Sentencia 2015-00058 de octubre 25 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Milton Chaves García

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 11001-03-27-000-2015-00058-00 (22006)

Asunto: Medio de control de nulidad

Demandante: Jorge Hernán Gil Echeverry

Demandado: UAE-DIAN

Temas: Concepto 12887 del 5 de mayo de 2015 expedido por la DIAN

SENTENCIA

La Sala decide la acción de nulidad interpuesta por JORGE HERNÁN GIL ECHEVERRY, en contra del Concepto 12887 de 5 de mayo de 2015 proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN(1).

ACTO DEMANDADO

Se demanda el Concepto 12887 del 5 de mayo de 2015, en los apartes que se subrayan:

Señora 

LINA MARCELA SIERRA MUÑOZ 

Ref.: Radicado 0269 del 14/07/ 2014 

Cordial saludo, señora Lina Marcela: 

Tema Impuesto sobre la renta y complementarios. Retención en la fuente 

Descriptores Base de retención en la fuente. Disminución. Deducciones. Retención en la fuente por rentas de trabajo. Sistema General de Seguridad Social. Verificación de afiliación y pago de aportes. 

Fuentes formales Estatuto Tributario, arts. 108 y 647; Ley 1393 de 2010, art. 27 2013(sic), art 3º Decreto Reglamentario 3030 de 2013, art. 9°. 

Cordial saludo, señora Lina Marcela: 

De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 este despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

En su correo electrónico de la referencia remitido por la coordinadora del grupo de derechos de petición, consultas y cartera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el Decreto 1070 de 2013 formula varias preguntas relacionadas con la verificación por parte de las empresas del pago de la PILA sobre los ingresos de los trabajadores independientes. 

Pregunta Nº 1 

Con el fin de dar respuesta a sus inquietudes y a las de otros peticionarios sobre el mismo tema se acordó con el Ministerio de Salud y Protección Social, en aras de la unidad de criterio, previamente formular consulta a la dirección jurídica de dicho ministerio. 

En efecto, mediante el Oficio Nº 036930 del 19 de junio de 2014, reiterado con los oficios Nos. 052432 del 20 de agosto y 065244 del 3 de diciembre de 2014, se le preguntó a dicho Ministerio: 

¿Se encuentra vigente el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, en lo relativo a la obligación de los contratantes de verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, frente a contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural, solamente cuando su duración sea superior a tres (3) meses? 

El coordinador grupo de consultas de la dirección jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, dio respuesta mediante Oficio radicado Nº 201411601841961 del 23 de diciembre de 2014, radicado en correspondencia de la DIAN bajo el Nº 00E2015002899 del 28 de enero de 2015, en los siguientes términos: 

‘Hemos recibido su comunicación, por la cual consulta sobre la vigencia de lo previsto en el inciso 1° del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, en lo atinente a la obligación de verificar el pago de aportes a la seguridad social en contratos cuya duración sea superior a tres (3) meses. Al respecto y previas las siguientes consideraciones, me permito señalar: 

El artículo 114 del Decreto-Ley 2150 de 1995 que modificaba el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, señalaba que las personas naturales que contrataran con el Estado en la modalidad de prestación de servicios no estarían obligadas a acreditar afiliación a los sistemas de salud y pensiones, siempre y cuando la duración de su contrato fuere igual o inferior a tres (3) meses. 

El artículo 4º de la Ley 797 de 2003 que modifica el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, señala que durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deben efectuarse las cotizaciones obligatorias a los regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los afiliados, los empleadores ycontratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen. 

El artículo 1º del Decreto 510 de 2003 establece que de conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3º de la Ley 797 de 2003, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, deberán estar afiliados al Sistema General de Pensiones y su cotización deberá corresponder a los ingresos que efectivamente perciba el afiliado. 

Así mismo, el segundo inciso del artículo 3º del Decreto 510, determina que la base de cotización para el Sistema General de Pensiones deberá ser la misma que la base de cotización del Sistema General de Seguridad Social en Salud, salvo que el afiliado cotice para el Sistema General de Pensiones sobre una base inferior a la mínima establecida para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Así las cosas y expuesto lo anterior, se tiene que el artículo 4º de la Ley 797 de 2003 que modifica el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, determina que durantelavigenciadelcontratode prestación de servicios seestaráenlaobligacióndecotizaral SistemaGeneraldepensiones,significandoconelloque independientementede la duracióndel contrato,el contratistase encuentra en la obligación de cotizar al sistema en comento.

