Sentencia 2015-00033/5077-2016 de mayo 18 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 41001-23-31-000-2015-00033-01(5077-16)

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Actor: Aurelio Navarro Cuéllar

Demandado: departamento del Huila

Trámite: Decreto 01 de 1984

Asunto: Régimen prestacional de los diputados departamentales- monto de la remuneración determinada por la categoría del ente territorial

Bogotá, D. C., dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Problema jurídico.

En el presente asunto y partiendo de los motivos de inconformidad alegados por la parte demandante, corresponde a la Sala:

Establecer si es dable reconocer a un diputado reelegido para un segundo periodo constitucional, la remuneración devengada en la corporación administrativa departamental para un anterior periodo, en el cual, el ente territorial se encontraba mejor categorizado y por ende, la fijación salarial conforme a la Ley 617 de 2000 era superior a la que percibió por el lapso que regentó como servidor de la Duma departamental.

Una vez fijado lo anterior, deberá determinarse si los salarios percibidos por el actor durante el periodo 2008-2011 fueron pagados en debida forma o si por el contrario, se causó una afectación en sus derechos laborales al haber recibido menores valores de los que tenía derecho a percibir.

La Sala a fin de resolver el problema jurídico fijado en precedencia, abordará los siguientes aspectos: El régimen constitucional y legal de los diputados en materia salarial y posteriormente, resolver el caso concreto.

2.2. Régimen Salarial de los Diputados.

La Constitución Política de 1991, en el artículo 299, previó inicialmente que los diputados tendrían derecho a honorarios por su asistencia a las correspondientes sesiones, así:

“ARTÍCULO 299. En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno.

El Consejo Nacional Electoral podrá formar dentro de los límites de cada departamento, con base en su población, círculos para la elección de diputados, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. Los diputados no tendrán la calidad de funcionados públicos El período de los diputados será de tres años, con las limitaciones que establezca la ley, tendránderechoahonorariosconsuasistenciaalassesionescorrespondientes.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener más de veintiún años de edad, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de elección”. (Subrayado fuera de texto original).

Con posterioridad, se produjo el Acto Legislativo 1 de enero 15 de 1996, que reformó el artículo 299 de la Constitución Política, a través del cual, es eliminado el pago de honorarios a favor de los Diputados e introduce un régimen laboral a favor de estos, instituye la remuneración durante las sesiones correspondientes, así:

“ARTÍCULO 299. En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio.

El régimen dé inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será de tres (3) años y tendrán la calidad de servidores públicos […]

Losmiembrosdelaasambleadepartamentaltendránderechoaunaremuneracióndurantelassesionescorrespondientesyestaránamparadosporunrégimendeprestacionesyseguridadsocial,enlostérminosquefijelaLey. (Subrayas fuera de texto original)

De conformidad con lo anterior, se tiene que el Acto Legislativo 01 de 1996 consagró una nueva condición para los diputados desde la órbita de sus derechos salariales y prestacionales, en tanto que a partir de la entrada en vigencia del mismo tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por el régimen prestacional y de seguridad social que determine la ley, trasladando al legislador la fijación de la remuneración respectiva.

En desarrollo del artículo 299 de la Constitución Política y en el contexto de una situación fiscal nacional y territorial apremiante por la que pasaba el país desde mediados de la década de los años 90, el Congreso expidió la Ley 617 del 6 de octubre de 2000(2) la cual se constituyó una de las decisiones de política fiscal territorial de impacto para esa época, como quiera que a través de ella buscó que las entidades territoriales impusieran un límite a sus gastos de funcionamiento vinculando su evolución en función del comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación.

