Sentencia 2015-00059 de mayo 12 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp.: 11001-03-28-000-2015-00059-00

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Demandante: Héctor Eduardo Barrera Ojeda Demandado: Juan Carlos Galindo Vácha NULIDAD ELECTORAL-FALLO

Bogotá, D.C., mayo doce de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer en única instancia de la presente demanda de nulidad electoral de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(1) y el artículo 13 del acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación(2).

2. El acto acusado.

El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto es el acuerdo 24 de octubre veintinueve (29) de dos mil quince (2015) a través del cual los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, eligieron al doctor Juan Carlos Galindo Vácha como registrador nacional del Estado Civil para un período de cuatro (4) años.

3. Problema Jurídico.

Conforme con lo establecido en la fijación del litigio dentro de este asunto corresponde a la Sala determinar si el doctor Juan Carlos Galindo Vácha se encontraba inhabilitado para participar en el concurso de méritos adelantado por los presidentes de la Corte

Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional para la elección del registrador nacional del Estado Civil y en consecuencia, para ser elegido como tal, por haber ejercido anteriormente ese mismo cargo, para lo cual deberá determinarse si ejerció o no dicho empleo en propiedad.

De igual manera, se debe establecer si el acuerdo 24 de octubre veintinueve (29) de dos mil quince (2015) a través del cual se eligió al demandado en el cargo de registrador nacional del Estado Civil se encuentra viciado de falsa motivación y desviación de poder por haber incurrido en presuntas irregularidades a la hora de calificar las entrevistas de los candidatos al precitado cargo.

Al margen de lo expuesto, resulta del caso precisar que aunque el coadyuvante formuló un cargo adicional, relacionado con la presunta vulneración del debido proceso en la elección del doctor Juan Carlos Galindo Vácha como registrador nacional del Estado Civil, dentro de la audiencia inicial se precisó que éste no podría ser objeto de estudio toda vez que fue planteado de forma extemporánea.

4. Excepciones.

De manera previa a abordar el estudio de la controversia planteada resulta del caso pronunciarse sobre las excepciones de mérito o fondo planteadas.

Según se tiene, la única entidad que planteó excepciones fue la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

De manera concreta, formuló la excepción de ausencia de causa para demandar bajo el argumento de que todas las actuaciones adelantadas en el proceso de elección del doctor Juan Carlos Galindo Vácha como registrador nacional del Estado Civil se encuentran ajustadas a derecho y gozan de presunción de legalidad.

Al respecto, se debe tener en cuenta que los argumentos esgrimidos como fundamento de la referida excepción se relacionan directamente con el fondo de la controversia planteada por lo que deben ser analizados junto con aquel.

Por tanto no prosperan como excepción.

4. Caso concreto.

Establecido lo anterior, entrará la Sala a resolver cada uno de los cargos planteados en la demanda, conforme con la fijación del litigio así:

4.1. Primero: Elección de candidatos que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales legales de elegibilidad o que se hallen incursos en causales de inhabilidad.

En concepto de la parte actora, el doctor Juan Carlos Galindo Vácha se encontraba inhabilitado para ser elegido como registrador nacional del Estado Civil por haber ocupado ese mismo cargo anteriormente en propiedad.

Frente al punto, el apoderado del demandado explicó que si bien es cierto el doctor Galindo Vácha se había desempeñado como registrador nacional del Estado Civil con anterioridad, no había sido designado para tal cargo en propiedad por lo que no se configura en el caso concreto la inhabilidad sugerida por el demandante.

Dicha postura fue acompañada por el apoderado de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Para resolver resulta del caso determinar el alcance de la inhabilidad invocada y las condiciones en que el doctor Juan Carlos Galindo Vácha ocupó el cargo de registrador nacional del Estado Civil en el año 2007, para así establecer si se encontraba o no incurso en la referida inhabilidad.

4.1.1. De la inhabilidad planteada.

El artículo 126 de la Constitución Política, modificado por artículo 2º del Acto Legislativo 2 de 2015, dispone:

“Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.

Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior.

Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera.

Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.

Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista, no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercido de sus funciones:

Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil”. (Se resalta).

De conformidad con lo expuesto en la norma, no puede ser reelegido en el cargo de registrador nacional del Estado Civil quien haya ejercido en propiedad esa dignidad.

Es decir, para que se configure la inhabilidad se debe haber ejercido el mismo cargo en propiedad, lo que implica que no todo ejercicio de aquel conlleva a la configuración de la prohibición, puesto que la disposición constitucional fue restrictiva al establecer que solo a quienes hayan ejercido en propiedad esos empleos les está vedado desempeñarlos nuevamente.

Al respecto, se debe recordar que por regla general las excepciones y prohibiciones contempladas en las normas deben ser expresas y por ende, de interpretación y aplicación restrictiva, por lo que al ser la norma clara, en el caso concreto, no le es dable el intérprete ampliarla o modificarla.

