investigación que por el presunto delito de fraude procesal se tramitaba en su contra ante la FISCALÍA 54 SECCIONAL”.

En lo concerniente a la graduación de la sanción, determinó la Sala de instancia, que a pesar de no registrar antecedentes disciplinarios el procesado, atendida la gravedad de los hechos cuestionados, el total desconocimiento de los deberes de obrar con dignidad en el ejercicio de la profesión y lealtad con su cliente, a quien causó grave perjuicio, le impuso la sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de CUATRO (4) MESES y MULTA DE DIEZ (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en favor del Consejo Superior de la Judicatura, luego de hallarlo responsable de incurrir en las faltas descritas en los artículos 30 numeral 4º y 34 literal C, de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

DE LAS SOLICITUDES DE NULIDAD Y APELACIÓN

Mediante escritos radicados el 7 de junio de 2016(10), el abogado MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDÍA impetró solicitud de nulidad y apelación contra la sentencia emitida el 10 de mayo de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

De la solicitud de nulidad. Demandó el disciplinado la declaratoria de nulidad de toda la actuación, afirmando que la quejosa desde el inicio de la queja conocía las direcciones para notificarlo personalmente y en forma temeraria y de mala fe no las suministró, al parecer con el ánimo de que no se enterara del desarrollo del proceso y no se pudiera defender, como aconteció.

Argumentó el disciplinado la petición de nulidad de la actuación, invocando el artículo 98 numerales 2º y 3º de la Ley 1123 de 2007, referentes a la violación del derecho de defensa del procesado y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso.

Adujo que para la fecha en que presentó la queja, su dirección ampliamente conocida por la quejosa, porque era allí a donde iba a pagarle “los escasos honorarios mensuales acordados”, era la carrera 8 Nº 16-51 oficina 309 de Bogotá D.C., teléfonos 2841875 y 3153656713, en la cual estuvo hasta diciembre de 2014, y de esa fecha hasta la actual, se encuentra en la carrera 10 Nº 16-92 oficina 301 de esta ciudad con el mismo número de celular, dirección de la que afirma también enteró a la señora Rosalba Herrera Torres.

Destacó que la quejosa al parecer con el ánimo de perjudicarlo no aportó en la queja la dirección de su ubicación conocida por ella, al igual que el Consejo Seccional de la Judicatura le envió telegramas a una dirección donde hace más de treinta y cinco años no reside, cual es la carrera 7 B Este Nº 15-115 y a la oficina 801 de la Carrera 10 Nº 16-30 de Bogotá en la que estuvo hasta el año 2007, pero a la dirección que obra en los recibos aportados por la quejosa desde el mismo inicio, carrera 8 Nº 16-51 oficina 309 de Bogotá, no envió comunicación alguna, donde era su domicilio profesional hasta diciembre de 2014 y de esa fecha en adelanta en la carrera 10 Nº 16-92 oficina 301 de esta ciudad, también conocido por la ofendida.

Consideró el procesado cercenado su derecho de defensa y no comparecencia al proceso porque no se enteró de la existencia de la actuación disciplinaria en su contra, no se pudo defender para explicar y probar que los hechos alegados por la quejosa son mentirosos y no corresponden a la verdad, que el inició de la investigación es una retaliación porque no acepto devolverle parte de los honorarios e indemnizarla, porque él no podía cambiar las tarifas acordadas.

Expresó que de forma curiosa y particular el 31 de mayo de 2016 se recibió en la recepción del edificio donde trabaja, carrera 10 Nº 16-92 oficina 301 de esta ciudad, comunicado que lo enteraba había sido suspendido y le imponía multa cercana a los siete millones de pesos, sanción que califica de injusta y severa para la cantidad y calidad de trabajo y los resultados obtenido frente a la defensa penal de la señora Herrera Torres.

Precisó que no sabe si le habían enviado telegramas a dicha dirección porque desde diciembre de 2015 hasta finales de marzo de 2016 que se realizó el paro judicial, no volvió a la oficina, pues no había trabajo y por ende lugar a gastar en pasajes y comida, dada su precaria situación económica que tiene con cuatro hijos.

