Sentencia 2015-00048 de octubre 13 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001032800020150004800

11001032800020150004700

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actores: Fredy Antonio Machado López

Pablo Bustos Sánchez

Demandados: Juan Carlos Grillo Posada

Gloria Stella López Jaramillo

Laura Emilse Marulanda Tobón

Nulidad electoral - Única instancia

Bogotá, D.C., trece de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 149(4) de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 -modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003-, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para decidir en única instancia el presente proceso, toda vez que la demanda se incoó en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra el acto de elección de los Miembros Permanentes del Consejo de Gobierno Judicial de la Rama Judicial, autoridad del orden nacional, por lo que debe acudirse a la cláusula de la competencia residual.

2. Prueba del acto acusado.

La elección de los señores Juan Carlos Grillo Posada, Gloria Stella López Jaramillo y Laura Emilse Marulanda Tobón, como Miembros Permanentes de dedicación exclusiva ante el Consejo de Gobierno Judicial de la Rama Judicial, se demostró con copia auténtica del Acuerdo 009 de 9 de noviembre de 2015, expedido por el Consejo de Gobierno Judicial (documento remitido por la Secretaría del Consejo de Gobierno fls. 686 a 688 cdno. ppal. 4 acum).

3. Problema jurídico.

Para la Sala, de conformidad con la fijación del litigio en la audiencia inicial, la cual se encuentra en firme, se trata de determinar si es nula la elección de los Miembros Permanentes con dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial de la Rama Judicial, que recayó sobre los señores Juan Carlos Grillo Posada, Gloria Stella López Jaramillo y Laura Emilse Marulanda Tobón, conforme consta en el Acuerdo 009 de 2015 del Consejo de Gobierno Judicial.

Para dilucidar el asunto y, conforme a esa fijación referida -transcrita en los antecedentes- se advierte que las censuras de las demandas serán estudiadas mediante agrupación conforme a la coincidencia argumentativa en la postulación, advirtiendo que en caso en encontrar prosperidad a alguna de ellas con vocación de anular el acto declaratorio de elección, la Sala se relevará de estudiar las restantes.

En principio, se plantean como ejes temáticos en primer término los de espectro general, para finalizar con los focalizados en alguno de los dispositivos en concreto, a saber: 3.1) El pronunciamiento del juez de la nulidad electoral aun cuando el fundamento constitucional del acto electoral fue declarado inexequible; 3.2) infracción de las normas en las que debió fundarse –arts. 231, 15 y 18 del Acto Legislativo 02 de 2015 y los principios constitucionales que gobiernan tal proceso electoral, como los de transparencia, publicidad, debido proceso, contradicción y mérito-, que generó la expedición irregular del acto demandado por irregularidades como: 3.5.1. En la Convocatoria Pública 01 de 2015, que dio lugar al acto de elección contenido en el Acuerdo 009 de 2015, a saber, entre otros fundamentos porque 3.2.1. No se fijaron las reglas sobre asignación de puntajes y 3.2.2. No se publicaron los resultados obtenidos por los candidatos en las distintas fases del mismo.

3.1. El pronunciamiento del juez de la nulidad electoral aun cuando el fundamento constitucional del acto electoral fue declarado inexequible.

El Acto Legislativo 02 de 2015 es causa primigenia del Acuerdo 009 de 2015 demandado, así como de la Convocatoria 01 de 2015 como bitácora subyacente, así que la declaratoria de inexequibilidad que efectuara la Corte Constitucional en Sentencia C-285 de 2016(5), impacta en forma importante a aquellos, pues se está frente a la pérdida de fuerza ejecutoria del fundamento normativo superior.

Específicamente, fueron retirados del ordenamiento constitucional y jurídico el artículo 15 y el artículo 18 Transitorio del Acto Legislativo en cita, soporte constitucional y fundamento jurídico primigenio del Consejo de Gobierno Judicial y de los actos que éste expidió, a fin de ejercer las funciones de administrador de la Rama Judicial y, cuyas decisiones ha conocido el Consejo de Estado en diferentes secciones y bajo la égida de distintos medios de control, como la nulidad del acto de contenido electoral(6) y la nulidad por inconstitucionalidad(7).