4.1.2. De la designación del demandado como registrador nacional del Estado Civil en el año 2007.

Visto así el asunto, resulta del caso establecer la condición en que el doctor Juan Carlos Galindo Vácha desempeñó el cargo de registrador nacional del Estado Civil en el año 2007.

Para el efecto, es oportuno precisar los conceptos de provisionalidad y propiedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Constitución Política:

“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

PAR.—Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido”.

De manera concreta, en el caso del registrador nacional del Estado Civil, el artículo 266 Constitucional establece que el cargo debe proveerse mediante concurso de méritos, así:

“El Registrador Nacional del Estado Civil será escogido por los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizado según la ley. Su período será de cuatro (4) años, deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución Política para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año inmediatamente anterior a su elección.

(…)

PAR. TRANS.—El período de los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral y Registrador Nacional del Estado Civil irá hasta el año 2006. La siguiente elección de unos y otro se hará de conformidad con lo dispuesto en el presente Acto Legislativo”.

Según se ha establecido por la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y esta Corporación, de tiempo atrás, los empleos de la administración pública pueden proveerse en propiedad, provisionalidad y encargo.

La provisionalidad se presenta cuando “el cargo se encuentra vacante y hasta cuando se haga la designación por el sistema legal previsto”(3)

Mientras que la propiedad se caracteriza porque ya se han superado todas las etapas del proceso de selección que establezca la ley.

En tales condiciones, teniendo en cuenta que para la designación del registrador nacional la misma Constitución Política ha establecido la exigencia de un concurso de méritos, el cual se encuentra regulado en la actualidad por la ley 1134 de 2007, es claro que sólo puede ocupar en propiedad dicho cargo quien haya obtenido el primer lugar en el concurso que se adelante para la provisión del mismo.

Precisado lo anterior, habrá de analizarse en el presente caso si el demandado ocupó o no el cargo de registrador nacional en propiedad, con anterioridad.

Para el efecto, deberá estudiarse el material probatorio allegado al expediente.

De de (sic) las pruebas decretadas dentro del proceso se encuentran las siguientes:

- Copia del acta de la reunión sostenida el once (11) de diciembre de dos mil seis (2006) por los presidentes de la

Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, de esa época, en la cual acordaron designar al doctor Juan Carlos Galindo Vácha como registrador nacional del Estado Civil en provisionalidad, mientras se proveía el cargo en propiedad. (fls. 220 y 221)

- Copia de la comunicación remitida en esa misma fecha por el presidente de la Corte Constitucional al doctor Juan Carlos

Galindo Vácha a través de la que le informa sobre su designación en provisionalidad como registrador nacional. (fl. 222).

- Copia del comunicado suscrito por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de

Estado del once (11) de diciembre de dos mil seis (2006) mediante el cual informaron que:

[ante] “la necesidad impostergable de designar en provisionalidad al Registrador Nacional dada la inminencia del vencimiento del período de la actual Registradora (31 de diciembre próximo) y el hecho de que hasta la fecha no ha sido aprobada la ley que reglamente el concurso de méritos para el efecto y aún si se aprobaría en los próximos y últimos días de legislatura no se podría culminar el proceso de concurso respectivo. Anotaron los Presientes de las Cortes que debe tomarse en cuenta que el próximo 20 de diciembre inicia el período de vacancia colectiva en las tres corporaciones judiciales.

Examinadas en detalle todas y cada una de las hojas de vida presentadas ante las Cortes y rendidos los informes por cada uno de los Presidentes sobre el proceso de búsqueda de eventuales candidatos del más alto perfil para el cargo y de considerar la importancia de las hojas de vida presentadas ante cada una de las Cortes, se decidió por unanimidad designar como Registrador Nacional del Estado Civil en provisionalidad y hasta tanto se designe al Registrador en propiedad mediante el procedimiento señalado en el artículo 15 del Acto Legislativo 1 de 2003, al doctor JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA, considerando que se trata de un profesional eminentemente técnico, especialista en el tema electoral, con amplia trayectoria académica y experiencia laboral específica y con desempeño al nivel de la magistratura de las cortes, como que fue Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y en la actualidad ejerce el cargo Procurador 7 Delegado ante el Consejo de Estado”. (Fl. 223) (Se resalta).

- Copia del acuerdo 1 de diciembre once (11) de dos mil seis (2006) a través los presidentes de las altas cortes designaron al doctor Juan Carlos Galindo Vácha como registrador nacional del Estado Civil en provisionalidad. (fls. 224 – 225).

- Copia del acta de posesión del demandado como registrador nacional del Estado Civil en provisionalidad del dieciocho (18) de diciembre de dos mil seis (2006). (fls. 226 y 412 del expediente).

Conforme con el material probatorio en cita, en criterio de la Sala se encuentra suficientemente demostrado que la designación del demandado como registrador nacional del Estado Civil en el año 2006 para ocupar el cargo en el 2007 fue en provisionalidad, hasta tanto se eligiera a la persona que ocuparía dicho cargo en propiedad.

