Sentencia 2015-00030 de julio 21 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-28-000-2015-00030-00

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Rad. Interno: 2015-0030

Demandante: Hoover Deyzon Estrada Londoño

Demandado: Presidencia de la República

Bogotá D.C, veintiuno de julio dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 149 del CPACA(2) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer y fallar el asunto de la referencia en única instancia, en virtud de discutirse la legalidad del Decreto 2033 de 16 de octubre de 2015 “por el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el período de elecciones de Autoridades y Corporaciones Públicas Territoriales del 25 de octubre de 2015 y se dictan otras disposiciones”.

2. El acto acusado

Corresponde al Decreto 2033 de 16 de octubre de 2015 “por el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el período de elecciones de Autoridades y Corporaciones Públicas Territoriales del 25 de octubre de 2015 y se dictan otras disposiciones” visible a folios 10 a 17 del expediente.

3. Análisis de los cargos formulados

Decantando lo anterior corresponde a la Sala determinar, atendiendo a la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial sí:

• El Decreto 2033 de 16 de octubre de 2015 debía someterse o no a consideración del público antes de su expedición, en razón a la naturaleza de las disposiciones en él establecidas.

• En caso afirmativo, se deberá establecer si se desconoció o no este deber.

• El contenido del Decreto 2033 de 2015 al regular el comportamiento de los ciudadanos, los candidatos y los medios el día de las elecciones y los días previos, implica establecer restricciones a ciertos derechos fundamentales, que por tanto, obligaban al Gobierno a crear un escenario para que las reglas allí establecidas fueran discutidas y acordadas antes de alcanzar ese carácter.

Por efectos metodológicos y con el objetivo único de dilucidar los problemas jurídicos sometidos a consideración de la Sección, se abordará su estudio en el orden indicado.

3.1. ¿Debía someterse a consideración del público antes de su expedición el Decreto 2033 de 2015?

3.1.1. Las siguientes son las normas que según el actor se desconocieron y que a su juicio, imponían al Gobierno Nacional el deber de someter a consideración de la ciudadanía el proyecto de decreto con el fin de que pudieran emitir su opinión al respecto previa expedición, es decir, permitir a las personas su participación en los asuntos que les conciernen:

i) Artículos 2º, 20 y 29 de la Constitución Política:

“ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

“ART. 20.—Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

“ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

ii) Artículos 3º numeral 8º y 8º numeral 8º de la Ley 1437 de 2011:

“ART. 3º—Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (…).

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal (…)”.

“ART. 8º—Deber de información al público. Las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos: (…).

8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general”.

iii) Artículo 25 literal a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículo 23 numeral 1º literal a) del Pacto de San José:

“ART. 25.—Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2º, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; (…)”

“ART. 23.—Derechos Políticos.

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

iv) Decreto 1345 de 2010 por el cual se establecen directrices de técnica normativa: por su extensión la Sala se abstiene de transcribirlo en su integridad pero destaca que su finalidad es “racionalizar la expedición de decretos y resoluciones, dotar de seguridad jurídica a los destinatarios, evitar la dispersión y proliferación normativa y optimizar los recursos físicos y humanos utilizados para esa actividad, con el propósito de construir un ordenamiento jurídico eficaz, coherente y estructurado a partir de preceptos normativos correctamente formulados”.

Además, como el actor consideró que no se cumplió este decreto en particular en lo que se refiere a la publicidad de la memoria justificativa, se trascriben los artículos pertinentes:

“ART. 5º—Memoria justificativa. Los proyectos de decreto y resolución proyectados para la firma del Presidente de la República, deberán remitirse a la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República acompañados de una memoria justificativa que contenga:

1. Los antecedentes y las razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición.

2. El ámbito de aplicación del respectivo acto y los sujetos a quienes va dirigido.

3. La viabilidad jurídica, que deberá contar con el visto bueno de la oficina jurídica de la entidad o la dependencia que haga sus veces.

4. Impacto económico, si fuere el caso, el cual deberá señalar el costo o ahorro, de la implementación del respectivo acto.

5. Disponibilidad presupuestal, si fuere del caso.

6. De ser necesario, impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación.

7. El cumplimiento de los requisitos de consulta y publicidad previstos en los artículos 9º y 10 del presente decreto, cuando haya lugar a ello.

8. Cualquier otro aspecto que la entidad remitente considere relevante o de importancia para la adopción de la decisión.

Cuando el proyecto no requiera alguno de los aspectos antes señalados, así deberá explicarse en la respectiva memoria. Si por la Constitución o la ley existen documentos sometidos a reserva, esta deberá mantenerse”.