La parte resolutiva de la sentencia de la Corte Constitucional fue dictada en el siguiente sentido literal:

“PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 15 del Acto Legislativo 02 de 2015, salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria tácita del numeral 2º del artículo 254 de la Constitución, en relación con la cual la Corte se INHIBE de pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, el artículo 254 de la Carta Política quedará así: “Artículo 254. El Consejo Superior de la Judicatura estará integrado por seis magistrados elegidos para un período de ocho años, así: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado”.

SEGUNDO. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 16, así como los incisos 2º y 6º del artículo 26 del Acto Legislativo 02 de 2015.

TERCERO. (…).

CUARTO. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 18 transitorio del Acto Legislativo 02 de 2015, con excepción de los siguientes pronunciamientos:

— Se declara EXEQUIBLE el literal f), del numeral 1º, salvo en lo referente a la expresión “También ejercerán la función prevista en el artículo 85, numeral 18, de la Ley 270 de 1996”, que se declara INEXEQUIBLE.

— Se declara EXEQUIBLE el literal g), del numeral 1º, en su totalidad.

— En relación con la expresión “La autoridad nominadora para las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, prevista en el numeral 6, por las razones expuestas en esta providencia, la Corte se INHIBE de pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.

(…)”.

La Sección Quinta deja en claro que debe pronunciarse sobre la legalidad del acto electoral subjudice, por cuanto se trata de aquel que declaró la elección sobre sujetos particulares, así que el análisis objetivo de legalidad, se realiza conforme al régimen vigente al momento de la expedición del acto.

Esa posición frente al acto administrativo, aplicable al acto electoral, encontró su mejor antecedente jurisprudencial el año de 1991, que en su parte medular consideró, luego de hacer un recorrido sobre las disímiles posiciones de las Secciones al tratar el tema de la competencia sobre el acto administrativo retirado del ordenamiento, señaló lo siguiente:

“(…)

Estima la Sala que, ante la confusión generada por las dos tesis expuestas, [se refiere a la incompetencia total frente a la competencia para conocer mientras el acto estuvo en el ordenamiento] lo procedente será inclinarse por la segunda de ellas, pero no es posible confundir la vigencia de una disposición con la legalidad de la misma, como ocurriría si se mantiene la posición que sostiene que sería inoperante y superfluo pronunciarse en los eventos en que la misma administración ha revocado su acto, así éste sea de carácter general e impersonal.

Pues, contrario a lo que se había afirmado, opina la Sala que la derogatoria de una norma no restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado, sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión. Porque resulta que de un acto administrativo, aun si ha sido derogado, sigue amparado por el principio de legalidad que le protege, y que solo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión del juez que lo anula, lo declara ajustado a derecho. Ello, además, se ve confirmado por los efectos que se suceden en cada evento. La derogatoria surte efecto hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab - initio, restableciéndose por tal razón el imperio de la legalidad.

Y por ello mismo es necesario el pronunciamiento sobre actos administrativos de carácter general, impugnados en ejercicio de la acción pública de nulidad, pues su derogatoria expresa o tácita no impide la proyección en el tiempo y el espacio de los efectos que haya generado, ni de la presunción de legalidad que los cubre, la cual se extiende también a los actos de contenido particular que hayan sido expedidos en desarrollo de ella y durante su vigencia. De lo contrario, el juzgamiento de tales actos particulares por la jurisdicción contenciosa resultaría imposible, pues tendría que hacerse, entre otros, a la luz de una norma, la disposición derogada, cuya legalidad no podría controvertirse por el hecho de no tener vigencia en el tiempo.

(...).