Lo anterior, se justificó en el hecho de que el período de la anterior registradora estaba a punto de vencer, la vacancia judicial se aproximaba y la ley que regularía el tema aún no había sido expedida por el Congreso, por lo que no podía adelantarse el concurso de que trata la norma constitucional, tal y como lo estableció el parágrafo transitorio del precitado artículo 266.

Así, fue necesario designar a alguien en provisionalidad en dicho cargo con el fin de que la entidad no quedara acéfala hasta tanto se pudiera llevar a cabo el concurso en cuestión.

En tales condiciones, es evidente que para la designación del demandado en el cargo de registrador nacional del Estado Civil en el año 2006 no se adelantó el concurso exigido constitucionalmente para la provisión del empleo en propiedad, por lo que, resulta claro para la Sala que la vinculación del doctor Galindo Vácha en esa ocasión no podía ser otra que en provisionalidad, tal y como lo confirman las pruebas anteriormente relacionadas.

Así las cosas, es claro que no le asiste razón a la parte actora en sus afirmaciones por cuanto, contrario a lo expresado en la demanda es la forma en que se efectúa la designación la que determina la calidad en que se desempeña el cargo y no el tipo de vacante que se suple, pues pese a que exista una vacante definitiva ésta puede proveerse de manera provisional mientras se adelanta el proceso correspondiente para el nombramiento en propiedad, por lo tanto no es de recibo el argumento del demandante según el cual independientemente de “la clase de nombramiento o designación, lo cierto es que aquel desempeñó dicho cargo público en propiedad”.

De modo que, se reitera que el hecho de que la exregistradora Alma Beatriz Rengifo hubiera terminado su período constitucional y por ende se hubiera presentado una vacante definitiva, no implica per se que el doctor Galindo Vácha haya ocupado dicho cargo en propiedad, por cuanto como se explicó su designación fue temporal hasta tanto se surtió el trámite legal y se designó al doctor Carlos Ariel Sánchez en propiedad.

En ese orden de ideas, la inhabilidad alegada en la demanda, no se configura en el caso concreto, toda vez que el doctor Juan Carlos Galindo Vácha no había ocupado con anterioridad el cargo de registrador nacional del Estado Civil en propiedad, sino en provisionalidad.

Por lo tanto, al no haberse configurado la inhabilidad señalada por el actor, es claro que la causal de nulidad invocada —consagrada en el numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—(4) no procede y por tanto el cargo propuesto frente a este asunto no tiene vocación de prosperidad.

4.2. Segundo: Falsa motivación y desviación de poder.

En criterio del demandante y su coadyuvante, algunos de los candidatos al cargo de registrador nacional tuvieron igual o mejor desempeño que el demandado incluso en el análisis de antecedentes, formación, docencia y publicaciones, sin embargo, fueron calificados con un menor puntaje lo que significó que el doctor Galindo Vácha pasara a ocupar el primer lugar.

Además consideraron que la entrevista fue ponderada con base en criterios subjetivos alejados de las reglas objetivas que deben regir un proceso de selección de esta naturaleza.

De manera adicional, el coadyuvante señaló que las preguntas formuladas a los candidatos no se refirieron a sus cualidades personales sino que se basaron en aspectos de conocimientos con lo cual se desconocieron las reglas del concurso.

La parte demandada, a su turno, manifestó que las acusaciones elevadas por la parte actora se basan en apreciaciones subjetivas que carecen sustento probatorio y jurídico.

La Corte Constitucional y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostuvieron que todo el trámite del concurso de méritos se ajustó a la ley.

Así las cosas, para el estudio del cargo, empezará la Sala por abordar las nociones de falsa motivación y desviación de poder, para luego analizar las normas que rigieron el concurso de méritos para proveer el cargo de registrador nacional del Estado Civil junto con el material probatorio para finalmente determinar si con la elección del demandado, concretamente si con la forma en que se puntuaron las entrevistas en el caso concreto, se incurrió o no en los vicios alegados por la parte actora.

4.2. Falsa motivación.

Uno de los pilares fundamentales de las decisiones de la administración es la debida motivación, ello implica que las razones invocadas como fundamento de una decisión correspondan a la realidad y además sean suficientes.

Frente al punto, esta Sección ha sostenido:

“La falsa motivación alude a las causas, razones, opiniones, pensamientos y motivos que a la administración (en cabeza de su agente) le llevan a expedir el acto administrativo como declaración de voluntad que es. Esas razones que pueden ser fácticas y jurídicas o de derecho o sólo jurídicas o de derecho (casi siempre, más no exclusivo, en actos de contenido general) deben corresponder en forma concertada, coordinada y exacta a la decisión que se adopta, como si se tratara de una “congruencia” administrativa frente a su declaración. De tal suerte que esa motivación surgirá falsa, es decir, no acorde o fuera de la realidad, cuando el sustento fáctico no corresponde al apoyo jurídico invocado (falsedad en el derecho) o viceversa (falsedad en el hecho), o cuando teniendo ambos fundamentos (fáctico y jurídico) la declaración de voluntad refiere a tema distinto o contradictorio a su motivo causal (falsedad en la decisión). Puede incluirse la inexistencia de fundamento fáctico ni jurídico o de derecho que sustente el acto administrativo, aunque parte de la doctrina considera que esto corresponde a la falta de motivación y no al motivo falso, pero dado que la administración incurre en falacia corresponde a una falsa motivación por cuanto aparenta una realidad inexistente”(5).

