Sentencia 2014-04462/12206-29 de octubre 12 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000 2014 04462 01 (12206-29)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala Nº 95

Falta a la debida diligencia profesional. No actuó diligentemente

Los profesionales del derecho al aceptar la designación como apoderados judiciales deben adelantar oportunamente las gestiones a las cuales se comprometen con los clientes, lo contrario atenta contra las obligaciones y deberes por los que deben velar.

Falta contra la lealtad con el cliente. Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto.

Bogotá, D. C., doce de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política de Colombia; 112 numeral 4º y parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida en primera instancia por las Salas homólogas de los Consejos Seccionales.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la calidad de la investigada.

Mediante certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, se estableció que la doctora María del Rosario Fernández de Castro Cañedo se identifica con la cédula de ciudadanía número 51.675.530 y porta la tarjeta profesional Nº 83.719, vigente para la época de los hechos. (Folio 11 c.o 1ra instancia).

3. Del caso en concreto.

Dio origen a la presente investigación la queja presentada por la señora Martha Lucía Murillo Lammoglia, en la que da cuenta que la mencionada profesional del derecho suscribió con ella contrato de prestación de servicios de forma deshonesta, engañándola prometiéndole que era factible, procedente colocar una demanda a su favor cuando el término para hacer lo se encontraba vencido, aprovechando su ignorancia legislativa. (Folios 1 y 2 a 7 c.o.).

4. De la nulidad.

La apoderada de la disciplinada en su escrito de apelación y la inculpada en esta instancia, invocaron causal de nulidad argumentando una violación al debido proceso el hecho de haberse dado trámite a una queja disciplinaria en la cual consideran que hay actitudes de irrespeto, considerando que la quejosa en ese escrito fue injuriosa y calumniosa contra la profesional del derecho.

Al respecto, esta Sala considera que diferente a lo señalado por la disciplinada y su defensora de oficio, se trata de una queja disciplinaria, escrita de forma corta y sencilla que solo consta de una hoja, además si la quejosa considera que en la misma fue víctima de alguna conducta penal, no es la jurisdicción disciplinaria la que debe entrar a estudiar ese hecho, pues, esta jurisdicción no es la competente para analizar conductas penales, además en este caso la quejosa ni siquiera ostenta la calidad de profesional de derecho.

Por lo anterior, la nulidad solicitada no puede prosperar al no existir yerro alguno la recepción y estudio de la queja disciplinaria interpuesta por la señora Martha Lucía Murillo Lammoglia.

5. De la apelación.

La defensora de oficio de la profesional del derecho investigada presentó escrito de apelación en término el 18 de diciembre de 2015, habiéndose notificado personalmente de la sentencia el 11 del mismo mes y año, razón por lo cual esta Sala procede a resolver los puntos esgrimidos en el recurso de alzada.

Además de la solicitud de nulidad, manifestó la apelante como primer punto que su prohijada solamente quería ayudar a la quejosa quien estaba atravesando una difícil situación económica y por eso se suscribió el contrato de prestación de servicios y la quejosa sabía que si no se podían impugnar las actas de asamblea, no realizaría gestión alguna en el proceso ejecutivo.

Al respecto, estudiado el contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes obrante a folio 2 del expediente el objeto del mismo está determinado así:

“Primera: OBJETO. La APODERADA se obliga con la PODERDANTE de iniciar y llevar hasta su terminación proceso de impugnación de Actas de Asamblea de copropietarios del Edificio Condominio Parque Central y continuar hasta su culminación con el proceso ejecutivo Nº 2008-1088 que se tramita en el juzgado 4 Civil Municipal de Bogotá”.

Esta Sala revisado el contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes, el cual corresponde a un acuerdo de voluntades, observa que claramente se puede determinar que la profesional del derecho se obligó adelantar dos procesos a saber, el de impugnación de actas de asamblea y continuar hasta su culminación con el proceso ejecutivo Nº 2008-1088 que se tramita en el juzgado 4 Civil Municipal de Bogotá.

Con base en lo anterior es claro que la profesional del derecho tenía la obligación de continuar con el proceso ejecutivo, pero tal como lo indicó el Seccional de Instancia ni siquiera elaboró poder para defender los intereses de su cliente, solamente inició el proceso de impugnación de Actas de Asamblea de copropietarios del Edificio Condominio Parque Central, el cual cursó en el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, rechazada el 9 de mayo de 2011, la disciplinada ante dicha decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, siendo confirmada la reposición y concedida la apelación por Auto de 30 de mayo de 2011, enviándose el proceso al Tribunal Superior de Bogotá mediante oficio 1290 de 10 de junio de 2011, autoridad que confirmó la decisión de primera instancia el 8 de marzo de 2012, frente a esa decisión interpuso recurso de súplica el cual también fue desatado en su contra. (Folios 54 a 55 c.o.).

Es decir, ese argumento defensivo orientado a señalar que la quejosa sabía que la continuación del proceso ejecutivo dependía del de impugnación de actas de Asamblea no solamente es poco creíble sino además no se compadece con la realidad en especial el contrato suscrito por las partes, de tal forma será desatado de forma desfavorable.

Finalmente, como último elemento de defensa Indicó que los $800.000 recibidos por la inculpada de parte de la quejosa era para cubrir los servicios prestados, asesoría elaboración y presentación de demanda, recursos y otros gastos como papelería y transporte.

Este argumento señalado por la defensora de oficio de la inculpada en nada exonera la responsabilidad de la profesional del derecho, contrario sensu reafirma la relación cliente abogado, pues claramente la profesional del derecho con base en el contrato de prestación de servicios suscrito con su cliente debía representarla en dos procesos por lo cual se le pagaron honorarios, razón ésta por la cual este no es de ninguna forma un elemento exculpativo de la conducta disciplinaria de la inculpada.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia del 26 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en la cual se sancionó a la abogada María del Rosario Fernández de Castro Cañedo con suspensión de cuatro meses en el ejercicio de la profesión, por haber incurrido en las faltas descritas en los artículos 34 c) y 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE:

2. No acceder a la solicitud de nulidad deprecada por la defensora de oficio y la disciplinada.

2. CONFIRMAR la sentencia del 26 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en la cual se sancionó a la abogada María del Rosario Fernández de Castro Cañedo con suspensión de cuatro meses en el ejercicio de la profesión, por haber incurrido en las faltas descritas en los artículos 34 c) y 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva.

3. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

4. DEVUÉLVASE al Seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la ley 1123 de 2007, asimismo el Magistrado Sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».