Concluyó: “Si la honorable magistrada encuentra fundadas mis razones, le ruego que anule parte de la actuación, retrotraiga la misma y me dé la oportunidad de ejercer mi derecho de defensa, para demostrar que hice una labor más allá de lo pactado en el contrato de prestación de servicios por lo que acordamos con la cliente, un honorario mensual adicional, que no la engañe y que fui diligente en mi labor, ya que por la cantidad de delitos que se le imputaban, no la dejé meter a la cárcel, no dejé que la parte civil le embargara sus inmuebles, no dejé que le suspendieran el pago de su pensión, que originó la denuncia, y finalmente logré su absolución o equivalente preclusión de la instrucción a su favor, de la cual, como aparece en el expediente, fue enterada por la Fiscalía y yo mismo la enteré, etc.”.

Del recurso de apelación. Dentro del término legal, la disciplinable incoó recurso de apelación, deprecando la revocatoria de la sentencia dictada y en su lugar, proferir decisión absolutoria, iniciando por afirmar que no se le dio la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, por lo expuesto en la solicitud de nulidad, calificando de temeraria la queja impetrada por la quejosa engañando a la administración de justicia.

Hizo un relato de su actuación profesional en representación de la quejosa dentro del proceso penal para lo que fue contratado por ésta, indicando que ante la complejidad del asunto le cobró como honorarios trece millones de pesos, ante su manifestación de ser una persona supremamente pobre acordaron le cancelaría para el inicio $ 3.000.000 y que mensualmente le cancelaría la suma de $ 200.000,oo, firmando contrato el 7 de abril de 2006, fecha en que le entregó los $ 3.000.000,oo, pero por confianza, precaria situación económica y avanzada edad, en el contrato no quedó estipulado las cantidades habladas inicialmente, cuando lo contrató.

Argumentó que desarrollo actividades adicionales como dar respuesta a acción de tutela que interpuso la denunciante en el proceso penal, contra la Fiscalía, ante lo cual le dijo tenía que reconocerle más honorarios, y ésta la contestó que después arreglaban.

Sostuvo que el 19 de marzo de 2009 efectivamente la Fiscalía delegada precluyó la investigación a favor de su cliente, de lo cual fue debidamente enterada por la Fiscalía y por él mismo, y como no le había terminado de pagar los honorarios pactados, más el trabajo adicional de la tutela, acordaron le seguiría pagando los $ 200.000 mensuales hasta completar la totalidad de honorarios, lo que ella aceptó y a sabiendas de que ya le había ganado el negocio voluntariamente le siguió pagando los $ 200.000 mensuales hasta comienzos del 2013.

Reclamó el apelante que se busquen las pruebas no solo que lo perjudiquen, sino también las que tienden a demostrar su inocencia, y analizar el acervo probatorio en su integridad, puesto que con la queja se aportó copia del telegrama de fecha 27 de marzo de 2009, que la Fiscalía dirigió a través de su hija Gloria, donde le comunican que se profirió resolución de preclusión de la investigación, por lo que se pregunta si entonces tenía o no conocimiento que desde esa fecha había ganado el proceso.

Concluyó el recurrente: “Por lo anterior, no me explico el por qué, en la sentencia que ataco, se habla de que capté una considerable suma de dinero, no menos de $ 5.600.000,oo pesos, y que por ello, sin motivación de ninguna índole me impone una suspensión de mi trabajo y de contera una multa cercana a los $ 7.000.000,oo m/cte., indicando a renglón seguido, y sin estar probado, que le causé un grave perjuicio a mi cliente y que actué en forma dolosa, lo cual riñe con la realidad procesal, pues como ya se explicó, la señora ROSALBA, enterada oportunamente, tanto por la Fiscalía como por el suscrito, de que se había ganado el proceso, desde marzo de 2009, voluntariamente y teniendo en cuenta de que verbalmente modificamos lo acordado inicialmente, y dado el éxito de la labor, y el saldo de honorarios a mi favor, continúa pagándome mensualmente $ 200.000,oo hasta comienzos del año 2013.

“(...)”. 