En esa medida surgió el artículo 28 de la aludida norma que determinó la forma de remuneración de los diputados de las asambleas departamentales, precisando que a partir de 2001 se regiría así:

“ARTÍCULO 28. Remuneracion de los diputados. La remuneración de los diputados de las asambleas departamentales por mes de sesiones corresponderá a la siguiente tabla a partir del 2001:

Categoría de departamentoRemuneración de diputados
Especial30 smlm
Primera26 smlm
Segunda25 smlm
Tercera y cuarta18 smlm”

El prenotado artículo 28 de la Ley 617 de 2000, fue objeto de control constitucional por parte del órgano rector de dicha jurisdicción, el cual mediante Sentencia C-831 de 9 de agosto de 2001, declaró exequible el mismo por considerar que la remuneración de los diputados está determinada por la categoría departamental que lo cobije. Al respecto hizo las siguientes consideraciones:

“(…) Así, por lo menos en lo que atañe al sistema que consagra la Ley 617 de 2000, los efectos que genera para una entidad territorial la clasificación en una u otra categoría, se traducen en diferencias comparativas en cuanto al porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación que pueden destinar a gastos de funcionamiento, así como en diferencias en cuanto al plazo de ajuste con el que cuentan para adaptar tales gastos a los límites máximos establecidos en los artículos 3º al 11 ibídem. Lapertenenciaaunauotracategoríadeterminará,además,elnivelsalarialdelosservidorespúblicoscorrespondientes, puesto que de conformidad con ella, se establecerá el salario del gobernador o del alcalde –al cual está vinculada la escala de remuneraciones del resto del personal que labora en la entidad–, así como el monto salarial de los diputados, concejales, contralores, personeros y demás servidores públicos del respectivo ente territorial (art. 1º, parágrafo 3º, y art. 2º, parágrafo 4º, ibídem)”. (La Sala destaca).

En concordancia con lo anterior a través del artículo 28 de la Ley 617 de 2000 se estableció la remuneración de los diputados de las asambleas departamentales, según la categoría departamental que los cobije, es decir, el Legislador estipuló válidamente una disposición remuneratoria en desarrollo de la categorización departamental que ampara la Carta. Por lo tanto, la Corte declarará la exequibilidad del prenotado artículo 28. (…)”.

Ahora bien, la referida Ley 617 de 2000, en su artículo 1º(3) dispuso la categorización presupuestal de los departamentos, en desarrollo del artículo 302 de la Constitución Política, teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal y de acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre destinación. Así mismo, en el parágrafo 3º estableció que: “Cuando un departamento descienda de categoría, los salarios y/o honorarios de los servidores públicos serán los que correspondan a la nueva categoría”.

El parágrafo transcrito en precedencia fue igualmente examinado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1098 de 18 de octubre de 2001, a través de la cual, declaró su inexequibilidad al considerar que la disminución de las remuneraciones menoscaba los derechos de los trabajadores, vulnerando el artículo 53 de la Carta Política. Al respecto, dijo:

“[…] La Corte encuentra que las normas acusadas no implican una reducción necesaria de los salarios de los servidores de las entidades territoriales. En efecto, los artículos primero y segundo de la Ley 617 de 2000 regulan las consecuencias que se siguen de un eventual descenso de categoría de un departamento, distrito o municipio en razón al cambio de sus condiciones económicas o poblacionales y los ajustes presupuestales necesarios para atender esta circunstancia.

3.1.3. No obstante lo anterior, esta Corporación constata, de acuerdo con lo establecido en los artículos primero y segundo mencionados, que si bien el descenso de categoría de una entidad territorial es eventual en la medida en que para que ello suceda es necesario que se den las causales que así lo exigen, en caso de que las mismas sobrevengan, la entidad territorial habrá de descender de categoría y ello sí implicará una reducción de los salarios de sus servidores.

[…]

La Corte comprende que el propósito de esta propuesta consiste en armonizar la finalidad que persiguen las normas acusadas –la cual consiste en asegurar la viabilidad financiera de las entidades territoriales– con la protección del derecho de los servidores públicos.

Sin embargo, encuentra que este condicionamiento daría lugar a una vulneración del principio según el cual a trabajo igual, salario igual, consagrado en el artículo 53 de la Constitución, pues las personas que ingresaran exactamente al mismo cargo luego de la reclasificación de la entidad territorial tendrían, por esa sola circunstancia, una menor remuneración.

En este orden de ideas, corresponde a la Corte determinar si los parágrafos se ajustan a la Constitución o si, por el contrario, debe declararse su inexequibilidad.