Por ello la Sala opina que, aún a pesar de haber sido ellos derogados, es necesario que esta corporación se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos de contenido general que se impugnen en ejercicio de la acción de nulidad, pues solamente así se logra el propósito último del otrora llamado contencioso popular de anulación, cual es el imperio del orden jurídico y el restablecimiento de la legalidad posiblemente afectada por la norma acusada, imperio y legalidad que no se recobran por la derogatoria de la norma violadora, sino por el pronunciamiento definitivo del juez administrativo. Y mientras tal pronunciamiento no se produzca, tal norma, aun si derogada, conserva y proyecta la presunción de legalidad que la ampara, alcanzando en sus efectos a aquellos actos de contenido particular que hubiesen sido expedidos durante su vigencia…”.(8) (subrayas fuera de texto).

Razón por la cual la competencia del juez de lo contencioso administrativo frente a la legalidad del acto administrativo retirado del ordenamiento jurídico pende de la temporalidad en la que este tuvo existencia, ante la necesidad de evaluar y decidir sobre la legalidad del acto, así éste al momento de proferirse la decisión judicial ya no esté vigente, para dar cabida precisamente al principio constitucional de legalidad que se advierte en la garantía del debido proceso que por años se ha soportado en uno de sus más importantes pilares como es el derecho de los administrados del “juzgamiento” conforme a la ley pre-existente.

Se advierte de la decisión de la Corte Constitucional que sus efectos son a futuro, como también son aquellos cuando el acto administrativo o electoral se suprime del ordenamiento jurídico, bien sea por derogatoria, o por la pérdida de vigencia del acto, o la pérdida de fuerza ejecutoria y el decaimiento del acto (artículo 91 numeral 2º del CPACA), dejando incólume las decisiones frente a situaciones particulares y concretas anteriores a la ocurrencia del acto sustraído del ordenamiento jurídico o de aquellas que el acto produjo, las cuales pueden judicializarse.

Lo cierto es que el operador contencioso administrativo detenta su competencia frente a los actos administrativos derivados o soportados en el acto general. Y en ambos casos, el análisis debe hacerse de cara a la normativa vigente al momento que fueron expedidos.

La doctrina, analizando la sentencia de 1991(9), hace la siguiente reflexión, que resulta aplicable a este caso(10), en aras de hacer claridad en el tema:

“Además, se justifica la petición de nulidad del acto general ya derogado, en el evento que durante su vigencia hubiera tenido desarrollo a través de los actos de contenido particular.

Pero no ocurre igual cosa frente a los actos subjetivos o condición, violatorios de una norma superior y productores de efectos concretos que, eventualmente, causen daño o lesión, porque, tal como lo dijo esta misma corporación en sentencia de marzo 13 de 1979, con ponencia de Carlos Galindo Pinilla, ‘en este caso su revocación, con efectos hacia el futuro, no hace inocuo el pronunciamiento judicial de anulación, pues éste retrotrae sus efectos hasta el momento mismo de la génesis del acto para hacerlo desaparecer del ámbito jurídico hasta el punto de crear la ficción o suponer que jamás existió jurídicamente, con lo cual se logra la plenitud de la tutela jurídica que no se obtendría por la vía de la revocación o de la derogación, pues estas modalidades de extinción dejan intactos los efectos producidos anteriormente’(11)(12)

Pues bien, la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 15 y 18 Transitorio del Acto Legislativo reformatorio de la Constitución, creadores del Primer Consejo de Gobierno Judicial, implica que desaparecieron los fundamentos soporte de la existencia de dicho ente, en tanto su base constitucional y acto creador no existe, pero se permite al operador jurídico, como ya se indicó, cotejar el acto de elección demandado con la normativa vigente al momento de expedirlo, incluido el Acto Legislativo que fue retirado, parcialmente, del ordenamiento porque debe juzgarse su legalidad mientras estuvo vigente.