Como se lee, la motivación de las decisiones administrativas tiene tal relevancia que en los eventos en que los motivos plasmados en una decisión como fundamento de la misma no correspondan con la realidad dicha disparidad constituye una causal de nulidad de acto, aplicable también en materia de nulidad electoral según lo establece el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4.2.2. Desviación de poder.

La expedición de una decisión por parte de la administración con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió o desviación de poder ha sido consagrada en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(6) como una causal de nulidad de los actos administrativos, cuya configuración se ha explicado por esta Corporación en los siguientes términos:

“El vicio que se analiza se presenta cuando hay disparidad o discordancia entre el fin que pretende la ley con la atribución de una competencia administrativa, el que, en todo caso, debe estar circunscrito al interés general, en los términos del artículo 209 de la C. P., y el propósito concreto que tuvo el funcionario al ejercerla(7)”.

“La desviación de poder es una modalidad de ilegalidad que se predica del elemento teleológico del acto administrativo.... Existe desviación de poder cuando el funcionario actúa con una finalidad distinta a la perseguida por la ley...”(8).

“Ha sostenido tanto la doctrina como la jurisprudencia, existen dos formas distintas de manifestación de la desviación de poder, a saber: i) la desviación hacia fines ajenos al interés general, esto es aquellos supuestos en los cuales la Administración se orienta a la búsqueda de intereses absolutamente extraños e incluso contrarios al interés general, como serían los móviles personales, el interés estrictamente privado, el deseo de venganza, las preferencias políticas, etcétera y, de otra parte, ii) la desviación hacia fines públicos pero diferentes a aquel que señala el ordenamiento jurídico, casos en los cuales la Administración se aparta del fin señalado por el ordenamiento pero para atender otro que también considera de interés público, como el ejercicio de potestades administrativas con fines de carácter financiero, como serían los encaminados a aumentar los ingresos de una entidad pública o a disminuir sus gastos. (…) Incurre, por ende, en desviación de poder, tanto el agente que actúa impulsado por motivaciones personales, verbigracia el interés privado, la venganza o los móviles políticos, como también aquel que lo hace ─tal como aconteció en el asunto sub judice─ apartándose del fin establecido por el ordenamiento, aunque sea para satisfacer otro propósito de interés público, pues en palabras de Georges Vedel, “como resultado de la propia estructura de la Administración cualquier agente público no tiene a su cargo el interés público en su totalidad. Cada uno de los poderes que le han sido conferidos responde a una categoría particular de interés público que no debe confundirse con otros”. (…) Las dos anotadas modalidades de la desviación de poder, identificables en función de la naturaleza de los móviles que condujeron al órgano actuante a apartarse del norte teleológico fijado en el ordenamiento para la facultad ejercida, también han sido recogidas por la jurisprudencia colombiana, tal como lo pone de presente una providencia del año 1945 en la cual se distinguió claramente entre la desviación de poder en interés particular de la ocurrida “en interés público” pero diferente de aquel cuya salvaguarda fue específicamente encomendada a través de las competencias atribuidas al órgano actuante”(9).

Conforme con lo expuesto, puede entenderse la desviación de poder como aquel vicio de nulidad en que se incurre en la expedición de un acto o decisión administrativa, cuando se emplea la facultad otorgada para el efecto con fines diferentes a los establecidos en la ley, independientemente de que la motivación sea personal del funcionario que lo expidió o incluso dirigida a alcanzar fines de interés general.

4.2.3. Regulación del concurso de méritos para la elección del registrador nacional del Estado Civil.

Como se dejó dicho, constitucionalmente se ha establecido que el registrador nacional del Estado Civil debe ser elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado mediante concurso de méritos(10).

El trámite de dicho concurso se encuentra regulado por la ley 1134 de 2007 que frente al tema del reglamento establece:

“CONTENIDO MÍNIMO DEL REGLAMENTO DEL

CONCURSO. El reglamento del concurso público de méritos, deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:

1. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo el proceso de selección mediante concurso público de méritos.

2. Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan las calidades señaladas en la convocatoria, o que no acrediten el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Constitución y la ley, se rechazarán mediante resolución motivada.