En materia de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, debe señalarse que conforme al segundo inciso del artículo 3º del Decreto 510 de 2003, la base de cotización está ligada a la base establecida para el Sistema General de Pensiones, por tal razón, lo previsto en el párrafoanteriortambiénesaplicablealosaportesensalud,en el entendido de que independientemente de la duración del contrato, el contratista siempreestará en la obligación de cotizar al SGSSS. 

En este orden de ideas y por las razones ya expuestas, se entiende que con la expedición de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 del mismo año, se entiende modificada tácitamente la previsióncontenida en el artículo 114 del Decreto-Ley 2150 de1995 que modificabaelartículo282de laLey100 de1993y el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, en lo que hacía alusión a la existenciadelaobligacióndecotizarfrenteacontratos de prestación de servicios cuya duraciónfuerasuperioratres(3) meses. 

Hecha la aclaración anterior, debe indicarse que la obligación que (sic) de verificar el pago de aportes a la seguridad social estableceelinciso1ºdelartículo23delDecreto1703de2002parael contratante,yenelentendidoqueesedeber aplica independientemente de la duración del contrato, guarda relación con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010, el cual prevé: 

ART. 26.—La celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de prestación de servicios estará condicionada a la verificación por parte del contratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. 

El Gobierno Nacional podrá adoptar mecanismos de retención para el cumplimiento de estas obligaciones, así como de devolución de saldos a favor’. 

Cabe anotar que la subdirectora de asuntos normativos - dirección jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, resolvió otra consulta de un particular en el mismo sentido, mediante Concepto Nº 966871 del 6 de julio de 2014: 

“...En consecuencia, en la actualidad, independiente de la duración del contrato de prestación de servicios, el contratista estará en la obligación de cotizar a los precitados sistemas, según lo igualmente determinado en los artículos 1º(1) y 3º(2) del Decreto 510 de 2003. 

Por su parte, el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010,(3) previó que la celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de prestación de servicios estará condicionada a la verificación por parte del contratante, de la afiliación y pago de los aportes al Sistema de la Protección Social. 

Por lo expuesto, es claroqueenloscontratosendondeesté involucrada la ejecución de un servicio por una personanatural en favor de unapersonanaturalojurídicadederecho público o privado, el contratista deberá estar afiliadoobligatoriamente a los sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y Pensiones y la parte contratante deberá verificar laafiliación y pago de aportes, sea cual fuere la duración del contrato.... 

ANTECEDENTES

El Concepto 12887 fue expedido el 5 de mayo de 2015 por la D AN, el que tiene como temas el impuesto sobre la renta y complementarios, y retenciones en la fuente. Las fuentes normativas para su expedición son los artículos 108 y 647 del Estatuto Tributario, 27 de la Ley 1393 de 2010, 23 del Decreto Reglamentario 1703 de 2002, 3 del Decreto Reglamentario 1070 de 2013 y 9 del Decreto Reglamentario 3032 de 2013.

La actora presentó demanda de nulidad el 29 de julio de 2015 que fue admitida mediante auto del 25 de febrero de 2016. Solicita la nulidad parcial del Concepto demandado.

El 25 de julio de 2017, el Despacho recibió un memorial suscrito por JUAN DIEGO BUITRAGO GALINDO identificado con cédula de ciudadanía 79.905. 194 de Bogotá, en el que solicita se tenga como coadyuvante de la parte demandada.

DEMANDA

JORGE HERNÁN GIL ECHEVERRY, en ejercicio del medio de control de nulidad, formuló las siguientes pretensiones(2):

PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial del Concepto 12887 del 5 de mayo de 2015, expedido por fa DIAN, parte transcrita, (pregunta Nº 01); 

SEGUNDA: Que se exprese que recobran vigencia el Concepto 022122 del 07 de abril de 2013, el oficio Nº 072394 del 13 de noviembre de 2013 y la respuesta a la pregunta número 2.1 del oficio 052431 del 28 de agosto de 2014”. 