3.1.5. Como fue ya advertido, los parágrafos 3º del artículo primero y 4º del artículo segundo de la Ley 617 de 2000, señalan que si una entidad territorial desciende de categoría, "los salarios y/o honorarios de los servidores públicos serán los que correspondan a la nueva categoría", es decir, que serán reducidos. En consecuencia, dichos parágrafos contemplan que los servidores públicos de las entidades territoriales que desciendan de categoría, se verán afectados por una desmejora clara e incontrovertible de sus condiciones laborales.

Como es bien sabido, los derechos no son absolutos. Sin embargo, constata también la Corte que en esta oportunidad las autoridades no demostraron que la limitación de los derechos consagrados en el artículo 53 de la Constitución por parte de las normas acusadas, estaba dirigida a alcanzar un fin imperioso y que el medio era necesario y estrictamente proporcional para ello.

Además, lo que está en juego en este caso no es la movilidad del salario ni el criterio para su aumento. Por el contrario, los parágrafos acusados ordenan que los salarios sean nominalmente reducidos, de manera automática, generalizada e incondicionada. Esto menoscaba los derechos de los trabajadores y viola de manera directa una prohibición expresa. En efecto, el último inciso del artículo 53 dice: “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

Ante la contradicción evidente entre el texto constitucional citado y los parágrafos 3º del artículo primero y 4º del artículo segundo de la Ley 617 de 2000 procede la declaratoria de inexequibilidad de dichas normas legales.

Aunque el análisis anterior ha versado sobre los salarios, la inexequibilidad de la norma comporta también la de la expresión "honorarios" que por sí sola carecería de sentido normativo. […]”.

Conforme la declaratoria de inexequibilidad antes citada, se puede inferir que al iniciar un periodo constitucional y posesionado el diputado para dicho periodo, encontrándose el departamento clasificado en una determinada categoría, la remuneración que percibirá será la correspondiente a la fijada en la tabla contenida en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000.

Sin embargo, si el departamento desciende de categoría en dicho periodo constitucional, los salarios de los diputados para ese mismo lapso no podrán ser desmejorados o reducidos para adecuarlos a la nueva categoría del ente territorial.

Finalmente, el pluricitado artículo 299 constitucional fue objeto de una última modificación a través del Acto Legislativo 01 de 2007, quedando la norma en la actualidad de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 299. Modificado por el artículo 3º, Acto Legislativo 01 de 2007. En cada departamento habrá una corporación político-administrativa de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de 11 miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio, y podrá ejercer control político sobre la administración departamental.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será de cuatro años y tendrá la calidad de servidores públicos.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

Losmiembrosdelaasambleadepartamentaltendránderechoaunaremuneracióndurantelassesionescorrespondientesyestaránamparadosporunrégimendeprestacionesyseguridadsocial,enlostérminosquefijenlaley”. 

El Acto Legislativo 01 de 2007, en lo atinente al régimen salarial y prestacional no produjo modificación alguna en tanto que mantuvo la misma descripción contenida en el Acto Legislativo 01 de 1996 y desarrollado por la Ley 617 de 2000, pues la variación que produjo esencialmente fue en el aumento del periodo de ejercicio de 3 a 4 años e igualmente, enfatizó en la condición política que tienen las Asambleas departamentales.

2.3. De lo probado en el proceso y caso concreto.

Que a través de certificado de 5 de septiembre de 2013 suscrito por la Secretaria General de la Asamblea Departamental del Huila(4), se indicó que el actor fue elegido como Diputado de dicha Corporación para el periodo constitucional 2008-2011 y tomó posesión el 1º de enero de 2008, a través de Acta 001 de la misma fecha(5).

De esa misma manera, se allegó certificado de 5 de septiembre de 2013 suscrito por la autoridad mencionada en párrafo anterior, en el cual se señalaron los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias a las cuales acudió el actor sin interrupciones en el año 2008, 2009, 2010 y 2011(6).