“ART. 10.—Publicidad. Cuando de conformidad con la ley, deba someterse a consideración del público la información sobre proyectos específicos de regulación antes de su expedición, a la memoria justificativa se anexará también la constancia del cumplimiento de esa obligación y se incluirá el resultado de la evaluación de las observaciones ciudadanas que se hubieren presentado.

Sin perjuicio del uso de los demás medios que se consideren necesarios para dar a conocer el proyecto a los sectores interesados, este deberá estar disponible en la sede electrónica de la respectiva entidad”.

3.1.2. Para la Sala es claro que de las normas constitucionales citadas no se desprende de manera clara y expresa el deber de que los proyectos de decretos, en particular el Decreto 2033 de 2015 fuera sometido a consideración de la ciudadanía con el fin de que participara en su expedición.

Si bien es cierto, el artículo 2º constitucional establece como uno de los fines del Estado Colombiano, la participación de todos en las decisiones que los afectan, lo cierto es que su realización “demanda tanto la existencia de unos presupuestos institucionales mínimos como la disponibilidad de múltiples instrumentos y medios de orden jurídico y fáctico”(3).

Frente a la participación como fin del Estado, debe tenerse en cuenta que “enmarcada (…) como derecho-deber (arts. 2 y 95 C.P.) Se abre igualmente un sinnúmero de posibilidades para que los ciudadanos contribuyan al cumplimiento eficiente de las tareas públicas y participen en la vigilancia de la gestión pública (art. 270 C.P.)”(4).

Desde esta perspectiva adquiere vital importancia el desarrollo legal con el fin de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, máxime si se tiene en cuenta que “la Corte ha aceptado que como expresión auténtica del principio de participación, los particulares sean encargados del ejercicio directo de funciones públicas, sean ellas judiciales o administrativas, así como que participen en actividades de gestión de esta misma índole”(5).

Recientemente, la Corte Constitucional sintetizó las diversas formas de participación que ha establecido la Carta Política, en los siguientes términos(6):

1. Posibilidad que tienen todos los individuos así como las minorías de oponerse a las determinaciones de las mayorías cuando tales decisiones tengan la aptitud de afectar los derechos que constitucionalmente les han sido reconocidos y que les permiten expresar su individualidad. Se apoya en el artículo 1º que reconoce la dignidad de las personas y el pluralismo, en el artículo 16 de la Carta al amparar el libre desarrollo de la personalidad y en el artículo 42 al establecer el derecho de la pareja a definir la conformación de su familia.

2. Participación de comunidades étnicas en los procesos de adopción de medidas que puedan impactar o afectar directamente sus formas de vida Su fundamento es el artículo 330 constitucional y el Convenio 169 de la OIT.

3. Diversas formas de participación social mediante la habilitación para que las personas constituyan organizaciones que gestionen sus intereses o los representen en diferentes instancias, por ejemplo, los colegios profesionales (art. 26), las organizaciones sindicales y gremiales (art. 39), las organizaciones en las que participan los jóvenes (art. 45), las organizaciones deportivas (art. 52) las instituciones de educación (art. 68), las organizaciones de consumidores y usuarios (art. 78) así como los partidos y movimientos políticos (art. 107).

4. Formas de participación en entidades públicas o en el ejercicio de funciones públicas. Ello ocurre, por ejemplo, al admitir que los jóvenes intervengan activamente en los organismos públicos o privados que tengan a su cargo la protección, educación y progreso de la juventud (art. 45), al señalar que los usuarios del servicio de salud o los ciudadanos impactados por una medida ambiental puedan intervenir en los procesos de decisión (arts. 49 y 79) o al permitir la participación de las comunidades en los Consejos Nacional y territoriales de Planeación (art. 340). Tal forma de participación se prevé también cuando se dispone, por ejemplo, que los particulares puedan ejercer funciones públicas (arts. 123 y 210) administrando justicia (art. 116) o que los colegios profesionales actúen en igual dirección (art. 26).

5. Ejercicio de las acciones administrativas o judiciales requeridas para el control de las actividades a cargo del Estado o para la efectividad de los derechos colectivos. En ese marco se establece el derecho de petición (art. 23), la acción de cumplimiento (art. 87), la acción popular (art. 88), la solicitud de aplicación de sanciones penales o disciplinarias (art. 92) y la acción pública de inconstitucionalidad (art. 241), entre otras. Igualmente, tal y como lo señala el artículo 89 de la Carta, deberán preverse los demás recursos, acciones y procedimientos para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de los derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas.