“Reconozco, sí que me equivoqué, pues el yerro es de la esencia del ser humano, ya que debido a mi benevolencia, a la no desconfianza de mi cliente, quien me pareció una persona modesta, de escasos recursos económicos, y por ello, no modifique el contrato de prestación de servicios, en las condiciones que le he expuesto, de todo lo cual tengo la conciencia tranquila, con el firme convencimiento de la labor cumplida, la cual a cambio de agradecimiento, y a mis espaldas, decide formular una queja temeraria, que se despacha en forma severa e injusta en mi contra, donde me suspenden de mi trabajo y de contera me imponen una multa que no puedo pagar, perjudicándome con ello, pues soy padre de 4 hijos que intento sacar adelante; si por mi omisión me excedí en confianza, castíguenme, pero no con la severidad que lo hicieron, pues tengo una hoja de vida intachable, y no soy ningún delincuente que merezca un castigo tan ejemplar”. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el procesado contra la sentencia proferida el 10 de mayo de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se sancionó al abogado al abogado MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA, con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de CUATRO (4) MESES y MULTA DE DIEZ (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en favor del Consejo Superior de la Judicatura, luego de hallarlo responsable de incurrir en las faltas descritas en los artículos 30 numeral 4º y 34 literal C, de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo; dejando por sentado que la anterior competencia deviene de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1° del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “...los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario fue otorgado por mandato constitucional a esta jurisdicción, encaminado a ser ejercido sobre la conducta profesional de los abogados teniendo como objetivo primordial, verificar el efectivo cumplimiento de su principal misión, lo cual es defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales, por ende, en la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a desatar en sede de apelación la providencia del a quo.

Se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo, por inobservar el deber previsto en el numeral 5º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, de conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión, falta descrita en el artículo 30, numeral 4° ibídem, preceptos cuyos tenor literal es el siguiente:

“...ART. 30.Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión: 

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión”. 

También se atribuyó al abogado disciplinado, un segundo cargo por violar el deber de lealtad con el cliente, falta tipificada en el literal c) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, atribuida a título de dolo.

ART. 34.—Constituyen faltas a la lealtad con el cliente: “(...)”. 

c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarla la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto”. 

A la anterior imputación se llegó con fundamento en el acervo probatorio acopiado en el investigativo, como fueron las intervenciones bajo la gravedad del juramento de la quejosa, las documentales aportadas por ésta como fueron, el contrato de prestación de servicios, poder, varios recibos de dineros cancelados al apoderado, piezas procesales del proceso penal radicado Nº 810987 procedentes de la Fiscalía 54 Seccional de Bogotá, así como la intervención y alegatos conclusivos de la defensa oficiosa del investigado que no compareció a la actuación y del Delegado del Ministerio Público.

De la nulidad. En lo pertinente a esta solicitud, desde ya anuncia esta corporación que la misma será negada, como quiera que no es el momento procesal para instaurarla, amén de que falta a la verdad el procesado respecto del argumento en que centra el fundamento para peticionarla, refiriendo que se le vulneró su derecho de defensa y debido proceso, porque no se enteró del desarrollo de esta investigación en su contra, aduciendo solo recibió el último telegrama en su oficina, donde se le informó de que se había dictado la sentencia que ahora pretende su nulidad.

Veamos, que el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007 o Código Disciplinario del Abogado, CDA, determina que una vez aperturado el proceso disciplinario, se convocará a audiencia de pruebas y calificación provisional, para lo cual la citación se realizará a través de medio más eficaz; en caso de no conocerse el paradero, se enviará la comunicación a las direcciones anotadas en el Registro Nacional de Abogados, fijándose además edicto emplazatorio en la secretaria de la Sala por tres días.

Pues bien, consultado el plenario, se advierte, que al no proporcionarse dirección expresa en la queja sobre la ubicación del profesional del derecho, en aplicación de la norma en comento, consultado el certificado Nº 11867-2014 expedido el 1º de septiembre de 2014 que obra a folio 30 del mismo, se le remitieron las primeras comunicaciones al profesional del derecho el 23 de octubre de 2014 y el 21 de enero de 2015, al igual que se fijaron edictos en la Secretaria de la Sala de instancia del 23 al 27 de enero de 2015 y del 22 al 24 de abril de igual año, como consta a folios 46 y 49 del plenario, no obstante el togado no compareció, ante lo cual mediante auto del 28 de abril de 2015, se le designó defensor de oficio, a la abogada SARAH SOFÍA CÁRDENAS COHETATO, con quien prosiguió toda la actuación en representación del investigado.