Esta Sala, a título conclusivo, estima que el Acto Legislativo 02 de 2015, si bien es causa primigenia del acuerdo demandado, la declaratoria de inconstitucionalidad de aquel, tiene efectos a futuro, lo cual posibilita, conocer del acto electoral demandado, por cuanto las decisiones incluidas las de asuntos electorales, se juzgan conforme a la normativa vigente al momento de su expedición y es innegable que el Acto Legislativo 02 de 9 de noviembre de 2015, fecha de la expedición del acto aquí demandado, se encontraba vigente. Igual sucede con la Convocatoria Nº 01 de 2015 de 30 de septiembre de esa anualidad, en tanto el Acto Legislativo 02 de 2015 fue retirado del bloque de constitucionalidad el 1º de junio de 2016.

Aunado a lo anterior, los efectos de los fallos proferidos por la Corte Constitucional son a futuro, salvo que ella lo indique de otra forma, lo cual no aconteció en este caso al observar la parte resolutiva de la decisión y el acto que se conoce en este caso produjo plenos efectos, toda vez que quienes fungieron como miembros permanentes en el Primer Consejo de Gobierno Judicial se posesionaron, asumieron el cargo y ejercieron sus funciones.

Esas disertaciones evidencian que se debe asumir de fondo el conocimiento de este vocativo.

3.2. Expedición irregular por infracción de las normas en las que debió fundarse -artículos 231 constitucional, 15 y 18 del Acto Legislativo 02 de 2015- y los principios constitucionales de transparencia, publicidad, debido proceso, contradicción y mérito.

Huelga recordar que conforme quedó delimitado en la fijación del litigio esta censura se materializó, además de otros supuestos fácticos, en la inexistencia de reglas sobre asignación de puntajes, censura que tiene relación con el cargo imputado al acto de elección referente a que no se publicaron los resultados obtenidos por los candidatos en las distintas fases.

La Sala encuentra luego de cotejar el contenido de la convocatoria con las actas de las sesiones y el acto declaratorio de elección, que fue un tema que preocupaba a los miembros del Consejo de Gobierno Judicial quienes continuamente verbalizaban la necesidad de fijar parámetros, puntajes o calificaciones de selección, pero a pesar de ello, el iter de la selección, tuvo un desenvolvimiento, a criterio de la Sección Quinta, contrario al deber ser de una convocatoria y posterior elección.

Se afirma de esa forma porque si bien el Consejo de Gobierno Judicial dejó en claro los tiempos y fases en que se desarrollaría el sistema de selección, omitió ab initio determinar o presentar en forma determinable, los parámetros cualitativos y/o cuantitativos que acompañarían el sistema eleccionario de semi-cooptación. Ello se refleja en las actas de las sesiones en las que avocados a la avalancha de hojas de vida presentadas por los aspirantes, en un total de 103, asignaron a los Secretarios Generales de cada Alta Corte, proceder a la evaluación, selección o rechazo de las hojas de vida, sin que sea claro para nadie, en forma previa, cuáles serían los factores de ponderación para adoptar tales decisiones. Luego, se menciona que la ponderación iría determinada por los estudios pos graduales realizados, en su orden, especialización, maestría y doctorado y, finalmente, se escogen 15 aspirantes, que se dividieron en grupos de 5 a partir de la afinidad profesional, posteriormente, y ante la inminencia de que no se estaba cumpliendo con la Ley de cuotas, se permite el ingreso y escogencia de 9 hojas de vida más y, luego, de las 24 hojas de vida, se entrevista a los seleccionados y de ellos, el Consejo de Gobierno, escogió a los 3 miembros permanentes.

Esa fue la evolución que dio lugar a la declaratoria de elección, siendo innegable que aún hoy, los criterios objetivos de selección, se advierten reservados y poco claros, de cara a los demás aspirantes y a la comunidad en general, lo cual transgrede los principios previstos en la norma superior del artículo 126.

