Sentencia 2014-04251 de mayo 10 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 110011102000201404251 01

Aprobado según acta 38 de la fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Julio César Villamil Hernández

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil diecisiete.

Asunto

Procede esta corporación a pronunciarse en torno al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(1), por medio de la cual impuso sanción de exclusión en el ejercicio de la profesión al abogado José Adolfo Rueda Rodríguez identificado con la cédula de ciudadanía 19.315.079 y la tarjeta profesional de abogado 50.187 del Consejo Superior de la Judicatura, porque con su actuar doloso violó el deber contemplado en el artículo 28.14, en concordancia con el artículo 29.4, infringiendo una de las faltas contempladas en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, en la modalidad de comportamiento por acción y por la violación del deber contemplado en el artículo 28.19, al incurrir en la otra de las faltas contempladas en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, ejerciendo ilegalmente la profesión, por su comportamiento omisivo al infringir las normas que le imponían no poder ejercer la profesión, atribuyéndole también la comisión de la conducta bajo la modalidad dolosa.

Hechos

El juez 22 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, D.C., informa dentro del proceso seguido en contra de Jeison Norvey Herrera Pardo y Eduardo Mauricio Díaz Pérez, con radicado 110016000023201410977, antes de dar inicio a la audiencia concentrada de legalización de captura, formulación de imputación y análisis de procedencia de imposición de medida de aseguramiento, se hizo presente el abogado José Adolfo Rueda Rodríguez, quien se identificó con su cédula de ciudadanía, un formato de denuncia por pérdida de documentos y una certificación del Registro Nacional de Abogados, de noviembre de 2013, que decía que no se encontraba vigente, manifestando desconocer por qué aparecía.

Al verificar en el Registro Nacional de Abogados, la tarjeta profesional 50.187 no se encontraba vigente, al estar rigiendo una sanción disciplinaria de suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión, entre el 4 de abril y el 24 de julio de 2014, por lo cual no se llevó a cabo la audiencia concentrada, dejando constancia que de forma malintencionada el defensor había intentado hacer incurrir en error al funcionario judicial, al decir que desconocía las razones por las cuales su tarjeta profesional no se encontraba vigente. Se allegó:

— Certificado 70733 de 2 de agosto de 2014, de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia(2).

— Certificado de antecedentes disciplinarios de abogado, expedido el 2 de agosto de 2014(3).

— Copia del Cd de la audiencia(4).

Actuación procesal

El quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014), se dictó auto de trámite preliminar, se acreditó la calidad de disciplinable y el diecisiete (17) de junio de ese mismo año, se abrió investigación(5).

En sesiones de audiencia de pruebas y calificación celebradas los días veintitrés (23) de febrero y veintiuno (21) de abril de dos mil dieciséis (2016)(6), se practicaron las siguientes pruebas:

1. Registro de información de afiliación al sistema de seguridad social del Fosyga(7).

2. Certificación sobre los procesos que cursan y cursaron contra el disciplinable en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, y las direcciones del abogado que obraban registradas en el sistema(8).

3. Versión libre, donde dijo que estaba recuperándose de una enfermedad desde el año 2012, por el exceso de trabajo. En el Centro de Servicios Judiciales, le dieron una certificación de los múltiples procesos que había realizado desde el 1º de enero de 2005, algo más de 4.000.

Ante el juez informante presentó una certificación de no vigencia de su tarjeta profesional, y se disculpó por haber asistido sin poder actuar, explicando que no estaba para ese momento en sus cabales, se retiró inmediatamente sin ejecutar ningún acto profesional. Fue a buscar un sustituto, pero el juez no lo permitió y suspendió la audiencia.

Dice que estaba en recuperación de depresión mayor, enfermedades de tipo mental que afectaron su vida normal por el exceso de trabajo, y por ello lo internaron entre el 6 de octubre y el 26 de noviembre de 2014, luego de lo cual tuvo un año de soporte, para ir recuperando todas sus capacidades. Regresó a sus actividades anteriores por el mínimo vital y el derecho al trabajo, ya que en dos años cumpliría 62 y deseaba conseguir su pensión. Como su familia tenía sus documentos, en un café internet imprimió la constancia de vigencia de su tarjeta profesional, y por su estado de inconciencia mental pensó que ya había pasado la fecha de la anterior sanción y no leyó ni advirtió la nota de no vigencia, sin obrar de mala fe. Alega “invencible error ajeno en su mentalidad”. Agrega que el mismo día regresó a su cliente, lo que había abonado.