No obstante lo anterior, se siguió enviando comunicaciones al togado a las direcciones reportadas en el investigativo, donde la magistrada instructora dispuso oficiar a las empresas de telefonía, EPS y la dirección de la Unidad del Registro Nacional de Abogados, para indagar sobre su localización, enviando las comunicaciones respectivas a todas las direcciones reportadas de su ubicación; entre las cuales se puede verificar en el expediente, se le allegaron las comunicaciones y citaciones a todas las direcciones reportadas en el Registro Nacional de Abogados e incluso a las direcciones reportadas en respuesta a solicitudes de la Sala de instancia, y a las reportadas en sus escritos de nulidad y apelación, a la carrera 8 Nº 16-51 oficina 309 como consta a folios 169, 204 y 241, el 17 de marzo, 15 de abril y 25 de mayo de 2016 y carrera 10 no. 16-92 oficina 301 como consta a folios 170, 205 y 242 en iguales fechas precitadas, por lo que surge evidente la falta de sinceridad del togado al argumentar que se le violaron sus derechos a la defensa y al debido proceso, porque no enteró de este proceso, afirmando falsamente que no se le enviaron las comunicaciones respectivas a dichas direcciones.

Como vemos, no obstante el abogado MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA, tener conocimiento de la investigación adelantada en su contra, no compareció a rendir su versión y ejercer su defensa en el investigativo.

Así mismo destaca esta superioridad, conforme lo expreso en sus intervenciones la doctora SARAH SOFÍA CÁRDENAS COHETATO y concretamente en la audiencia de pruebas y calificación celebrada el 11 de abril de 2016, intentó localizar al abogado, visitando las direcciones reportadas como las de su ubicación, reuniéndose con él en una oportunidad, le comentó el caso, le mostró las copias del expediente disciplinario, éste le contestó “yo no debo nada a nadie, doctora haga lo que usted pueda”, comprometiéndose a concurrir a la investigación, lo cual no hizo, y no le volvió a contestar el celular se lo apagaba.

Así las cosas, agotados los procedimientos legales previstos para la notificación al profesional del derecho de las diferentes etapas y decisiones impartidas al interior de esta investigación y al haberse enviado comunicaciones a las direcciones que aduce ha tenido su domicilio profesional y voluntariamente no concurrió; en consecuencia no están llamadas a prosperar las causales de nulidad invocadas por el togado y por ende esta colegiatura, negara la petición en dicho sentido, por no haber concurrido causal alguna de vulneración a los derechos reclamados por el procesado.

Es determinante destacar igualmente, que el investigado a pesar de que es deber de los profesionales del derecho a la luz del CDA, y concretamente del deber previsto en el numeral 15 del artículo 28, “tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional”; no obstante es claro que éste se apartado del cumplimiento del mismo, conforme se ha demostrado en el proceso.

De la apelación. Dentro de los términos legales el procesado presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida el 10 de mayo de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual fue sancionado con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de CUATRO (4) MESES y MULTA DE DIEZ (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en favor del Consejo Superior de la Judicatura, luego de hallarlo responsable de incurrir en las faltas descritas en los artículos 30 numeral 4º y 34 literal C, de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo

Respecto de los fundamentos de la apelación interpuesta por el procesado, en relación con el hecho esgrimido de que no se le dio la oportunidad para ejercer su derecho de defensa, acorde con lo expuesto en la solicitud de nulidad, calificando de temeraria la queja impetrada por la quejosa engañando a la administración de justicia, conforme a los planteamientos precedentemente expuestos por la Sala, a fin de no ser repetitivos, no están llamados a prosperar los argumentos impetrados en dicho sentido, pues ya se demostró que no es cierto que en la actuación se hayan vulnerado los derechos al debido proceso y defensa del procesado, ya que fue él quien a sabiendas de conocer la actuación que cursaba en su contra no compareció a ejercer sus derechos y a defenderse.

