Sentencia 2015-00043 de mayo 4 de 2017

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 500011102000201500043 01

Aprobado según Acta N 36 de la misma fecha.

Ref.: Apelación sentencia en proceso disciplinario contra abogado Álvaro Mauricio Torres corredor.

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Bogotá, D. C., cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir este recurso de apelación de conformidad con el mandato establecido en los artículos 256, numeral 3 de la Constitución Política, y 81 de la Ley 1123 de 2007.

En razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

No obstante como se indicó al inicio de esta providencia advierte esta Superioridad, que nos encontramos frente a un caso en el cual se evidencia un quebrantamiento al debido proceso y en aras de protegerlo, el artículo 99 de la Ley 1123 de 2007, establece:

“…En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca el asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto…”.

Para el efecto, las causales de nulidad se encuentran previstas en el artículo 98 ibídem, siendo ellas:

i. Falta de competencia

ii. Violación del derecho de defensa del disciplinable

iii. Existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

En el sub examine se advierte una causal de nulidad que resulta necesario decretar, originada en la indebida dosificación de la sanción impuesta al abogado Álvaro Mauricio Torres Corredor, por cuanto la ley disciplinaria dispone en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 1123 de 2007:

“PAR. La suspensión oscilará entre seis (6) meses y cinco (5) años, cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones judiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública”.

Así las cosas aunque la Magistrada instructora goza de discrecionalidad, ésta no es absoluta, y debe tener en cuenta los criterios fijados por la Ley disciplinaria en ese sentido, pues las sanciones deben ser impuestas de acuerdo al marco normativo y a las condiciones del caso concreto; en ese sentido la Corte Constitucional en sentencia C-290 de 2008 indicó: “La discrecionalidad de la autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la sanción se encuentra guiado por la explícita consagración de los deberes del abogado, por la creación de un catálogo de faltas en torno a determinados intereses jurídicos, y particularmente por unos criterios de graduación de la sanción que atienden exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta, valoración de actitudes internas del disciplinable, y en general parámetros de proporcionalidad. Dicha discrecionalidad se encuentra limitada por la taxativa consagración de los tipos de sanciones permitidas; el suministro de unos criterios objetivos generales, de agravación y de atenuación de la sanción; la vinculación explícita del funcionario a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad; y por los controles establecidos al interior del mismo proceso frente a una eventual decisión sancionatoria”.

Así las cosas, el respeto por el cumplimiento de la norma, se erige como el pilar que sostiene el proceso disciplinario, garantizándose con mayor fuerza el derecho de defensa y el debido proceso, lo cual obliga al operador jurídico disciplinario a mayor cuidado en su aplicación.

En vista de lo anterior, considera esta Sala que existió una indebida dosificación de la sanción impuesta al abogado investigado, por la omisión de la Sala Primigenia de aplicar la sanción que correspondía, teniendo en cuenta que se investiga a un abogado que tenía a su cargo la defensa de los intereses de una entidad pública, y lo que estaba en juego era el patrimonio del Estado Colombiano que la Constitución de 1991 le quiso dar una protección especial.

Además de lo anterior, al revisar el certificado de antecedentes disciplinarios obrante en el dossier se encuentra que para el momento de la comisión de los hechos por los cuales se le investiga, el abogado Álvaro Mauricio Torres Corredor registraba una sanción de censura en su contra por haber incurrido en la falta que trata el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, es decir, no se tuvo en cuenta para la dosificación que el disciplinado sí tenía antecedentes disciplinarios, siendo reincidente en la falta por la cual se le investiga.

Sin lugar a dudas, evidencia esta Superioridad que la Magistrada Sustanciadora, al tomar su decisión el 14 de marzo de 2016 omitió motivar en debida forma la dosificación de la sanción, inobservando los criterios que el Decálogo Ético brinda, denotándose cierta ligereza de parte de ésta al dictar la sanción correspondiente.

Concluye la Sala que la presente actuación se encuentra viciada de nulidad por violación manifiesta del derecho fundamental al debido proceso, en los términos anotados, por ello lo consecuente es decretar la nulidad desde el momento del fallo de 14 de marzo de 2016 contra el abogado Álvaro Mauricio Torres Corredor, para que a partir de ese momento procesal se reanude la actuación, conservando la validez de las pruebas legalmente recaudadas.

Otras determinaciones

Teniendo en cuenta las circunstancias por las cuales esta Corporación decretará nulidad en la presente actuación, se ordenará la expedición de copias a partir del momento que se profirió sentencia de primera instancia, a fin de que se investigue a las Magistradas de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, para determinar si la dicha falencia puede ser constitutiva de falta disciplinaria.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECRETAR LA NULIDAD de la investigación adelantada en contra del abogado Álvaro Mauricio Torres Corredor, a partir de la sentencia de 14 de marzo de 2016, quedando con validez las pruebas recaudadas, por lo argumentado en la parte motiva.

2. Por secretaría cúmplase con la expedición de copias ordenada en la parte motiva.

3. Regrese la actuación a la seccional de instancia para que notifique esta providencia y le dé cumplimiento en los términos indicados.

Notifíquese y cúmplase».