6. Formas de participación que se instrumentan mediante la representación en los órganos correspondientes. En esa medida prevé el conjunto de reglas que determinan el funcionamiento democrático estableciendo, por ejemplo, las reglas para la conformación de las mayorías y para la votación en las corporaciones públicas (arts. 145, 146, 153, 157, 376 y 378, entre otros). En ese marco fija las reglas de composición de los diferentes órganos (arts. 171, 176, 190, 258, 260, 262, 263, 299, 303, 312, 314, entre otros).

7. Formas de participación directa de los ciudadanos en desarrollo de los mecanismos que, según el artículo 103 de la Constitución, puede desplegar el pueblo en ejercicio de su soberanía (arts. 155, 170, 375, 377, 378, entre otros).

Sumado a lo anterior, la Corte reconoció que “las anteriores formas de participación no agotan las posibilidades existentes en esta materia. En efecto, en atención al carácter expansivo de la democracia y a la condición de mandato de optimización del principio de participación, es posible identificar y desarrollar otros instrumentos que hagan realidad el compromiso constitucional de promover, en la mayor medida posible, la incidencia de los ciudadanos en las decisiones que los afectan (art. 2º)”.

Si bien puede afirmarse que la participación ciudadana tiene su máxima expresión en el ejercicio de democrático particularmente en el voto(7) y los mecanismos de participación, aquella puede adquirir distintas formas e instrumentos que el corresponde al legislador establecer, sin desconocer lo dispuesto de manera directa en la Constitución.

De otra parte, la información veraz a que tienen derecho las personas de recibir información veraz e imparcial no implica necesariamente la publicación previa de los decretos, ni supone de manera indefectible que exista el deber por parte de las autoridades de someterlos a consideración del público antes de su expedición.

Tampoco se puede afirmar que el debido proceso administrativo haya sido desconocido con ocasión de la expedición del Decreto 2033 de 2015 si se tiene en cuenta que dicha garantía consiste en “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”(8).

Toda vez que, al igual que las demás normas constitucionales invocadas en la demanda, el artículo 29 no impone el deber de publicar los proyectos de decreto antes de su expedición, no puede sostenerse válidamente que el Decreto 2033 de 2015 desconoció dicha norma superior.

Lo expuesto implica que la publicación de proyectos de decreto debe analizarse a partir de las normas legales, pues del texto constitucional —artículos 2º, 20 y 29—, no se desprende que el Gobierno Nacional tuviera la obligación de publicar el proyecto de decreto que dictó para la conservación del orden público durante el período de elecciones de autoridades y corporaciones públicas territoriales del 25 de octubre de 2015, ni dicha situación encuadra dentro de las formas de participación referidas por la Corte Constitucional.

3.1.3. Para la Sala es claro que los artículos 25 literal a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 23 numeral 1º literal a) del Pacto de San José, constituyen una garantía reconocida por el derecho internacional de los derechos humanos que compromete al Estado colombiano, según el artículo 9º superior y prevalecen en el orden jurídico interno, conforme el artículo 93 de la Carta, por tanto, son parámetro de constitucionalidad.

En ese orden, al igual que se concluyó en frente a las normas de la Constitución Política que a juicio del actor fueron trasgredidas, no es posible afirmar que de las normas del bloque de constitucionalidad se desprenda la obligación del Gobierno Nacional de someter a consideración los proyectos de decreto.

3.1.4. En cuanto los artículos 3º numeral 8º y 8º numeral 8º de la Ley 1437 de 2011 la Sala precisa lo siguiente:

3.1.4.1. El numeral 8º del artículo 3º del CPACA se consagra el principio de transparencia, en virtud la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.

Como se ve, este principio no implica que todas y cada una de las actuaciones que desarrolla la administración en el cumplimiento de sus fines y funciones deban ser de conocimiento público, pues hay aspectos que están sometidos a reserva.

Además, la realización de este principio no supone necesariamente que toda la actuación administrativa deba ser publicada, sino que cualquier persona pueda acceder a ella si así lo desea, por ejemplo, en ejercicio del derecho de petición.

Así, la norma en comento no impone el deber a la administración de publicar y poner en consideración de las personas todas sus actuaciones, sino que establece la obligación de permitirles acceder a la información que requieran siempre y cuando no exista reserva respecto de ella.

Por tanto, de dicha norma no se puede concluir que el Gobierno Nacional tenía la obligación de publicar el proyecto de Decreto 2033 de 2015 para ser objeto de opiniones y/o sugerencias de los colombianos.

3.1.4.2. Para la Sala, del 8º numeral 8º de la Ley 1437 de 2011 no se desprendía la obligación del Gobierno Nacional de publicar el proyecto de Decreto 2033 de 2015.