3. Los candidatos que cumplan las calidades y requisitos exigidos por la Constitución y la ley y que no se encuentren incursos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, serán evaluados teniendo en cuenta los siguientes

a) Experiencia en el desempeño de cargos en el sector público en el nivel directivo o superior; en el ejercicio de la profesión de abogado y/o de cátedra universitaria en disciplinas jurídicas afines con la administración pública o en áreas relacionadas con el cargo de Registrador;

b) Formación profesional avanzada o de posgrado en derecho público o en áreas relacionadas con el cargo;

c) Autoría de obras jurídicas, con preferencia en temas relacionados con el cargo;

d) Entrevista personal.

PAR.—En todo caso, la entrevista que se le haga a los candidatos tendrá un valor mínimo del 30% del puntaje total.

4. Evaluados los candidatos, los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, elaborarán una lista de elegibles, de los cuales escogerán por mayoría al Registrador Nacional del Estado Civil.

5. En el reglamento se establecerá el contenido, los procedimientos de cada una de las etapas y el puntaje correspondiente a cada criterio de selección.

6. Las pruebas que se apliquen en el concurso y la documentación que constituya el soporte técnico de aquellas, tienen carácter reservado”.

A su turno, el acuerdo 01 de agosto trece (13) de dos mil siete (2007) suscrito por los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado de ese momento, fijó el reglamento para el concurso de méritos en mención.

De manera concreta, estableció las etapas del concurso, lo relacionado con la verificación de requisitos mínimos y el puntaje que podría asignarse a los diferentes factores a tener en cuenta, distintos a la entrevista, así:

ART. 13.—Etapa clasificatoria. Una vez resueltos los recursos de reposición, dentro del término de diez (10) días calendario, los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, con base en los documentos adicionales aportados en la etapa de inscripción, evaluarán y clasificarán a los aspirantes, en un rango entre cero (0) y mil (1000) puntos, para lo cual tendrán en cuenta los siguientes criterios: experiencia profesional, formación profesional avanzada, docencia universitaria, autoría de obras jurídicas y entrevista personal.

Los factores diferentes a la entrevista tendrán un puntaje máximo de 700 puntos. La entrevista valdrá hasta 300 puntos

ART. 14.—Experiencia Profesional. Hasta quinientos (500) puntos: Se entiende por experiencia los conocimientos y las habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, ocupación, arte u oficio.

La experiencia profesional deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado, en actividades jurídicas, ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial o en el ejercicio de la docencia universitaria en disciplinas jurídicas.

Para efectos de este reglamento la experiencia se clasifica en general y relacionada.

1. Experiencia general: Es cualquier experiencia adquirida en el ejercicio profesional dependiente o independiente, pero no se refiere al desempeño de actividades o funciones afines, iguales o similares al cargo de Registrador. Dará derecho a quince (15) puntos por cada año o proporcional por fracción de este.

2. Experiencia relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de funciones o actividades afines, iguales o similares a las del empleo de Registrador Nacional del Estado Civil, o en el desempeño de cargos en el nivel directivo o superior del sector público o en el ejercicio profesional independiente en áreas relacionadas con la administración pública. Dará derecho a treinta (30) puntos por cada año o proporcional por fracción de éste.

En todo caso, el total del factor experiencia no podrá exceder de quinientos (500) puntos.

ART. 15.—Formación profesional avanzada: Hasta 100 puntos. Cada título de postgrado en derecho público o en áreas relacionadas con el cargo, obtenido por el aspirante se calificará, así: Especialización diez (10) puntos, Maestría veinticinco (25) puntos y Doctorado cincuenta (50) puntos.

En todo caso, el total del factor no podrá exceder de cien (100) puntos.

ART. 16.—Docencia. Hasta cincuenta (50) puntos. La docencia en la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas afines con la administración pública o en áreas relacionadas con el cargo de Registrador, dará derecho a cinco (5) puntos por cada año de ejercicio o proporcional, por semestre.

En todo caso, el total del factor no podrá exceder de cincuenta (50) puntos.

ART. 17.—Autoría de obras jurídicas: Hasta cincuenta (50) puntos. Por cada libro publicado sobre temas jurídicos relacionados con el cargo, se asignarán veinticinco (25) puntos, y por cada libro publicado no relacionado con el cargo se le otorgará un valor de cinco (5) puntos.

En todo caso, el total del factor no podrá exceder el puntaje máximo de cincuenta (50) puntos.

ART. 18.—Lista clasificatoria y llamados a entrevista. Una vez evaluados y ponderados los factores de la etapa clasificatoria, los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado elaborarán la lista clasificatoria y llamarán a entrevista única y exclusivamente a los treinta (30) candidatos con los primeros puntajes siempre y cuando hayan obtenido cuatrocientos (400) puntos o más.

Si dos o más aspirantes quedan empatados en el puesto treinta

(30) serían llamados a entrevista.

Los aspirantes que no obtengan un total de cuatrocientos (400) puntos o más y que no estén dentro de los treinta (30) mejores puntajes aprobatorios no serán llamados a entrevista.

En la lista de aspirantes llamados a entrevista se indicará en orden descendente, conforme con los puntajes obtenidos el nombre y número de identificación de los treinta (30) aspirantes indicándoles lugar, fecha y hora para la entrevista personal.