Dijo que la EPS no lo atendió de sus afecciones y enfermedades por no estar dentro del POS, manifestó que el 1º de diciembre del año pasado, su familia lo afilió a la medicina pre pagada, lo cual les valió $ 15.000.000. Aportó:

— Constancia de pérdida de documentos de 14 de abril de 2014, en la página de la Policía Nacional(9).

— El Registro Nacional de Abogados certificó el 21 de abril de 2014, la vigencia de la tarjeta profesional(10).

— Certificación de término de internación en la Clínica Juan Ángel de Amor, expedida el 18 de abril de 2016(11).

4. La Oficina de Migración Colombia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, certificó que el investigado no registraba movimientos migratorios entre el 1º de enero de 2014 al 18 de abril de 2016(12).

5. La Fiscalía General de la Nación informó que se seguían 3 procesos penales contra el disciplinable por infidelidad a los deberes profesionales y falso testimonio(13).

6. La EPS Sanitas informó el estado activo del abogado José Adolfo Rueda Rodríguez, y envió el certificado de incapacidades(14).

7. La Registraduría Nacional del Estado Civil, certificó la vigencia de su cédula de ciudadanía(15).

8. El Inpec informó su ausencia de antecedentes(16).

Calidad de abogado y antecedentes

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, certificó que el abogado investigado registra antecedentes disciplinarios de censura y suspensión en el ejercicio de la profesión, así(17):

• Censura, según sentencia de esta Sala, de veintinueve (29) de abril de dos mil diez (2010), por violación al artículo 55.1 del Decreto 196 de 1971.

• Dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, según sentencia de esta Sala, de primero (1º) de febrero de dos mil diez (2010), por violación al artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007, vigente entre el veintiséis (26) de mayo y el veinticinco (25) de junio de dos mil diez (2010).

• Dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, según sentencia de esta Sala, de dos (2) de junio de dos mil diez (2010), por violación al artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007, vigente entre el veintisiete (27) de octubre y el veintiséis (26) de diciembre de dos mil diez (2010).

• Dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, según sentencia de esta Sala, de diez (10) de junio de dos mil diez (2010), por violación al artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007, vigente entre el veintitrés (23) de septiembre y el veintidós (22) de noviembre de dos mil diez (2010).

• Un (1) año de suspensión en el ejercicio de la profesión, según sentencia de esta Sala, de doce (12) de octubre de dos mil once (2011), por violación al artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007, vigente entre el seis (6) de junio de dos mil doce (2012) y el cinco (5) de junio de dos mil trece (2013).

• Doce (12) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, según sentencia de esta Sala, de veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012), por violación al artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007, vigente entre el ocho (8) de mayo de dos mil doce (2012) y el siete (7) de mayo de dos mil trece (2013).

• Seis (6) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, según sentencia de esta Sala, de veinticuatro (24) de julio de dos mil catorce (2014), por violación al artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, vigente entre el cuatro (4) de abril y el tres (3) de octubre de dos mil catorce (2014).

• Seis (6) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, y multa de diez (10) salarios mínimos mensuales legales, según sentencia de esta Sala, de doce (12) de noviembre de dos mil catorce (2014), por violación a los artículos 29.4 y 39 de la Ley 1123 de 2007, vigente entre el doce (12) de marzo y el once (11) de septiembre de dos mil quince (2015).

• Ante la Procuraduría General de la Nación, no tiene antecedentes, sanciones ni inhabilidades(18).

Cargos imputados

En la audiencia de veintiuno (21) de abril de dos mil dieciséis (2016), se formularon cargos contra el abogado José Adolfo Rueda Rodríguez, por la posible violación del deber contenido en el artículo 28.14, en concordancia con el artículo 29.4 de la Ley 1123 de 2007, con lo cual pudo haber infringido una de las faltas contempladas en el artículo 39 de la misma normatividad, en la modalidad de realización de la conducta por acción a título de dolo.

Dice la norma:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

14. Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión”.

“ART. 29.—Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión”.

“ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”.

De igual forma, se profirieron cargos en su contra, por la posible violación del deber contemplado en el artículo 28.19 de la Ley 1123 de 2007, con lo cual se consideró que pudo incurrir en otra de las faltas contempladas en el artículo 39 ibídem, en la modalidad de realización de la conducta por omisión a título de dolo.

Estas normas dicen:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

19. Renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados, en aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio de la profesión”.

“ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”.

Audiencia de juzgamiento

El veintisiete (27) de mayo de dos mil dieciséis (2016), se celebró audiencia pública de juzgamiento.