Ahora bien, en lo concerniente a justificar su accionar en que representó exitosamente a la quejosa en la gestión que le encomendó al interior del proceso penal en el que ésta fue procesada por el presunto delito de fraude procesal, dicha situación no está en escrutinio disciplinario; no obstante llama la atención que a pesar de reiteradamente en el escrito de apelación hacer reconocimiento de su conocimiento pleno sobre la situación de precariedad económica de su cliente, que calificó expresamente como “supremamente pobre”; no obstante, al momento de cobrarle honorarios hasta después de concluida su gestión, no la consideró, o por lo menos no es coherente lo dicho frente a lo actuado por el profesional del derecho, acorde con lo materializado en esta actuación.

Centró el togado el argumento de su defensa en el recurso de apelación, que a pesar de lo pactado en el contrato de prestación de servicios suscrito con la quejosa el 7 de abril de 2006, verbalmente acordaron con ésta que los honorarios para atender el asunto encomendado eran de $ 13.000.000,oo, igualmente adujo tampoco quedó plasmado en el mismo, la defensa adicional que ejerció de ésta en el trámite de una acción de tutela que la víctima en el proceso penal interpuso contra la Fiscalía que la investigaba, por lo que los honorarios de $ 200.000,oo mensuales que le canceló la quejosa aún después de haberse precluido el proceso penal en su favor el 19 de marzo de 2009 y hasta marzo de 2013, cuatro años después, obedecieron un acuerdo entre ellos, por el pago de honorarios adeudados.

Así mismo negó que la quejosa no haya conocido de la terminación del proceso penal en su favor, reclamando a la jurisdicción se busquen las pruebas no solo que lo perjudiquen, sino también las que tienden a demostrar su inocencia, indicando que las copias de telegramas aportados con la queja, de fecha 27 de marzo de 2009, que la Fiscalía dirigió a través de su hija Gloria, le comunicaron la resolución de preclusión en su favor, al igual que él mismo le informó.

Pues bien, acorde con la evidencia probatoria y precisamente de su valoración integral es que se llegó a la decisión emitida en el fallo de primera instancia controvertido por el disciplinado, el cual tiene pleno respaldo de esta superioridad, por encontrarse ajustado a derecho y al acervo probatorio acopiado en la actuación, del que se infiere sin duda alguna, la existencia y responsabilidad del abogado MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA, en los hechos expuestos y ratificados bajo la gravedad por la quejosa, los cuales dan cuenta que habiendo sido contratado por la señora ROSALBA HERRERA TORRES, para que la representarla dentro de proceso penal iniciado en su contra por presunto fraude procesal, como beneficiaria del reconocimiento y pago de la sustitución de pensión de quien fuera su cónyuge, REINALDO ACOSTA CARO, denunciada por no haber tenido en cuenta a un hijo de éste y haberse precluido dicha investigación en favor de la quejosa desde el 19 de marzo de 2009, le siguió cobrando y recibiendo por cuatro años más, la suma de $ 200.000,oo mensuales de honorarios, hasta el mes de marzo de 2013, cuando lo pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales que suscribieron el 7 de abril de 2006, fue la suma de $ 3.000,000,oo que le canceló en esa misma fecha y adicionalmente la suma de $ 200.000,oo mensuales hasta “la sentencia definitiva”, contrato realizado por el m ismo profesional del derecho.