La lista se fijará en las Secretarías de cada una de las Cortes, esto es, en la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, por el término de tres (3) días hábiles y en la página web de la Rama Judicial: www.ramajudicial.gov.co. Contra este acto administrativo, procederá el recurso de reposición que podrán presentar por escrito los interesados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su desfijación.

La resolución de los recursos se efectuará dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para recurrir. La decisión se fijará en las Secretarías de cada una de las Cortes, esto es, en la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, por el término de tres (3) días calendario. Si por efecto del recurso la calificación de un aspirante llega hasta 400 puntos o más, y se encuentra dentro de los treinta (30) mejores puntajes será llamado a entrevista y se le fijará lugar, fecha y hora para el efecto.

En el evento en que ninguno de los aspirantes obtenga los cuatrocientos (400) puntos se declarará desierto el concurso y se efectuará nueva convocatoria”.

Respecto de la entrevista, se estableció que se le asignaría un puntaje de hasta trescientos (300) puntos y para el efecto se tendría en cuenta:

“ART. 19.—Realización de las entrevistas. Hasta trescientos (300) puntos.

La entrevista es el mecanismo que pretende profundizar en las experiencias relevantes para el cargo, y lograr una percepción objetiva sobre las habilidades directivas del candidato.

La entrevista será realizada por los Presidentes en forma conjunta a cada uno de los candidatos y tendrá una duración máxima de treinta minutos. El puntaje para cada aspirante será el promedio de la calificación que señale cada Presidente. Los Presidentes podrán ser asesorados por un psicólogo.

El puntaje obtenido en la entrevista se adicionará al obtenido en la fase anterior.

En el evento de que el aspirante citado a entrevista no se presente, no se le concederá puntaje por este concepto y quedará excluido automáticamente del concurso.

Contra los resultados de la entrevista no procede recurso alguno.

Los gastos que se generen para quienes hayan sido citados a entrevista serán asumidos por cada aspirante”.

En el caso concreto, del análisis de los antecedentes administrativos allegados al expediente se tiene que los presidentes de las Corporaciones señaladas en la norma constitucional, adelantaron las siguientes gestiones relevantes:

- Mediante acuerdo 1 de julio seis (6) de dos mil quince (2015) convocaron a concurso de méritos para la elección del registrador nacional del Estado Civil. (fl. 66)

- A través de acuerdo 02 de julio ocho (8) siguiente se aclaró que los requisitos mínimos para la inscripción de candidatos serían los señalados en el artículo 12 del Acto Legislativo 2 de 2015. (fl. 67).

- El acuerdo de convocatoria fue comunicado a la opinión pública según consta a folio 68 del expediente.

- El veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015) a través del acuerdo 3 se prorrogó el plazo para que los ciudadanos se inscribieran al concurso de méritos. (fl. 69).

- El nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015) a través de acuerdo 17 se conformó la lista de los aspirantes llamados y no llamados a entrevista. (fls. 92 y 93).

- Mediante acuerdo 23 de octubre veintinueve (29) siguiente se conformó lista de elegibles para la elección del registrador nacional del Estado Civil. (fls. 102 y 103).

- En esa misma fecha, mediante acuerdo 24 se eligió doctor Juan Carlos Galindo Vácha en el precitado cargo, al establecer que sumado el puntaje obtenido por antecedentes y entrevista había ocupado el primer lugar en el concurso de méritos bajo estudio. (fl. 104)

4.2.4. Valoración de las entrevistas de los candidatos a registrador nacional del Estado Civil y elección del demandado.

En atención a la forma en que fueron planteados los cargos de desviación de poder y falsa motivación en la demanda éstos serán despachados en forma conjunta así:

De conformidad con la normativa anteriormente citada, dentro del reglamento del concurso de méritos para elegir registrador nacional del Estado Civil se estableció la entrevista como un medio para profundizar “en las experiencias relevantes para el cargo y lograr una percepción objetiva sobre las habilidades directivas del candidato”.

Para el efecto, se estableció que la misma se realizaría en forma conjunta a todos los candidatos y que el puntaje sería el promedio de la calificación asignada por cada uno de los presidentes de las Altas Corporaciones con facultad de elección.

Además, se estableció que contra los resultados de la entrevista no procede recurso alguno.

En el caso concreto, según se acreditó en el expediente con la grabación aportada por la parte actora que se encuentra contenida en el disco compacto que obra a folio 37 del expediente, que las entrevistas realizadas a los 21 candidatos a registrador nacional del Estado Civil se surtieron con la siguiente dinámica: cada uno debería absolver tres (3) preguntas de una lista, para elegir las preguntas cada candidato debería sacar el número de una lista de balotas y para responder dichas preguntas, se les otorgó un tiempo de veinte (20) minutos(11).

Así las cosas, encuentra la Sala que los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado cumplieron cabalmente las directrices señaladas en el reglamento y convocatoria del concurso.