En las alegaciones finales de la procuradora Magda Liliana Buendía Chacón, concluyó que el abogado se presentó ante el Juzgado 22 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, con un formato de denuncia por pérdida de sus documentos y al verificarse sus antecedentes disciplinarios, se encontró que tenía la tarjeta profesional suspendida, pero sin embargo, cumplió funciones de asesoría y representación, con lo cual se comete la falta, sin que sea necesario que haya asistido a una audiencia.

Las afecciones en su salud, no fueron acreditadas, por ejemplo una historia clínica. En su condición de abogado, no podía actuar estando suspendido en el ejercicio de la profesión, pues así violó las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades en el ejercicio de la profesión, incurriendo en el ejercicio ilegal de la profesión, sin que se encuentren eximentes de responsabilidad ni justificación suficiente para su conducta, solicitando imponerle condena.

El disciplinable José Adolfo Rueda Rodríguez, en sus alegatos extrañó que no hubiera llegado la historia clínica de la Clínica Juan Ángel de Amor, donde se demostraban sus afecciones de salud. Por ellas fue que asistió a una audiencia con un documento que decía que su tarjeta profesional no estaba vigente, sin tener consciencia o mala fe, convencido de que podía actuar, y cuando el funcionario judicial se percató de dicha circunstancia, inmediatamente llamó a una colega para que asumiera el caso y no retrasarlo.

Alegó la “Buena fe rezada y buena fe profesada”, diciendo que era su deber pedir disculpas por lo sucedido.

Solicitó ser absuelto, pues no actuó y no quiso perjudicar a nadie, buscó sustituir el poder a otra persona, pero no lo aceptó el juez.

El defensor de oficio del disciplinable solicitó tener en cuenta los criterios de la dosificación de la sanción para imponer la mínima aplicable al caso, particularmente los de atenuación, ya que por iniciativa propia el disciplinable buscó resarcir el daño, buscando un nuevo abogado para que atendiera el encargo, evitando a los defendidos un daño en el proceso penal. Además, aunque no hubo confesión, reconoció la ocurrencia de los hechos, evitando medidas dilatorias que impidieran el normal desarrollo del proceso.

Con posterioridad a la audiencia de juzgamiento, se allegó certificación expedida por la Clínica Juan Ángel de Amor, con resumen de la historia clínica, informe de resultados y demás soportes del proceso de internación del abogado José Adolfo Rueda Rodríguez(19).

Decisión de primera instancia

En sentencia de quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016)(20), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, impuso sanción de exclusión en el ejercicio de la profesión al abogado, porque ante el Juez 22 Penal Municipal de Bogotá, D.C., con función de control de garantías, se presentó a la audiencia concentrada de control de legalidad de la captura, formulación de imputación y análisis de procedencia de medida de aseguramiento, dentro del proceso 110016000023201410977 seguido en contra de Jeison Norvey Herrera Pardo y Eduardo Mauricio Díaz Pérez, presentando su cédula de ciudadanía, un formato de denuncia por pérdida de documentos fechado en noviembre de 2013, y una certificación del Registro Nacional de Abogados, de esa misma fecha, acerca de que la tarjeta profesional 50.187 no se encontraba vigente, estableciéndose con el Registro Nacional de Abogados, que fue sancionado disciplinariamente con suspensión de seis (6) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de la profesión, que tuvo vigencia entre el 4 de abril y el 24 de julio de 2014, y no se realizó la audiencia.

Lo anterior quiere decir que el abogado recibió poderes, prestó asesoría, cobró honorarios y asistió a la audiencia a sabiendas de que se encontraba suspendido en el ejercicio de la profesión, lo que no podía desconocer, por lo cual se le atribuyó un actuar doloso al violar el deber contemplado en el artículo 28.14, en concordancia con el artículo 29.4, infringiendo una de las faltas contempladas en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, en la modalidad de comportamiento por acción.

También fue condenado por la violación del deber contemplado en el artículo 28.19, al incurrir en la otra de las faltas contempladas en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, ejerciendo ilegalmente la profesión, por su comportamiento omisivo al infringir las normas que le imponían no poder ejercer la profesión, atribuyéndole también la comisión de la conducta bajo la modalidad dolosa.