A su vez mediante certificados de la misma fecha(7) y proferidos por la misma autoridad reiteradamente mencionada, constan los emolumentos devengados por el actor en los años correspondientes a 2008, 2009 y 2010, incluyendo salario de 18 SMMLV, prima de navidad equivalente a 18 SMMLV, prima vacacional equivalente a 15 días de salario, indemnización de vacaciones equivalentes a 15 días hábiles, cesantías equivalentes a 18 SMMLV más doceavas partes devengadas, más el interés de cesantías.

Así mismo, mediante decretos 1072 de 2003, 1186 de 2004, 1246 de 2005, 1185 de 2006, 990 de 2007, 1067 de 2008, 673 de 2009 y 3494 de 2010(8), suscritos por el gobernador del Huila, por medio de los cuales se categorizó al Departamento del Huila para la vigencia de 2004 en segunda categoría, y para las demás, entre 2005 a 2011, en tercera categoría.

De acuerdo con las anteriores pruebas documentales, la Sala establece con total precisión que en primer lugar, el señor Aurelio Navarro Cuellar ejerció como diputado por el departamento del Huila para el periodo 2004-2007, tal como se refleja en el acto acusado(9) y para el periodo 2008-2011.

Cuestiona el apelante que no es posible haber ganado 25 SMLMV a corte 31 de diciembre de 2007 y a partir del nuevo periodo para el que fue elegido, esto es 2008-2011, desde el 1º de enero de 2008, ganara 18 SMLMV, pues se desconoce el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(10), por lo que considera se debe mantener la liquidación y pago de su salario y prestaciones sociales con base de 25 SMLMV, indistintamente que para la época de su ejercicio como servidor público en el departamento del Huila haya descendido de la segunda a la tercera categoría.

En esa medida, alega que el fallo recurrido no concilia el desequilibrio que se presenta cuando un departamento desciende de categoría frente a los derechos de sus trabajadores y estos no se protegen por el hecho de mantener los salarios hasta cuando termine el periodo constitucional y frente a un nuevo periodo constitucional si pueda degradar al trabajador.

En este orden de ideas, la Sala puntualiza que en cuanto al cargo formulado por la parte apelante referente a la vulneración del artículo 26 de la CADH, el ordenamiento jurídico colombiano a través de la figura del bloque de constitucionalidad contemplado en el artículo 93 de la Constitución política(11), permite que los tratados y convenios internacionales una vez ratificados por el Congreso, prevalezcan en el orden interno, al respecto la Corte Constitucional en el marco de una acción de tutela T-653-12(12), dijo lo siguiente:

“4.5 Ahora bien, los derechos humanos reconocidos en la convención pertenecen a lo que esta Corte ha llamado bloque de constitucionalidad en sentido estricto. De acuerdo con el contenido del artículo 93 superior, las normas que contiene se entienden incorporadas al ordenamiento interno y surten efectos directos. Al aplicar el concepto de bloque de constitucionalidad, la declaratoria que hacen los jueces de la Corte IDH no solo repercute sobre la esfera internacional sino sobre el ordenamiento interno. Así, la violación declarada por la Corte Interamericana surte efectos en el ámbito de las relaciones entre países soberanos y miembros de la OEA –donde se reconoce a la nación como infractora– y, a la vez, proyecta directamente consecuencias dentro del Estado”.

En atención a lo cual, la CADH (“Pacto de San José de Costa Rica”), fue aprobada a través de la Ley 16 de 1972 y ratificada el 31 de julio de 1973, según su artículo 1º(13), los Estados Partes asumen el compromiso de mantener los principios contemplados allí, respetando los derechos y libertades consignados en la misma.

Ahora bien, dicho instrumento internacional en su artículo 26 reza lo siguiente:

“CAPÍTULO III

Derechos económicos, sociales y culturales

Artículo 26. Desarrollo progresivo

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

La anterior disposición contiene el compromiso al cual están sujetos los Estados miembros de obtener progresivamente la efectividad de los derechos derivados de las normas económicas, sociales, culturales.