Respecto de la acusación según la cual otros candidatos tuvieron igual o mejor desempeño que el demandado, se advierte que el demandante no expresó las razones que lo condujeron a hacer tal afirmación, toda vez que no relacionó ni las preguntas ni las respuestas que en su parecer merecían un tratamiento diferente; así como tampoco realizó una comparación entre el desempeño del doctor Galindo Vácha y los aspirantes por él relacionados que permita establecer que efectivamente aquellos respondieron de mejor manera las preguntas formuladas.

Adicionalmente a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el desempeño de los candidatos debía ser, como lo fue, evaluado y ponderado por las autoridades con facultad de elección, para el caso los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

La parte actora manifestó no encontrarse de acuerdo con los resultados que arrojó dicha calificación, sin embargo, como se dejó dicho, no aportó elemento de juicio alguno que permita establecer que en la calificación se incurrió en alguna irregularidad o que el puntaje atribuido a cada uno de los candidatos, incluido el ganador fuera injusto, puesto que se limita a señalar que es extraño que con el resultado de la entrevista el ahora demandado pasara del octavo al primer lugar en la lista de elegibles.

Sobre el punto, debe tenerse en cuenta que, conforme están establecidas las normas del concurso, es perfectamente viable que el orden de puntuación varíe con los resultados de la entrevista, toda vez que el antes mencionado artículo 19 del reglamento establece que esta puede calificarse hasta con 300 puntos, lo cual equivale al 30% de la calificación total.

Según se refleja en los acuerdos 23 y 24 de octubre veintinueve (29) de dos mil quince (2015)(12) los puntajes obtenidos por los aspirantes a registrador nacional, en las diferentes etapas del concurso fueron los siguientes:

NombreAntecedentesEntrevistaTotal
Juan Carlos Galindo Vácha625.00266.44891.44
Antonio José Lizarazo Ocampo635.00242.78877.78
Jaime Araújo Rentería630.00239.67869.67
Frídole Ballén Duque645.00213.89858.89
Eduardo González Montoya585.00257.44842.44
David Alberto Roll Vélez632.50196.78829.28
Édgar Augusto Arana Montoya625.00201.56826.56
Fernando Humberto Mayorga García650.00169.22819.22
Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu545.00262.50807.50
Ricardo Edmundo Schembri Carrasquilla695.00109.22804.22
Guillermo Francisco Reyes González660.00124.89784.89
María Margarita Bueno González562.50185.00747.50
Mario Trujillo Hernández540.00206.56746.56
Efraín Rojas Doncel585.00151.67736.67
Rosa Isabel Rojas Romero572.50163.89736.39
Martha Elvira Ciodrado Gómez510.00220.33730.33
Roberto Vega Barrera545.00170.78715.78
Romeo Edinson Pérez Ortiz537.79167.67705.46

Visto así el asunto, se encuentra justificado el hecho de que el actor haya pasado del octavo al primer lugar en la lista de elegibles, toda vez que los puntajes obtenidos en la fase de entrevista por los aspirantes varió radicalmente su conformación(13).

De otra parte, se reitera que la parte actora se limitó a manifestar que otros candidatos tuvieron mejor desempeño en la entrevista que el demandado, sin especificar los parámetros objetivos en que basa tal acusación, por cuanto, como se dejó dicho, no relacionó las preguntas ni mucho menos las respuestas que en su sentir estuvieron mal valoradas por parte de los responsables de la elección, por lo que no se encuentra sustentada la afirmación según la cual con la elección del demandado se desconoció el mérito que debe imperar en este tipo de concursos.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el contenido propio de las preguntas, las cuales, según el coadyuvante no se dirigieron a verificar las condiciones de cada candidato para dirigir la Registraduría sino a indagar por sus conocimientos, se advierte que ello en nada invalida la formulación de las mismas ni la ponderación que de las respuestas otorgadas por los candidatos efectuaron las autoridades con facultad de elección en el caso concreto.

Además, una vez revisada la grabación antes referida se encontró que algunas de las preguntas formuladas a los candidatos fueron del siguiente tenor: “¿cuáles garantías de imparcialidad política y personal va a implementar en el nombramiento de registradores, delegados, visitadores y otros funcionarios con poder decisorio en la Registraduría Nacional del Estado Civil?(14); en algunos ordenamientos extranjeros existe la posibilidad para las parejas del mismo sexo de integrar a su familia a un menor de edad, por medio de adopción o de la subrogación de bienes ¿cómo considera que deben ser abordadas las solicitudes de registro de niños de parejas del mismo sexo colombianas nacidas en el exterior?(15); ¿qué elementos contiene el denominado kit de mesa?(16); ¿qué estrategias propone para evitar los fraudes derivados de las trashumancia electoral?(17); ¿qué fuentes de financiación para el trabajo de la Registraduría contemplaría abrir, además de las que ya existen?(18)

De la revisión aleatoria de preguntas anteriormente expuesta es claro que las preguntas formuladas a los candidatos a registrador sí cumplieron con el propósito establecido para la entrevista en el artículo 19 del reglamento del concurso, puesto que tenían como propósito conocer las habilidades de los aspirantes para conducir la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que la acusación del coadyuvante según la cual los candidatos fueron sorprendidos con el tipo de preguntas carece de fundamento.