Se estableció que el profesional del derecho investigado, fue sancionado una vez con censura, en 3 oportunidades con 2 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, en 2 oportunidades con suspensión de 1 año en el ejercicio de la profesión y 1 vez con suspensión de 6 meses en el ejercicio de la profesión, sentencias de fechas 16 de junio de 2009, 3 de marzo de 2011, 19 de diciembre de 2008, 9 de junio de 2009, 17 de diciembre de 2012, 3 de diciembre de 2012, 18 de septiembre de 2012, 10 de febrero de 2015 2 veces, 11 de febrero de 2016, 5 de mayo de 2015 y 9 de abril de 2015.

Además, se acreditó la gran cantidad de procesos adelantados en contra el investigado, algunos desestimados de plano, otros han terminado dentro del curso del proceso, otros con sentencia condenatoria, algunos de ellos en segunda instancia.

El abogado conocía cuáles eran los efectos de estar suspendido del ejercicio profesional, por no ser la primera vez que le pasaba ello, siendo que desde el año 2010, venía siendo sujeto de confirmación de sanciones sin que poco o casi nada le hubiera interesado, pretendiendo justificar su actuación con base en una documental expedida por el director administrativo de la Clínica Juan Ángel de Amor, quien dijo que había estado internado entre el 6 de octubre y el 26 de noviembre de 2014, y en un “plan de soporte” para afianzar lo relacionado con su proceso de internado hasta noviembre de 2015.

Se dijo que no se acreditó qué clase de sitio era, ni la enfermedad que lo afligía para la época de los hechos, ni sus efectos en su conocimiento y en su voluntad, para asesorar a una persona, pactar honorarios, asistir a juzgados a representar a las personas, que pudiera justificar esa actuación.

El disciplinable pide a la Sala consideración, pues a pesar de no poder ejercer como abogado, tanto médica como jurídicamente, lo seguía haciendo.

Pero véase que a pesar de estar afiliado a una EPS, no acudió a ella, sino a una clínica particular, que con los costos que ello implica, no podía alegar simultáneamente haber tenido necesidades económicas de ejercer la profesión, alegando que lo hizo por su derecho al mínimo vital y al trabajo.

El derecho al trabajo implica el respeto por los deberes profesionales que impone la Ley 1123 de 2007, porque los abogados en el ejercicio de la profesión pueden afectar derechos fundamentales, y una persona sancionada en el ejercicio profesional, es porque no supo guardar y honrar dicha profesión, ni respetar los deberes.

Con las sanciones se busca que las personas piensen si lo que hicieron estuvo bien o estaban poniendo en riesgo y en mal nombre el ejercicio de la profesión ante las demás personas, y decidir si quiere mantener consigo su título profesional, o no, como el aquí investigado, quien cuenta con múltiples sanciones, inicialmente por faltas contra la debida diligencia profesional y después, en violación a las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades, ejerciendo la profesión ilegalmente, lo que deja sin piso los argumentos de defensa.

Se dijo que el invencible error ajeno, no existe como causal de justificación en los términos del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007.

Por ello se le condenó por violar el deber de que trata el artículo 28.14 y el régimen de incompatibilidades del artículo 29.4, por litigar pese a estar suspendido en el ejercicio de la profesión y por violar el deber de que trata el artículo 28.19 de la Ley 1123 de 2007, al no renunciar ni sustituir los mandatos o encargos que le hubieran sido confiados en aquellos eventos en los que se le hubiera impuesto pena o sanción que resultara incompatible con el ejercicio de la profesión.

Se expuso que no se trataba de un negocio nuevo sino antiguo, notándose que siguió asesorando a las personas, aun estando suspendido en el ejercicio de la profesión, contratando verbalmente o por escrito la prestación de servicios profesionales, recibiendo honorarios y asistiendo a una audiencia, que se vio frustrada cuando el juez advirtió la situación. Dijo el abogado que fue entonces cuando se dio cuenta de la inhabilidad, que no sabía lo que estaba pasando, ni entendía por qué su tarjeta figuraba como suspendida, limitándose a entregar la documentación que certificaba que era abogado, por habérsele perdido su tarjeta profesional, pero la existencia de otras sanciones, impiden dar crédito a su aseveración, y contrariamente indican que decidió seguir litigando y ejerciendo la profesión, cuando su deber era renunciar cuando empezó a regir la sanción, o sustituir el poder, encargo o mandato, para que sus clientes estuvieran asesorados por otro abogado que estuviera habilitado para ello, por lo cual ambas faltas se le atribuyeron a título de dolo.

Expresó que tenía mucha clientela y demasiados asuntos, lo que le imponía ser más responsable en asumir el control de sus asuntos y de las sanciones que en su contra se imponían, y aunque en algunos casos su actuación pasara inadvertida, en otros, no.