En atención a lo cual, incluso el Consejo de Estado se ha pronunciado a cerca del “principio de progresividad” en el marco de la discusión relacionada con el no reconocimiento de la prima de servicio docente, a través de Sentencia de Unificación CE-SUJ2-001-16 (Exp. 3828-14)(14) de 14 de abril de 2016, en donde se dijo:

“El principio de no regresividad de los derechos sociales ha sido entendido como el corolario del principio de progresividad en tales derechos. En efecto, siseconsideraquelosEstadostieneneldeberevolucionardemaneraprogresivahacialaplenavigenciadelosderechossocialestalcomoloseñalanlasobligacionesdelProtocolodeSanSalvadoryelPactoInternacionaldelosDerechosEconómicos,SocialesyCulturales,hadededucirsequelasautoridadesdeunEstadonopuedendisminuirnialterarelniveldeproteccióndeunderechosocialqueyasehaconsolidadoenlanormatividadvigente.

El tema de la regresividad de los derechos sociales ha sido analizado en nuestra jurisprudencia constitucional bajo 3 perspectivas diferentes: una primera posición, defiende la posibilidad de que el legislador modifique o reemplace a su arbitrio cualquier disposición relacionada con estos derechos, aún en el sentido de reducir el contenido protegido(15); una segunda postura propugna el no retroceso o disminución de los derechos sociales(16) y finalmente, una tesis intermedia que establece que por regla general, los derechos sociales una vez reconocidos por el ordenamiento jurídico, no podrían, en principio, ser disminuidos o recortados, a menos que las autoridades justifiquen razonadamente esa regresión.

En este orden de ideas, para poder determinar si una norma es o no regresiva en materia de un derecho particular, se impone precisar la existencia previa de una disposición normativa que consagre el respectivo derecho”. (Subrayas y negrilla fuera del texto original)

Como puede apreciarse, en el caso particular, en la medida en que el Departamento del Huila hizo parte de la tercera categoría para el periodo de elección 2008-2011, el principio de progresividad y el contenido del artículo 26 de la convención es atendido, pues de ninguna manera se disminuye ni altera la protección a los derechos del trabajador, en la medida en que se aplica a cabalidad el artículo 28 de la Ley 617 de 2000, que señala que la remuneración para los diputados de las asambleas departamentales será aquella dependiendo de la categoría en la que se encuentre el departamento respectivo.

La Sala encuentra que conforme a los Decretos 990 del 26 de septiembre de 2007, 1067 del 19 de septiembre de 2008, 673 del 13 de julio de 2009 y 3494 del 26 de agosto de 2010, el departamento del Huila durante todo el periodo constitucional para el cual fue reelegido el actor 2008-2011, permaneció en la tercera categoría, hecho que fue determinado desde el 26 de septiembre de 2007, es decir, antes que el demandante ejerciera nuevamente la curul en la corporación político-administrativa departamental.

Así las cosas y teniendo claro que durante todo el periodo en el cual el accionante laboró como diputado por el departamento del Huila, siendo parte de la tercera categoría, por consiguiente, su remuneración debía ser fijada en un equivalente a 18 SMMLV y no a 25 SMMLV, de conformidad con lo estatuido en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000, pues el periodo constitucional correspondiente a 2008-2011 es diferente al anterior.

En efecto, observa la Sala que de acuerdo a las certificaciones que reposan en el expediente, se obtiene que el demandante devengó para las vigencias fiscales 2008 al 2010 emolumentos equivalentes a 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, que lo percibido por el actor se ajusta a lo consagrado en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000. Y con relación a la anualidad 2011, no se probó que al accionante le haya sido pagado valores inferiores a los que por ley le correspondía recibir.

Aunado a lo anterior, para el caso del demandante, su condición salarial estuvo determinada por la categorización del departamento que desde el inicio de su periodo hasta la finalización del mismo, el ente territorial perduró en la tercera categoría, de tal suerte que, al no presentarse ascensos o descenso en la categoría, la condición salarial no sufrió afectación alguna, ya que recibió la remuneración conforme los designios del artículo 28 de la Ley 617 de 2000.

Al respecto, la Subsección A de la Sección Segunda(17), indicó que con relación a los emolumentos recibidos en determinado periodo constitucional dijo:

“La Subsección no desconoce que para el año 2004 el departamento del Huila estaba clasificado en la segunda categoría, que en términos de la Ley 617 de 2000, dispone unos emolumentos salariales equivalentes a 25 SMLMV, sin embargo, lo cierto es, que para la fecha en que el accionante ingresó al servicio, esto es en el año 2008, esta había sido variada, siéndole aplicable la vigente para dicho momento.