El demandante invocó como normas violadas, las siguientes(3):

• Artículos 6º, 121 y 150 de la Constitución Política.

• Artículo 282 de la Ley 100 de 1993.

• Artículo 23 del Decreto 1703 de 2002.

El concepto de la violación se sintetiza así:

El Concepto 12887 de 5 de mayo de 2015 emitido por la DIAN, es violatorio de los artículos 6º, 121 y 150 de la Constitución Política, que establecen que los funcionarios públicos sólo pueden ejercer las funciones atribuidas por ley o por reglamento. La DIAN violó las normas constitucionales enunciadas previamente por cuanto, bajo el argumento de estar “interpretando” la ley para la debida aplicación del pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en relación con los contratos de prestación de servicios iguales o inferiores a tres meses, deroga implícitamente el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002(4) y modifica el artículo 282 de la Ley 100 de 1993(5), sin tener competencia para el efecto.

El concepto demandado al señalar que en todo tipo de contrato de prestación de servicios, sin importar que el término sea inferior a tres meses, el prestador del servicio debe cumplir con la afiliación y pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, desconoce las normas citadas.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos(6):

La DIAN hizo uso de las facultades legales atribuidas en los artículos 1º y 19 del Decreto 4048 de 2008, al ser autoridad doctrinaria, emitir conceptos y absolver las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicación de las normas de competencia de la entidad, por tanto, el argumento del demandante sobre la alegada incompetencia de la DIAN para llevar a cabo la interpretación de las disposiciones y por ende la vulneración de los artículos 6º, 121 y 150 de la Constitución Política no tiene vocación de prosperidad.

La accionada emitió el concepto demandado con el fin de crear unidad de criterio con la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, respecto a la verificación del pago de aportes a la seguridad social en contratos cuya duración sea superior a tres meses. Adicionalmente, se cumple con el criterio de la Ley 797 de 2003, que establece que todas las personas que cumplan un contrato de prestación de servicios deben cotizar obligatoriamente con el sistema general de seguridad social.

El artículo 2º de la Ley 1562 de 2012 dispone que son afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales en forma obligatoria, las personas vinculadas a contratos de prestación de servicios con entidades públicas o privadas.

Además, el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, establecen que el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios se encuentra condicionado a la verificación del contratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social.

La Corte Constitucional, en sentencia del 10 de septiembre de 2002, explica que en el artículo 83 del Decreto 2150 de 1995 no se elimina la obligación constitucional de que las personas se afilien al sistema de seguridad social, sino que se suprime el requisito de acreditar la afiliación cuando se vaya a contratar por un periodo igual o inferior a tres meses(7).

La deducción en materia de impuesto de renta por salarios del artículo 108 del Estatuto Tributario (E.T.), únicamente se puede ejecutar si los empleadores demuestran que están a paz y salvo por concepto de aportes obligatorios previsto en la Ley 100 de 1993. La norma no explica que para contratos inferiores a tres meses el empleador pueda realizar la deducción de impuesto de renta sin realizar los pagos de aportes parafiscales

Coadyuvante de la parte demandada(8): 

Juan Diego Buitrago Galindo en calidad de coadyuvante de la parte demandada señaló que el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 114 del Decreto 2150 de 1995, no establece ninguna excepción a la obligación de afiliación y cotización al régimen de seguridad social en los contratos de prestación de servicios inferiores a tres meses. Por el contrario, lo que dispone la norma enunciada es que no es necesario acreditar la afiliación a los sistemas de salud y pensión.

El literal b) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993 señala que: “todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al sistema general de seguridad social en salud, previo el pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales”. Se observa que el sistema general de seguridad social en salud no da espacio a interpretaciones que permitan deducir la exoneración a la obligación de afiliarse.

Permitir que una persona con capacidad de pago no se afilie al sistema de salud en contratos inferiores o iguales a tres meses, resultaría contrario al principio de universalidad.