La Sala Electoral viene explicando a partir de su jurisprudencia reiterada que en el caso de las convocatorias públicas, no se trata de cumplir con los estrictos parámetros y fases o etapas del concurso de méritos que se emplea para los cargos de carrera, pues precisamente el artículo 126 superior en cita, hace diferenciables y escindibles ambos procedimientos, uno el proceso de selección propio o propiamente dicho, reglado y regulado de manera estricta y que es propio de los concursos regulados en la ley y para la provisión de los cargos de carrera y, otro, el proceso de selección impropio, que se emplea para los concursos no regulados en la ley, que por regla general, no son aplicables a los cargos de carrera, pero que por teleología reciente del Constituyente, se pretende cumplan, dentro de su propia dinámica y alcances, con los principios que establece la norma, con una especie de objetividad en su ponderación y sobre todo con la meritocracia.

En este punto, como no se trata de generar responsabilidades, en tanto el juez electoral, solo juzga en objetivo de legalidad el acto electoral, lo cierto es que aunque se observa el empeño del extinto Consejo de Gobierno Judicial, en aras de lograr una adecuada elección de los miembros permanentes del Primer Consejo de Gobierno Judicial, ello no respondió a los criterios expresos del artículo 126 Constitucional, en tanto al tratarse de un concurso no regulado en la ley, porque así lo determinó el Acto Legislativo 02 de 2015, para la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas, es decir, de los miembros permanentes del Primer Consejo de Gobierno Judicial, debía estar precedida de una convocatoria pública en la que se fijaron los requisitos, como en efecto aconteció en este caso, pero a diferencia de lo previsto en la norma constitucional en cita, no se dejaron previstos los procedimientos de mérito, a partir de factores o métodos objetivos, determinados o determinables de evaluación, para la selección de los elegidos, pues no se tuvieron claros los criterios objetivos de clasificación ni de ponderación de las hojas de vida, ni de los preseleccionados, de la lista de elegibles original y la agregada para cumplir con la Ley de cuotas, ni de los designados como miembros permanentes.

Todo ello respondió a un desarrollo e implementación que se fue dando, en mayor o menor medida, a lo largo de las necesidades funcionales a la que se veían avocados los miembros del Consejo de Gobierno Judicial, como se advierte del contenido del Acta de la sesión de 3 de noviembre de 2015, fecha en que la convocatoria ya había sido abierta en fecha anterior (25 de septiembre), como lo evidencia el siguiente aparte, rendido por la vocera de los Secretarios Generales de las Altas Cortes, al ser requerida por el propio Consejo de Gobierno Judicial, para que explicara el método empleado para la evaluación de las hojas de vida:

“(…) teniendo en cuenta que no hay parámetros establecidos para dar unos puntajes, es necesario que los miembros del Consejo de Gobierno Judicial los establezcan. Por esta razón y atendiendo las instrucciones del Consejo de Gobierno Judicial, se clasificaron por áreas del saber, sin puntajes numéricos. Después de lo anterior se procedió a hacer público la lista de los 93 aspirantes, para lo cual se elaboró el Acuerdo No. 01 de 19 de octubre de 2015…”(13).

Lo anterior denota cómo las decisiones de mayor impacto en el proceso de selección, se presentaron como hechos creados, si se mira desde la óptica de los parámetros objetivos y ponderados de selección, que no fueron previamente decantados y dados a conocer a los participantes ni a la comunidad en general, en tanto el Consejo de Gobierno Judicial los iba solucionando en la marcha del proceso eleccionario.

Esas las razones por las cuales al hacer el estudio objetivo de legalidad del acto de elección de cara a las normas en que debió fundarse, se tiene que la convocatoria vulneró las normas en que debía fundamentarse y, por ende, esa irregularidad evidenciada afecta la totalidad de la convocatoria devenida de la inobservancia del artículo 126 superior, incide y genera la nulidad del acto declaratorio de elección por expedición irregular y así habrá de declararlo en la parte resolutiva de esta providencia.