En efecto, si bien esta norma impone el deber a las autoridades de publicar “los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas”, lo cierto es que dicho mandato se impone únicamente respecto de aquellos proyectos que orientan u organizan las relaciones entre la autoridad administrativa y los ciudadanos y no a aquellos actos de carácter general que expide en desarrollo de sus labores misionales.

A dicha conclusión se arriba luego de una interpretación sistemática de dicha norma, con fundamento en que “la tarea de hermenéutica debe ser adelantada por el juez teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico es una unidad, compuesta por grupos o componentes que requieren de su armonización, con el fin de dar respuesta a la situación concreta puesta a su conocimiento.

Lo anterior implica que el juez debe efectuar una interpretación integral de todos los componentes que conforman el sistema jurídico, teniendo en cuenta que este es el conjunto de normas o reglas lógicamente enlazadas. Por tanto, la importancia del concepto y funcionalidad del ordenamiento jurídico como un sistema, radica en que este debe entenderse como un todo, coherente e integral.

Así, el papel que le corresponde cumplir al fallador, al definir un caso sometido a su conocimiento, está precisamente en integrar y hacer compatibles sus diversos elementos”(9).

En ese orden, debe tenerse en cuenta que el numeral 8º hace parte del artículo 8º del CPACA que se establece el “deber de información al público” e impone la obligación de que las autoridades publiquen:

(i) las normas básicas que determinan su competencia; (ii) las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan; (iii) las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad; (iv) los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés público relativos a cada uno de ellos; (v) los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación de que se trate; (vi) las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios de trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que toda persona pueda cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos y (vii) la dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o reclamo, tal como señalan los numerales 1º a 7º.

A su vez el artículo 8º hace parte del capítulo II “derechos, deberes, prohibiciones, impedimentos y recusaciones”, que está incluido en el Título I “disposiciones generales” de la primera parte del CPACA, que corresponde al “procedimiento administrativo”.

Así, el numeral 8º del artículo 8º no puede ser leído y estudiado por fuera del contexto del cual hace parte, y en ese orden, se impone concluir que “los proyectos específicos de regulación” que deben ser sometidos a consideración del público, son aquellos que establecen normas que orientan u organizan las relaciones entre la autoridad administrativa y los ciudadanos.

No puede ser otra la conclusión si se tiene en cuenta que los numerales que anteceden al 8º se refieren al deber de las autoridades de publicar las normas sobre su competencia, funciones y servicios que prestan, los trámites que ante ellas se surten, documentos que exigen al efecto, horarios, dependencias entre otros.

Nótese que los ítems que lo anteceden y, en ese contexto la lectura del numeral 8º, no puede desbordar la órbita del manejo interno de la entidad u órgano de que se trate.

Sumado a lo anterior, para la Sala resultaría contrario a todo orden que la administración, para el desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, en lo que toca al ejercicio de sus labores misionales, deba consultar cada una de sus actuaciones con la ciudadanía pues ello redundaría en un desquiciamiento de las potestades que el ordenamiento confiere para que estas sean desarrolladas conforme los principios que gobiernan la función pública.

3.1.5. Finalmente, en cuanto al supuesto desconocimiento del Decreto 1345 de 2010 basta señalar que la publicación de la memoria justificativa, como lo establece su artículo 10, se surte únicamente cuando la ley impone dicho deber. Luego si la ley —CPACA— no estableció el deber de publicar el proyecto de Decreto 2033 de 2015, no se desconoció el citado decreto.

3.1.6. Conforme a lo expuesto, la respuesta al interrogante “¿Debía someterse a consideración del público antes de su expedición el Decreto 2033 de 2015?” es negativa.

3.1.7. Los mismos razonamientos expuestos permiten responder el tercer problema jurídico propuesto en la fijación del litigio pues es claro que el Gobierno no tenía el deber de crear un escenario para que las reglas establecidas en el Decreto 2033 de 2015 fueran discutidas y acordadas antes de alcanzar ese carácter.

3.1.8. Bajo las consideraciones que preceden, se negarán las pretensiones de la demanda y así se decretará en la parte resolutiva de esta providencia.

III. La decisión

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad del Decreto 2033 de 2015.

2. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

2 ART. 149.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia. “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos (…) 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus Comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta Directiva o Consejo Directivo de los entes autónomos del orden nacional y las Comisiones de Regulación”.

3 Corte Constitucional, Sentencia C-721 de 2015.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.

5 Ibídem.

6 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2015.

7 Corte Constitucional, Sentencia C-337 de 1997.

8 Corte Constitucional, Sentencia T-214 de 2004.

9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de octubre de 2014, Rad. 76001-23-33-000-2014-00304-01, C.P. (e) Alberto Yepes Barreiro.