Adicionalmente aun en el caso de entender que el artículo 282 de la Ley 100 de 1993 estableció una exoneración para los contratistas en contratos con término de duración igual o inferior a tres meses (lo que es equivocado), la norma estaría derogada por el artículo 17 de la misma ley modificado por el artículo 40 de la Ley 797 de 2003.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandada reiteró lo dicho en la contestación de la demanda(9):

El Ministerio Público solicitó anular el acto administrativo demandado, por las siguientes razones(10):

El problema jurídico se centra en establecer si el artículo 282 de la Ley 100 de 1993 se encuentra derogado al haberse modificado el artículo 17 de la misma ley por el artículo 4º de la Ley 797 de 2003.

El artículo 114 del Decreto-Ley 2150 de 1995 que modificó el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, señalaba que las personas que contrataran con el Estado en modalidad de prestación de servicios, no estaban obligadas a acreditar pagos al sistema de seguridad social, desde que el contrato fuera igual o inferior a tres meses. Por el contrario, el artículo 4º de la Ley 797 de 2003, que modifica el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, establece que la persona que tenga un contrato con el Estado debe cotizar a pensión con base en el salario o ingreso por prestación de servicios.

El artículo 1del Decreto 510 de 2003 ordenó que de conformidad con el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 15 de la Ley 797 de 2003, las personas naturales que presten servicios al Estado deben estar afiliados al Sistema General de Pensiones, de acuerdo a los ingresos que perciban. Adicionalmente, el artículo 3º del Decreto 510 de 2003 establece que la base de cotización para el Sistema General de Seguridad Social en Pensión debe ser el mismo que el del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El artículo 4º de la Ley 797 de 2003 establece que sin importar el tiempo del contrato de prestación de servicios con el Estado, se debe cotizar al Sistema General de Pensiones. Además, la Sentencia C-739 de 10 de septiembre de 2002, proferida por la Corte Constitucional, estudió la demanda instaurada en contra el artículo 282 de la Ley 100 de 1993 y explicó que la norma acusada no dispone que las personas que sean contratadas por el Estado, por medio de contrato de prestación de servicios, no se afilien al sistema de salud y pensiones, sino que suprime la obligación de acreditar la afiliación.

CONSIDERACION ES DE LA SALA

En los términos de la acción de nulidad, la Sala determina:

El demandante, como argumento principal de la nulidad parcial del Concepto 12887 de 5 de mayo de 2015, alegó que la D AN por medio del acto acusado declaró implícitamente la modificación del artículo 282 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993 y la derogatoria del artículo 23 del Decreto 1703 de 2 de agosto 2002.

El artículo 282 de la Ley 100 de 1993 establece que las personas naturales que sean contratadas por el Estado a través de contrato de prestación de servicios igual o inferior a tres meses, no están obligadas a acreditar la afiliación a los sistemas de pensión y salud ordenados en la Ley 100 de 1993. Adicionalmente, el decreto mencionado previamente ordena que en los contratos de prestación de servicios que superen 3 meses, se debe acreditar la afiliación al sistema obligatorio de pensión y salud.

El concepto demandado en la respuesta a la pregunta uno expone lo siguiente(11):

“[...] Por lo expuesto, es claro que en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, et contratista deberá estar afiliado obligatoriamente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y Pensiones y la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes, sea cual fuere la duración del contrato [...]”. 

La Sala advierte que es necesario diferenciar entre dos conceptos, el primero es el concepto de cotizar al sistema de seguridad social y el otro es el concepto de acreditar el pago al sistema de seguridad social.

El artículo 17 de la Ley 100 de 1993 fue modificado mediante el artículo 4º de la Ley 797 de 2003, el cual prevé lo siguiente:

Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen”. 

De acuerdo a lo anterior, es obligatorio en los contratos de prestación de servicios con entidades públicas o privadas cotizar al régimen de pensión de acuerdo al ingreso que se devengue por el servicio prestado. Adicionalmente, el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 ordena lo siguiente:

“A partir de la sanción de la presente ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados. 

A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social. 

Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud: 

1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilado s y los trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente ley. [...]”. 

La norma transcrita dispone que todas las personas en el país, sin importar el tipo de vinculación laboral o de servicios, deben estar afiliados al régimen de salud y contribuir al sistema de salud.