Sobre el punto, esta Sección debe ser enfática en que el hecho de que se hayan incluido algunas preguntas de conocimientos no implica que por ese hecho no se estuvieran evaluando las capacidades directivas de los candidatos ni que no se pretendiera analizar la experiencia y fortalezas de cada uno para desempeñar el cargo.

Tampoco se encuentra que las preguntas no se hubieran dirigido a evaluar aspectos objetivos de los candidatos necesarios para el desempeño del cargo en cuestión.

En la misma línea debe tenerse en cuenta que las preguntas fueron elegidas al azar por los mismos candidatos lo que desecha de plano la posibilidad de que se intentara manipular la formulación de preguntas respecto de un candidato u otro.

De lo expuesto, para la Sala es claro que contrario a lo afirmado por la parte actora y su coadyuvante, no se desconocieron las normas que rigen el concurso de méritos para proveer en propiedad el cargo de registrador nacional del Estado Civil.

En suma, se tiene que no se demostró que se haya incurrido en desviación de poder ni falsa motivación, por cuanto, como se estableció, la calificación otorgada a los candidatos obedeció al criterio de los calificadores, conforme con su facultad constitucional y legal, sin que se haya logrado determinar que para el efecto se haya acudido a motivos o razones contrarias a la verdad o que hayan utilizado sus facultades para favorecer a algún candidato o para fines distintos a los establecidos en la ley, es decir, elegir como registrador nacional del Estado Civil al candidato con mayor mérito para el cargo a partir de la calificación obtenida por cada uno en cada una de las etapas del concurso.

En tales condiciones, ni el demandante ni su coadyuvante aportaron elementos de juicio de orden fáctico, probatorio ni jurídico que permitan establecer que la ponderación de la entrevista realizada a los candidatos a registrador nacional estuviera viciada de falsa motivación o desviación de poder, razón por la cual este cargo también debe despacharse desfavorablemente.

De ahí que ninguno de los cargos elevados en la demanda tiene vocación de prosperidad y por ende, la presunción de legalidad de que goza el acto demandado no ha sido desvirtuada por lo que la totalidad de las pretensiones de la demanda habrán de ser denegadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Deniéganse las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. En firme esta providencia, archívese el expediente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE».

1 ART. 149.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia. “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los Representantes a la Cámara, de los Representantes al Parlamento Andino, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la Junta Directiva o Consejo Directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las Comisiones de Regulación.

2 Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el artículo 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003).
ART. 13.—“Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos
de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección quinta:
(…)
3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Expediente 250002323000200103154. Providencia de enero veintiséis (26) de dos mil seis (2006). M.P. Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado.

4 Causales de anulación electoral. “Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
(…)
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad”.

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia de octubre ocho (8) de dos mil catorce (2014). Expediente No. 11001-03-28-000-2013-00060-M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

6 Aplicable en materia de nulidad electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 275 del mismo estatuto.

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Providencia de mayo cinco (5) de dos mil cinco (2005). Expediente No. 11001-03-26-000-1996-01855-01 (11855). M.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enriquez.

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Providencia de mayo seis (6) de dos mil doce (2012). Expediente No. 250002325000200212596-01 (1752-09). M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Providencia de junio veintiocho (28) de dos mil doce (2012). Expediente 27001233100020000033-01 (23361). M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

10 Artículo 266 de la Constitución Política.

11 Minuto 1:30 a 4:00 de la grabación identificada como RTVC Corte Suprema 2. (PGM) contenida en el disco compacto que obra a folio 37 del expediente.

12 Folios 328 a 332 del expediente.

13 Se precisa que el demandado ocupaba el octavo lugar en la lista de elegibles antes de la fase de entrevistas, luego de la cual pasó a ocupar el primer puesto, razón por la que fue elegido en el cargo en cuestión.

14 Minuto 4:23 a 4:40 de la grabación identificada como RTVC Corte Suprema 2. (PGM) contenida en el disco compacto que obra a folio 37 del expediente.

15 Minuto 50:48 a 51:12 de la grabación identificada como RTVC Corte Suprema 2. (PGM) contenida en el disco compacto que obra a folio 37 del expediente.

16 Minuto 13:05 a 13:12 de la grabación identificada como RTVC Corte Suprema 3. (PGM) contenida en el disco compacto que obra a folio 37 del expediente.

17 Minuto 21:43 a 22:05 de la grabación identificada como RTVC Corte Suprema 4. (PGM) contenida en el disco compacto que obra a folio 37 del expediente.

18 Minuto 28:08 a 28:22 de la grabación identificada como RTVC Corte Suprema 2. (PGM) contenida en el disco compacto que obra a folio 37 del expediente.