Se dejó claro que no se requería haber actuado ante el despacho judicial, pues el solo asesorar en su calidad de abogado, pactar y recibir honorarios constituye ejercicio de la profesión.

De las 3 faltas contempladas en el artículo 39, se le condenó por ejercer ilegalmente la profesión y por violar el régimen de incompatibilidades.

Apelación presentada

El disciplinable apuntó que se encontraba en condiciones de inestabilidad mental y síquica, pues ante el hecho de no contar con su tarjeta profesional, a quién se le ocurre llegar con un certificado como aquel con el que él allegó, donde dice que su tarjeta profesional no se encuentra vigente por sanción anterior,

Su situación de salud se desencadenó después de 20 años de empleado público, y 20 años de litigante, lo que lo llevó a un cuadro de estrés que lo llevó a estar internado por 56 días ininterrumpidos en una clínica particular que fue escogida y a cargo de su familia, porque él no contaba con recursos y la EPS no cubría ese evento. En todo caso no actuó en el proceso.

Estima que en todo el tiempo de su experiencia profesional, nunca fue sancionado, lo que certificó el centro de servicios, por lo que desde el principio ha debido archivarse la investigación en su favor.

Afirma que tiene anotaciones en su contra que no constituyen antecedentes como lo dice la sentencia desde su encabezado.

Dice que cumplió 60 años, que estuvo en el servicio público desde los 18, que una vez que recuperó su salud, se apersonó de las investigaciones disciplinarias, a las que lo ha acompañado su defensor de oficio.

Agrega que la magistrada sustanciadora no dio espera a que llegara su historia clínica, lo que dijo en sus alegaciones antes de sentencia, a fin de conocer la afección que sufría.

Y dado que cuando fue contactado por sus clientes, para llevar la segunda parte de proceso, no estaba consciente, sin hacerlo de mala fe, sino con “invencible convicción errada”, por lo que debe ser absuelto.

Dice que no tuvo ni retuvo documento de sus clientes. Agrega derivar su sustento del ejercicio de su profesión

Solicita que se revoque el fallo y se compromete a actuar siguiendo sus deberes profesionales.

Consideraciones de la Sala

Competencia

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer la consulta de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual se resolvió sancionar al abogado, tras hallarlo responsable haber incurrido dolosamente en las faltas por las que fue llamado a responder.

Y si bien, en razón de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(... c.o.) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 de 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto de la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación con las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i c.o.) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19 c.o.), y (ii c.o.) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14 c.o.). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional, que en relación con las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “…los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

Del caso concreto

En los argumentos de la apelación debe centrarse el análisis de la Sala, y por ello deben responderse conforme fueron planteados:

En primer lugar, alega el disciplinable haber actuado en condiciones de inestabilidad mental y síquica, después de trabajar 20 años como empleado público, y 20 años de litigante, presentando un cuadro de estrés que lo llevó a estar internado por 56 días ininterrumpidos en una clínica particular. Sin embargo, la prueba no deja ninguna duda acerca de que no fue acreditada una condición de salud que le impidiera comprender o autodeterminarse de acuerdo con la comprensión, ya que él mismo aportó documentos que nada decían de su patología, como lo sostuvo la sentencia de primera instancia, y los allegados con posterioridad a la misma, que sí pueden ser tenidos en cuenta por esta Sala, tampoco dan ninguna ilustración, pues ni siquiera coinciden las fechas, pues sucedieron el 2 de agosto de 2014, y su internación voluntaria ocurrió el 6 de octubre de 2014, sin haber acudido en una sola oportunidad a su EPS, y por razones distintas a las que alegó ante el Consejo Seccional de Bogotá.

En efecto, al revisar el folio 112 y subsiguientes, se dice que “…el paciente toma la decisión de hacer un procedimiento de internado, que él justifica de la siguiente manera: “…es para una recuperación definitiva por problemas de inestabilidad emocional familiar los cuales me llevaron al consumo de drogas y alcohol, desórdenes a todo nivel a causa del consumo”. La fecha de ingreso fue el 6 de octubre de 2014.

Esto hace inexplicable, como lo dijo la primera instancia, que no haya acudido en ninguna oportunidad a su EPS, de lo cual da cuenta la respuesta de dicha entidad, si fuera cierto que se trataba de una enfermedad tan grave como la que dice haberlo afectado, y menos aún, resulta creíble que en 56 días de voluntario tratamiento, haya reiniciado su gestión profesional, como lo argumenta, pues está claro que no la había dejado.