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-739 del 10 de septiembre de 2002 que estudió la constitucionalidad del artículo 282 de la Ley 100 de 1993, señaló:

“El actor parte de un supuesto errado al considerar que se vulnera la Carta Política por el hecho de que la disposición acusada no exija acreditar afiliación a los sistemas de salud y pensiones a quienes contratan con el Estado bajo la modalidad de prestación de servicios con una duración igual o inferior a tres meses. 

La norma sólo pretende agilizar los trámites ante la administración con el fin de lograr la efectividad de los principios de eficacia, economía y celeridad, pero en manera alguna está consagrando la posibilidad de que las personas renuncien a su derecho a la seguridad social, desconociendo así el carácter obligatorio del mismo. 

La norma acusada no está imponiendo al particular que va a recibir ingresos por parte del Estado que no se afilie al sistema y que no cumpla con una obligación constitucional, sino simplementeestá suprimiendoel requisito de acreditartal afiliación cuandosevaya a contratarporun periodoigualo inferioratresmeses. El legislador, en este caso el extraordinario, podía suprimir tal requisito con el fin de reformar la regulación existente sobre la materia y eliminar trámites innecesarios ante la administración.

El fin de la norma era ese y no otro, eliminar un trámite que se consideraba engorroso para el particular que deseara contratar con el Estado por un periodo mínimo, el de tres meses, pues debe entenderse que si la entidad estatal requería los servicios de una persona por ese término es porque necesitaba atender una insuficiencia específica, urgente y de rápida realización. 

Como la finalidad de la disposición no es que las personas dejen de afiliarse al sistema de salud y pensiones, sino hacer más rápida la contratación con el Estado en esos eventos, a través de la eliminación de un requisito innecesario, no se desconocen los principios de universalidad y solidaridad plasmados en la Constitución”. 

De acuerdo al criterio expuesto y las normas enunciadas previamente, no importa con quien o por cuánto tiempo se tenga un contrato de prestación de servicios, es obligatorio contribuir a los sistemas de seguridad social en pensión y en salud. La Sala advierte que el artículo 282 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002 no condicionan ni enuncian el pago o las contribuciones al sistema de seguridad social, únicamente hacen referencia a la acreditación o prueba de la afiliación a los sistemas de salud y pensión en los contratos de prestación de servicios.

Por otra parte se precisa que la Ley 789 de 27 de diciembre de 2002 realizó cambios normativos con el fin de apoyar el empleo y ampliar la protección social, el artículo 50 dispone lo siguiente:

Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Lasentidadespúblicasenel momentodeliquidarloscontratosdeberánverificarydejarconstanciadel cumplimientodelasobligacionesdelcontratistafrentea los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. [...]”.

La Sala precisa que la norma transcrita ordenó en cuanto a los contratistas con entidades del sector público que se debe verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social.

En el caso de otros contratantes, como lo reconoce la demandada, no se requiere realizar la verificación de los aportes, sin perjuicio de la obligación que tienen los contratistas de realizar las correspondientes cotizaciones.

En ese orden de ideas, el Concepto 12887 de 5 de mayo de 2015 emitido por la DIAN, no es violatorio del artículo 282 de la Ley 100 de 1993 y del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, como resultado, tampoco de los artículos 6º, 121 y 150 de la Constitución Política, debido a que el concepto demandado se encuentra de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

NEGAR las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Consejeros: Stella Jeanette Basto, Presidenta de la sección—Milton Chaves García—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 Fls. 2 a 9.

2 Fls. 2 a 9.

3 Fls. 2 a 9.

4 ART. 23.—Cotizaciones en contratación no laboral. Para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría y cuya duración sea superior a tres (3) meses, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

5 ART. 182.—De los ingresos de las entidades promotoras de salud. Las cotizaciones que recauden las entidades promotoras de salud pertenecen al sistema general de seguridad social en salud...

6 Fls. 23 a 40.

7 Sentencia Corte Constitucional de 10 de septiembre de 2002, Exp. C-739, C.P. Jaime Córdoba Triviño.

8 Fls. 322 a 327.

9 Fls. 342 a 350.

10 Fls. 339 a 341.

11 Concepto 012887 de 5 de mayo de 2015.