Ahora, denótese que esta corporación ha determinado que en los casos en que el funcionario se posesione como diputado, encontrándose el departamento en una categoría superior, por ejemplo en la segunda, y en las vigencias subsiguientes la misma sea disminuida a la tercera, el derecho salarial de este deberá mantenerse hasta la finalización del periodo constitucional para el que fue elegido, en aplicación de los artículos 25 y 53 de la Constitución, pues su situación no podrá ser desmejorada”.

En virtud de las anteriores consideraciones, tal como lo hizo el tribunal de primera instancia, y acogiendo el concepto emitido por el señor Agente Delegado del Ministerio Público ante esta corporación, la Sala encuentra que la liquidación efectuada al actor para los años 2008, 2009 y 2010 se hizo conforme a lo establecido en la ley, y de acuerdo a la categorización a la que esté sujeta el departamento del Huila para establecer la remuneración a la que tienen derecho los diputados departamentales; razón por la cual, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia de 15 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural que negó las pretensiones de la demanda incoada por Aurelio Navarro Cuellar, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Por secretaria, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

1 Según informe secretarial, ingreso al Despacho el 7 de julio de 2017, folio 287.

2 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.

3 “ARTÍCULO 1º. Categorización presupuestal de los departamentos. En desarrollo del artículo 302 de la Constitución Política, teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal y de acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre destinación, establécese la siguiente categorización para los departamentos:
Categoría especial. Todos aquellos departamentos con población superior a dos millones (2.000.000) de habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a seiscientos mil (600.000) salarios mínimos legales mensuales.
Primera categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida entre setecientos mil uno (700.001) habitantes y dos millones (2.000.000) de habitantes, cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales igualen o superen ciento setenta mil uno (170.001) salarios mínimos legales mensuales y hasta seiscientos mil (600.000) salarios mínimos legales mensuales.
Segunda categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida entre trescientos noventa mil uno (390.001) y setecientos mil (700.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean iguales o superiores a ciento veintidós mil uno (122.001) y hasta de ciento setenta mil (170.000) salarios mínimos legales mensuales.
Tercera categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida entre cien mil uno (100.001) y trescientos noventa mil (390.000) habitantes y cuyos recursos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a sesenta mil uno (60.001) y hasta de ciento veintidós mil (122.000) salarios mínimos legales mensuales.
Cuarta categoría. Todos aquellos departamentos con población igual o inferior a cien mil (100.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean iguales o inferiores a sesenta mil (60.000) salarios mínimos legales mensuales”.

4 Folio 139, Cuaderno Principal 1.

5 Folios 140 a 151, Cuaderno Principal 1.

6 Folio 134, Cuaderno Principal 1.

7 Folios 135 a 137, Cuaderno Principal 1.

8 Folios 85 a 102, Cuaderno Principal 1.

9 Folios 75 a 12, Cuaderno Principal No. 1

10 “CAPÍTULO III
Derechos economicos, sociales y culturales
Artículo 26. Desarrollo progresivo
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

11 “ARTÍCULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
“Incisos 3º y 4º adicionados por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:”
El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución.
La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él”.

12 Sentencia de la Corte Constitucional, 23 de agosto de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. Referencia: Expediente T-3408860.

13 “Artículo 1º. Obligación de respetar los derechos.
1. Los Estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano”.

14 Sentencia de Unificación, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 14 de abril de 2016, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Radicación 15001-33-33-010-2013-00134-01 (3828-14) CE-SUJ2-001-16.

15 Dentro de esta posición se pueden consultar las sentencias C-168 de 1995 y C-781 de 2003.

16 En esta tesis militan las sentencias C-1165 de 2000 y C-1433 de 2000.

17 Sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, 9 de noviembre de 2017, C. P. William Hernández Gómez. Radicación 41001-23-31-000-2011-00192-01 (1490-15).