No puede aceptarse tampoco el argumento de que como se encontraba mal, le presentara al juez un documento en el que se leía que tenía suspendida su tarjeta profesional, pues redundaría en justificaciones inaceptables que ponen en cuestión el buen nombre que debe tener quien ejerce la profesión, y autorizar que la ejerzan personas no habilitadas, por sospecha de que no entendían qué estaban haciendo. Contrariamente, hay prueba de que él venía actuando en ese asunto, tenía varios procesos en curso y con sentencia de primera instancia, inclusive otro por ejercer ilegalmente la profesión y no respetar el régimen de incompatibilidades, y varias condenas desde el año 2009, que indican que en esos casos no se encontró causal de exculpación o justificación atendible, como la que hoy pretende.

El hecho de que no haya tenido sanciones profesionales en su carrera profesional como empleado público, no incide para nada en su responsabilidad, ni en la imposición de pena como lo pregona, lamentándose de que no hubiera sido archivada la investigación en su favor.

Las anotaciones en su hoja de vida, sí constituyen antecedentes al tenor del artículo 45.C.7 de la Ley 1123 de 2007, al haber ocurrido con antelación a que se dieran los hechos que aquí se investigan, y por ello deben ser tenidos en cuenta como agravantes, lo que incide en la magnitud de la pena, sanción de exclusión en el ejercicio de la profesión, la que no será revocada ni rebajada, porque no hay ninguna circunstancia de atenuación acreditada, y en cambio, está probado en grado de certeza que estaba ejerciendo la profesión, que asesoró a sus clientes y acudió al Despacho judicial a representarlo, recibió honorarios que él mismo reconoce, lo que es propio del litigio, para el que estaba suspendido.

No hay ninguna “invencible convicción errada”, sin decir de qué, pero si se trata de la causal del artículo 22.6 de la Ley 1123 de 2007, resulta contradictoria con la alegación de obrar afligido por la del numeral 7º, pues la primera parte del conocimiento, la comprensión y la determinación, pero sobre la base del error invencible, mientras que la segunda parte de la falta de conocimiento, comprensión y determinación, al estar afectado por una inimputabilidad, lo cual es excluyente, antitécnico y denota simplemente el ánimo de salir librado de su responsabilidad de cualquier forma, lo que le quita toda seriedad y credibilidad a su argumentación.

Dice que no tuvo ni retuvo documento de sus clientes, pero como quedó visto en el relato de los cargos y de la sentencia, no fue llamado a responder por faltas a la honradez.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual resuelve sancionar al abogado José Adolfo Rueda Rodríguez identificado con la cédula de ciudadanía 19.315.079 y la tarjeta profesional de abogado 50.187 del Consejo Superior de la Judicatura, con la EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión, porque con su actuar doloso violó el deber contemplado en el artículo 28.14, en concordancia con el artículo 29.4, infringiendo una de las faltas contempladas en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, en la modalidad de comportamiento por acción y por la violación del deber contemplado en el artículo 28.19, al incurrir en la otra de las faltas contempladas en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, ejerciendo ilegalmente la profesión, por su comportamiento omisivo al infringir las normas que le imponían no poder ejercer la profesión, atribuyéndole también la comisión de la conducta bajo la modalidad dolosa; tal como ha quedado argumentado en la parte considerativa de esta providencia.

2. REGRÉSESE el expediente al consejo seccional de origen para que notifique a todas las partes dentro del proceso, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

3. Remítase copia de esta a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia de ejecutoria del acto procesal enunciado, para que determine la fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Magistrada sustanciadora Paulina Canosa Suárez en Sala con Dra. Luz Helena Cristancho Acosta.

2 Folio 4 c.o.

3 Folio 5 y 6 c.o.

4 Folio 7 c.o.

5 Folio 10 a 14 c.o.

6 Folio 46 y ss. c.o. y 81 y ss. c.o.

7 Folio 48 c.o.

8 Folio 69 a 79 c.o.

9 Folio 83 c.o.

10 Folio 84 c.o.

11 Folio 85 c.o

12 Folio 89 c.o.

13 Folio 90 y 91 c.o.

14 Folio 92 y 93 c.o.

15 Folio 106 y 107 c.o.

16 Folio 108 c.o.

17 Folio 5 y 6, 12 y 13, 50 y 51, 86 y 87 c.o.

18 Folio 49 c.o.

19 Folio 112 a 127 c.o.

20 Folio 217 a 238 c.o.