Finalmente, en atención a que el Consejo de Gobierno Judicial de la Rama Judicial desapareció de la arquitectura orgánica del Estado, en atención a que su acto creador constitucional fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-285 de 1º de junio de 2016, como quedó anteladamente referenciado, no es del caso, por resultar inane, traer a colación los parámetros jurisprudenciales decantados por la Sala frente a en qué etapa aplicar puede subsanarse la irregularidad de la Convocatoria, conforme se indicó en la sentencia de 26 mayo de 2016, radicado 11001-03-28-000-2015-00029-00, demandante:

Gerardo Antonio Arias Molano. Demandado: Jorge Eliécer Laverde Vargas, con ponencia del doctor Carlos Enrique Moreno Rubio.

Así las cosas y como se esbozó en la parte inicial de las consideraciones, en atención a la prosperidad de una de las censuras, la Sala se releva de estudiar las restantes, aunado a que resulta innecesario asumirlas, incluso desde una óptica pedagógica, en atención a la actual inexistencia del Consejo de Gobierno Judicial y anuncia que la declaratoria de nulidad se limitará al acto declaratorio de elección sin otra manifestación interpretativa, pues se reitera al predicarse la inexistencia del extinto Consejo de Gobierno Judicial no hay lugar a restituir el proceso de selección.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad del Acuerdo 009 de 9 de noviembre de 2015, que declaró elegidos a los señores Juan Carlos Grillo Posada, Gloria Stella López Jaramillo, Laura Emilse Marulanda Tobón, en calidad de Miembros Permanente con dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial.

2. Contra esta decisión no procede recurso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

4 Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia: “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos (…) 14. De todos los demás de carácter Contencioso Administrativo para los cuales no exista regla especial de competencia”.

5 Sentencia de 1º de junio de 2016. Exp. D-10990. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”. Actor: Carlos Santiago Pérez Pinto. M.P Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

6 Sección Quinta. Auto de 28 de julio de 2016. Exp. 11001032800020150001800. Actor: Federico González Campos. Demandado: Nación (Rama Judicial - DEAJ). C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, en el que se declaró terminado el proceso de nulidad por sustracción de materia.

7 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencias de 19 de julio de 2016. Exp. 1001032800020150002100. Actor: Federico González Campos. Demandado: Nación (Rama Judicial -DEAJ). C. P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En esta, se declaró la sustracción de materia frente a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra algunas de las normas contenidas en el Acuerdo 06 de 2015 y su anexo y en el Acuerdo 07 de 2015 (elecciones de representantes de funcionarios y empleados de la Rama Judicial; y Exp. 11001032500020150104200. Demandante: María Teresa Vergara Gutiérrez. En esta se declaró la sustracción de materia frente a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra la Convocatoria Pública 01 de 30 de septiembre de 2015, expedida por el extinto Consejo de Gobierno Judicial (elección de los 3 primeros miembros permanentes de dedicación exclusiva).

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de enero de 1991; Consejero Ponente: Carlos Gustavo Arrieta Padilla; Radicación número: S-157. La tesis prohijada en el citado pronunciamiento ha sido reiterada con posterioridad por la Sala Plena de esta corporación, en pronunciamientos tales como: sentencia del 24 de septiembre de 1991; Consejera Ponente: Clara Forero de Castro; Radicación número: S-050. Sección Tercera, en fallos de 3 de diciembre de 2007; Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

9 Ibidem (nota al pie 9).

10 Sección Tercera, sentencia de 27 de mayo de dos mil quince (2015). Exp. 11001-03-26-000-2010-00090-00(40108). Actor: Arleys Cuesta Simanca. C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón y Sentencia de 14 de abril de 2016. Actor: Carlos Alberto Castilla Murillo. Demandada: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - Corpoica. C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala.

11 Consejo de Estado. Sentencia de marzo 13 de 1979. Ponente: Carlos Pinilla Galindo.

12 Betancur Jaramillo. Derecho Procesal Administrativo. 8ª ed. 2013. Medellín. Págs. 301 y 302.

13 Acta obrante a folios 1.059 a 1.065 del cuaderno principal 6.