Son contundentes en consecuencia las pruebas que demuestran el comportamiento anti ético del abogado, al seguir cobrando honorarios a pesar de haber concluido el proceso penal contra su cliente, desde cuatro años atrás, además de haberle ocultado que su situación ya se había resuelto favorablemente, por lo que no es de recibo el argumento del togado, en el sentido de que la quejosa se enteró por las copias de telegramas que aportó donde se daba cuenta de la decisión impartida por la Fiscalía y porque él se lo hizo saber, lo cual si bien obran dichos telegramas en la actuación, recuérdese que la quejosa accedió a las piezas procesales del proceso penal que cursó en su contra, cuando transcurrido un tiempo prolongado, se vio en la necesidad de contratar y pagar honorarios a la abogada GLORIA VICTORIA ALDANA ESTRADA, quien una vez accedió a la documentación, entre ella la resolución de preclusión dictada por la Fiscalía 54 Seccional de Bogotá el 19 de marzo de 2009, fue que se enteró de su real situación, reclamando al abogado por no haberle informado y seguir recibiendo honorarios a pesar de haber finiquitado la situación; por lo tanto de haber sido cierto que la quejosa voluntariamente le siguió cancelando honorarios adeudados a pesar de terminado en proceso en su favor, no le hubiera reclamado y menos hubiera interpuesto esta queja contra él. Además de ser inexplicable que ante la claridad de la situación que alude el abogado en su defensa en esta etapa procesal, porque no acudió a los llamados de la jurisdicción a presentar su versión y así con la inmediación procesal y la presencia de la quejosa haber presentado sus argumentos.

De contera, para esta Colegiatura ofrece total credibilidad como también lo fue para el Tribunal de instancia, el dicho de la quejosa, expuesto tanto en la queja inicial y luego ratificado y ampliado bajo la gravedad del juramento, pues no hay razón válida para descalificarlo, acorde con el contexto y la integridad de las pruebas obrantes en el plenario, surgiendo evidente la tipicidad de los comportamientos reprochables en que incurrió el abogado MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA y por los que fue investigado y sancionado, al inobservar los deberes de defender la dignidad y el decoro profesional, así como la lealtad con el cliente.

Sobre la severidad que atribuye a la sanción que se le impuso en el fallo controvertido, considera esta Superioridad que el mismo es acertado, en la medida que consulta los criterios establecidos en los artículos 13 y 45 d la Ley 1123 de 2007, pues estamos frente a un concurso heterogéneo de faltas disciplinarias, la trascendencia social de las mismas, ambas de carácter doloso, con grave perjuicio para la cliente, a pesar de la descalificación que de ello hace el procesado, al aseverar que no se demostró el perjuicio, cuando es evidente, el abuso económico del profesional del derecho con los recursos económicos forjados de la cliente, al cobrar y recibir honorarios a los que no tenía derecho, de quien él mismo en repetidas oportunidades en sus escritos destacó de precaria.

En conclusión para la corporación no son de recibo los argumentos expuestos por el recurrente, pues contrario a lo expuesto por éste, en el proceso no aflora ninguna duda del comportamiento cuestionable por el que se ha sancionado, ya que la evidencia probatoria como se ha valorado suficientemente es diáfana en demostrar la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el comportamiento del abogado MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA, a consecuencia de la contratación que de sus servicios hizo la señora ROSALBA HERRERA TORRES, por lo que sin más consideraciones se procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de mayo de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en la cual se declaró disciplinariamente responsable al abogado MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA, de las faltas consagradas en el numeral 4º del artículo 30 y literal c) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 a título dolo respectivamente y en consecuencia se sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de CUATRO (4) MESES y MULTA DE DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, que deberá consignar a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. NEGAR LA NULIDAD de la presente actuación disciplinaria adelantada contra el abogado MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA, acorde con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído

2. CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de mayo de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en la cual se declaró disciplinariamente responsable al abogado MARIO ALFONSO CARREÑO VELANDIA, de las faltas consagradas en el numeral 4º del artículo 30 y literal c) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 a título dolo respectivamente y en consecuencia se sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de CUATRO (4) MESES y MULTA DE DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, que deberá consignar a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura, atendiendo lo expuesto en la parte considerativa de éste fallo.

3. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

4. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

5. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanaria Buitrago, Presidente—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Sala Dual, M.P. Martha Inés Montaña Suárez y Mauricio Martínez Sánchez. Fls. 214 a 239, c. o.

2 Fl. 30, c. o.

3 Fl. 155, c. o.

4 Fl. 210, c. o.

5 Fls. 31 a 32 del, c. o.

6 Fls. 63 al 69, c. o.

7 Fls. 185197 del, c. o.

8 Fls. 11 214 y 1 CD.

9 Sala Dual, M.P. Martha Inés Montaña Suárez y Mauricio Martínez Sánchez. Fls. 214 a 239, c. o.

10 Fls. 248 al 251 y 252 al 256, c. o.